El Supremo admite un recurso para tumbar la oferta de empleo público regional de 2019

Fuente: La Nueva España de fecha 23 de julio de 2022 enlace

El catedrático Bocanegra apela al alto tribunal para defender el derecho de los interinos y espera lograr un fallo que acabe con el sistema vigente

El catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra ha puesto en jaque la actual doctrina política y judicial sobre la situación de los interinos en la administración pública. El Tribunal Supremo (TS) ya ha admitido el primero de tres recursos de casación de procedimientos que el letrado tiene abiertos en Asturias, Castilla y León y Aragón y que, explica, pueden hacer caer como un castillo de naipes la concepción actual de la regularización de las plazas de los interinos. Obtenga o no una victoria en el alto tribunal, este deberá resolver el asunto y despejar de una vez por todas las dudas sobre una doctrina a la que, según el catedrático, los tribunales regionales y las administraciones están haciendo caso omiso. Si gana, explica el abogado, “tendría que cambiarse la película” y modificar el sistema de “estabilización de las plazas” a la “estabilización de los empleados”.

El “problema de los interinos”, juzga Bocanegra, se agudizó durante la última etapa del gobierno de Zapatero y los inicios de Mariano Rajoy en la presidencia. Entonces, se abrió la mano con la contratación temporal y las administraciones se lanzaron a cubrir plazas mediante este sistema porque resultaba mucho más ágil y sencillo al no requerir la convocatoria de una oposición. Las administraciones terminaron abusando del mecanismo por comodidad y, finalmente, en el año 2018 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo quiso poner coto a la situación.

El Supremo dictó entonces dos sentencias “hermanas” y consecutivas. La primera, sobre la “situación de abuso” de un interino del Ayuntamiento de Vitoria y, la siguiente, sobre concatenación de contratos en los servicios de salud del País Vasco. En ambas falló a favor de los trabajadores, a los que mantenía el empleo, pero, reitera Bocanegra, sin convertirlos en funcionarios de carrera. El Supremo argumentaba entonces que este abuso de la contratación temporal vulneraba el derecho europeo al tiempo que afirmaba que las administraciones no estaban cumpliendo con sus obligaciones legales. Los contratos de interinos, en primer lugar, no estaban –ni están en la inmensa mayoría de los casos– motivados por necesidades temporales y excepcionales, se echa mano de ellos para cubrir necesidades estructurales.

El Supremo admite un recurso para tumbar la oferta de empleo público regional de 2019

Tras leer esas dos sentencias del Supremo, Bocanegra decidió ir más allá. El letrado quiso buscar el origen de la colisión de normas nacionales y europeas. Así, en Asturias, en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración (SINTTA), planteó un primer pleito para la regularización de interinos que fue rechazado por la sala del contencioso del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA). Según el letrado, el TSJA se apoyó en argumentos equivocados. Y, al parecer, el Supremo cree que tiene algo que decir al respecto.

“Que te admitan estos recursos a trámite es casi una victoria, porque dejan claro que quieren pronunciarse sobre este asunto”, defiende el catedrático de Derecho Administrativo. Bocanegra apunta a la base del problema y ataca directamente a la ley de Presupuestos Generales del Estado. En el caso que atañe a la región, el letrado va contra la ley presupuestaria de 2018, de la que pende la oferta de empleo público de la administración del Principado del año 2019. Una vez que el Supremo decida, cree el catedrático, al sistema judicial no le quedará otra que aplicar la doctrina que siente el alto tribunal y que confía en que coincidirá con sus posturas: los interinos tienen derecho a la conservación de su puesto de trabajo mientras que las administraciones no cumplan con sus obligaciones y las nuevas contrataciones de funcionarios no pueden llevarse a cabo por “atajos” para desplazar a trabajadores teóricamente eventuales.

El profesor realiza una doble argumentación contra los presupuestos y la oferta de empleo público de la región, para la que pide su nulidad. Los procedimientos que tiene abiertos en Castilla y León y Aragón tienen una estructura y unos argumentos muy similares y estas sentencias podrían generar una reacción en cadena en todo el país. Bocanegra sostiene que el acuerdo por el que se saca la oferta de empleo asturiana, que pende de los presupuestos generales, infringe la directiva 1999/70 de la Unión Europea, concretamente los preceptos que regulan la contratación temporal. Por ello, considera que deben excluirse de esta todas las plazas ocupadas por trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad, y entiende que la regulación de la provisión de necesidades de personal de las Administraciones Públicas no puede ser incluida como contenido eventual de las leyes de Presupuestos sin infringir la Constitución.

Así, señala también que dicha ley presupuestaria es inconstitucional. En la argumentación presentada ante el Supremo, el abogado considera que dicha ley excede sus competencias al crear una oferta de empleo público (OEP) en función de los “gastos e ingresos que integran el presupuesto”. “La ley de Presupuestos no puede servir para establecer políticas de gobierno que deben llevarse a cabo a través de los medios legales adecuados”, esgrime el letrado. Así, aduce a las características singulares de la negociación parlamentaria de la ley presupuestaria –un procedimiento simplificado– para criticar que se haya utilizado esta herramienta para llevar a cabo “una muy amplia reforma del EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público”. La modificación que incluiría la ley presupuestaria, dice el abogado, serviría para cesar “de manera ilegal” a los interinos que ocupan “plazas vacantes mientras cubren necesidades permanentes” con el único objetivo de “sustituirlos por funcionarios de carrera y reducir la tasa de temporalidad”. Este, dice, es el objetivo de las últimas reformas sobre la cuestión de los interinos. De prosperar sus recursos ante el Supremo, el catedrático dejaría sin efecto varias ofertas de empleo público de varias comunidades: lo cual puede llevar al traste algunos procedimientos de contratación en curso que, por ejemplo, hayan sido impugnados. Pero esto también ataría de pies y manos al Congreso para regular la oferta de empleo público desde la ley de Presupuestos. El letrado añade otros defectos a la oferta de empleo público asturiana en cuestión: como la ausencia de varios informes.

Bocanegra cree que el discurso de los políticos e, incluso, el último decreto del Gobierno central para reducir la temporalidad en la administración están “enfangando el discurso”. De manera generalizada, denuncia, los representantes públicos confunden la estabilización del empleo público con la de los empleados públicos. A su juicio, lo que se está introduciendo en el sistema jurídico español son una serie de parches que persiguen “echar a patadas” a los interinos sin cumplir con la legalidad vigente. Todo por cumplir unos objetivos numéricos contra los que también carga: la tasa de trabajo temporal en la administración hoy ronda el treinta por ciento y los políticos se han puesto como meta dejarla en el 8%. Esto, califica Bocanegra en su escrito ante el Supremo, es “disparatado e imposible”.

Durante esta transición, las administraciones planean dar facilidades a los interinos para acceder a sus puestos mediante concurso u oposición. Esto, sin embargo, sigue sin convencer a los interinos.

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