La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo reclama a la Comisión Europea un informe sobre la ley de interinos

Enlace video, dónde ayer se debatió la petición nº 774/21 , empieza en el minuto 17:16:05 y termina 18:06:55, en el botón que está junto a compartir se puede seleccionar el idioma al español y sale “ES”.

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/event_20220110-1645-COMMITTEE-PETI_vd?start=20220110154612&end=20220110173039

Fuente: Confilegal de fecha 11 de enero de 2022 enlace

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo vivió este lunes un debate intenso al abordar la iniciativa 0774/2021, presentada por Francisco José Pons, profesional interino asociado a ASEPAT-CADIZ (Asociación de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad de Cádiz), que plantea que la normativa española sobre la estabilización del personal público en abuso de temporalidad incumple la Directiva 1999/70/CE.

La petición se mantiene viva y la propia Comisión de Peticiones reclama a la Comisión Europea un informe por escrito de la nueva ley de temporalidad aprobada recientemente en España.

La intervención de Pons ha servido para denunciar la desprotección de las personas trabajadoras del sector público español, contratadas en abuso incumpliendo la Directiva 1999/70/CE y las numerosas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

“En primer lugar, no ha existido diálogo entre el Gobierno estatal y el colectivo afectado por el abuso en la contratación temporal en las diferentes Administraciones Públicas”, ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha agregado, «se sigue sin transponer la Directiva 1999/70/CE y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, no recoge sanción alguna para la parte abusadora”.

Otra cuestión que Pons ha señalado es que dicha normativa “vulnera sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al no asumir indemnizaciones eficaces, proporcionales y disuasorias, ni la responsabilidad generada”.

También ha resaltado que “no se estabiliza al personal afectado en sus puestos de trabajo, se consolidan plazas. reducir la temporalidad al 8% es sencillo, sin contar con las personas. Asegurar el futuro de estas 800.000 familias requiere un esfuerzo mayor”.

A su juicio, “no hay norma en la actualidad que recoja dicha transposición. Europa debe moverse. En sus manos está nuestro el futuro y el de nuestras familias”, ha concluido.

Debate muy polarizado

Como preámbulo al debate, Adam Pokorny, jefe de Unidad de la Unión Europea, adscrito a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales de la Comisión Europea, ha explicado el cauce legislativo que se ha seguido en España desde el Real Decreto-ley 14/2021 a la Ley 20/21 de reducción de la temporalidad. “Estamos examinando todos los cambios y seguiremos su implantación de cerca”, ha comentado.

María Eugenia Rodríguez, por parte de Izquierda Unida, y Cristina Maestre, del PSOE, han defendido los avances de esta nueva normativa. “Es un avance importante ante la situación existente esta nueva normativa comentó, aunque sabemos que hay cuestiones para mejorar”

Y es que, “amplia el número de plazas de estabilización, introduce la indemnización al cese e incorpora  procesos de oposición no eliminatorios o sin oposición”.

La intervención de Cristina Maestre, ausente en la sala, fue leída por el eurodiputado socialista Marc Ángel. “El Gobierno socialista lanza un mensaje de esperanzas a los interinos en fraude por la políticas de austeridad del PP», ha afirmado. También ha recordado que la norma ha sido consensuada con sindicatos y Comunidades Autónomas.

Por su parte, la eurodiputada socialista Estrella Durá ha pedido que se cierre la petición porque tanto la reforma laboral como la nueva normativa contra la temporalidad son el marco legislativo para acabar con este fraude. “Se mejora mucho el marco actual».

Frente a estos planteamientos, el búlgaro R. Kanev del grupo Popular Europeo ha reconocido que hay un problema en España y que “será el momento de analizar realmente si la normativa aprobada mejora las condiciones de los interinos españoles. Creo que mientras no tengamos informes claros, hay que mantenerla abierta”.

22 años sin transponer la Directiva

Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, ha señalado que se llevan 22 años sin transponer la Directiva. La ley se ha aprobado para que España pueda recibir los fondos europeos, pero no cumple ni con la Directiva 1999/70 ni con las sentencias del TJUE.

Cañas ha recordado que la Comisión representa a los ciudadanos y no a los Estados, “le pide que analice la Ley, no se dirige al Estado sino a los trabajadores que están perdiendo su trabajo y su futuro. Ninguna empresa privada podría hacer lo que han hecho las administraciones públicas”.

Por su parte, T. Zdanoka, del grupo los Verdes, ha citado las peticiones de años anteriores. Así ha recordado que en mayo del 2018 el Parlamento aprobó una resolución para responder a la precariedad y los contratos de interinos. En enero del 2021 también se trató otra petición sobre esta temática en relación el sector sanitario gallego.

“El problema sigue ahí. Ahora tenemos una petición que sigue a 800.000 .Es un caso claro de discriminación de estos trabajadores. No tenemos análisis de la nueva ley y no hay pruebas que se vaya a mejorar la situación”.

De igual forma se ha manifestado Margarita de la Pisa, eurodiputada por VOX, quien ha destacado la conducta abusiva del Gobierno en las últimas décadas. “La nueva regulación perpetúa el fraude en las contrataciones. Es un parche inadmisible que va a generar más precariedad”.

En su intervención, Rosa Estarás del Grupo Parlamentario Popular, ha indicado que en la participación de la ley prácticamente no ha habido nadie. “No se aceptaron enmiendas de nadie al convertirse en Real DecretoLey en proyecto de ley. Tampoco hay informes del Consejo de Estado ni de ningún órgano consultivo. Es importante tener este informe para saber si se esta trasponiendo bien la directiva 1999/70″.

Por último, Rosa de la Mata, eurodiputada italiana de los verdes, ha reconocido que la situación es grave y los trabajadores estén en abuso. En este sentido, ha remarcado que «el procedimiento de infracción contra España está en fase precontenciosa, pero no sabemos porque está bloqueado». «Creo que la Comisión ha sido complice al no tomar medidas pese a los fallos del TJUE”.

El debate lo cerró José Luis Gutierrez, abogado y miembro de CAEPAT, asociación andaluza de profesionales en abuso de temporalidad, quien ha recordado que “pese a las declaraciones triunfalistas de algunos miembros del Gobierno no se ha traspuesto aun la Directiva 1999/70 en nuestro país”.

También que en el Plan de Resilencia entregado por el Gobierno a la Unión Europea se habla de reducir la temporalidad a coste cero, sin embargo “ese coste puede ser de miles de millones si son cesados todos estos profesionales».

Gutierrezha dejado caer que el coste de las indemnizaciones a los trabajadores temporales podría rondar los 9.000 millones de euros, “pese a que se ha planteado por varios juristas una solución a coste cero, desde la fijeza que no tendría ningún coste”.

Casi una hora después, la presidencia de la Comisión de Peticiones, T. Zdanoka, comentó que que a la vista del debate se mantiene abierta la petición quedando a la espera del análisis de la ley comprometido por la Comisión Europea que tiene que presentar por escrito. También se reclamará el informe del Consejo de Estado.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Ir arriba
A %d blogueros les gusta esto: