Hacienda busca una salida jurídica para evitar una ola de demandas de interinos

Fuente: lainformaciom.com de fecha 7 de septiembre 21 enlace

Los sindicatos reclaman seguridad jurídica

Analiza cómo cumplir su compromiso de estabilizar a los interinos con más de diez años de permanencia en la plaza sin incumplir el criterio del Supremo ni desencadenar una avalancha de denuncias del colectivo.

Los servicios jurídicos del nuevo Ministerio de Hacienda y Función Pública están tratando de dar con el cauce legal que le permita al Gobierno cumplir con su compromiso parlamentario de convertir en fijos por la vía rápida a todos los interinos que acrediten al menos diez años de permanencia en una plaza sin ignorar el criterio sentado en varias resoluciones por el Tribunal Supremo, rechazando que el hecho de haber estado contratado en fraude de ley les dé derecho a ocupar su plaza de forma fija sin pasar una oposición, y sin arruinar tampoco las expectativas que el anuncio gubernamental ha despertado en miles de interinos en esa situación, que esperan ahora que la Administración les meta en plantilla sin necesidad de pasar (en algunos casos, volver a pasar) un proceso selectivo de oposición.

El compromiso formulado el pasado mes de julio por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, asumiendo las exigencias de sus socios parlamentarios de ERC de que los interinos con más de diez años de antigüedad en su plaza no tuvieran que pasar una oposición para quedarse en la plantilla pública y de que la oposición no fuera un proceso eliminatorio para el resto ha situado al Gobieron ante una disyuntiva jurídica de difícil resolución, aseguran fuentes sindicales. “Toda la negociación que mantuvimos con el Gobierno estuvo orientada a disponer un sistema que ofreciera todas las garantías de seguridad jurídica a un proceso que es de por sí controvertido”, explica una de las fuentes consultadas. “El Gobierno ha alterado el equilibrio de ese acuerdo y ahora no sabe cómo articularlo para evitar meterse en un lío”.

Los servicios jurídicos del nuevo Ministerio de Hacienda y Función Pública están tratando de dar con el cauce legal que le permita al Gobierno cumplir con su compromiso parlamentario de convertir en fijos por la vía rápida a todos los interinos que acrediten al menos diez años de permanencia en una plaza sin ignorar el criterio sentado en varias resoluciones por el Tribunal Supremo, rechazando que el hecho de haber estado contratado en fraude de ley les dé derecho a ocupar su plaza de forma fija sin pasar una oposición, y sin arruinar tampoco las expectativas que el anuncio gubernamental ha despertado en miles de interinos en esa situación, que esperan ahora que la Administración les meta en plantilla sin necesidad de pasar (en algunos casos, volver a pasar) un proceso selectivo de oposición.

El compromiso formulado el pasado mes de julio por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, asumiendo las exigencias de sus socios parlamentarios de ERC de que los interinos con más de diez años de antigüedad en su plaza no tuvieran que pasar una oposición para quedarse en la plantilla pública y de que la oposición no fuera un proceso eliminatorio para el resto ha situado al Gobieron ante una disyuntiva jurídica de difícil resolución, aseguran fuentes sindicales. “Toda la negociación que mantuvimos con el Gobierno estuvo orientada a disponer un sistema que ofreciera todas las garantías de seguridad jurídica a un proceso que es de por sí controvertido”, explica una de las fuentes consultadas. “El Gobierno ha alterado el equilibrio de ese acuerdo y ahora no sabe cómo articularlo para evitar meterse en un lío”.PUBLICIDAD

“Da la sensación de que no tienen muy claro cómo hacerlo. Están estudiando las opciones”, ratifica otra fuente sindical, al tanto de los temas tratados en la reunión que Función Pública mantuvo con los sindicatos el pasado viernes. En dicha reunión, los sindicatos firmantes del acuerdo – que no ocultan su decepción – trasladaron al Gobierno su sorpresa por los cambios introducidos de manera que califican de sorprendente y unilateral en el acuerdo alcanzado apenas unos días antes y le advirtieron de los problemas de seguridad jurídica que podrían generar dichos cambios.

De hecho, tanto la posibilidad de establecer un procedimiento automático para la estabilización en la plantilla de la Administración de los interinos que cumplieran determinadas características como la opción de regular que las oposiciones no fueran eliminatorias para facilitar la permanencia de empleados públicos que en algunos casos han permanecido veinte o treinta años en el sector público se valoró durante la negociación, rechazándose precisamente por las dudas de seguridad jurídica que ofrecían.

Fuentes del sindicatos CSIF aprecian por ejemplo una grieta de seguridad jurídica en establecer en diez años el umbral para poder aspirar a la ‘fijeza’ sin pasar por la oposición. No ven un sostén jurídico a esa disposición y advierten de que puede ser una fuente de demandas.

¿Un callejón sin salida?

La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) recordó este lunes en un comunicado que las últimas resoluciones del Tribunal Supremo sobre el particular “ponen de manifiesto que la solución a este problema pasa necesariamente por la convocatoria de procesos selectivos que permitan que se provean de manera definitiva las plazas vacantes“. Un recordatorio más al Gobierno de que su margen de maniobra en este asunto es extraordinariamente estrecho.

Las sentencias favorables a proporcionar de forma directa la ‘fijeza’ a interinos en situación de fraude de ley – según la norma gubernamental, todos aquellos que acumulen más de tres años en esa situación – de un puñado de tribunales de justicia autonómicos han sido matizadas por el Tribunal Supremo, que ha resuelto bajo el argumento de que esa estabilización automática no cumple con los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el proceso de selección de los funcionarios públicos. Ese, además, fue el espíritu que latía en el acuerdo alcanzado por el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, con los sindicatos más representativos del sector público, que estableció el mecanismo del concurso-oposición como el procedimiento estándar para llevar a cabo el proceso de estabilización de las 300.000 plazas cubiertas por interinos que se pretenden hacer fijas.

El Gobierno, de hecho, ha mantenido la redacción pactada con los sindicatos en el proyecto de ley remitido al Parlamento y ha dejado cualquier cambio a lo que suceda en el trámite parlamentario. Fuentes del colectivo de interinos temen que el Ejecutivo se descuelgue con una redacción muy restrictiva que limite el derecho a la ‘fijeza’ a un grupo muy reducido. Señalan que el matiz introducido en su día por la ministra Montero de que esa fijeza se reconocería a los interinos que llevaran más de diez años en una plaza excluye ‘de facto’ a los colectivos más numerosos: los interinos de la Educación y de la Sanidad.

Mientras tanto la Comisión Europea ha vuelto a recordar esta semana que esos procesos de estabilización “no eximen a un Estado miembro de su obligación de establecer medidas adecuadas para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos y relaciones laborales de duración determinada”. Las plataformas de interinos se agarran a esta exigencia de reparación por parte de Bruselas para defender la consolidación en la plaza como la mejor fórmula para sustanciar esa reparación, al menos en el caso de interinos que en su día aprobaran su oposición, aunque sin plaza. Las organizaciones que agrupan al colectivo ya han avanzado que irán a los tribunales si la solución no cumple

ERC, cuyos votos se antojan en principio como claves para sacar adelante el proyecto gubernamental, ha ‘comprado’ esta argumentación y ya ha deslizado que enmendará en ese sentido la norma del Gobierno para garantizar un proceso automático y directo de estabilización de interinos.  

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