Las dos posturas en el conflicto de la temporalidad

Fuente: Canarias 7 de fecha 26 de febrero de 2022 enlace

El comité de huelga aún no se fía del Gobierno y apuesta por mantener la lucha. Sepca ya no ve sentido a las protestas pero negocia en base al acuerdo de abril.

Los sindicatos que iniciaron las protestas hace ya un año se separan y enfrentan posturas para poner solución a un problema común. Mientras que el comité de huelga niega poner obstáculos a una negociación en la que aseguran que ni hay avances ni se garantiza la permanencia del 100% de los afectados, Sepca prepara una propuesta base donde la antigüedad, entre otros méritos tengan el suficiente peso para garantizar los puestos.

Lo que defiende el comité de huelga

La salida de Sepca del comité de huelga ha dejado a Intersindical Canaria y Cobas en clara desventaja en la negociación con la Administración. Así lo ha afirmado su asesora, Yolanda Cívicos, a pesar de que afirma que ambos sindicatos se seguirán manteniendo firmes con la convocatoria.

«La situación no ha cambiado nada con respecto a hace un mes, cuando se firmó el nuevo preaviso», apunta. «La ley estatal ya estaba aprobada, así que si entendían que debíamos ir en otra línea no se comprende por qué han tomado la decisión ahora».

El comité insiste en que la Comunidad Autónoma tiene capacidad para ejecutar el acuerdo del 23 de abril y, por tanto, de regular cualquier procedimiento para estabilizar al personal en fraude. Entienden que si es compatible con la ley estatal, la Administración debería ser capaz de negociar las bases con el comité. Sin embargo, no confían en que se garantice la permanencia del 100% de los temporales -apuntan que otros sindicatos hablan del 15%- por lo que mantienen el tipo.

«No ha cambiado nada desde que firmamos el preaviso, así que no entndemos por qué ahora. Nosotros no tenemos nada que justificar»

Yolanda cívicos

Asesora del comité

«No estamos imposibilitando las negociaciones, que es lo que intentan vender para echarnos a pelear con el colectivo», explica Cívicos. «Si se quieren acoger a la ley, perfecto, pero tendrá que ser con el objetivo que reclamamos desde el inicio: la fijeza de todos».

Tampoco creen que los avances con el resto de sindicatos en la Mesa General celebrada durante la semana pasada hayan sido tales. Una cita que, por otro lado, se saltaba el previo acuerdo del comité. «Es ilegal aprobar nada sin el comité, pero les da igual».

Según Intersindical Canaria, presente en la reunión -ya que defiende a otros colectivos además de los trabajadores de la Administración General- el Ejecutivo se presentó «sin nada» y con un «discurso poco elaborado».

A pesar de que l es fue reiterada la promesa de remitirles el catálogo actualizado de personas en fraude de ley, aseguran que no tienen capacidad para organizarlo y, por tanto, prevén un nuevo incumplimiento. «Luego les comerá la prisa para cumplir con los plazos del Estado, aprobarán la convocatoria sin haber negociado las bases y tendremos que ir nosotros detrás denunciando», sentencia la asesora del comité.

Cívicos critica, además, las declaraciones del presidente Ángel Víctor Torres en el Parlamento, que aludía a unos procesos de estabilización «nada garantistas» y unas indemnizaciones que «no son compensatorias ni disuasorias». El resultado, apunta, es que muchos se quedarán en la calle.

Lo que opina Sepca

La hoja de ruta de Sepca para solucionar el conflicto de la temporalidad dice mantenerse fiel al espíritu del acuerdo de abril pero con un tono más dialogante y lejos de las protestas. Tras un «profundo ejercicio de reflexión», el sindicato decidió desvincularse de la huelga al entender que si bien aquella firma supuso un logro -mucho antes de que se aprobara la ley estatal- ahora el debate debe trasladarse a la Mesa General para buscar consenso.

«Lo cierto es que no se está incumpliendo el acuerdo, por eso la demanda ejecutiva que han interpuesto no irá a ninguna parte», señala Manuel González, secretario general de la organización, quien afirmó que en el momento en que el Gobierno de Canarias no cumpla irán, también, a los juzgados. «No es que nos hayamos vendido, de hecho tenemos la conciencia tranquila, sino que hay muchos mimbres».

A su juicio, existe un nuevo escenario de entendimiento en el que la huelga pierde sentido y apuestan, en cambio, por participar en la determinación de los criterios a evaluar en el concurso de méritos. A pesar de ser abierto, reconocen que los mecanismos que establece el Estado -incluyendo la bolsa de empleo para los que no consigan plaza- integra a todo el personal afectado.

«Hay que ser proactivos sin que se siga deteriorando el bolsillo de los trabajadores. No vamos a esperar por una sentencia de Europa que a saber cuándo llega»

Manuel González

Secretario general del sindicato

El reto, según Sepca, es que las bases de esa convocatoria sean lo suficientemente específicas como para que el peso de la antigüedad o la experiencia garantice unos puestos fijos.

«Con toda probabilidad la mayoría de los sindicatos vamos a coincidir porque vamos en la misma línea -aventura-. No queremos entrar en trifulcas ni contribuir a un alarmismo que no es».

La propuesta en la que trabaja el sindicato, que pretende reducir a uno los procesos de estabilización y consolidación, parte del asesoramiento jurídico, bases de concursos de algunos ayuntamientos del archipiélago y un antiguo plan de empleo, también de libre concurrencia, «con el que se consiguió la permanencia del 90% de todo el personal», afirma.

«¿La ley es perfecta? No, pero no vamos a esperar por una sentencia europea que a saber cuándo llega y dilatar aún más la situación -añade González-. Hay que ser proactivos y dejar de quitar recursos a la gente».

Sepca se ajusta así a los plazos estatales: en las próximas dos semanas les será remitida la relación de personas en fraude de ley con posterioridad a 2016 con el objetivo de que la Administración oferte las plazas ocupadas por temporales antes de junio.

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