Gobierno, cabildos y municipios se unen para estabilizar a 55.000 interinos

Fuente: La Provincia de fecha 28 de marzo de 2022 enlace

El Ejecutivo prepara una mesa con todas las administraciones y los sindicatos para pactar criterios comunes que faciliten la fijeza de los empleados temporales.

Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos abordarán conjuntamente el proceso para estabilizar a los empleados públicos que se encuentran en abuso de temporalidad, con el fin de cumplir con los plazos que establece la ley estatal que entró en vigor a finales de diciembre para reducir la temporalidad en el empleo público antes de acabar 2024. Las diferentes interpretaciones que se están dando de la norma y el riesgo de trasvases de empleados entre administraciones obliga a fijar criterios comunes en las bases de las convocatorias que se tienen que aprobar antes de finalizar este año. En el conjunto del sector público de las Islas hay alrededor de un 40% de temporalidad, lo que equivale a unos 55.000 empleados de todas las administraciones públicas –Estado, Comunidad Autónoma, los siete cabildos y los 88 ayuntamientos–, además de empresas públicas, organismos autónomos, fundaciones y otras entidades del complejo administrativo de Canarias.

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, expresó la necesidad de aunar bases comunes en el discurso inicial del debate sobre el estado de la nacionalidad, celebrado en el Parlamento regional. «Se va a constituir y a celebrar una mesa de diálogo, encabezada por el presidente de Canarias, donde estarán cabildos y ayuntamientos, para marcar objetivos comunes y procedimientos unificados», señaló Torres en su intervención. Esta mesa se convocará en abril: «pondremos todo el empeño para que este verano tengamos todas las plazas en abuso de temporalidad identificadas y en diciembre de este año dispongamos ya de las bases y la convocatoria. Como digo, en 2024 tendrían que estar las plazas aseguradas». Torres también defendió el diálogo del Ejecutivo con los representantes de los empleados públicos, ya que se ha llegado a acuerdos con cuatro de los cinco sindicatos representativos. Intersindical Canaria (IC) es la única fuerza sindical con presencia en la mesa de negociación que se mantiene en el comité de huelga.

Conflictos e impugnaciones

Al poco tiempo de entrar en vigor la nueva ley estatal ya se barruntaba que tarde o temprano las administraciones públicas de las Islas tendrían que ponerse de acuerdo para evitar conflictos e impugnaciones en la Justicia que podrían retrasar el proceso más allá de lo establecido por la normativa. Las instrucciones emanadas desde el Gobierno central son claras: hay un compromiso con la Comisión Europea de tal forma que antes de finalizar 2024 la tasa de temporalidad del empleo público en España debe reducirse al 8% para no condicionar la llegada de los fondos europeos. Los plazos marcados por la ley se ajustan a este acuerdo del Estado con Bruselas y cualquier tipo de recurso o impugnación por parte de los afectados o las centrales sindicales pueden dar al traste con este objetivo. El viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, puntualiza que esta mesa de diálogo que va a convocar el Ejecutivo es un órgano de «coordinación» y no de «decisión», es decir, se trata de que las instituciones pacten unos criterios comunes en las bases que se convoquen en las ofertas públicas para estabilizar las plazas sujetas a excesiva temporalidad, para así dotar de más seguridad al proceso.

Los riesgos de conflictividad y el trasvase de trabajadores obliga a bases unificadas

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 Martínez admite que se están dando «interpretaciones distintas» de la ley entre los ayuntamientos y los cabildos, lo que puede desembocar en una «conflictividad» si existen bases diferentes en el concurso de méritos que regula la ley para estabilizar a los empleados públicos interinos que trabajan para las administraciones desde antes de 2016. El peso de la experiencia en el puesto de trabajo y la antigüedad en el mismo son elementos clave para la consolidación de las plazas que se vayan a ofertar. La ley establece que las convocatorias no son restringidas, por lo que existe el riesgo de que haya empleados que les interese optar a una plaza de otra administración, lo que dejaría sin trabajo a los que ocupan plazas desde hace años. Este escenario obliga a pactar criterios comunes a fin de estabilizar a la mayor parte posible de empleados en las plazas que ocupan con bases unificadas en el concurso de méritos que se ajusten a la legalidad pero que, a la vez, impidan esos trasvases. Las opciones que prevé la ley para los que se queden fuera son su inclusión en una bolsa de empleo o una indemnización de 20 días por año trabajado.

El presidente Torres anunció que la mesa de diálogo será en abril para agilizar el proceso

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Martínez matiza que cada administración tiene que identificar sus plazas sujetas a este proceso excepcional antes del 1 de junio y convocar las bases en su ámbito administrativo antes del 31 de diciembre. De lo que se trata es que haya una coordinación junto a los sindicatos, que también se sentarán en la mesa de diálogo.

Desde los ayuntamientos, el presidente de la comisión de función pública de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Tomás Pérez, se muestra favorable a este proceso que abre el Gobierno para adoptar criterios comunes. «En la Fecam estamos trabajando en este proceso, hemos realizado jornadas de formación y los ayuntamientos están identificando las plazas», asegura Pérez. Los municipios están a la espera de la convocatoria del Ejecutivo con el fin de acordar posiciones comunes entre las administraciones para que el proceso esté lo más normalizado y unificado posible.

Desde los sindicatos, el secretario general de Sepca, Manuel González, advierte al Gobierno que los procesos selectivos y sus bases tienen que pactarse con los representantes legítimos de los trabajadores antes que con los dirigentes políticos de otras administraciones. Los dirigentes sindicales se encuentran actualmente en pleno proceso de identificación de las plazas una vez que desde la Dirección General de Función Pública se les ha ido facilitando los listados del personal.

Por su parte, el representante del sector público de UGT, Francisco Bautista, advierte que esta convocatoria «llega tarde» y recuerda que el sindicato que representa lleva pidiéndola a la Consejería desde hace más de un mes. Otras comunidades como Baleares, País Vasco o Andalucía han iniciado un proceso de este tipo para, según Bautista, «evitar la disparidad en la interpretación de la ley que pueda realizar cada administración y así tener unas directrices comunes que faciliten el proceso», añadió el representantes sindical.

El sector público ‘engorda’

Las últimas cifras oficiales reflejan que hay alrededor de 130.000 empleados públicos en Canarias, cifra que en los dos años de pandemia se ha visto engordada por las más de 7.000 contrataciones que ha realizado la Comunidad Autónoma para reforzar los servicios públicos. De estos empleados, el Archipiélago cuenta con 72.298 (56%) en el sector público de la Comunidad Autónoma, 33.547 (26%) en el sector público de la Administración Local y 23.258 (18%) en el sector público del Estado. De esta cantidad, alrededor del 40% de los empleados no tiene estabilizada su situación laboral pese a que buena parte de ellos lleva años y décadas ocupando una plaza en alguna de las administraciones. Canarias se encuentra entre las comunidades donde el problema de la interinidad es más sangrante. | R.A.D.

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