La reputada catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Araeli Mangas Martín, ha recordado que los jueces españoles son también jueces europeos.
«Cuando ejercen sus funciones están obligados por la legislación de su país y también por la comunitaria, que es la que tiene la primacía, por las obligaciones funcionales que les exige el Tratado de la Unión», explicó Mangas el pasado viernes durante su intervención en el panel sobre «El TJUE y el Tribunal Constitucional», en el que participó junto a Juan Ignacio Signes de Mesa, letrado del TJUE, en la Segunda Jornada por el Estado de Derecho, organizada por Foro Judicial Independiente.
«Los jueces españoles tienen poderes recibidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No pueden ser interceptados ni por el Ministerio de Justicia, ni por el Gobierno ni por el Consejo General del Poder Judicial. Me estoy refiriendo a la cuestión prejudicial que pueden interponer todos ellos y al derecho que tienen los jueces para actuar en casos concretos que están juzgando cuando la ley interna entra en contradicción con las normas fundamentales de la Unión Europea», añadió la catedrática.
«El estado de derecho es el centinela de la democracia. Cuando empiezan a haber dudas sobre la permeabilidad de los jueces al poder ejecutivo ya no es una democracia. Porque ha desaparecido el contrapeso», explicó Araceli Mangas
Evidentemente la catedrática se refirió al proyecto de ley de amnistía impulsado por el grupo parlamentario socialista como parte del acuerdo con el partido separatista catalán, Junts, que posibilitó con sus 7 votos en el Congreso que Pedro Sánchez volviera a ser investido como presidente del Gobierno.
«Existe una prohibición clara de dar cobertura a los malversadores o a los corruptos«, dijo en clara referencia a Carles Puigdemont y a Toni Comín, ambos fugados y en búsqueda y captura de la Justicia española por malversación de fondos públicos.
«En este sentido, los jueces españoles saben perfectamente, desde las sentencias del TJUE Costa contra Enel o la de la Administración de Finanzas contra S.A. Siemmenthal, que prima el derecho de la Unión sobre el derecho nacional. Pueden dejar de aplicar toda la legislación interna que contravenga las normas de la Unión. Pueden dejar de aplicar esta legislación que han promovido en el Parlamento. En un caso como este lo conveniente es plantear una cuestión prejudicial», subrayó.
La catedrática recordó, además, que el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea establece que «los Estados miembros deben proporcionar un sistema judicial imparcial y autónomo, y garantizar la plena efectividad del Derecho de la Unión».
«Los jueces españoles no deben atenerse a ninguna de las cadenas que establece la ley de amnistía. Poseen la totalidad de las prerrogativas para ejercer la tutela judicial efectiva. Ninguna ley interna, ni excepcional, ni singular, puede bloquear esa capacidad que tienen los jueces», precisó.
La catedrática recordó que «el estado de derecho es el centinela de la democracia. Cuando empiezan a haber dudas sobre la permeabilidad de los jueces al poder ejecutivo ya no es una democracia. Porque ha desaparecido el contrapeso», explicó.
Mangas recordó que en la actualidad hay más de 160 estados que celebran elecciones periódicas. «Pero eso no significa que sean democráticos. A la democracia solo la vigilan los jueces. Cuando hay un sistema jurisdiccional y constitucional efectivo», recordó.
Por otra parte, el letrado del TJUE y también director de la Academia de Práctica Jurídica Europea, Juan Ignacio Signes de Mesa, llamó la atención sobre el hecho de que el Tribunal de Justicia de la UE, «a diferencia de todas las instituciones políticas de Bruselas, no tiene agenda ninguna. No tiene propósitos. No pretende hacer nada salvo resolver los casos que le llegan«.
El TJUE tiene, por lo tanto, «una misión. que es la de garantizar que la aplicación de los tratados el derecho sea respetado. Nada más. Es una labor puramente hermenéutica», es decir, interpretar los escritos que le llegan y tomar decisiones.
Signes de Mesa reconoció que el TJUE ha tenido que pronunciarse sobre asuntos muy relevantes para la propia Unión Europea en los últimos años.
«Uno de ellos ha sido el de entrar a valorar el mecanismo de condicionalidad, que condiciona la entrega de fondos a los países de la UE. Es la suspensión, la reducción o la anulación de los fondos a aquel estado miembro que no respete sus obligaciones con el estado de derecho», relató.
Amparado en el artículo 322, que es la disposición que permite al Parlamento y al Consejo la ejecución del presupuesto europeo, «pues se ha considerado que si se rebaja la exigencia de la unanimidad a una mayoría cualificada es válido», contó, en referencia a los casos de Polonia y Hungría, por el recorte de sus respectivos poderes judiciales.
La exposición de Signes de Mesa fue puramente técnica, de descripción del funcionamiento y el papel del TJUE, pero muy esclarecedora.
Fuente: CONFILEGAL