Braga y cinco miembros de UGT, condenados a prisión por los cursos de formación

Fuente: elcomercio.es de fecha 2 de diciembre 2021 enlace

Existía un «sistemático desvío de fondos públicos». Esta es la conclusión a la que llega la sentencia por el caso de los cursos de formación de UGT, que considera probada la «actuación fraudulenta» del sindicato y de la Fundación IFES, así como de algunos de sus máximos responsables y trabajadores. Por este motivo, la magistrada del Juzgado de lo Penál número 3 de Oviedo, María Paz González-Tascón, condena por varios delitos de fraude de subvenciones a los seis acusados, entre ellos Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT, a penas que van entre los 18 meses y los tres años y ocho meses de cárcel. Además, se castiga al propio sindicato con una multa de 122.028 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. En conjunto, tendrán que pagar multas que superan los 3,6 millones de euros e indemnizar al Principado por los daños causados con casi 938.200 euros.

En concreto, a Rodríguez Braga y a Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación de UGT, se les condena a dos años y diez meses de prisión. Se les considera cooperadores necesarios en un delito de fraude por la subvención concedida a IFES en 2011 y coautores de otros dos delitos de fraude por las subvenciones concedidas a UGT en 2011 y 2012. Por todo ello se les imponen multas que suman casi 586. 550 euros para cada uno.

Las penas más altas son, sin embargo, para la exsecretaria de Administración de UGT Asturias y administradora de Infastur, Mónica Menéndez, condenada como cooperante necesaria a tres años y ocho meses de prisión por dos delitos de fraude de subvenciones por las concedidas al IFES en 2010 y 2011 y coautora de otros dos por las de UGT de 2011 y 2012. En su caso las multas alcanzan los 786.550 euros.

«Vamos a presentar recurso para que salga a la luz lo que ha ocurrido y que UGT ha hecho las cosas bien»

N. A. E. / GIJÓN.

A María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur y Formación 2020, se la condena a dos años y medio de prisión como coautora de dos delitos por las subvenciones del IFES en 2010 y 2011 y se la considera cómplice por las de UGT en 2012. Tendrá que asumir multas de 490.000 euros.

Por último, a Alberto González Castaño, técnico responsable de la justificación de las subvenciones en UGT, y a Silvia Sariego Ferrero, encargada de lo mismo en IFES, se los cataloga como cómplices en las subvenciones al IFES de 2011 y a UGT de 2011 y 2012, por lo que acumulan cada uno una pena de 18 meses de prisión y 353.365 euros de multa.

A ello hay que añadir las indemnizaciones al Principado por el perjuicio causado: 231.466 euros que deberán abonar de forma conjunta y solidaria Mónica Menéndez y María Jesús Ocaña; 330.179 euros que tendrán que pagar también estas junto con Rodríguez Braga y Díaz Cancio; y 254.521euros más 122.028, que corresponden a Braga, Cancio y Menéndez.

El castigo podría haber sido aún mayor, pero se consideró prescrita la subvención a UGT correspondiente a 2010 para todos los acusados, menos para Menéndez y Ocaña.

La sentencia basa estas penas en que considera probado que se llevó a cabo «en actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos» que recibían UGT e IFES (creada por el sindicato nacional para impartir la formación) como subvenciones para realizar cursos de formación y que esto les permitió obtener beneficios económicos que «revertían principalmente en la propia organización sindical, así como en la fundación y en las sociedades vinculadas». Para ello, se servían de «diversos subterfugios con los que lograban el enmascaramiento de los costes reales de ejecución», un entramado defraudatorio en el que intervenían también Localmur, Formación 2020 e Infastur -las tres controladas por UGT e IFES- . Según el fallo, con todo ello incrementaban «ficticiamente» el precio de los locales y equipos respecto al mercado, con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato. Además, también considera probado que se incluían en la justificación de los costes «gastos de personal laboral del sindicato que ninguna relación» tenía con las actividades formativas.

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