Pánico en las CCAA: no saben cómo pagar más funcionarios

Fuente: La información – – – > 11/07/2021 enlace

La iniciativa legal impulsada por el ministro de moda en el Gobierno para estabilizar más de 300.000 plazas ocupadas por interinos y reducir la disparada tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas al 8% siembra el desconcierto entre las comunidades autónomas que temen un incremento descontrolado de su cuenta de gastos de personal.

El fenómeno se repite con insistencia machacona año tras año. Cada verano, coincidiendo con el fin del curso escolar, una masa de en torno a 200.000 trabajadores del sector educativo salen de los registros de afiliados a la Seguridad Social y pasan a engrosar las listas del paro en un ciclo inexorable que les lleva a reincorporarse posteriormente a su anterior empleo entre los meses de septiembre y octubre. Siendo Magdalena Valerio ministra de Trabajo y Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social, hace apenas tres años, el Ministerio anunció un plan para que la Inspección de Trabajo realizara una batida en centro escolares públicos, privados y concertados para detectar situaciones fraudulentas. Nunca se llevó a cabo. Se dijo que fue porque una sentencia europea avaló esos despidos, pero la decisión no fue ajena a las fortísimas presiones ejercidas desde las consejerías de educación de comunidades autónomas de todo signo político que advirtieron al Gobierno de que acabar con ese modelo de contratación dinamitaría el funcionamiento del sistema educativo.

Las comunidades autónomas consiguieron entonces convencer a Valerio para que metiera su plan de inspecciones al sector educativo en el cajón, pero tres años después se encuentran ante la tesitura de tener que convertir en funcionarios a buena parte de esos trabajadores interinos de la educación que año tras año despiden en junio o julio para volver a contratar en septiembre en un fraude de ley consentido hasta ahora que ahorra miles de millones de euros a las arcas de las comunidades autónomas. El plan de choque contra la temporalidad en la Administración impulsado por el ya exministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros pretende resolver el grave problema de temporalidad en el sector público que situó a España en el punto de mira de la Comisión Europea –tras un par de sentencias del TJUE denunciando la situación de abuso que viven interinos y personal laboral fijo al servicio de la Administración en España– pero amenaza con agravar la ya delicada situación de las finanzas autonómicas, que según lo dispuesto en esa ley se ven ante la obligación de transformar cientos de miles de puestos ocupados por interinos en puestos fijos dentro de sus plantillas.

Alguien nos tendrá que decir cómo vamos a pagar todo esto”, advierten desde el Área de Función Pública de una de las comunidades autónomas con un mayor volumen de trabajadores interinos. Y es que la transformación masiva de puestos de interinos y personal laboral en funcionarios no saldrá gratis. En parte, porque los gobiernos autonómicos ya no podrán cargar a los Servicios Públicos de Empleo parte de las retribuciones anuales de los cientos de miles de interinos que mantienen contratados solo de septiembre a junio o con otras pautas estacionales en ámbitos como la Sanidad o los Servicios Sociales, pero también porque tendrán que reconocer a partir de ahora un núcleo de derechos exclusivos de los funcionarios de carrera a los que ahora podrán acceder de golpe en torno a 300.000 nuevos funcionarios más.

No es éste su único objeto de preocupación. La célebre indemnización de 20 días por año trabajado a los interinos que se queden fuera de la Administración tras el proceso de consolidación que se abrirá en los próximos meses, una de las medidas estrella del proyecto de Iceta, supone una amenaza para las comunidades autónomas, al introducir en el sistema un elemento de gasto sobre el que no pueden actuar y cuyo coste puede resultar millonario, advierten fuentes del área de función pública de varias comunidades autónomas, que no terminan de entender que se hay regulado en el real decreto ley una compensación para los interinos que no superen la oposición.

Fuentes de las plataformas de defensa de los intereses de los interinos y del personal laboral fijo que está en una situación similar estima que las potenciales indemnizaciones que recibirían oscilarían entre los 15.000 y los 35.000 euros en el mejor de los casos, pero hablamos de un colectivo formado según la fuente que se utilice por entre 350.000 (Gobierno) y 800.000 (sindicatos) trabajadores. Si se tiene en cuenta que en los procesos de estabilización que se han llevado a cabo hasta la fecha los interinos y labores fijos que han conseguido retener su plaza han sido entre el 15% y el 20%, según los datos que manejan los sindicatos, el volumen de las indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente las comunidades autónomas, que son las que tienen una masa más importante de trabajadores en esta situación serían de cientos de millones de euros.

Las advertencias realizadas por los gobiernos autonómicos en el curso de la negociación han conseguido que se establezcan algunas cautelas para tratar de contener este coste potencial. Función Pública ha dispuesto, por ejemplo, que sólo tengan derecho a indemnización los interinos y laborales fijos que concurran a los procesos de estabilización, de forma que si no lo hacen no podrán reclamar esa compensación al sector público…o, al menos, no por la vía administrativa, solo por la judicial. Además, ha establecido la cautela adicional de que los interinos que no superen las pruebas puedan integrarse en las bolsas de empleo ya existentes en la Administración o otras específicas que se puedan crear a futuro, también para evitar que su salida del perímetro del sector público se traduzca en el pago de una indemnización. Desde el Ministerio se entiende que el modo en que se ha diseñado el proceso permitirá que la inmensa mayoría de los interinos conserven su plaza y que, por tanto, el tema de los posibles sobrecostes del proceso no sea un problema.

Entre los gobiernos autonómicos comparten la visión, además, de que ha sido el Gobierno Central el que de alguna manera les ha empujado a implantar este modelo laboral estableciendo, en primer término, una tasa de reposición de vacantes que limitaba hasta el extremo su capacidad para reponer las bajas de empleados públicos que se iban produciendo y, posteriormente, imponiendo unos objetivos de déficit y una regla de gasto que les hacía muy difícil consolidar empleo funcionario sin exceder los límites al gasto establecidos en la normativa de estabilidad presupuestaria.

Un vistazo a la evolución del gasto presupuestario en los últimos años revela de forma clara cómo la evolución de la nómina de las Administraciones Públicas ha evolucionado de una forma mucho más contenida desde la implantación en el año 2010, por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la tasa de reposición de vacantes para contener la evolución de los gastos de personal en medio de la gran crisis financiera. De facto, esa limitación a la incorporación de funcionarios obligaba a las Administraciones a prestar los mismos servicios con menos personal. Un esquema que penalizaba de manera más evidente a las administraciones que prestan los servicios más esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), es decir, las comunidades autónomas. El camino que encontraron éstas para mantener en la medida de lo posible la calidad del servicio fue esquivar la vía de las ofertas públicas de empleo y apuntalar sus servicios de educación, sanidad y atención social a base de contratar interinos y personal laboral para ocupar las plazas que no podían cubrir por la vía ordinaria.

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