Interinos y juristas reclaman a los partidos políticos un esfuerzo en la negociación del proyecto de ley para cumplir con Europa

Fuente: Confilegal de fecha 26 de octubre 2021 enlace

La publicación en el Boletín del Congreso de los Diputados de las más de 180 enmiendas al Real Decreto-Ley 14/2021 de medidas contra la temporalidad ha despertado todas las alarmas sobre su contenido entre juristas y colectivo de interinos. 

Estas enmiendas tendrán que definirse a través de la negociación entre los partidos y la ponencia que servirá de base para concretar el proyecto de ley que reduzca la temporalidad en nuestro país y solvente la situación de los interinos en fraude de ley, algo más de 800.000

Desde Barcelona, Elisabeth Ramos, vocal de la Coordinadora Empleo de Personal Público Temporal (CEPPT), recuerda que el Real Decreto-Ley 14/2021, más conocido como ‘Icetazo’ y que defienden los sindicatos mayoritarios a ultranza, está lleno de lagunas legales. «Después de 20 años con esta problemática con la directiva 1999/70 sin trasponer, esperábamos más».

En este contexto, subraya que muchas de las enmiendas «habrá que ver qué recorrido tienen, pero la impresión que hay es que está todo pendiente de lo que se pueda negociar entre las formaciones políticas. Hay políticos como Pilar Vallugera, de ERC, que conoce bien el tema y se la leído la jurisprudencia europea. De esa forma se ha podido hacer una composición de lugar del problema existente».

La indefinición de este Real Decreto-Ley, ahora en vigor no aclara la situación de muchos interinos en cuanto a si están o no en fraude y qué tipo de indemnizaciones tienen derecho. «Si una norma tiene tantas interpretaciones es que no está bien hecha«, asegura Ramos.

En cuanto al recorrido de las enmiendas, señala los planteamientos tan rígidos de PP y PSOE, poco abiertos a ninguna novedad. «Siguen hablando de oposiciones como fórmula para resolver este problema, cuando el TJUE, por activa y por pasiva ha señalado que estos procesos selectivos no sirven como sanción al abuso».

Desde esta Coordinadora se pide públicamente a los partidos políticos que hagan un esfuerzo en la negociación de las enmiendas a la hora de definir la ponencia del futuro proyecto de ley, “hemos hablado con ellos y les hemos dado la solución a este problema que lleva sin solucionarse más de veinte años. Ahora deben estar a la altura de las circunstancias”, señala.

Mientras tanto el colectivo sigue de movilizaciones en la mayor parte de las Comunidades Autónomas y prepara para el día 28 de octubre una huelga general en las diferentes administraciones públicas. Huelga de la que los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se han desmarcado, como del resto de iniciativas.

Para Ana Díaz,  ‘of counsel’ en Díaz Delgado Abogados & Consultores, experta en Derecho Administrativo y Comunitario, «hay que darse cuenta que la situación de incertidumbre y desamparo es máxima. El Real Decreto-Ley está en vigor y lo que se sabe de la ponencia que se ha constituido no es esperanzador. Los trabajadores recurren a la huelga que es lo que les queda».

«Creo que las diferentes administraciones públicas deberían sentarse en la mesa con ellos y estudiar posibilidades dentro del nuevo marco legal que se está definiendo en el Congreso de los Diputados».

A su juicio, «paralizar las ‘OPES’, sería un gesto d buena voluntad y de prudencia. Y al menos excluir las plazas de las que tengan constancia  ocupadas por personal  en condiciones abusivas hasta que el proyecto de ley se publique en el BOE y sepan a que atenerse ambas partes».

Esta experta recuerda que «las administraciones también se pueden ver en una situación de confusión y perjuicio según como se configura esta nueva normativa aunque por lo que se trasluce en las enmiendas no habrá muchos cambios respecto al Real Decreto-Ley 14/2021 que sigue en vigor».

Desde su punto de vista, «en el debate que hay en el Congreso no habrá muchos cambios. Todavía no se ha iniciado pero los indicios no son nada buenos. Se ha constituido la ponencia y estar pendiente cuando se suceden las reuniones y la línea en la que van».

Señala que lo que trasciende es que «las Administraciones públicas se están acogiendo al Real Decreto-ley yendo hacia adelante, convocando OPES de estabilización  sin esperar a la nueva normativa.”

Esta experta ya nos explicó recientemente que una de las formas de no pagar indemnizaciones es «sacar a concurso a través de sistemas de provisión de fuertes puestos de trabajo que no son oferta pública, como son movilidad y traslados para cubrir esas plazas».

Desde este contexto, «lo que se está produciendo es un cese acelerado de las personas que están en esa situación. Si las ofertas anteriores al Real Decreto-ley se convocaron antes de su entrada en vigor irán sin compensación económica, las que ahora se publiquen ahora irán con compensación para determinados casos».

Al mismo tiempo Ana Díaz confiesa que «cuando se apruebe la nueva ley no sabemos la variedad de situaciones que se generen. Lo mínimo sería incrementar la indemnización que plantea el ‘Icetazo’ a los 33 días por año del despido improcedente«.

SE SIGUE SIN CUMPLIR CON EUROPA

Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional y abogado, muestra su decepción por el trámite legislativo en el Congreso que impulsa el proyecto de ley, «no se está desarrollando tal y como se esperaba. Siguen sin tener en cuenta la normativa europea y su jurisprudencia. El análisis que hace cada partido político del problema desde la perspectiva interna. Sin contar con el contexto europeo».

Para este jurista, «si se hace así, hay un enorme error porque nuestro ordenamiento jurídico también forma parte del  ordenamiento comunitario y hay suficiente jurisprudencia y normativa que dice que la forma en la que el TJUE interpreta su derecho forma parte de aplicar el derecho comunitario. Eso hace que se prescinda de parte de la realidad jurídica del problema».

Desde su punto de vista, «las soluciones que se plantean no son aceptables si revisamos las enmiendas que se han planteado. Tanto el proyecto de ley como las enmiendas que acaban de publicarse están pensadas  como si solo se tuviera que tener en cuenta las normas internas de nuestro país. La ponencia que se configure no va a cumplir con la normativa de la Unión».

A su juicio, «se sigue circunscribiendo ese análisis  a una interpretación concreta del acceso a la función pública a través de la igualdad, mérito y capacidad, que es válida en situaciones de normalidad, pero que ahora no estamos en una situación convencional».

En su opinión, «nuestro TC ya ha dicho que en situaciones excepcionales procede  y es constitucional que los procesos restringidos son constitucionales. Pero esta situación de excepcionalidad se da en ese caso.  Teniendo en cuenta su jurisprudencia junto con la normativa comunitaria, la visión restrictiva del acceso a la función publica es errónea porque no  estamos en un escenario de normalidad».

Pérez recuerda que llevamos veinte años sin transponer la Directiva 1999/70, «la solución que se da está sesgada y no es la adecuada. Ante esta situación parece lógico que el colectivo de interinos convoque esta huelga general el 28 de octubre. Al mismo tiempo se está intentando ocultar la responsabilidad de las administraciones. No hay ninguna enmienda que señale sanciones para esas administraciones que abusan de la temporalidad».

Para este jurista, «en caso de aprobarse el proyecto de ley en estos términos no resolverá la problemática existente. Veremos si el Senado tiene alguna posibilidad de que cambie el texto normativo. Se empeñan en prescindir las sentencias de la Unión Europea para no reconocer una responsabilidad de forma clara de esta problemática. Porque este conflicto lo han generado las administraciones realmente».

FALTA VOLUNTAD POLÍTICA PARA CAMBIAR LAS COSAS

Por su parte, desde Vigo, Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, destaca que «no va a haber muchos cambios del Real Decreto-Ley 14/2021 ahora vigente al proyecto de ley que se empieza ahora a negociar. No hay voluntad política en los partidos mayoritarios como PP, PSOE muy rígidos en sus planteamientos».

Desde su punto de vista, «no hay ganas de avanzar en ese sentido. Incluso la medida de aplicar el concurso de méritos a aquellos interinos con diez años en fraude y su plaza no convocada, será complicada de poner en marcha y que salga adelante«.

 Otra cuestión que resalta es que siguiendo las tesis de ERC «se deje a las Comunidades Autónomas la potestad de poner en marcha los concursos de méritos. Habrá que ver si realmente alguna autonomía quiere impulsarlos realmente».

Este jurista reconoce que la gran mayoría de las enmiendas no se ajustan a Europa, con excepciones como las de Ciudadanos y ERC,  «no va a ver cambios sustanciales en la tramitación del proyecto de ley. Pocas posibilidades de mejora se ven realmente».

Desde su punto de vista, «es difícil que se mejore el Real Decreto-Ley 14/2021 que ahora está en vigor. No hay mayorías parlamentarias capaces de crear un proceso de consolidación masivo a nivel nacional en todas las administraciones en relación con la normativa comunitaria».

Valero recuerda que en esas enmiendas «se sigue hablando de oposiciones, procesos libres y de forma esporádica de concurso oposición. Más allá de eso no hay nada.  De hecho, ya el TJUE ha señalado que estos procesos no sirven para sancionar el abuso de los profesionales interinos».

También recalca que «la indemnización que se plantea a los interinos que pierdan su puesto de trabajo de 20 días por año es muy escasa. En nuestro ordenamiento esa compensación se tiene en cuenta por un despido legal por causa objetiva. Aquí hablamos de gente contratada de forma ilegal y expulsada de su puesto de trabajo por un mecanismo irregular como ya lo ha dicho el TJUE».

Otra cuestión que destaca es que no se ven en las enmiendas ningún tipo de sanción para las administraciones que gestionan estos grupos de interinos en fraude de ley.

«El mecanismo del cálculo de la indemnización que se plantea está manipulado para beneficiar a la administración. Se habla de abonar la indemnización por el ultimo nombramiento  y teniendo en cuenta solo las retribuciones fijas para que sea más pequeña».

En este contexto, los expertos que han vertido sus opiniones en este reportaje ven a Europa y a la vía judicial como los únicos caminos para resolver la problemática que se avecina a corto y medio plazo, si se aprueba el proyecto de ley en estas condiciones.

«Habrá profesionales que intenten defender  su puesto de trabajo y si no se consigue se buscará la indemnización mayor como compensación al cese que tengan», subraya.

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