Las quejas del personal público temporal llegan al Parlamento Europeo

Fuente: Arainfo.org de fecha 17 de noviembre 2021 enlace

Las plantillas de trabajadores y trabajadoras públicos en abuso de temporalidad reclaman ante el Parlamento Europeo que se cumple “de una vez” la normativa de la UE.

Representantes de los sindicatos y plataformas de personal público temporal de las distintas administraciones (locales, territoriales y estatal) de todo el territorio español llevan sus movilizaciones del 16 al 18 de noviembre al Parlamento Europeo en Bruselas.  Denuncian que el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, conocido como el “Icetazo”, que se debate en el Congreso de español sigue sin transponer la Directiva 1999/70/CE y no cumple las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las distintas organizaciones, entre ellas el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), están realizando tres días de concentraciones en la plaza del Parlamento Europeo: los días 16, 17 y 18 de noviembre, de 12.00 a 14.00 horas. Además, han solicitado entrevistas con los componentes de los distintos grupos políticos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para exponer los incumplimientos del Estado español, que pueden amenazar incluso la consecución de los fondos europeos postcovid Next Generation.

Las organizaciones convocantes denuncian el incumplimiento de la ley por parte de las administraciones españolas, “que sancionan la contratación temporal abusiva en la empresa privada, pero llevan décadas aplicándola sin ningún rubor al cubrir plazas estructurales con contratos temporales en lugar de fijos”, dicen, como exige la legislación y la jurisprudencia europea.

Se quejan de que ante el reiterado llamamiento desde la UE a acabar con este abuso, la única propuesta hasta ahora ha sido convocar oposiciones, un sistema que “ni compensa a las víctimas del abuso ni sanciona a los responsables”, afirman desde STEPA. Además, también señalan que puede dejar además en el paro y sin indemnización a miles de personas afectadas (800.000 en todo el Estado).

Este personal temporal exige ahora estabilidad mediante la fijeza para las personas que llevan más de tres años –el límite legal- con contratos temporales.  Para el sindicato esta solución será “justa, ajustada a derecho y beneficiosa para la sociedad y sin coste para las arcas públicas”. Igualmente se demanda la paralización de las Ofertas de Empleo Público convocadas hasta que se realice esta estabilización, para así ninguna persona pueda perder su empleo.

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