El Gobierno condiciona la fijeza de los interinos a que haya ley estatal

Fuente: La Provincia de fecha 9 de noviembre 2021 enlace

Las negociaciones entre el comité de huelga del personal interino de la Administración autonómica y el Gobierno regional se mantienen en un diálogo de sordos que impide avances y enquista un conflicto laboral que se prolonga ya once meses. El Ejecutivo gana tiempo hasta que el Congreso de los Diputados apruebe la nueva ley de reducción de la temporalidad en el empleo público, marco normativo básico para las comunidades autónomas, mientras que el comité de huelga exige una solución basada en la primacía del Derecho europeo sobre el ordenamiento jurídico español a la hora de estabilizar al personal interino y garantizar su permanencia, sin que esté afectado por las ofertas públicas de empleo.

Tras un encuentro celebrado el pasado viernes de la mesa de trabajo destinada a buscar una solución jurídica y legal a los interinos, el comité de huelga amenaza con una demanda ante los tribunales que ya se está estudiando y más paros y movilizaciones porque, en su opinión, la Consejería de Administraciones Públicas que dirige Julio Pérez ha demostrado «falta de responsabilidad y de voluntad negociadora». Para los huelguistas la Administración tiene una actitud de «desprecio absoluto» y ven una «tomadura de pelo» lo manifestado tanto por el viceconsejero, Manuel Martínez, como por la directora general de Función Pública, Montserrat García, durante la reunión.

El Ejecutivo confía en que se apruebe la estabilidad del personal con más de 10 años de trabajo

Los representantes del Ejecutivo reiteran su propuesta de estabilizar al personal laboral, que es la gran mayoría de los que ocupan plazas de interinidad, mediante ofertas de estabilización con pruebas asequibles y unas bases que faciliten la permanencia en sus puesto a este personal. Los funcionarios interinos, que son minoría en este proceso, sí estarían sujetos a oposiciones pero con un importante peso del concurso de méritos.

No obstante, el Ejecutivo espera las novedades que aporte la nueva ley que se debate en el Congreso, sobre todo la enmienda que ha presentado el PSOE que supondría la estabilización de todos aquellos interinos que superen los 10 años consecutivos trabajando para la Administración, que se quedarían fijos solo con el concurso de méritos sin pasar por más pruebas teóricas. Una buena parte de los interinos canarios supera este periodo.

La ley se encuentra ahora en el proceso de ponencia para debatir las enmiendas parciales presentadas por los grupos. El Gobierno central acelera al máximo el calendario para que la nueva norma esté aprobada y en vigor antes de acabar diciembre porque es el compromiso adquirido con la Comisión Europea, que ha condicionado las transferencias de nuevos fondos Next Generation no solo a la reforma laboral sino también a la reducción de las altas tasas de temporalidad entre los empleados públicos.

La más reciente jurisprudencia dictaminada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el abuso de temporalidad en el sector público está ya provocando sentencias en diferentes juzgados españoles que fallan a favor de la supremacía del marco jurídico y legal de la UE sobre el español y declara la fijeza de diferentes empleados públicos que han recurrido a los tribunales para conseguir la estabilidad en sus puestos. En las últimas semanas dos sentencias en Madrid y una en Barcelona no solo dan la razón a los recurrentes, sino que recriminan a las administraciones públicas el abuso de la temporalidad con estos trabajadores, les homologa al mismo nivel de los funcionarios de carrera, aunque no sean tales, y argumentan los mismos razonamientos del TJUE en sendos fallos de 2020 y 2021 promovidos desde España. Asimismo, los tribunales reprochan al Gobierno español que la Directiva europea sobre el trabajo de duración determinada de 1999 no se haya aplicado en el ordenamiento español 22 años después.

Varias sentencias fallan a favor de la prevalencia de la doctrina europea y consolidan la fijeza

El comité de huelga toma como referencia estas sentencias judiciales para exigir al Gobierno canario el carácter vinculante del Derecho comunitario y las competencias que tiene la Comunidad Autónoma para trasponer lo que dictamina la UE y el tribunal europeo sobre el abuso de temporalidad. Asimismo, los juristas que han confeccionado la propuesta del comité de huelga advierten de que la jurisprudencia europea considera que los procesos selectivos de estabilización y consolidación no son formas de sancionar el abuso. De hecho, en las últimas sentencias de juzgados españoles los jueces consideran que al no haber en la legislación nacional sanciones adecuadas para esta situación se impone a la Administración correspondiente la fijeza de estos trabajadores, sin más procesos selectivos y con todos los derechos reconocidos por los años trabajados.

El comité de huelga estudia ya la interposición de una demanda ante los tribunales por el incumplimiento del acuerdo al que se había llegado con el Gobierno regional en abril para la constitución de las mesas de trabajo y planifica el recrudecimiento del conflicto laboral con paros, movilizaciones y paralización de los servicios públicos afectados.

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