Últimas semanas para aprobar la ley de protección de denunciantes de corrupción en España

Fuente: Newtral enlace

También publicamos esta Ley el 28 de noviembre 2021 enlace

17 de diciembre de 2021. Esta es la fecha máxima para que los Estados miembros de la Unión Europea aprueben una ley que establezca normas y procedimientos para la protección de los denunciantes de corrupción. Esta iniciativa proviene de una directiva aprobada en 2019 por el Parlamento Europeo, y queda algo más de un mes para cumplirla en España.

Si se diera el caso de incumplir el plazo establecido para aplicar dicha directiva, la Comisión Europea puede iniciar un proceso de “procedimiento formal de infracción” contra España.

Los días corren en contra del Gobierno porque el primer paso para aprobar una ley es que el Consejo de Ministros redacte un anteproyecto y lo lleve al Congreso de los Diputados, un trámite que todavía no se ha dado.

[¿Cómo se elabora una ley? El proceso, en 5 pasos]

Esta futura norma defenderá a los alertadores, o whistleblowers, que dan información obtenida en un contexto laboral sobre irregularidades en la contratación pública, prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, protección del medio ambiente, sanidad y bienestar de los animales, salud pública, protección de la privacidad y de los datos personales, e infracciones que afecten a los intereses financieros de la UE, entre otros.

De esta forma, los denunciantes contarán con protección ante cualquier forma de represalia, como el despido o la intimidación. Además, tendrán acceso a las medidas de apoyo adecuadas, especialmente asesoramiento independiente y asistencia jurídica, y a las medidas correctoras, como inmunidad por haber infringido las cláusulas de confidencialidad de sus contratos.

Por su parte, la directiva europea establece que las normas que aprueben los Estados miembros en ningún caso afectarán a la responsabilidad de los Gobiernos europeos de proteger su seguridad nacional; al derecho de la UE o nacional respecto a la protección de información clasificada o al secreto profesional; ni podrán invalidar las normas nacionales respecto al ejercicio del derecho de los trabajadores a consultar a sus sindicatos.

Primeros pasos del Ministerio de Justicia: creación de un grupo de trabajo

La Directiva europea fue aprobada el 23 de octubre de 2019, pero no es hasta el 2 de junio de 2020 cuando se creó un grupo de trabajo dentro de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del Ministerio de Justicia, para que presentara una propuesta de ley sobre protección a los denunciantes de corrupción.

El 16 de junio de 2020, el grupo de trabajo se reunió por primera vez para abordar la trasposición europea. En esta sesión, se sentaron las bases y líneas de actuación marcadas por este ministerio “para que el grupo de trabajo pudiese desempeñar adecuadamente su cometido”.

Asimismo, dicha comisión tenía como objetivo entregar el borrador o propuesta terminada y aprobada por este grupo antes del 2 de diciembre de 2020. Su labor finalizó dentro de este plazo establecido, tal y como confirman desde el Ministerio de Justicia a Newtral.es.

A debate: algunos aspectos de la futura ley sobre protección a los denunciantes de corrupción

El Plan Anual Normativo de 2021, que contiene las iniciativas legislativas que el Gobierno tiene previsto aprobar durante este año, recoge la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. Es decir, esta futura norma es la que trasladará la Directiva del Parlamento Europeo.

De esta manera, y para iniciar su tramitación, el 7 de enero de 2021 se abrió la consulta previa sobre esta transposición para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones pudieran hacer sus peticiones sobre los aspectos planteados en el documento. El plazo para presentar estas aportaciones finalizó el pasado 27 de enero.

Como la Directiva ofrece a los Estados miembros “un margen de flexibilidad” en la trasposición debido a “las peculiaridades del derecho propio de cada Estado”, el Gobierno sometió a opinión distintas cuestiones de la norma. Entre ellas se encuentran si amplían la protección prevista en la iniciativa europea o si España debe admitir las denuncias anónimas

También se preguntó por cómo deben gestionarse los canales de denuncias o si es necesaria la creación de una autoridad administrativa independiente encargada de “recibir, dar respuesta y seguir las denuncias que se presenten”. Además del tipo de sanciones que deban aplicarse a quienes incumplan la ley, y si se incluyen recompensas a los alertadores.

Presente y futuro: redactando una propuesta de regulación

Actualmente, según este departamento, el Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en el anteproyecto que permitirá tanto “el reparto competencial en la materia dadas las múltiples cuestiones transversales a regular” como “el desarrollo de la norma estatal por parte de las comunidades autónomas”, respetando su potestad autoorganizativa.

Posteriormente, en un futuro aún no definido, el texto del anteproyecto de ley para la protección de los denunciantes de corrupción se enviará al Consejo de Ministros para “empezar a recabar los informes que se consideran convenientes”, como el del Consejo de Estado, indica Justicia. Aparte de hacerse pública la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, en la que se justifica la necesidad de aprobar esta ley y se hace una previsión del impacto económico que tendrá.

¿Qué se está proponiendo desde las formaciones políticas?

Aunque el Ejecutivo no está apostando, hasta ahora, por la mencionada ley, algunas formaciones políticas con representación parlamentaria en la actual legislativa han presentado proposiciones de ley para la protección de los denunciantes de corrupción: una de ERC, Compromís, BNG y Más País; otra de VOX y una última de Ciudadanos.

Proposición de ERC, Compromís, BNG y Más País

La iniciativa establece medidas para ayudar a las personas que revelen informaciones sobre malas prácticas que afecten al interés general. Asimismo, propone crear la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores como un órgano administrativo externo “anónimo y seguro” de recepción de alertas.

En qué fase se encuentra. La propuesta está pendiente de ser elevada al pleno del Congreso de los Diputados para someterse a votación y decidir si se tramita o no.

Proposición de VOX

Esta iniciativa crea tanto un marco integral como una autoridad independiente para proteger a los denunciantes, y recompensa a estas personas con “un importe equivalente al 10%” del importe total del dinero recuperado. VOX también plantea una autoridad independiente que estudie las denuncias presentadas y traslade a la Fiscalía la existencia de un posible delito.

Por otro lado, esta norma plasma un régimen sancionador para castigar a las personas que presenten denuncias falsas, obstaculicen las investigaciones o incumplan las medidas de protección del denunciante. Las sanciones van desde los 200 hasta 400.000 euros.

En qué fase se encuentra. La propuesta ha sido rechazada.

Y ¿qué propone Ciudadanos?

La proposición define un marco para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Esta determina dos procedimientos de denuncia: a través de canales internos y externos (comunicación directa de infracciones con la Autoridad Independiente de Integridad Pública, que se crea como un órgano competente para erradicar el fraude en las instituciones públicas y en el sector privado).

En qué fase se encuentra. La propuesta está pendiente de ser elevada al pleno del Congreso de los Diputados para someterse a votación y decidir si se tramita o no.

Ojo al dato: el Índice de Percepción de la Corrupción

La puntuación del Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente a un país indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas del país. Este grado se encuentra entre 100 (ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).

Según la organización Transparency International, desde 2012, entre los primeros puestos se encuentran Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, siempre con una puntuación mayor de 85 en este índice. Es decir, con una percepción bastante baja de la corrupción.

El siguiente gráfico muestra el Índice de Percepción de la Corrupción en España, donde esta percepción mejoró en los años 2017 y 2018, pero volvió a empeorar tanto en 2019 como en 2020 con una puntuación de 62 sobre 100.

Fuentes:

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