El Principado eleva a 7.000 las plazas de interinos que deberá estabilizar antes de 2024

Fuente: El Comercio de fecha 11 de marzo de 2022 enlace

El Consejo de Gobierno aprueba la ley de Empleo Público que premiará la productividad de los funcionarios

El Principado de Asturias eleva a 7.000 las plazas estructurales ocupadas por interinos en las diferentes áreas de la Administración autonómica que deberá estabilizar antes de 2024, en cumplimiento con la ley para la reducción de la temporalidad del empleo público que aprobó el pasado mes de diciembre el Gobierno central. El Gobierno regional tiene hasta el 1 de junio para ofertar las plazas afectadas por esta ley estatal a través de diferentes procesos selectivos, con o sin oposición, en función del tiempo que lleva ocupada la plaza de forma interina. El director general de Función Pública, Miguel Ángel Rodríguez, aclaró en cualquier caso que se trata de una cifra aproximada puesto que aún se están negociando a nivel estatal los criterios para la identificación de las plazas afectadas por el citado plan de estabilización laboral.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó esta mañana el proyecto de Ley de Empleo Público, un pilar fundamental de la reforma de la Administración autonómica y uno de los principales objetivos de esta legislatura. El texto, que cuenta en el respaldo mayoritario de los sindicatos y ahora será remitido a la Junta General para su tramitación, persigue adecuar y actualizar la legislación autonómica sobre empleados públicos, que data de 1985, con el fin de adaptarla al actual contexto social. La norma, destacó esta mañana el director general de Función Pública, Miguel Ángel Rodríguez, persigue configurar una Administración más «moderna, ágil y eficaz» en la atención a la ciudadanía. Con esta finalidad regulará, entre otros aspectos, los mecanismos de flexibilidad y movilidad, el diseño de cuerpos y escalas, la provisión de puestos de trabajo, los deberes y derechos de los empleados públicos, un régimen de retribuciones más vinculado a los objetivos y al rendimiento, la posibilidad del teletrabajo y los mecanismos para conciliar la vida personal, laboral y familiar.

De esta forma, el proyecto introduce mecanismos de «flexibilidad en la gestión de los recursos humanos», con el fin de adscribir a los empleados públicos a los puestos de trabajo con más agilidad. Así, se podrán convocar concursos en ámbitos deficitarios de empleados para que puedan ser cubiertos por personal de áreas con excedentes. También avanza en la regulación de la movilidad por razones de servicio. De este modo, establece un orden de prioridad en los supuestos en los que alguna plaza quede desierta en un procedimiento de provisión definitivo y haya necesidad urgente de cubrirla. Igualmente, regula la redistribución de efectivos, así como la atribución temporal de funciones cuando las necesidades lo justifiquen. Estos procedimientos persiguen aprovechar mejor los recursos humanos.

La normativa recoge cuatro instrumentos de ordenación de puestos de trabajo, que pueden ser aprobados conjunta o separadamente: personal funcionario, laboral, directivo y eventual. En la reordenación se crean nuevos cuerpos especializados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la protección del medio ambiente, la fiscalización y control de la legalidad, la investigación, la protección civil o la prevención y extinción de incendios. Esta medida implicará la puesta en marcha de procesos que conllevarán el paso de parte del personal laboral a personal funcionario, de acuerdo con la normativa vigente. Este proceso será especialmente relevante en ámbitos como el Servicio de Emergencias (Sepa), con categorías como la de bomberos, así como en la dirección competente en materia de Estrategia Digital.

También se crea la figura de subdirector general, que será nombrado por el sistema de libre de designación entre personal funcionario de carrera del subgrupo A1. Estos puestos estarán sujetos a evaluación, con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados. En el régimen de retribuciones, tal y como informa el Principado, se introducen mecanismos que permitan premiar la productividad, la dedicación y la gestión eficiente, por lo que se configurará un nuevo sistema para medir los resultados del trabajo que incentive el desempeño. En la valoración, que se realizará con criterios objetivos, la prestación de los servicios a la ciudadanía será el elemento esencial para determinar los resultados.

Ayudas a la natalidad

El Gobierno de Asturias aprobó, por otro lado, un gasto de 4.595.000 euros para la convocatoria de ayudas directas por nacimiento y adopción, una medida que persigue fomentar la natalidad y combatir la pérdida demográfica en la comunidad. Las familias de los niños y niñas nacidos o adoptados en 2022 que reúnan los requisitos establecidos podrán optar a un pago de mil euros si sus ingresos anuales no superan los 45.000. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, órgano gestor de las subvenciones, estima que podrán beneficiarse de esta medida más del 80% de las unidades familiares que cumplan las condiciones. Los fondos destinados a esta iniciativa tienen carácter plurianual y se distribuirán del siguiente modo: 3.595.000 euros este año y 1.000.000 en 2023, con el fin de cubrir los nacimientos y adopciones que se produzcan a lo largo de todo el ejercicio, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ambas fechas incluidas.

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