El ‘despido’ de empleados públicos compromete la imagen del Gobierno andaluz

Fuente: El Confidencial de fecha 4 de noviembre 2021 enlace

LA OPOSICIÓN HACE CAMPAÑA CON ESTE ASUNTO

Tras la no renovación de 8.000 sanitarios, los también aplaudidos bomberos forestales inician un calendario de movilizaciones después de que cientos de eventuales no sigan al finalizar su contrato

¿Un refuerzo de 12.000 contrataciones o un recorte de 8.000 ‘despidos’? ¿Finalización de relaciones laborales o inestabilidad crónica? Sanitarios y bomberos forestales. Pandemia e incendio de Sierra Bermeja. Los empleados públicos mejor valorados por la sociedad andaluza, los que durante casi dos años han acumulado aplausos y elogios de la clase política y la sociedad, se han convertido en un peligroso factor de erosión para el Gobierno andaluz. Con el recuerdo del deterioro de imagen que sufrió Susana Díaz por las mareas blancas, los distintos consejeros del presidente autonómico, Juanma Moreno, tratan de imponer el mensaje de una inversión en medios y personal sin precedentes frente a los equipos de comunicación de la oposición, que despliegan una campaña de desgaste con dos acusaciones claras: la destrucción de los servicios públicos y un alivio fiscal a las grandes fortunas.

El último asalto por el relato se ha realizado en torno a la concentración que este miércoles protagonizaron trabajadores del Plan Infoca a las puertas del Parlamento andaluz. PSOE, Podemos Andalucía, Izquierda Unida, el Partido Comunista, Adelante Andalucía, Más País o Vox, así como muchos de sus dirigentes, se volcaban en las redes para trasladar una idea: “Juanma Moreno despide a 1.000 bomberos forestales en Andalucía”. Una cifra casi el doble de la dada por los representantes de los trabajadores.

Cierto es que la inestabilidad perpetua de los bomberos forestales eventuales, que en noviembre se marchan a sus casas tras la finalización de cada dispositivo, es difícilmente comprensible cuando son los propios responsables políticos quienes recalcan que los incendios del verano se sofocan con las tareas de prevención en invierno. Aunque es igual de irrefutable que estos trabajadores públicos viven una precariedad cronificada a lo largo de los años a la que no puso remedio IU cuando gobernaba junto a los socialistas.

Pero al contrario que el PSOE, que mantuvo un perfil bajo en las redes sociales y se centró en la no renovación de los contratos de 8.000 de los 20.000 profesionales sanitarios que entraron de refuerzo por la crisis del coronavirus, IU y Podemos obviaron la contrariedad entre el discurso y sus hechos y no dudaron en lanzar duros mensajes. “El presidente Juanma Moreno acaba de echar a la calle a mil bomberos a los que llamaba héroes hace dos semanas (…) Bosques abandonados que volverán a arder por falta de cuidado”, denunciaba la organización presidida por Martina Velarde; mientras que la dirigida por Toni Valero aderezaba su mensaje con hebras de regionalismo al asegurar que “la lucha de las y los profesionales del Infoca es la de todo el pueblo andaluz”.

El PP intenta sacudirse el sello de ‘destructor de empleo público’ con plazas estabilizadas

Bajo esta cascada de reproches, un PP que parece torpe en estos enfrentamientos y centra su estrategia en sacudirse la etiqueta de ‘partido de los señoritos’ declamando partidas de inversión, número de contratos, infraestructuras impulsadas o medios materiales adquiridos. Lo hizo en el ámbito sanitario, donde no ha logrado que cale que en la actualidad hay 12.000 profesionales sanitarios más que cuando llegó al poder, y lo está repitiendo ahora con su gestión con el Infoca, en la que se recondujeron las relaciones con los sindicatos tras una polémica auditoría y a cuyos trabajadores se les han prometido importantes mejoras.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, aprovechó su comparecencia ante los medios posterior al Consejo de Gobierno para incidir en que durante los tres años de la legislatura de PP y Ciudadanos se han sacado 437 plazas públicas para estabilizar a la plantilla, cumpliendo con la máxima tasa de reposición que permite la ley, informó Isabel Morillo.

El hombre de confianza del presidente autonómico recalcó que, desde el inicio del mandato, se ha multiplicado por nueve la convocatoria de empleo público con respecto al Gobierno anterior y afirmó que esta será la senda a seguir con el personal contratado de alto riesgo.

Este nuevo conflicto ha cogido desprevenido a los dirigentes de la Junta, y sobre todo al equipo de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, porque se había alcanzado un consenso con las distintas organizaciones sindicales representadas en el Comité de Intercentros en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya): CGT, UGT, UITA, CCOO, Sibfi, CSIF y SAT. Esta paz se selló en la reunión mantenida el pasado mes de septiembre y en la que el Ejecutivo regional aceptaba la práctica totalidad de las reivindicaciones formuladas por los distintos delegados. Sin embargo, el continuo estado de precariedad de los eventuales, que pueden encadenar contratos temporales durante años, ha impulsado un calendario de movilización que públicamente han asumido todos los sindicatos, pero que en privado cuestionan algunos al pensar que habían obtenido mucho rédito en las recientes negociaciones. Voces discordantes que advierten un aspecto fundamental: la obligación de acceder a la plaza a través de una oferta de empleo público que tendrá que ser abierta.

Plantilla al 100% todo el año

Y en medio de este fuego retórico, de estos movimientos partidistas, los auténticos protagonistas, los bomberos forestales, que ataviados con su característico traje amarillo trataban de hacer oír sus reivindicaciones a las puertas del Parlamento de Andalucía y que indirectamente se convertían en objeto de campañas de mensajes secuenciados que saltaban de un perfil a otro.

Juan Ramos, portavoz del colectivo, advirtió que endurecerán las protestas si se mantiene la actual situación, y explicó que el grave incendio de Sierra Bermeja puso de relieve el “compromiso” de estos profesionales. “Estamos indignados, no aguantamos más y no vamos a tolerar más esta precariedad, no vamos a tolerar que se nos siga manteniendo en la ilegalidad”, advirtió.

El presidente del Comité Intercentros en la Amaya, Javier Sánchez, recordó inicialmente que los empleados del Infoca “no tiene retribución por antigüedad”, para después reclamar “un dispositivo que se encuentre al cien por cien durante todo el año”.

“No vamos a tolerar que se nos siga manteniendo en la ilegalidad”, afirmó un bombero

Los incendios “se pueden parar en invierno con una buena prevención”, agregó, para precisar que, para que ese pase, “hace falta una plantilla que esté al cien por cien”. “Han echado a unos 600 trabajadores porque solo los tenían contratados para la campaña de verano, que ha sido hasta el 31 de octubre, pero hay que tener en cuenta que con el tema del cambio climático hay cada vez más fuegos”.

Sánchez precisó que el Infoca no “solo trabaja” para los incendios, sino que atiende “cualquier tipo de catástrofe”. “Esta concentración es el pistoletazo de salida”, anunció, antes de detallar que se realizarán nuevos actos de protesta en el Parlamento el próximo 10 de noviembre, el 18 en las delegaciones provinciales de la Junta y una manifestación el 27 que previsiblemente transcurrirá por las calles de Sevilla, pero que está aún por determinar.

Los sindicatos convocantes, a través de un comunicado, citaban “otras demandas fundamentales” en Amaya, como “conseguir de una vez por todas una segunda actividad digna para las personas que han dado décadas de servicio público jugándose el tipo en primera línea de fuego” y aprobar el Estatuto del Bombero Forestal a nivel nacional y garantizar la aplicación de coeficientes reductores que reconozcan las condiciones laborales de estos profesionales.

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