El Parlamento Europeo estudiará la denuncia de los interinos sobre la futura ley de reducción de la temporalidad

Fuente: Confilegal de fecha 18 diciembre 2021 enlace

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha incluido en el orden del día del próximo 10 de enero estudiar la petición realizada por los interinos y personal temporal en fraude de ley de Cádiz, agrupados en ASEPAT, quienes plantean que el Decreto Ley 14/2021 sobre la estabilización del personal público en abuso de la temporalidad incumple la Directiva 1999/70/CE.

El colectivo de interinos en España sigue así su particular lucha para reclamar sus derechos.

Tras la tramitación del Real Decreto-Ley 14/2021 como proyecto de ley, si no hay en enmiendas nuevas en el Pleno del Senado, el texto que regula la temporalidad se publicaría en el BOE en los próximos días.

Sin embargo, estos profesionales siguen denunciando sus carencias y que esta futura ley no cumple ni con las últimas sentencias del TJUE ni con la Directiva 1999/70, que tras veinte años de espera, ahora se va a transponer. Una transposición incompleta según algunos juristas.

Francisco José Pons, profesional del Ayuntamiento gaditano de Rota ha encadenado dos situaciones en fraude de ley. Una primera de doce años como personal laboral y otra a continuación como funcionario interino de siete años y cuatro meses en su puesto de auxiliar de inspección adscrito  al negociado de disciplina urbanística de dicho ayuntamiento.

Pons fue quien el pasado 8 de julio hizo el llamamiento al organismo comunitario y será quien comparezca ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tras notificarle su admisión a trámite hace unos días.

Forma parte de la Asociación de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad (ASEPAT), que agrupa a profesionales en esta situación de la ciudad de Cádiz en sus diferentes administraciones, ya sea corporaciones locales, personal de la Junta de Andalucía o el personal estatal que también tiene su lugar en esta localidad andaluza.

A falta de datos oficiales se calcula que habría 17.000 interinos en fraude de ley y un total de 160.000 en la comunidad andaluza, cerca del 30% del total de la plantilla.

La reunión tendrá lugar a través de videoconferencia el próximo 10 de enero, la exposición de Pons a la que se han adherido hasta el momento más de 3.000 trabajadores temporales en fraude de ley,  se centrará en denunciar la desprotección de los trabajadores interinos en nuestro país.

Al mismo tiempo, denunciarán la ineficacia del Decreto 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ya que no cumple con la Directiva 1999/70/CE, ni con las sentencias y autos del TJUE a favor de la consolidación de los trabajadores interinos.

La idea final es que haya un debate en el Parlamento Europeo sobre la norma española. Al parecer la Comisión de Peticiones podría hacer esa derivación de dicha petición para un debate a fondo de la mencionada legislación.

Desde ASEPAT indican que están preparando con mucho detalle dicha comparecencia. El mismo día 20 que se apruebe la nueva normativa que regule la temporalidad en la función publica se enviará el texto que se apruebe, junto con otra documentación que acredita el perjuicio y la precariedad que está viviendo en nuestro país este colectivo en fraude de ley de 900.000 profesionales en distintas administraciones públicas.

Un colectivo de profesionales interinos en fraude de ley de toda España mantuvo hace un mes un encuentro en Bruselas con miembros de la Comisión y europarlamentarios.

Con posterioridad, ante la visita a España del comisario de Empleo Nicolas Schmit hubo otro contacto directo en la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Madrid entre el propio comisario y una delegación de interinos.

Un derecho fundamental en la UE

El derecho de formular una petición al Parlamento Europeo, es uno de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano o residente de la Unión, y se establece en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Este derecho garantiza que todo ciudadano o residente en un Estado miembro, pueda presentar, individualmente o asociado con otros ciudadanos o personas, una petición al Parlamento Europeo sobre un asunto que le afecte directamente.

Esa petición podrá consistir en una queja, una solicitud o una observación sobre un problema relacionado con la aplicación del Derecho de la Unión, o bien en un llamamiento para que el Parlamento Europeo se posicione sobre un asunto concreto.

En el caso de la petición formulada por ASEPAT, ofrece al Parlamento Europeo la oportunidad de llamar la atención sobre la vulneración de los derechos del personal público en abuso de la contratación por parte del Estado español.

Gracias a esta petición, el Parlamento puede, a través de su Comisión de Peticiones, comprobar sobre el terreno la forma en que se aplica la legislación europea y hasta qué punto las instituciones europeas responden a las inquietudes planteadas.

Es la Secretaría de la Comisión de Peticiones el órgano encargado de recepcionar las mismas, que suponen un gran número al año. La mayoría de ellas se tramitan mediante un procedimiento escrito, siendo seleccionadas por los diputados europeos las peticiones que se examinan en las reuniones de la Comisión, con arreglo a las sugerencias de los grupos políticos o de la Secretaría

Cabe señalar que no todas las peticiones se debaten en público, ni se incluyen en los órdenes del día, de ahí la importancia de que la petición realizada por ASEPAT cuente con el respaldo de la Comisión y se haya incluido en el orden del día.

La Comisión de Peticiones se reúne, por regla general, cada mes, excepto en agosto, mes en que el Parlamento suspende sus actividades. Asiste a la Comisión de Peticiones una Secretaría permanente que gestiona el procedimiento de petición, tiene funciones consultivas y prepara las reuniones de la comisión. Las reuniones de la Comisión de Peticiones son públicas y es posible que se invite a asistir a la persona peticionaria cuando se examina su petición.

Eurodiputados pendientes de la regulación

En Bruselas Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos,  es uno de los profesionales más activos sobre este tema. Lleva casi dos años metido en este asunto con distintas iniciativas y preguntas a la Comisión Europea. “La UE a raíz de los requerimientos que les hemos ido haciendo ha ido tomando posición. Hay una Directiva europea que afecta tanto al sector publico como el privado y que el Gobierno español tiene que aplicar”.

Para este eurodiputado este proyecto de ley que ahora culmina su tramitación en nuestro Parlamento, “sigue sin cumplir la normativa comunitaria ni las sentencias del TJUE que ya hablaba de abuso en los tres años para este colectivo. Al mismo tiempo hay que darse cuente que es un colectivo amplio, con casos específicos a nivel de abuso de temporalidad”.

Cañas aclara que la Comisión Europea quiere que nuestro Gobierno cumpla con la directiva 1999/70 que ahora se va a trasponer “con la ley que se va a aprobar no se cumple, desde luego. El asunto es que se va a judicializar el problema y muchos profesionales que han demostrado su trabajo en las distintas administraciones van a perder su trabajo. Solo conseguirán dinero pero no volverá a ocupar su puesto de trabajo”.

A su juicio, “esta reforma de la temporalidad es un desastre. No entiendo como PNV como ERC han entrado en este juego. No hay derecho que a tanta gente se le vaya a destrozar su vida. Personas que en un 60% son mujeres ya por encima de los cincuenta años que no podrán volver al mercado laboral. Es un despropósito, sin duda, lo que se aprobará”.

Sobre la Comisión de Peticiones señala que “obligará a la Comisión a posicionarse y dar respuesta. Es una forma de presionarles de nuevo. Recuerdo que hay un procedimiento de infracción abierto del 2013 a la espera que España trasponga la directiva. Todo se ha ido dilatando con promesas que se iba a trasponer. Somos uno de los países que peor traspone las directivas, frente a los británicos que cuando estaban en la UE eran más ágiles”.

Curso que seguirá la petición, ya admitida a trámite

Al cumplir la petición realizada por ASEPAT con todos los requisitos de admisibilidad, haber sido admitida a trámite por la Comisión de Peticiones, en incluirla en el primer orden del día del próximo año, es la propia Comisión la que decide el curso que debe dársele, de acuerdo con el artículo 227 del Reglamento interno del Parlamento Europeo.

Una vez oídos los argumentos de ASEPAT y de los miembros de la Comisión de Peticiones, y dependiendo del debate surgido en el seno de la misma, ésta podrá actuar de una o varias de las maneras siguientes: Pedir a la Comisión Europea que efectúe una investigación preliminar sobre la petición e informe de si se respeta o se incumple la legislación pertinente de la Unión.

Otra opción sería la de transmitir su petición a otras Comisiones del Parlamento Europeo, para que éstas informen o inicien otras acciones (por ejemplo, una Comisión puede tomar en consideración una petición en el marco de sus actividades legislativas), o a otra institución, organismo o agencia de la Unión.

De forma paralela, la Comisión podría solicitar a las autoridades españolas información o aclaraciones sobre las cuestiones planteadas en su petición.

También señalan que en algunos casos, preparar y presentar informes o resoluciones al Parlamento para someterlos a votación en sesión plenaria, o bien efectuar una visita de información a España y presentar un informe con sus observaciones y recomendaciones.

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