El futuro de los interinos del SEPE en la nebulosa tras la decisión del Gobierno de convertirlo en la Agencia Estatal de Empleo

Fuente: Confilegal de fecha 4 diciembre 2021 enlace

Se trata, según el Ejecutivo, de un ejercicio de transparencia que permitirá mejorar el acceso al empleo y, además, hacer un seguimiento efectivo de las necesidades del mercado de trabajo. Los interinos del SEPE desconfían.

El Servicio Público de Empleo (SEPE) –antes INEM– se va a transformar en una Agencia Estatal de Empleo. Así lo anunció ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Es la consecuencia directa de la decisión tomada en el último Consejo de Ministros donde se aprobó la Estrategia Española de Apoyo activo al Empleo 2021-2024, el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2021 y, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley de Empleo.

La idea es, además de atender las necesidades de los demandantes de empleo –con especial atención a los colectivos considerados prioritarios–, que los servicios de empleo público ejerzan un papel clave en el acompañamiento en los procesos de recualificación de las personas trabajadoras durante toda su vida laboral.

Los servicios garantizados se plasman en el máximo nivel normativo.

La futura Agencia Estatal, los servicios de las Comunidades Autónomas y los servicios públicos de empleo, deberán ofrecer una cartera básica de servicios en materia de orientación, formación, intermediación y asesoramiento para el empleo.

La idea es que las empresas comuniquen las vacantes a los servicios de empleo. Se trata de un ejercicio de transparencia que permitirá mejorar el acceso al empleo y, además, hacer un seguimiento efectivo de las necesidades del mercado de trabajo.

Sin embargo, dado el momento actual, parece que el cambio no es el más adecuado, ya que sus técnicos están desbordados de trabajo, una vez superado el ciberataque que sufrió esta entidad.

LOS INTERINOS, A LA EXPECTATIVA

Este anuncio, junto con la aprobación el jueves en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de reducción de la temporalidad, ha extendido y profundizado intranquilidad y la incertidumbre en gran parte del colectivo de interinos y trabajadores temporales. Y, en especial, en el propio SEPE.

Creen que están en una situacion de abandonoque podría encaminar a parte de este colectivo a perder su empleo.

Desde este colectivo, se informa que no parece haber interés en las ministras Diaz y Montero en paralizar los procesos selectivos que afectan a este colectivo, algunos de ellos en marcha y que perjudicaría a interinos con muchos años en fraude de ley.

Al parecer ya se ha convocado un proceso selectivo para las plazas de gestión, con un examen bastante duro que hará una criba importante para el próximo ejercicio.

“Pese a que la ministra Díaz públicamente ha hablado de nuestro trabajo en la gestión de los ERTES no da la sensación que le preocupe nuestro futuro”, señala un profesional afectado, interino desde hace diez años.

También recuerda que como servicio esencial, los profesionales del SEPE “hasta que nos dieron el teletrabajo un mes después estuvimos yendo todos los días a las oficinas, pese a la situación que vivía el país. Solo quedamos los sanitarios, los repartidores de comida y nosotros en ciudades vacías”.

Nuestro interlocutor ve con escepticismo el plan que ha presentado este viernes la ministra Díaz, aprobado en Consejo de Ministros para reflotar el SEPE, “nosotros ya estamos fuera, no van a contar con nosotros. Solo hay buenos trabajos en las oficinas centrales, el resto rota continuamente por la precariedad en el empleo”.

Según ha podido saber Confilegal, el SEPE ha creado una bolsa nueva de empleo porque no quieren perder a la gente con experiencia. “Los nuevos opositores que aprueban el proceso selectivo no saben cómo se tramita una prestación de desempleo que no se hace en dos días. Por eso siguen contando con nosotros», aclara.

En esta convocatoria para 300 plazas se han presentado más de 4.000 candidatos al área de gestión del SEPE. Tiene carácter eliminatorio y hay que sacar más de 30 puntos para pasar al siguiente ejercicio. “Ha sido más difícil que el año pasado a nivel de turno libre”.

Ahora estos profesionales quieren conocer cuál es su futuro. Muchos llevan más de cinco años en fraude de ley, pero al estar la OPE activa, creen que podrían quedar sin indemnización y en la calle, caso de no aprobar este proceso selectivo.

Este proceso selectivo podría poner en peligro el empleo de 1.600 interinos que aún siguen en el SEPE. “Estamos molestos con los sindicatos, no han hecho nada para  la gente que estamos dentro y que podamos quedarnos. Conocemos  el funcionamiento de la entidad y como gestionar sus prestaciones”, apunta otro afectado.

A lo largo de este año se van a producir las bajas de 1.500 interinos contratados por el Covid-19 y que cesarán el próximo 31 de diciembre y otro colectivo más amplio, “nos llaman los pata negra que llevamos más de diez años, repartidos entre programas y vacantes y que asciende a unos 1.600”.

Por el momento la OPE sigue su curso. Estos profesionales están preocupados porque creen que pese al llamamiento que hizo el diputado Pedro Antonio Honrubia de Unidas Podemos a las diferentes administraciones de que paralizasen las OPES para luego incluir las plazas de interinos en concurso de méritos, no lo van a hacer.

También muestran su sorpresa respecto a que la propia ministra Díaz hable de la lucha contra la temporalidad en la empresa privada y mantenga a muchos interinos en fraude de ley con una antigüedad superior a diez años, “podrían excluir nuestras plazas de estas convocatorias, pero no lo van a hacer”.

En este escenario, muchos de estos profesionales interinos han emprendido la vía judicial para defender sus derechos. Los juzgados de lo social ahora son más activos que los contenciosos. Habrá que estar pendiente, al amparo de la nueva normativa de reducción de la temporalidad que está a punto de aprobarse este mes de diciembre, a cómo resuelven los asuntos que tienen pendientes y en qué tiempos lo logran.

LA MINISTRA DEBE DIMITIR

Sindicatos como CSIF, han pedido la dimisión de la ministra Díaz y de todo su equipo ante la situación de abandono de esta entidad que perjudica a una plantilla mermada en los dos últimos años de pandemia.

Esta organización sindical denuncia que este servicio público cuenta con diez oficinas del SEPE cerradas sin ningún efectivo, 37 con un solo efectivo, 91 oficinas con solo dos efectivos y 115 oficinas con tres efectivos, lo que hace inviable que se pueda hacer un servicio de calidad.

Los datos de CSIF son rotundos, “se han perdido 3.500 efectivos en los últimos diez años, además de los 1.500 funcionarios interinos incorporados como consecuencia del Covid”.

En efecto, en diciembre del 2009, la plantilla del SEPE estaba compuesta por 10.174 efectivos. Cuando cesen en diciembre los últimos 500 funcionarios interinos incorporados por la Covid, la plantilla del SEPE no llegará a los 6.500 efectivos en el próximo mes de enero.

Con esta plantilla, CSIF considera que es imposible facilitar las citas presenciales que se solicitan a diario. El sindicato asegura que solo ayer en las provincias de Barcelona y de Madrid se dejaron de atender a casi 7.600 solicitudes de atención presencial.

Esta organización sindical recuerda que el pasado día 27 de septiembre las tres centrales sindicales mayoritarias en el organismo remitieron un escrito a la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, para poner en su conocimiento diversas cuestiones relacionadas con la situación del SEPE y la falta de recursos y efectivos humanos tras haber pasado las fases más duras del Covid.

Desde CSIF se indica que  la ministra se mantiene totalmente “ajena” a los problemas del Servicio Público de Empleo Estatal desde su nombramiento y denuncia que se le solicitó una reunión urgente hace casi dos meses a la que ni ha contestado.

A esto se suma la dejadez de todo su equipo, desde el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, “que no ha prestado apoyo alguno al SEPE a lo largo de la dramática situación que se ha vivido” y que también ha hecho oídos sordos al requerimiento de una reunión y de un director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, “que tampoco está asumiendo su responsabilidad”.

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