Montero confía que el futuro proyecto de ley estabilice a 300.000 interinos aunque es consciente que acabará judicializándose

Fuente: Confilegal de fecha 19 de noviembre 2021 enlace

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aprovechó su comparecencia en la Comisión de Función Pública de este jueves para explicar la hoja de ruta a nivel de función pública y justificar las enmiendas pactadas con Unidas Podemos, ERC y PNV. «El texto es razonable y de acuerdo de las decisiones judiciales, aunque aun podría haber cambios», indicó.

Mientras Montero y el resto de las fuerzas políticas se enfrascaban en el debate, no exento de tensión, un centenar de interinos siguen en Bruselas reivindicando su situación con reuniones con eurodiputados españoles, ruedas de prensa y visita al Parlamento Europeo.

Para ellos, esta tramitación no se ajusta a la jurisprudencia europea ni al a Directiva 1999/70. «Es un acuerdo de mínimos», nos decía recientemente Elizabeth Ramos, vocal de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal. A su juicio, tiene muchas lagunas legales y no cumple con Europa. «No sabemos donde sale la cifra de 300.000 interinos del Gobierno, cuando nuestras estimaciones superan los 900.000 en fraude de ley».

La intención de la ministra es que el Ejecutivo apruebe antes de junio de 2022 una oferta de empleo público -tanto ordinaria como extraordinaria- para integrar de forma definitiva a más de 300.000 plazas estructurales de interinos, que deberán ser convocadas antes del 31 de diciembre de 2022 y ser fijas antes de que termine 2024.

Durante su comparecencia, también recordó que la nueva normativa que frenará la temporalidad en nuestro país eliminará la tasa de reposición para que dicha tasa se tenga que «adaptar al volumen de plazas necesarias y a las ofertas de empleo y no al revés».

Otra cuestión que indicó es que la ley va a establecer que se podrá cubrir con un interino las plazas vacantes, cuando no sea posible hacerlo con un funcionario de carrera, solo por una duración máxima de tres años.

Asimismo, Montero subrayó que «la modernización de las Administraciones Públicas es un  elemento fundamental para su legitimación social y clave de nuestro modelo de convivencia».

También señaló que «no es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la  Administración lo haga como temporal«.

En este  sentido, se refirió al Real Decreto-ley 14/2021 de Medidas Urgentes  para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, aprobado en  Consejo de Ministros el 6 de julio, y que se está tramitando como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.

A su juicio, el problema de la temporalidad es heredado por  la crisis económica de 2008 y a las políticas de austeridad de los Gobiernos de la derecha.

Éstos, afirmó, suprimieron las ofertas de empleo público y no cubrieron las plazas que quedaban vacantes. La titular de Hacienda y Función Pública ha recordado que la tasa de reposición entre 2012 y 2015 fue del 0%, salvo para los  sectores prioritarios, en los que como mucho alcanzó el 10%.

Como contraste, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 elevaron la tasa de reposición general hasta el 100%, para situarse en el 110% y en el 115% en determinados sectores y circunstancias.

Y en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se incluye una tasa de  reposición del 110% como tasa general, del 120% para sectores  prioritarios (sanidad, educación o ciencia) y del 125% para las Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

A ello hay que añadir que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio una Oferta de Empleo récord para la Administración General del Estado (AGE) con 23.491 plazas, que se suman a los 1.920 nuevos empleos para las  Fuerzas Armadas y los 5.034 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  del Estado. Ello hace un total de 30.445 plazas, cifra inédita, como resaltó  la ministra.

Para el colectivo de interinos, así como varios expertos juristas consultados por Confilegal lo lógico es que esos procesos selectivos y ofertas de empleo público se hubieran detenido hasta tener el proyecto de ley concluido. Sin embargo, las administraciones han seguido su camino para no pagar indemnizaciones a los interinos en cese.

Un cauce legal adecuado

La diputada de ERC Pilar Vallugera aprovechó su intervención para aclarar algunas cuestiones del acuerdo con el Gobierno, PNV y Unidas Podemos. «La intención del acuerdo era la de estabilizar las personas en sus plazas. AL final hemos tenido que hablar de plazas, pero también es cierto que la mayor parte de los interinos o temporales lo que harán será presentarse a la plaza que ocupan».

También señaló que estaban preparados para las críticas cuando se aprueba este proyecto de ley, «sabemos que incluso dicen que es inconstitucional, van a intentar destrozarlo desde diferentes ámbitos».

Sostiene que “lo que hemos conseguido es la habilitación para que las administraciones puedan hacer fijos a los temporales e interinos en determinadas circunstancias”.

Vallugera justificó el uso del artículo 61.6 y 61.7 del EBEP que impulsa el concurso de méritos, «intentamos que fueran concursos restringidos, pero no lo conseguimos porque podría ser inconstitucional. Se trataba de dar seguridad jurídica a lo que hemos pactado en definitiva».

Desde su punto de vista, este tipo de concurso puede generar situaciones que hay que evitar «como  el traspaso de plazas de una administración a otra cuando ya seas funcionario de carrera».

También es consciente de que “estamos ante un proceso excepcional y llevarlo a los mismos años de un proceso ordinario podría hacer caer dicha excepcionalidad».

«Hay argumentos para todo lo que hemos pactado y creemos realmente que va a mejorar y a permitir la estabilización un porcentaje de personal interino que esté en fraude de ley y abuso de temporalidad», indicó.

Esta diputada recordó que la normativa europea «da caminos donde ir y pistas, pero no obligan al legislador de una forma determinada. Así lo preguntamos a Europa donde nos dijeron que estaban atentos a lo que se haga pero el legislador tiene un margen de actuación. Y eso es lo que estamos haciendo».

Desde su punto de vista, “hagamos lo que hagamos se va a judicializar el conflicto. Y eso es así, porque algunos de los partidos van a promoverla y recordar que todos los que han estado en abuso pueden ir a los juzgados para obtener la satisfacción al perjuicio que no han obtenido”.

Vallugeraindicó que “lo que intentamos es reducir dicha conflictividad a través de un mecanismo que promueva la estabilización y no de la indemnización. Si se acabara en indemnizaciones tendríamos un problema económico importante. Creo que esto lo tenemos que tener en consideración en estas negociaciones”.

Mejorar el contenido del ‘Icetazo

Por su parte, Pedro Antonio Honrubia, portavoz de Función Pública de Unidas Podemos, recordó que el Real Decreto-Ley convalidado no satisface a parte del arco parlamentario, “sobre todo porque se pensaba que ese texto era injusto con las personas que sufrían el abuso de la temporalidad, Este texto venia apoyado por el diálogo social con lo cual los cambios no eran fáciles de hacer, realmente”.

Desde su punto de vista, “se ha hecho un trabajo con paciencia y mucho análisis jurídico para que el Real Decreto-ley fuera más justo y encajara mejor en nuestra Constitución y ordenamiento jurídico. Creo que lo que tenemos ahora es algo más justo para las personas en temporalidad que tendrán más facilidades en la plaza que ocupan y, a su vez, mejor para las administraciones porque van a poder retener el talento que estas personas han acumulado a lo largo de los años”.

Este diputado de Unidas Podemos señala que “se hace un encaje normativo para facilitar a las personas con abuso se queden con sus plazas. Por otro lado, se respeta a las autonomías de cara al a gestión de sus procesos y recursos humanos y a la vez creemos que se ha llegado al acuerdo máximo sabiendo que había como antes señalé un acuerdo desde el diálogo social».

Pedro Antonio Honrubia, portavoz de Función Pública de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Honrubia señala que están satisfechos con lo que se ha hecho “aun hay cosas que se pueden corregir, pero no compartimos debates sobre la constitucionalidad o no de la norma o la judicialización de la cuestión. Esto pasará siempre porque no podemos satisfacer a todo el mundo”.

A su juicio, a raíz de las filtraciones que se han hecho sobre estas transaccionales han surgido una serie de dudas que habría que aclarar. Así indicó que el personal de Sanidad y Educación no queda fuera de esta reforma “sino que tendrán, como ya decía el Real Decreto-Ley en vigor, un año para adaptar su normativa a las reformas que se establecen en el EBEP”.

Al mismo tiempo quiso aclarar la situación del personal laboral si pueden o no ir al concurso de méritos. “Si hablamos de personal que cumplen los requisito del artículo 2.1 y de la disposición adicional sexta, habría que incluir una mención en el 61.7 del EBEP para que el personal laboral pueda utilizar la vía del concurso de méritos”.

En cuanto al carácter ininterrumpido de la ocupación de las plazas, Honrubia indicó que aunque se acabe un contrato el 31 de agosto y se firme otra el 1 de septiembre hay que hablar del carácter ininterrumpido, “pero debería dejarse claro para que los temores de los personal de sanidad y educación se disipen en esta cuestión específica”.

Ahora habrá que esperar al próximo lunes cuando se reuna la Comisión de Función Publica, que realizará el dictamen definitivo de todas las enmiendas antes de su votación a Pleno del Congreso. Es previsible que haya mejoras técnicas. Tras la votación a Pleno se llevará al Senado en el plazo de dos semanas, ya primeros de diciembre.

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