Cerca del 70% de los interinos podrían quedar fuera de la reforma del proyecto de ley si éste no se hace retroactivo

Fuente: Confilegal de fecha 13/09/21 enlace

Es lo que opinan representantes de los interinos como Elisabeth Ramos, vocal de la Coordinadora Empleo de Personal Público Temporal (CEPPT); la abogada Ana Díaz Cóndor, asesora legal de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL); José Luis Gutiérrez, uno de los portavoces  de la Coordinadora Andaluza de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad (CAEPAT); y Javier Hernández, de la Confederación General del Trabajo (CGT).

“La gente que ya ha sido cesada, con una situación de abuso larga en el tiempo así como aquella con procesos selectivos en marcha, tiene difícil solución. Es cierto que todo es ponerse. Para ello es necesario que exista voluntad política pare resolver esta situación. Nuestros cálculos es que, con el actual estado de cosas, el 70 % de los interinos podrían quedarse fuera de la reforma si la ley no se hace retroactiva. Y esto es muy grave”, afirma Elisabeth Ramos.

El temor a que se produzca este escenario es generalizado.

La prórroga que aprueba el Congreso para la recepción de enmiendas al 15 de septiembre revela la falta de consenso, hasta el momento, en la tramitación de este proyecto de ley .

La complejidad de una reforma que pretende reducir la temporalidad al 8 % en muestro país y estabilizar a los 800.000 interinos en fraude de ley así lo aconseja.

Mientras tanto, el Real Decreto-ley convalidado en el Congreso sigue vigente.

Lo que están aprovechando las Administraciones para realizar promociones internas y traslados con el fin de cesar a muchos interinos y evitar el pago de indemnizaciones.

En este escenario se están produciendo diferentes reuniones a todos los niveles.

De un lado, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han mantenido encuentros por separado con la nueva secretaria general de Función Pública, Lidia Sánchez, para advertir de la vigencia del acuerdo firmado con Miquel Iceta, cuando era el ministro del ramo.

De otra, las plataformas de interinos tanto a nivel regional, como en un enclave nacional mantienen reuniones con los distintos partidos políticos que configuran la Comisión de Función Pública y Política Territorial a fin de orientarles sobre cómo debe ser dicho proyecto de ley, orientado a la normativa europea.

Después, el proyecto tendría que pasar por la fase de ponencia, debate y votación en el pleno antes de ir al Senado.

En este marco, el pasado 9 de septiembre el Boletin Oficial del Senado se hacía eco de una proposición de ley  promovida por Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera) de cara a impulsar un concurso de méritos al que pueda presentarse cualquier trabajador o interinos cesados.

 Proposición de Ley de medidas para garantizar en el ámbito del empleo público, la estabilidad laboral del personal interino o temporal de tres años o más en la Administración, mediante un proceso excepcional.

Habrá que ver qué recorrido tiene y como influye en la tramitación del proyecto de ley a posteriori.

Ahora, la expectación empieza a ser importante para saber como van a quedar las enmiendas que se debatirán con posteriorididad.

INTERINOS NEGOCIANDO SU FUTURO

La propia Coordinadora de Empleo de Personal Público Temporal (CEPPT), una de las entidades que aglutina al colectivo en fraude de ley, ha hecho llegar un documento a las formaciones políticas con las que luego se ha reunido para definir el alcance de las enmiendas.

Elisabeth Ramos, citada al comienzo de este artículo, asesora jurídica de esta entidad también, valora mucho el artículo que publicó en Confilegal el abogado Luis Alberto Llerena.

Un análisis del Real Decreto-ley en el que, entre otras cosas, se denuncia que la reforma no tiene memoria de impacto normativo, que engloba la memoria de impacto económico, de género y conforme al derecho de la Union. 

Ramos recuerda que, en ese artículo, se menciona como el Tribunal Constitucional, a través de varias sentencias, permite los procesos restringidos.

Esta experta señala que “no es entendible los concursos de méritos a diez años, como quiere Montero, cuando los tres años sea un elemento a considerar en el sector privado, pero en el público no se contemple de la misma manera”. 

Este es uno de los asuntos que se está negociando en estos momentos con los partidos políticos: la estabilización de los interinos.

“Los procesos selectivos restringidos por méritos ya están en el EBEP [Estatuto Básico del Empleado Público] y su artículo 61.6. La jurisprudencia del Constitucional avala que se han puesto en marcha y son efectivos”, aclara.

La otra cuestión es otra alternativa que se planteaba en el “icetazo”, que es el cese y cobrar una indemnización.

Desde este colectivo se tiene claro que al menos habría que ir a la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado sin tope y no lo que contempla el “icetazo” de 20 días por 12 meses.

Lo más importante es “encontrar una solución sólida para que no se vuelva a producir esta situación y que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes implicadas. Hay sectores en los que la temporalidad va del 50 al 100 % y necesitan un plan de choque. La tramitación no puede ser una huida hacia adelante y hay que hacer una regulación conforme a la UE”, subraya Ramos.

DIFÍCIL LOGRAR EL CONSENSO

Para Ana Díaz Cóndor, “Of Counsel” en Díaz Delgado Abogados & Consultores, experta en Derecho Administrativo y Comunitario, «será difícil encontrar acuerdos en tan poco periodo de tiempo aunque la necesidad de aprobarse la Ley de Presupuestos Generales  del 2022 podría ser el acicate para acuerdos en las negociaciones”.

Esta experta es asesora jurídica de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), entidad que también ha presentado a todos los grupos parlamentarios  distintas enmiendas al proyecto de ley.

“Creo que el proyecto de ley llegará a acuerdos de mínimos que no serán suficientes para responder a la Directiva 1999/70”, afirma.

A su juicio, “se necesita un proyecto de ley que aclare la situación y que evite el despido libre que se está produciendo del trabajador interino. Las enmiendas deben ser coherentes y profundas para evitar estas situaciones”.

En cuanto a la retroactividad, Díaz señala que el Real Decreto-ley 14/2021 ya en vigor “no contempla ninguna disposición transitoria que regule la situación de los interinos en fraude de ley antes de la entrada en vigor de esta norma. Habrá que ver si el proyecto de ley que se negocia lo contemple porque es necesaria para regular su situación”.

Para los interinos no es solo el problema de las ofertas públicas de empleo (OPES) “porque no solo son cesados porque sus plazas se oferten”.

Junto con ello indica que “hay que darse cuenta que se ofertan a nivel interno a funcionarios de carrera, en concurso de traslado y con carácter previo a esa oferta publica de empleo, eso implica vendrán cesados por causas que no conllevan la indemnización prevista en el Real Decreto-ley”.

“Eso es lo que todas las Administraciones están haciendo. Se cesa al interino sin sacar la plaza a oferta de empleo publico sin tener que indemnizarle”, advierte.

Las que no se puedan cubrir así se dejarán a la oferta de empleo público.

En el caso de que la convocatoria proceda “de las ofertas de empleo de estabilización del 2017 y 2018 en la que los interesados no ejercieron su derecho a participar en esa oferta de empleo no tendrán acceso a esa indemnización, según el Decreto-ley”.

Habrá que ver si se mantiene en el proyecto de ley.

“Asimismo, todos aquellos cuya oferta de empleo público saliera antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2021 y se les pasó el plazo para participar en el proceso selectivo quedan fuera de regulación y se van a la calle sin indemnización”, asegura.

Sobre este Real Decreto-ley vigente, Díaz cuenta que “no establece limites a las sucesiones de relaciones temporales, como exige la cláusula 5.1 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva. Tampoco establece criterios objetivos para definir cuándo una relación temporal es abusiva”.

Desde su punto de vista, “cuando se determina que hay una situación abusiva habría que establecer la sanción correspondiente que nunca puede ser un proceso selectivo, como ya ha dejado claro el  TJUE en sus sentencias”.  

ACTIVIDAD NOTABLE DE LOS INTERINOS

Desde Málaga, José Luis Gutiérrez, uno de los portavoces de la Coordinadora Andaluza de Empleados Púbicos en Abuso de Temporalidad (CAEPAT), muestra su preocupación por la situación generada por “muchos procesos selectivos que ya están en marcha y que seguirán su desenlace sin indemnización para los compañeros temporales que cesen”.

“Supone una quiebra del principio de igualdad de quien está en situaciones idéntica separados por la aprobación del Real Decreto-ley”, comenta.

Lo ideal es que esos procesos selectivos se suspendieran.

“En Andalucía se siguen convocando tanto por ayuntamientos como por la propia Junta de Andalucía. Nosotros como sindicato pedimos la paralización de procesos. Así lo han hecho en Málaga y en su Diputación. Sin embargo, el Patronato de Recaudación, con una tasa altísima de interinos, sigue en marcha con su convocatoria”.

Gutiérrez aclara que en Andalucía ya han tenido un problema con las trabajadoras sociales porque un 90 % se han quedado en la calle.

Podían haber esperado al resultado de la tramitación del “icetazo”. “Muchas de ellas tendrán dificultades para acceder al mercado laboral”, reconoce.

Desde Zaragoza, Javier Hernández, delegado de personal del Ayuntamiento de esta ciudad y profesional en fraude de ley, explica la difícil coyuntura que viven muchos trabajadores temporales en dicho consistorio.

Frente a ello, la Diputación de Aragón y los Ayuntamientos de Teruel y Huesca han parado los procesos selectivos.

Hernández pertenece a la red que tiene la Confederación General del Trabajo (CGT) en toda España, implicado en esta problemática. También es miembro del Sindicato de la Administracion Publica de Zaragoza, que engloba a todas las administraciones en aquella ciudad.

“Las enmiendas deben tener en cuenta la retroactividad, de cara a que al nuevo proceso se pueden acoger personal temporal abusado que cumpla los requisitos. Si eso no se logra estaremos ante un nuevo fracaso. Hay que darse cuenta que las personas con más abuso ya estén en estos procesos convocados y en teoría quedarían fuera de la nueva norma”, afirma.

Podría darse la incongruencia de que “tengamos una persona temporal que lleve cuatro años en su puesto y que se acoja a un proceso de estabilización ahora por definir donde parece que hay un consenso en ese proceso selectivo, pero nos vamos a encontrar con gente de 30 años que ya han sido cesados. Hay que evitar este tipo de situaciones”.

Todos los expertos recogen el sentir de muchas de las plataformas consultadas por este diario digital: “La regulación del proyecto de ley debe ser lo más amplia posible y atender a todos las casuísticas.  Si solo se pueden acoger un 20% de los afectados, habría que preguntarse para quién van a legislar”, concluyen.

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