Dimite la directora general de Función Pública por falta de respaldo y sintonía con el consejero Julio Pérez

Fuente: el diario.es 18/07/2021 enlace

La disparidad de criterios en el conflicto con el personal interino, los intentos frustrados para impulsar el teletrabajo o la carrera profesional desembocaron en la dimisión “irrevocable” de Laura Martín

Laura Martín abandona sus tareas de alto cargo en el Gobierno de Canarias y regresa a su plaza de jefa de Servicios. La todavía directora general de Función Pública ha decidido hacer efectiva su dimisión por falta de respaldo y de sintonía con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, del PSOE, con el que ha mantenido serios desencuentros a lo largo de los últimos meses, confirman fuentes oficiales. Ya hizo un intento por marcharse en abril pasado, pero la intervención directa del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, la convenció para aguantar unos meses más.

Entonces ya había estallado el conflicto con el personal en situación de interinidad de la Comunidad Autónoma, afectado por una sentencia europea que obliga a todas las administraciones a resolver una situación que lleva años enquistada, que a día de hoy sigue sin encaminarse y mantiene a los trabajadores en huelga. Y el presidente pretendía que se quedara para que contribuyera a encontrar una solución a las más de 4.000 personas amenazadas con perder sus empleos y su antigüedad tras años de servicio, justo en el momento en el que más personal necesita la administración autonómica para hacer frente a los estragos de la pandemia y a la gestión de los millonarios fondos europeos de reconstrucción que están a punto de llegar.

Laura Martín siempre se mostró en público partidaria de una solución que pasara necesariamente por una legislación nacional. Con ella estuvieron de acuerdo varias comunidades autónomas: convocar unas oposiciones “amables” que permitiera convertir en fijas a esas personas. Pero la posición irreductible del Gobierno de España no ha permitido aún una solución satisfactoria. Julio Pérez, el consejero, prefirió la creación de mesas de trabajo que, de momento, no han conducido a nada.

Las tensiones dentro de Función Pública y dentro de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se acrecentaron cuando el Cabildo de Tenerife promovió un proceso de consolidación de una parte de su personal interino mediante una fórmula que no solo suponía un agravio comparativo con los de la Comunidad Autónoma, sino que también resultaba ilegal. Así lo recogió un informe de Función Pública, en sintonía con otro del Ministerio de Administraciones Públicas (cuando era el competente en la materia), que sin embargo no fueron tenidos en cuenta.

La lista de frustraciones que han conducido a la renuncia de Laura Martín se completan con el fracaso de la generalización del teletrabajo y con el impulso que pretendía dar a la carrera profesional.

Laura Martín también ha decidido abandonar su puesto de responsable política por no sentirse tampoco respaldada por su consejero para acometer los preparativos necesarios para hacer frente a las necesidades de personal que tendrá la Comunidad Autónoma para gestionar la avalancha de fondos para la reconstrucción económica que van a venir a Canarias. Ni la Consejería de Hacienda ni la de Administraciones Públicas parecen a día de hoy haber programado soluciones para la grave crisis de personal que tiene la autonomía y que se aprecia en todas las consejerías, con especial urgencia en la de Servicios Sociales, la que más demanda de servicios públicos ha tenido que atender por la crisis social y económica que sufren muchas familias en Canarias.

Laura Martín es una veterana funcionaria de la Comunidad Autónoma. Jefa de Servicio, siempre con destino en puestos a los que ha sido requerida por su formación jurídica, ha ocupado, entre otros, la secretaría general del Servicio Canario de la Salud, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Subdelegación del Gobierno de España en Las Palmas.

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