Justicia acuerda con los sindicatos convocar 985 plazas de promoción interna para toda España

Fuente: Confilegal de fecha 22 de marzo de 2022 enlace

Las 985 plazas corresponden a las ofertas públicas de empleo de 2019, 2020 y 2021. En la foto, por la derecha, Àngels García Vidal, directora general para el Servicio Público de Justicia, Tontxu Rodríguez, secretario de Estado, Manuel Olmedo, secretario general y José Ramón Crespo, subdirector de Personal. A la izquierda Emilia Rubio, por STAJ, Luis Calero por CC.OO. y Óscar Frixedo, por CIG, en videoconferencia..

El secretario de Estado del Ministerio de JusticiaTontxu Rodríguez, y los representantes de tres de los seis sindicatos existentes –Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y Confederación Intersindical Gallega (CIG)– han suscrito un acuerdo para convocar 985 plazas de promoción interna, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2019, 2020 y 2021 para toda España.

El ingreso en los cuerpos de funcionarios es de competencia estatal. Después se territorializan las plazas.

De las 985 plazas, 402 son del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa; y 583, del de Tramitación Procesal y Administrativa.

El acuerdo no ha sido suscrito por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Unión General de Trabajadores (UGT) y ELA-STV. Discrepan por considerar, en parte, que no hay garantía de plazas suficientes para la promoción interna y porque el sistema de concurso de méritos adoptado no es el adecuado.

El nuevo marco, según el Ministerio, mejora los procesos selectivos para el acceso a la Administración de Justicia del personal funcionario, la movilidad del personal a través de distintos concursos de traslado y otros aspectos de impulso y fomento de la promoción interna, tanto en la convocatoria del año en curso como en años pendientes citados

También se ha acordado que en la correspondiente promoción interna de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022 (cuyo número de plazas aún no ha sido determinado) se incluya un número adicional de plazas no inferior a 565, como medida de fomento de esta modalidad de acceso.

La distribución de plazas en los distintos cuerpos profesionales será objeto de negociación colectiva antes de la aprobación de la OEP de 2022 y se convocarán antes del mes de abril de 2023.

El acuerdo firmado contempla, en tercer lugar, que las 2.547 plazas del turno libre de la OEP 2019 pendientes de convocar se acumularán a los procesos de estabilización que han de convocarse, conforme al nuevo proceso de estabilización previsto en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Retrasos por la pandemia

Esta resolución de la mesa sectorial de la Administración de Justicia completa lo ya suscrito en 2018 con las organizaciones sindicales CSIF, STAJ, CCOO, y UGT, sobre los criterios que se trasladarían en las sucesivas convocatorias de procesos selectivos con cargo a las OEPs de 2017 a 2019, tanto en el turno libre, como en la promoción interna.

Sin embargo, la pandemia COVID afectó significativamente a los procesos pendientes de 2017 y 2018, con gran retraso acumulado en la ejecución y finalización. Por otro lado, la entrada en vigor de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ha afectado directamente a la determinación de las plazas y al desarrollo de la OEP de 2019 y a las siguientes.

Los firmantes del acuerdo suscrito hoy seguirán negociando otros aspectos importantes de los procesos selectivos que se convoquen próximamente. Entre otros, se tratarán las bases de las convocatorias de turno libre de las plazas de las OEPs de 2020, 2021 y 2022, así como la modificación de los artículos 442 y 490 de la LOPJ para mejorar las condiciones de la promoción interna o, por último, el mantenimiento de la compatibilidad de los procedimientos de movilidad con los procesos de estabilización a que se refiere la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

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