“Los políticos discuten sobre la reforma laboral pero no afrontan la reforma que estabilice al colectivo de interinos y temporales”

Fuente: Confilegal de fecha 1 de noviembre 2021 enlace

La presidenta de la Coordinadora Estatal de Personal Publico Temporal (CEPTT), Cristina Gruas, es interina. Tiene una antigüedad de 20 años como técnico superior del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y es una de las cabezas visibles de este movimiento de interinos que buscan la fijeza en unos puestos para los que ya han demostrado su eficacia y profesionalidad.

“Vivimos en una situación de mucha incertidumbre. Cada día muchos compañeros en fraude son cesados en sus puestos de trabajo. Es poco serio que el debate del proyecto de ley se haya detenido por los Presupuestos Generales del Estado. El Real Decreto-ley 14/2021 está vigente pese a que no cumple la normativa europea”, explica Gruas.

«Y la situación se agrava sin tener un marco jurídico estable, como pedía María Luisa Segoviano, presidente de la Sala de lo Social del Supremo en Confilegal.  Parece que a nuestros políticos les importa más la reforma laboral que la reforma del sector público y la estabilización de nuestro colectivo”, afirma.

También recuerda que la Directiva 1999/70 que tenía que haberse traspuesto hace 20 años sigue sin tener lugar en nuestro ordenamiento jurídico.

El propio Real Decreto-ley 14/2021 de medidas contra la temporalidad, muy criticado por juristas y temporales, sigue en vigor a la espera de la convalidación como proyecto de ley en el Congreso.

2021 no ha dado tregua. Desde que aquel 11 de enero, cuando se constituyó esta Coordinadora de cobertura nacional, la actividad de los 900.000 interinos que buscan la estabilidad de su empleo no ha dejado de parar.

En cada Comunidad Autónoma o ayuntamiento de cierto nivel hay una estructura creada adherida a esta Coordinadora; más de cien asociaciones y plataformas en estos momentos.

Su trabajo ha sido el de apoyar a los interinos en fraude de ley y darles cobertura legal y, al mismo tiempo, ser el interlocutor ante los poderes públicos de cada Administración.

La huelga general de interinos del pasado 28 de octubre tuvo desigual repercusión en las principales ciudades españolas; en Barcelona se llegaron a congregar 25.000 profesionales temporales reclamando la fijeza de su trabajo. La actividad no se detiene.

El apoyo a la convocatoria de los llamados sindicatos alternativos ha sido clave para hacerse notar.

“Estas organizaciones sindicales han dado un paso adelante y nos han apoyado en nuestra reivindicaciones”, explica Gruas.

Sindicatos como la Confederación Intersindical, Co.Bas, Solidaridad Obrera y, a nivel comarcal, CGT; en Cataluña IAC CATAC y STEPA en Aragon «están de nuestro lado porque han visto el problema social que se avecina”.

Gruas no descarta que vaya a ver nuevas movilizaciones. “Todo depende del texto final de proyecto de ley que se convalide. Esperemos que nuestros políticos estén a la altura de las circunstancias y resuelvan nuestra situación”, señala.

LABOR DE «LOBBY» ENTRE LOS POLÍTICOS

El movimiento interino, como si fuera un sindicato más, ha logrado sentarse con todas las fuerzas políticas a lo largo de este tiempo, tanto a nivel estatal como autonómico. Desde el pasado mes de marzo las reuniones no han parado.

“Hemos hecho mucha pedagogía porque no conocían nuestra realidad ni las repercusiones de los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Europa ha dejado claro que no puedes tener a un trabajador temporal más de tres años en situación precaria y que los procesos selectivos no son sanción al abuso”, precisa. pOtra cuestión que Gruas explica es que, “por desgracia, ni Iceta, primero, ni ahora María Jesús Montero nos tienen en cuenta. Todavía el Ministerio sigue si reunirse con los representantes de los trabajadores temporales. Es muy incoherente”.

“No hay ningún gesto por parte del Gobierno hacia los trabajadores interinos”, añade.

La presidenta de este colectivo subraya que, “pese a ello, tienen en su poder un informe completo realizado este mes de agosto a nivel jurídico del EBEP [Estatuto Básico del Empleado Público] donde quedan definidas posibles enmiendas para adaptarlo a la jurisprudencia europea y doctrina del TJUE”.   

EL TRABAJO DE UN COLECTIVO

Desde su punto de vista, “Si logramos que al final el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con Europa, reduzca la temporalidad y estabilice a nuestro colectivo, habrá sido un triunfo colectivo. Hemos trabajado y trabajamos en la misma dirección”.

Por el momento “aún no se sabe el día en que se va a debatir en el Congreso. Se dijo en la tramitación del Real Decreto-ley en julio que estaría para finales de octubre. Pero la realidad es otra. No hay proyecto de ley y los ceses de interinos, porque no se han paralizado los procesos selectivos, son diarios”, destaca.

Al parecer, el nuevo calendario es que se inicie los debates este mes de noviembre y que, antes de su finalización, tras el trámite del Senado, este el proyecto de ley aprobado.

En el Senado PSOE, Podemos y ERC tienen mayoría 

“De momento poco se ha hecho en la Cámara Baja mientras la gente se va a la calle”.

A lo largo de este año han visto como tres ministros de Función Publica han ocupado la cartera. “Ni Darias, ni Iceta, pese a sus palabras, que dijo en el Senado en abril, ni tampoco Montero ahora no nos han recibido, pese a que les hemos hecho llegar un documento amplio de cómo lograr la estabilización de nuestro colectivo”.

Los interinos han salido a defender sus puestos de trabajo y a reclamar su fijeza, avalados por varias sentencias del TJUE, que, si bien han reconocido la anomalía de la situación, no se ha pronunciado obligando al Estado español a terminar con esta situación. Se ha quedado en el límite del consejo.

También han contado con el apoyo de juristas como Javier Arauz, Beatriz Gonzalez, Fruitos Richarte, Fabian Valero Pau Alberto Martí, que están ayudándoles a denunciar su situación de abuso .

“Necesitamos jueces valientes que estén dispuestos a trasladar la jurisprudencia europea y sentencia del TJUE. Asi lo hizo la juez de Alicante hace meses  y lo ha hecho el juez Luis Vacas, del juzgado contencioso 32 de Madrid«.

Y añade: “No hemos parado en todo el año. El mes de agosto lo dedicamos a preparar un documento analizando el EBEP y desmenuzándolo en diferentes enmiendas. Un documento elaborado por Eli Ramos y otros juristas de la Coordinadora».

“Se trataba de decirles a nuestros políticos que la solución la tienen en sus manos. Es una solución de estabilización a coste cero, avalada por las sentencias del TJUE  y por el dictamen de la catedrática emérita María Emilia Casas”, afirma.

UNA DEMORA INJUSTIFICADA

Para el colectivo de interinos la demora en la tramitación del proyecto de ley que debería crear un marco estable para frenar la temporalidad y estabilizar a este colectivo no está justificada

 “Europa ya ha señalado en sus sentencias la forma de resolverlo sin que le cueste al ciudadano dinero, pero falta voluntad política para ello. Creemos que el sistema de acceso a la función pública está corrupto”, relata.

Gruas nos recuerda que la situación que se vive ahora es fruto de la dejadez de los últimos gobiernos estatales y de muchas administraciones públicas que han abusado de la temporalidad sin miedo a ninguna represalia

 “Se han aprovechado de muchos compañeros en fraude de ley. Y ahora por lo que estamos comprobando no los quieren regularizar y asumir su responsabilidad. Eso provocó en su día que no convocaran oposiciones cuando tuvieron que convocarlas. Así lo señalaba el EBEP, pero lo incumplieron sistemáticamente”.

También nos señala que “no estamos en contra de que los opositores accedan a la función pública. Tienen que acceder, pero al mismo tiempo hay que estabilizar a profesionales que llevan algunos entre veinte y treinta años como temporales”.

En su opinión, la solución tomada por el juez Luis Vacas del contencioso 32 de Madrid de excluir las plazas de personal en fraude que luego haría fijas “podría ser la solución para evitar que estos profesionales cesen si no superan los procesos selectivos”.

«Está claro que los poderes públicos nos han subestimado. No creían que pudiéramos unirnos y defender nuestros intereses de esta manera. Nosotros hemos aprendido a organizarnos y lograr relacionarnos entre las distintas Comunidades Autónomas y administraciones. Creo que no pensaban que fuéramos capaz de hacerlo”.

SIGUE LA LUCHA DE LOS INTERINOS

Cristina Gruas advierte “que vamos a seguir con las movilizaciones porque no vemos ningún interés por parte del Gobierno de resolver esta problemática conforme a la jurisprudencia del TJUE. El legislador tiene que dar las pautas para que el poder judicial luego aplique las normas que emanen del poder legislativo. Estamos pendientes de que se transponga la Directiva 1999/70”.

También señala la opacidad del Gobierno y de las Comunidades autónomas en este asunto “los ciudadanos no conocen el problema y creen que vamos a entrar por la puerta de atrás a la administración.”

“Tampoco saben que esta historia les puede costar mucho dinero en un momento en el que muchas administraciones tienen problemas de solvencia, máxime ahora con la sentencia del Constitucional que anula la plusvalía, una de las fuentes de ingresos de los ayuntamientos”, subraya

A este respecto, este colectivo hizo público un informe del despacho Maluenda Penal en el que se dejaba claro que el uso de Fondos Europeos para el pago de esas indemnizaciones podría genera un delito de malversación de fondos públicos, tal y como avanzo Confilegal en su momento.

Va pasando el tiempo y el problema se agrava más. “hay más número de personas en abuso de temporalidad, lo que está generando más reclamaciones judiciales”

“Todo es porque el legislador no legisla. Si no queremos acabar como Polonia y sus sanciones de la UE, deben de buscar una solución”, comenta.

La presidenta del colectivo interinos de nuestro país recuerda que el año pasado “con cargo a los Presupuestos Generales del Estado aquellos trabajadores de empresas públicas que estaban en situación irregular, se les hizo fijos. Si ya lo han hecho, también pueden estabilizar a nuestro colectivo en fraude de ley, sin tener que pagar ninguna indemnización”.

Finaliza señalando que “tenemos que seguir luchando para defender nuestros intereses. No podemos rendirnos. Tenemos la razón”.

A su juicio, “hemos demostrado nuestra capacidad para revindicar algo que legalmente nos pertenece, que es nuestro puesto de trabajo. El mérito y capacidad ya lo han acreditado con tantos años de trabajo. En nuestros nombramientos así lo señala”.

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