El 20% del personal de Justicia teme perder su trabajo con la Ley de Estabilización

Fuente: El Dia de fecha 21 de febrero de 2022 enlace

Personal interino de la Administración de Justicia muestra su preocupación e incertidumbre ante la nueva normativa de estabilización de plazas, por la que pueden quedar en la calle trabajadores llevan en un puesto más de 20 añosLa medida adoptada por el Gobierno del Estado se adopta ante las exigencias planteadas por la UE, según la cual en las distintas administraciones no puede haber más de un 8% de interinos.

En Tenerife se ha creado la plataforma Es de justicia para recoger las inquietudes de los afectados y exigir soluciones menos drásticas. Los interinos forman parte de una bolsa de trabajo, a la que han accedido tras superar un concurso de méritos. Con ellos se cubren las plazas vacantes dejadas por los funcionarios de carrera, bien porque no les interesa, o bien por otras circunstancias, como, por ejemplo, bajas médicas, maternidad, el acceso en propiedad a otra plaza, un concurso de traslado, una comisión de servicio o una sustitución vertical (ocupación por un funcionario de un puesto de superior categoría). Pedro Blanco, con diez años de trayectoria en juzgados , integra Es de justicia. Afirma que «nosotros cubrimos plazas de cierta dificultad y que tienen una gran carga de trabajo; es decir, lo que sobra».

Según datos ofrecidos por el sindicato Co.bas, en Canarias existen unos 2.900 trabajadores de Justicia. De ellos, se estima que entre un 18 y un 19% son interinos en la provincia de Las Palmas, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife ese parámetro se sitúa entre un 20 y un 21%. Es decir, que, aproximadamente, entre 600 y 700 personas pueden verse afectadas en el Archipiélago por la nueva medida del Estado.

Javier Cabalgante, funcionario y portavoz de Co.bas en Las Palmas, explica que el problema radica en que el Gobierno central «quiere estabilizar plazas, no interinos». Es decir, que si, por ejemplo, existen cien de estos empleados y la administración solo decide estabilizar 50 plazas, el resto de trabajadores se quedaría desempleado. Y otra clave es que ese medio centenar de puestos se va a cubrir con un concurso abierto, es decir, que se pueden presentar los interinos que ocupan la vacante o cualquier otra persona que aspire a ser funcionario de carrera.

Con la jubilación

Cabalgante manifiesta que «nosotros lo que queremos es que se estabilice a las personas, con el mantenimiento de la plaza y que esta se extinga cuando llegue la jubilación del interino». Recuerda que hay trabajadores «de 55 o 56 años que están abocados a verse en la calle», en la medida en que «su vida familiar y el trabajo diario no les permite prepararse una oposición; además de que su capacidad de concentración para estudiar los temas tampoco es la misma» que un joven de 20 o 30 años. También aclara que, aunque Canarias tiene las competencias transferidas, estos asuntos se negocian desde el Ministerio.

Según integrantes de Es de justicia, entre un 75 y un 80% de los interinos llevan más de una década en sus puestos y más de un 70% se jubilará dentro de los próximos ocho años. «Nos sentimos ofendidos, agraviados y preocupados por nuestro futuro», afirma Ángel Marrero. Lamenta que, con frecuencia, a los interinos se les acusa de «no saber lo suficiente o de no ser profesionales». Pero, en opinión de Marrero, «los años de experiencia nos han permitido acumular un conocimiento importante y somos nosotros los que tenemos que enseñar a los compañeros funcionarios recién llegados». Con 14 años de trayectoria, Marrero explica que tuvo que enseñar cómo se hacía el trabajo cotidiano al «primero y segundo de la promoción en toda España».

Para Mónica Martín, «Europa le tira de las orejas a España, porque, desde hace décadas, la Administración hace las cosas mal y tienen a miles de personas en precario». Blanco, Marrero y Martín coinciden al recordar que cualquier empresa, con independencia de su magnitud, debe hacer indefinido a un trabajador si este lleva en dicha sociedad tres años. Sin embargo, el citado criterio «no se ha aplicado en el sector público». Además, afirman que «no podemos entender la actitud que los grandes sindicatos (CCOO y UGT) han tenido al apoyar esta Ley; no nos sentimos apoyados por ellos, pues actúan de una forma ambigua». Martín asegura que «no queremos una indemnización, sino un trabajo, como una solución transitoria, con lo que no costaríamos un euro» a las cuentas públicas. Añade que «la administración y esos sindicatos que han avalado el acuerdo podrían tomarse esto un poco más en serio y buscar una alternativa que no deje a los interinos en la cuneta».

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias explicó que está a la espera de lo que decida el Ministerio de Justicia para saber qué criterios va a aplicar en este asunto.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Ir arriba
A %d blogueros les gusta esto: