Un millón de empleados públicos, blindados ante el despido objetivo

Fuente: eleconomista.es de fecha 30 diciembre 2021 enlace

La nueva reforma laboral contiene una buena noticia para el personal contratado en las Administraciones públicas. Estos trabajadores, cuyo número se sitúa en el entorno de los 1,1 millones según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), quedan blindados frente a la posibilidad de sufrir un despido por causas objetivas o un expediente de regulación de empleo.

Ése será el efecto de la derogación de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores. Gracias a esa cláusula, desde la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, los ministerios, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y otros organismos públicos estaban autorizados a aplicar a su personal contratado el llamado despido ETOP (siglas que responden a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción).

Es más, ya antes del año 2012, existen sentencias judiciales que afirman el sometimiento de las Administraciones de cualquier nivel a la ley y al derecho laboral vigentes, lo que abría la puerta a aplicar ajustes de personal de ese tipo. Con la nueva reforma del mercado de trabajo, sin embargo, esa posibilidad queda por completo cerrada.

Es cierto que, según trascendió del proceso de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales, este nuevo veto tiene sus límites ya que, por ejemplo, muy posiblemente no se aplicará al personal de empresas públicas. En otras palabras, la plantilla contratada de corporaciones como Correos, Navantia, la Agencia Efe o RTVE sí podrá ser objeto, si así fuera necesario en el futuro, de Eres. Para ello los responsables de estas corporaciones están negociando in extremis con el Gobierno para que el Ejecutivo contemple esta excepción en la reforma laboral.

En cuanto a los funcionarios, nada cambia en su estatus laboral, ni en la reforma más reciente ni con la propia de 2012, ya que estos asalariados que ganaron su plaza por oposición no están sometidos a la legislación laboral ordinaria.

Efectos de calado

Con todo, conviene no minusvalorar los efectos de este nuevo blindaje del que se beneficiará una parte importante de los 3,4 millones de personas que, según la Encuesta de Población Activa, trabajan actualmente para el sector público. Los expertos laboralistas consultados tienen claro que “el sector público va a mostrar una inflexibilidad desde el punto de vista laboral aún mayor de la que arrastra desde hace décadas”. Es más, estos expertos llaman la atención sobre la escasez de recursos que tendrán a su alcance los organismos públicos cuando estén abocados a ajustes “por insuficiencias presupuestarias o por causas organizativas”, como las que puede suponer la introducción de una nueva tecnología que altere la organización del trabajo.

La proverbial inflexibilidad de las plantillas en la función pública aún será mayor

“La única salida serán las prejubilaciones“, aseguran estos expertos quienes, a renglón seguido, señalan la paradoja de que el Gobierno busca desincentivar esa medida en la reforma del sistema de pensiones, cuyo primer pilar ya está en marcha.

Se da además la circunstancia de que el nuevo blindaje frente al despido objetivo o colectivo de los asalariados contratados, llega en un momento especialmente delicado para las Administraciones considerando el aumento récord que sus plantillas han experimentado desde el comienzo de la epidemia.

Es más, el relajamiento de la situación sanitaria con respecto a la situación planteada durante el Gran Confinamiento de 2020 en nada ha servido para cambiar esa situación en los últimos trimestres.

Niveles históricos

Como resultado, el total de empleados por Estado, autonomías y corporaciones locales alcanzó una tasa histórica en proporción al total de la población activa: un 21,1%. Una de cada cinco personas en disposición de trabajar en nuestro país ejerce así su labor en las Administraciones públicas.

El total de empleados por Estado en proporción al total de la población activa es de un 21,1%

Además el total de personas empleadas en la función pública llegó a 3,4 millones, una cifra que supera la marca también inédita que se logró en 2011, en medio de la pasada crisis financiera iniciada en 2008, bajo la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (3,3 millones de personas).

La Administración se enfrenta también, desde el punto de vista de la gestión de sus plantillas, a la recién aprobada Ley de Medidas Urgentes para la Reducción del Empleo Temporal en el sector público, ante el auge que la precariedad laboral ha experimentado en los ámbitos de la sanidad y la educación. Esa norma contiene disposiciones como la que permite que un interino que ocupa su plaza desde hace más de cinco años se convierta en funcionario tras un examen de méritos.



La nueva reforma laboral contiene una buena noticia para el personal contratado en las Administraciones públicas. Estos trabajadores, cuyo número se sitúa en el entorno de los 1,1 millones según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), quedan blindados frente a la posibilidad de sufrir un despido por causas objetivas o un expediente de regulación de empleo.

Ése será el efecto de la derogación de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores. Gracias a esa cláusula, desde la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, los ministerios, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y otros organismos públicos estaban autorizados a aplicar a su personal contratado el llamado despido ETOP (siglas que responden a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción).

Es más, ya antes del año 2012, existen sentencias judiciales que afirman el sometimiento de las Administraciones de cualquier nivel a la ley y al derecho laboral vigentes, lo que abría la puerta a aplicar ajustes de personal de ese tipo. Con la nueva reforma del mercado de trabajo, sin embargo, esa posibilidad queda por completo cerrada.

Es cierto que, según trascendió del proceso de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales, este nuevo veto tiene sus límites ya que, por ejemplo, muy posiblemente no se aplicará al personal de empresas públicas. En otras palabras, la plantilla contratada de corporaciones como Correos, Navantia, la Agencia Efe o RTVE sí podrá ser objeto, si así fuera necesario en el futuro, de Eres. Para ello los responsables de estas corporaciones están negociando in extremis con el Gobierno para que el Ejecutivo contemple esta excepción en la reforma laboral.

En cuanto a los funcionarios, nada cambia en su estatus laboral, ni en la reforma más reciente ni con la propia de 2012, ya que estos asalariados que ganaron su plaza por oposición no están sometidos a la legislación laboral ordinaria.

Efectos de calado

Con todo, conviene no minusvalorar los efectos de este nuevo blindaje del que se beneficiará una parte importante de los 3,4 millones de personas que, según la Encuesta de Población Activa, trabajan actualmente para el sector público. Los expertos laboralistas consultados tienen claro que “el sector público va a mostrar una inflexibilidad desde el punto de vista laboral aún mayor de la que arrastra desde hace décadas”. Es más, estos expertos llaman la atención sobre la escasez de recursos que tendrán a su alcance los organismos públicos cuando estén abocados a ajustes “por insuficiencias presupuestarias o por causas organizativas”, como las que puede suponer la introducción de una nueva tecnología que altere la organización del trabajo.

La proverbial inflexibilidad de las plantillas en la función pública aún será mayor

“La única salida serán las prejubilaciones“, aseguran estos expertos quienes, a renglón seguido, señalan la paradoja de que el Gobierno busca desincentivar esa medida en la reforma del sistema de pensiones, cuyo primer pilar ya está en marcha.

Se da además la circunstancia de que el nuevo blindaje frente al despido objetivo o colectivo de los asalariados contratados, llega en un momento especialmente delicado para las Administraciones considerando el aumento récord que sus plantillas han experimentado desde el comienzo de la epidemia.

Es más, el relajamiento de la situación sanitaria con respecto a la situación planteada durante el Gran Confinamiento de 2020 en nada ha servido para cambiar esa situación en los últimos trimestres.

Niveles históricos

Como resultado, el total de empleados por Estado, autonomías y corporaciones locales alcanzó una tasa histórica en proporción al total de la población activa: un 21,1%. Una de cada cinco personas en disposición de trabajar en nuestro país ejerce así su labor en las Administraciones públicas.

El total de empleados por Estado en proporción al total de la población activa es de un 21,1%

Además el total de personas empleadas en la función pública llegó a 3,4 millones, una cifra que supera la marca también inédita que se logró en 2011, en medio de la pasada crisis financiera iniciada en 2008, bajo la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (3,3 millones de personas).

La Administración se enfrenta también, desde el punto de vista de la gestión de sus plantillas, a la recién aprobada Ley de Medidas Urgentes para la Reducción del Empleo Temporal en el sector público, ante el auge que la precariedad laboral ha experimentado en los ámbitos de la sanidad y la educación. Esa norma contiene disposiciones como la que permite que un interino que ocupa su plaza desde hace más de cinco años se convierta en funcionario tras un examen de méritos.




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