La falta de agilidad de las estructuras administrativas frena la ejecución de los Fondos Europeos en España

Fuente: Confilegal de fecha 6 de enero 2021 enlace

Hasta ahora solo se ha ejecutado el 38%, la CEOE urge a acelerar la ejecución de los fondos europeos para asegurar su llegada a la economía real y maximizar su impacto en la recuperación.

Algunos expertos en derecho público ven necesario hacer un esfuerzo para agilizar las estructuras administrativas de cara a hacer frente a las subvenciones y contratos públicos.

La patronal empresarial CEOE urge a acelerar la ejecución de los fondos europeos para asegurar su llegada a la economía real y maximizar su impacto en la recuperación, tal y como refleja en el primer informe hecho público por esta entidad que preside Antonio Garamendi.

Al mismo tiempo algunos expertos en derecho público consultados por esta publicación ven necesario hacer un esfuerzo para agilizar las estructuras administrativas de cara a hacer frente a las subvenciones y contratos públicos que hay que poner en marcha.

Según datos de dicho informe, las administraciones públicas (el Estado, sobre todo) publicaron 400 convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos por valor de 9.300 millones de euros con cargo a los fondos europeos.

Esta cifra representa un 48% de los fondos europeos recibidos por España en 2021 (19.000 millones de euros) y tan solo un 38% de los algo más de 24.000 millones incorporados en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021.PUBLICIDADPUBLICIDAD

El último dato publicado por el Gobierno, en agosto, señalaba que solo 104 millones de euros habían llegado a las empresas y entidades que no son Sector Público, de los casi 5.000 millones que ya estaban comprometidos en esa fecha (el 2%).

Como problemas que se detectan en el informe se señala que algunos asuntos los plazos de presentación de proyectos, que en algunos casos no superan los 10 días, lo que impide presentar ofertas.

Así, por ejemplo, la línea de ayudas para la iniciativa Industria Conectada 4.0/ACTIVA Financiación, lanzada en agosto por la Secretaría General de Industria y PYME, solo concedió ocho días hábiles de presentación, lo que ha supuesto que el porcentaje de ejecución haya sido únicamente del 10,4%: 9,9 del total de 95 millones.

Otra cuestión mejorable es que el porcentaje medio de cofinanciación, que se sitúa en el 30%, constituyen dos de las principales barreras para las empresas en su acceso a los fondos, especialmente para pymes y autónomos.PUBLICIDAD

Escaso peso de las Comunidades Autónomas

Llama especialmente la atención que del presupuesto total dedicado a convocatorias, apenas 1.000 millones de euros habrían sido lanzadas por las Comunidades Autónomas (en torno a un 14% del total).

Estas cifran chocan con la tendencia vista hasta la fecha con el presupuesto ordinario repartido en el Estado, en el que normalmente en torno al 63% del presupuesto global se ejecuta por las autonomías y un 30% por la Administración General del Estado, dejando a las entidades locales el 7%.

El último dato oficial recoge que solo ha sido desembolsado a las empresas el 2% de lo comprometido: 104 millones de eurosPUBLICIDAD

Además, en relación con el importe de fondos que ya ha llegado a las empresas, el último dato disponible (de agosto, ya que en septiembre, octubre y noviembre se ha eliminado dicha información en el de “Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado”, que mensualmente publica la Intervención General de la Administración del Estado) situaba dicha cifra en solo el 2%: 104 millones del total de casi 5.000 millones comprometidos a dicha fecha.

Desde esta organización empresarial se señala que en los territorios con un número reducido de empresas tractoras multinacionales, el retraso en la publicación de convocatorias supone un riesgo creciente de deslocalización de inversiones hacia otros países que son más rápidos en la ejecución.PUBLICIDAD

Visión comparada con otros países europeos

Respecto de la comparativa internacional, en dicho informe es destacable que en Portugal el importe de las convocatorias de ayudas asciende a 3.258 millones de euros, lo que supone un 25% del total de subvenciones asignado al país vecino (en España este porcentaje se sitúa en el 10%).

El Gobierno de Francia, a través de la Inspección General de Finanzas, ha creado un comité de evaluación, con presencia de múltiples agentes, que emite un informe periódico de seguimiento con información detallada sobre ejecución real de fondos.

Por su parte, en Italia el Gobierno ha puesto en marcha un refuerzo coyuntural de las plantillas del Sector Público para dotar de una mayor agilidad a la tramitación de los proyectos.PUBLICIDAD

Sin embargo, en nuestro país no se identifica una aplicación significativa de las disposiciones del Real Decreto-ley 36/2020 en relación al refuerzo de plantilla y a los incentivos para los empleados públicos.

Una problemática prevista

Alberto Dorrego, socio responsable de derecho público de Eversheds Sutherland, cree que esta pasando lo que ya se previa.

“Al final la administración para poder gastar el dinero tiene que seguir unas tramitaciones administrativas estandarizadas. No se ha hecho un esfuerzo por adaptarlo a la realidad de estos Fondos Europeos ”, advierte.

Dorrego explica que hay dos canales para gestionar este dinero europeo, “las subvenciones que se dan contra la presentación de proyectos. Tienen un porcentaje de cofinanciación, el proyecto se paga con los fondos y la otra el propio empresario que recibe dicha subvención”.

Sin embargo, la tramitación de estas subvenciones es lenta por los controles que están sometidas “puede tener ratios superiores al año. Lo que mas retrasa son la elaboración de las convocatorias por parte de la Administración que van con notable retraso sobre lo previsto”.

Este experto señala que de los 9.000 primeros millones de euros en convocatoria, 7.000 son subvenciones y el 2.000 contratos públicos a través de licitaciones.

“El contrato público son más largos, se tarda más en gestionar. La mayor contratos de Next Generation son los de Adif y de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Su tramitación es larga, va desde el pliego que se diseña a su adjudicación, con un proceso administrativo más largo”.

Eso ha hecho que la mayor parte del dinero que se va a gestionar se haga via subvenciones para ganar tiempo.

Para Dorrego, “el principal problema es que tenemos una legislación que no está preparada para realizar un esfuerzo de gestión como es el de los Fondos Europeos. Sigue siendo la legislación de siempre tanto en subvenciones como en contratos públicos”.

Alberto Dorrego, socio responsable de derecho público de Eversheds Sutherland, cree que esta pasando lo que ya  se previa.

Este experto recuerda que el Real Decreto-Ley 36/2020 se aprobó por el Gobierno con pocas medidas de agilización y sobre todo no creó estructuras administrativas diferentes para asumir esta carga de trabajo. “Sin este cambio administrativo es difícil gestionar los fondos europeos”.

Este jurista recuerda que al Real Decreto-Ley 36/2020 citado “se incorporaron opiniones y puntos de vista de asociaciones empresariales y expertos. Sin embargo, el Gobierno tiene bloqueada su tramitación parlamentaria desde hace algo mas de un año. Inaceptable”.

Una gestión en varias velocidades

Por su parte, Nuria Arenas, directora del equipo Broseta NextGen y socia de esta firma, cree que uno de los problemas que se percibe es que los fondos se canalizan en distintas velocidades, “dependa de los procedimientos que se apliquen en cada caso”.

Esta jurista considera que “el cauce para asignar los fondos que van destinados a financiar iniciativas esencialmente públicas (como las infraestructuras, la sanidad o educación), está mucho más predefinido, pues se basa en la aplicación de la normativa de contratación pública”.

“Asimismo, existe mayor claridad en cuanto a la gestión de tales fondos, que en gran medida se transferirán del Estado a las Comunidades Autónomas en aquellas cuestiones que sean de su competencia y ello va a permitir mayor capilaridad en su distribución, y mayor autonomía en su ejecución”.

Respecto a las ayudas y subvenciones, “aquellas en las que ya existían esquemas o convocatorias de ayudas y que los nuevos fondos han permitido dotarlas de mayor importe”.

En este caso, al existir unos cauces previos ya diseñados, se han podido publicar las convocatorias con cierta rapidez e incluso en algunos casos con plazos breves para presentar proyectos. Los plazos estimados para obtener las resoluciones pueden ser los habituales de la Administración para este tipo de procedimientos”.

Arenas apuesta cree que “uno de los factores que consideramos que contribuirían a mejorar la implementación de los fondos sería que las convocatorias en general se hallen abiertas, pues de esta forma, podría acomodarse mejor al ritmo de decisión de inversión de las empresas interesadas”.

También destaca que «en otros proyectos de mayor calado se debe buscar apoyos más interesantes con el fin de atraer grandes inversiones y proyectos complejos. Se trata de favorecer la transformación económica”.

En su opinión, “por contra, para poder optar a los apoyos del PERTE, el modelo de gestión que requiere esta figura es bastante complejo, y puede resultar desincentivador para las empresas”.

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