Los interinos tratan de aguantar el tipo pese a la división

Fuente: Canarias7 de fecha 18 de febrero de 2022 enlace

Intersindical Canaria y Co.bas garantizan que continuarán con la huelga tras la marcha de Sepca, que opta por negociar con la Administración.

El desgaste de los empleados públicos temporales comienza a ser evidente tras más de un año de huelga. Sin embargo, ni el «puenteo» al comité por parte de la Administración, que se reunió ayer con la Mesa General de Negociación, ni los incumplimientos del acuerdo del 23 de abril denunciados o la fractura que ha supuesto la salida de Sepca consiguen mermar los esfuerzos por encontrar una solución al fraude de ley.

Así lo manifestaron ayer quienes protestaron frente al edificio de Usos Múltiples II del Gobierno de Canarias en contra de la reunión a la que asistió la mayoría de sindicatos del archipiélago: CSIF, UGT, CC.OO, Sepca e Intersindical Canaria (IC).

Este último, aunque con representación en la Mesa, presentó su rechazo a negociar al considerar que cualquier acuerdo debía pasar previamente por el comité de huelga. Una postura que defendió en solitario después de que Sepca haya optado por tender la mano a la Administración, aunque reconociendo la labor del comité.

Con todo, el encuentro, que pretendía llevar a cabo un «análisis preliminar sobre los puestos a incluir en los procesos de consolidación y estabilización» concluyó con pocos avances, según IC, y en la línea de la norma estatal.

Mientras tanto, en la calle continuaba el sonido de las bocinas y el despliegue de pancartas. «Está siendo difícil. Hay muchos compañeros con depresión porque es un problema que no se queda en el trabajo sino que te lo llevas a casa», señala Juan José Delpó, documentalista en el área de Urbanismo desde hace 23 años.

Cuenta que entró a una plaza temporal por oposición y sobre los 8 años consiguió que una sentencia le reconociera el fraude de ley. Sin embargo, su situación no se ha estabilizado y duda de que la Administración vaya a sacar plazas para una profesión que de por sí está recortándose.

Manuel González se encuentra en una situación parecida. A sus 53 años, reconoce las pocas oportunidades que tiene en el mercado laboral. Procede de una empresa pública donde hubo cesión ilegal de trabajadores y tras una sentencia judicial en julio de 1995 pasó a ser personal laboral indefinido del Gobierno de Canarias.

«Estamos sin contrato, con todo lo que hemos pasado, y ahora nuestra plaza va a entrar a un concurso abierto», explica. «Me parece denigrante. Después de 27 años no tendría que justificar absolutamente nada».

El concurso de méritos es, precisamente, uno de los principales conflictos en la negociación con los sindicatos. Esther Santana sabe bien cuáles pueden ser las consecuencias de que se aplique y critica la «injusticia» de imponer la teoría a la experiencia. En su caso, trabajó durante 11 años como educadora interina en el Cabildo de Gran Canaria y tras un proceso de consolidación de empleo y oferta pública perdió su plaza.

«Mucho curro» y algo de «suerte», puesto que se encontraba en el cuerpo de maestros, le sirvieron para acceder posteriormente a la Administración, donde lleva otros cuatro años de temporalidad. «La mayoría de compañeras quedaron en el paro, con carga familiar y una precariedad inimaginable», señala.

Así, la inestabilidad pasa factura en el terreno personal, donde se ven incapaces de afrontar cuestiones cotidianas como hipotecas o enfermedades.

«La cuestión, en cualquier caso, no es el acceso -explica Delpó-. Ya nosotros accedimos por las vías que se estimaron a nuestro puesto de trabajo y después de más de 20 años nos quieren enfrentar a opositores como si no nos hubiera costado esfuerzo. Lo que queremos es que se nos deje en nuestro puesto».

La propuesta presentada en la Mesa de Negociación contempla tres procesos diferentes: la consolidación de aquellas personas que lleven en sus puestos con anterioridad a 2005 por medio de un baremo ajustado de méritos; la estabilización de los puestos entre 2005 y 2016 por medio de méritos para el personal laboral -pendientes de concretar para el resto- y un concurso oposición habitual a partir del 2016.

Sin embargo, desde el comité de huelga entienden que no se puede llegar a acuerdos mientras exista un conflicto abierto. «La Administración no puede avanzar sin el único órgano legítimo, que es el comité, para llegar a un acuerdo», apunta Cívicos, que asegura que, en caso contrario, habrá que rendir cuentas.

«¿Por qué ahora no interesa? Es una irresponsabilidad alargar tanto tiempo el conflicto, más cuando el acuerdo de abril se firmó antes de que se publicara el famoso decreto de Iceta». En este sentido, y a pesar de que la solución no parece que llegue a corto plazo, IC y Co.bas aseguran que continuarán con la huelga.

Carmen Bonilla, técnica geógrafa en el área de Planificación Territorial durante 25 años reconoce que «queda mucho recorrido», pero después de tanto tiempo «dándolo todo» por la Administración se niegan a permitir que les abandone. «Cada vez que estamos de huelga nos quitan un dineral», apunta. «Nos tratando discriminadamente con respecto a cualquier otro trabajador en España, pero nos toca seguir peleando por lo nuestro».

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