Tras la sentencia Obadal, distintos juzgados han condenado a las administraciones con cuantiosas indemnizaciones a las que habría que sumar las sanciones que la Comisión Europea impondrá en breve a España

La reciente evolución de la jurisprudencia europea y su impacto en el ordenamiento español abre un escenario de enorme trascendencia económica y política: el coste potencial de no conceder la fijeza a los trabajadores interinos en la Administración pública podría superar los 40.000 millones de euros. Esta cifra, que comienza a perfilarse a partir de resoluciones judiciales concretas como la dictada en Vigo, transforma lo que hasta ahora era un debate jurídico en un problema estructural de primer orden para las cuentas públicas.

El punto de inflexión se sitúa en la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cuestiona de manera directa la eficacia de las medidas adoptadas por España para sancionar el abuso de la temporalidad en el sector público. El tribunal europeo ha considerado insuficientes tanto la normativa vigente como la interpretación realizada por el Tribunal Supremo, dejando en evidencia un vacío sancionador que obliga a replantear las soluciones jurídicas aplicables a cientos de miles de trabajadores.

En este contexto, la resolución del Juzgado de lo Social de Vigo marca un precedente especialmente relevante. La indemnización reconocida (superior a 52.000 euros) a una trabajadora vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas introduce un elemento disruptivo: incluso en casos donde el empleado ha accedido posteriormente a una plaza estable, la justicia comienza a reconocer el perjuicio derivado de años de abuso en la contratación temporal. Este criterio abre la puerta a una avalancha de reclamaciones que podría tener un impacto presupuestario sin precedentes.

El elemento clave del análisis reside en la extrapolación de este tipo de indemnizaciones al conjunto del sector público. España cuenta con una bolsa estructural de interinos que, durante años, han encadenado contratos temporales en condiciones que ahora están siendo cuestionadas por la justicia europea. Si cada caso derivara en compensaciones similares a las fijadas en Vigo, el cálculo agregado supera con facilidad los 40.000 millones de euros, una cifra que situaría este problema al nivel de las grandes crisis fiscales recientes.

Desde una perspectiva jurídica, la disyuntiva es clara: o bien se avanza hacia la fijeza como medida sancionadora del abuso, o bien se asume un coste económico masivo en forma de indemnizaciones. La primera opción plantea resistencias políticas y doctrinales, al chocar con principios tradicionales del acceso al empleo público basados en mérito y capacidad. La segunda, sin embargo, introduce un riesgo fiscal difícilmente asumible sin afectar a la sostenibilidad presupuestaria.

El problema trasciende el ámbito técnico y se proyecta de lleno en la arena política. La falta de una respuesta legislativa clara tras los pronunciamientos europeos está generando un escenario de inseguridad jurídica en el que son los tribunales de instancia los que están marcando el camino. La sentencia de Vigo no es un hecho aislado, sino el indicio de un cambio de tendencia que podría multiplicarse en los próximos meses.

A ello se suma un factor adicional: el reconocimiento de la figura del “indefinido no fijo” como solución intermedia queda cada vez más cuestionado. La decisión del tribunal vigués sugiere que esta categoría no neutraliza el daño causado por la temporalidad abusiva, lo que refuerza la idea de que las administraciones podrían enfrentarse a responsabilidades acumuladas incluso en procesos de estabilización ya resueltos.

En términos económicos, el impacto de un escenario de indemnizaciones masivas obligaría a redefinir prioridades presupuestarias, comprometiendo partidas esenciales o incrementando el endeudamiento público. El coste de no actuar o de hacerlo de forma insuficiente podría ser muy superior al de adoptar soluciones estructurales como la consolidación de plazas a través de la fijeza.

La combinación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las primeras resoluciones de los tribunales españoles dibuja un horizonte en el que la inacción tiene un precio cuantificable y elevado. La cuestión ya no es únicamente cómo corregir el abuso de la temporalidad, sino cuánto está dispuesto a pagar el Gobierno por no reconocer la fijeza.

Fuente: diariosabemos.com 24.04.2026

Bruselas obliga a España a regularizar contratos públicos de interinos a fijos.

La Justicia Europea ha dictaminado que Bruselas obliga a España a regularizar funcionarios interinos que han permanecido años en sus puestos sin plaza fija. Esta medida busca sancionar el abuso de la temporalidad en la Administración Pública española.

La sentencia exige convertir en personal indefinido a quienes sufren un fraude de ley por encadenar contratos temporales de forma injustificada. Este giro histórico garantiza la estabilidad en el empleo público para miles de trabajadores afectados.

El nuevo criterio de fijeza para el personal interino

La resolución del Tribunal de Justicia de la UE establece que España no ha tomado medidas suficientes para evitar el abuso de contratos. Por ello, la fijeza aparece como la única solución posible para reparar el fraude de ley acumulado durante décadas.

Esta decisión choca con la normativa nacional actual, pero el derecho europeo prevalece. Las administraciones deberán revisar cada expediente donde la temporalidad sea excesiva, marcando un antes y un después en los puestos interinos en Europa para este 2026.

Requisitos para acceder a la regularización automática

No todos los empleados públicos cambiarán su estatus de forma inmediata. Para que la administración ejecute el mandato donde Bruselas obliga a España a regularizar funcionarios interinos, se deben cumplir ciertos criterios de permanencia.

Muchos empleados se preguntan ¿Cuándo hacen fijo a un interino? según este nuevo marco. La clave reside en haber superado los límites legales de temporalidad sin que la administración haya convocado la plaza en los plazos previstos por la ley.

• Haber ocupado la misma vacante durante un periodo superior a los tres años.
• Que la plaza no haya sido objeto de una oferta de empleo público efectiva.
• Acreditar que el cese supondría una desprotección frente al abuso previo.

Consecuencias legales para la Administración Pública

El incumplimiento de estas directrices europeas podría acarrear sanciones económicas millonarias para el Estado español por cada caso no resuelto. Bruselas exige que la sanción por el uso abusivo de contratos sea efectiva y disuasoria para evitar que se repita.

Esto supone, en la práctica, que el trabajador pasa a tener los mismos derechos de permanencia que un fijo de carrera. Al confirmarse el fraude de ley, el cese del interino sin una causa justificada se vuelve legalmente casi imposible.

Nota: Es vital revisar tu vida laboral y los contratos firmados. La regularización depende de la duración del fraude de ley detectado en tu puesto específico según el derecho comunitario.

Aunque el sistema tradicional de oposiciones sigue vigente para las nuevas plazas, este proceso busca limpiar el fraude estructural. Esta medida asegura la estabilidad en el empleo público y protege los derechos fundamentales de los empleados.

El reconocimiento de la fijeza es la herramienta definitiva que Europa impone para acabar con la precariedad en el sector público. Se trata de una garantía jurídica que prevalece sobre las leyes nacionales que permitían la temporalidad infinita.

Esta transformación obligatoria obliga a las distintas administraciones a reordenar sus plantillas de forma inmediata. El objetivo final es que ningún trabajador público encadene contratos temporales más allá de los límites legales permitidos por la UE.

Qué debes hacer ahora para asegurar tu plaza

Si te encuentras en situación de interinidad prolongada, te recomendamos recopilar todos tus contratos y nombramientos históricos. Este respaldo documental será tu mejor defensa para solicitar la estabilidad que ahora exige Europa.

Consulta con especialistas en derecho administrativo para evaluar si tu caso encaja en los nuevos criterios. Asegurar tu futuro profesional es posible si actúas a tiempo y reclamas tus derechos frente a la temporalidad abusiva.

Fuente: cronicaglobal.elespanol.com 24.04.2026

Empleados Públicos con Discapacidad y Aspirantes en Lucha

MANIFIESTO:

Madrid, 29 de mayo – Frente al Congreso de los Diputados, el Senado y sedes administrativas.

Hoy nos concentramos aquí para alzar la voz contra una injusticia flagrante que atenta contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en España. Nos dirigimos a las Administraciones Públicas, a los partidos políticos, a la Justicia y a la sociedad en general para denunciar la exclusión sistemática sufrida en los recientes
procesos de estabilización por concurso de méritos.

"La discapacidad no es una incapacidad para servir al Estado, pero la falta de reserva de plazas es una incapacidad del Estado para cumplir la Ley."

DENUNCIAMOS:

1. La Omisión del Cupo de Discapacidad: Muchas Administraciones han convocado procesos de estabilización sin respetar la reserva legal de plazas para
   personas con discapacidad, vulnerando el Real Decreto Legislativo 5/2015 (EBEP) y la normativa de igualdad.
2. El Daño Irreparable: Esta negligencia ha dejado fuera a miles de profesionales cualificados que ya prestaban servicio, destruyendo sus proyectos de vida y su
   estabilidad laboral.
3. La Invisibilidad Sindical y Política: Denunciamos el silencio de los sindicatos mayoritarios que han firmado acuerdos ignorando nuestra realidad, y la pasividad de
   los Parlamentos Autonómicos que han mirado hacia otro lado.

EXIGIMOS:

1. Reparación Inmediata: Que se habiliten mecanismos legales para compensar y adjudicar las plazas que por derecho nos correspondían y que no fueron reservadas.
2. Acción Judicial Urgente: Pedimos a los tribunales celeridad. La justicia lenta no es justicia, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales y acceso al empleo público.
3. Cumplimiento Estricto de la Ley: Que ninguna convocatoria futura de empleo público ignore el cupo de discapacidad bajo ninguna excepción técnica o administrativa. No pedimos privilegios, pedimos que se cumpla la Ley.
   No somos una estadística, somos ciudadanos con plenos derechos que servimos a lo público con dedicación.
   No permitiremos que la estabilización de unos se construya sobre la exclusión de otros.

¡BASTA DE EXCLUSIÓN E IMPUNIDAD!

#JusticiaParaDiscapacidad #EstabilizaciónSinExclusión #29Mayo

Fuente: Nota recibida en PDIE

La Generalitat convertirá en estructurales casi la mitad de los apoyos judiciales actuales a partir del 1 de julio para reforzar un servicio más estable, ágil y eficaz

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha iniciado el proceso de estabilización de 200 plazas de refuerzo de los juzgados de la Comunitat Valenciana, una medida con la que busca consolidar parte de los apoyos temporales que actualmente sostienen el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia.

Con esta actuación, casi la mitad de los 438 refuerzos judiciales distribuidos en los 36 partidos judiciales pasarán a ser plazas estructurales a partir del 1 de julio. El objetivo es fortalecer la capacidad del sistema judicial y avanzar hacia una prestación más eficaz y sostenible del servicio público.

Una medida para reducir temporalidad

La consellera ha defendido que esta estabilización responde tanto al cumplimiento de la normativa vigente como a la necesidad de reducir la temporalidad, dotar de mayor estabilidad a las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia.

Además, ha subrayado que la transición se gestionará de forma ordenada para garantizar la continuidad del servicio y minimizar cualquier impacto tanto en los profesionales como en la ciudadanía.

La identificación de las 200 plazas se ha realizado con un criterio objetivo de antigüedad, dando prioridad a aquellos puestos que se han ido renovando de manera continuada y que, por tanto, evidencian una necesidad permanente dentro de la estructura judicial.

De 38 refuerzos a 438 en diez años

La Administración de Justicia ha recurrido desde 2015 al personal de refuerzo para atender sobrecargas de trabajo, acumulación de asuntos, macrocausas o la implantación de nuevas tecnologías. Sin embargo, la continuidad de estos apoyos durante años ha puesto de manifiesto que buena parte de estas necesidades ya no son coyunturales, sino estructurales.

En este contexto, la evolución del número de refuerzos refleja el aumento de esa dependencia del sistema. En 2015 había 38 refuerzos, con una inversión de 1,45 millones de euros, mientras que en 2025 la cifra ha ascendido a 438, con una dotación de 17 millones de euros.

Según ha expuesto la Conselleria, durante las dos legislaturas del Botànic el número de refuerzos prácticamente se multiplicó por diez, al pasar de 38 en 2015 a 350 en 2023, con una inversión cercana a los 14 millones de euros.

Nuevo modelo de gestión

Junto a esta estabilización, la Conselleria está impulsando otras medidas orientadas a mejorar la eficiencia y reducir la temporalidad. Entre ellas figura un nuevo sistema de gestión de la bolsa de empleo, activado en noviembre, que ha permitido rebajar de 25 a 8 días el tiempo medio para cubrir plazas temporales en los juzgados.

En una primera fase, este sistema permitió cubrir en tres meses más de 250 plazas con mayor agilidad.

Además, durante el último año también se ha avanzado en la consolidación de plantilla en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de València, con la creación de nuevas plazas estructurales de psicólogos, trabajadores sociales, médicos forenses, facultativos, gestores y tramitadores.

Con estas medidas, la Generalitat busca reforzar un modelo de Administración de Justicia más moderno, estable y adaptado a las necesidades reales de los órganos judiciales.

Fuente: actualidadvalencia.com 21.04.2026

Javier Salceda Montañés. Administrador superior interino del Gobierno de Aragón. Jefe de sección de disciplina urbanística de la Dirección General de Urbanismo

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de abril de 2026 (sentencia Obadal) ha vuelto a poner en primera línea de la actualidad jurídica la problemática sobre el abuso de la temporalidad por parte de las administraciones públicas españolas.

El propósito del presente artículo es poner en contexto y explicar sumariamente el contenido de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya y Grupo Mixto, a instancia de PODEMOS, enmiendas que han sido preparadas por varias personas y colectivos de interinos, para ser posteriormente asumidas por los citados grupos políticos.

En este sentido, debo destacar a los Sindicatos Co.bas (Sindicato de Comisiones de Base), Federación de Administración Pública de CGT, SAP Madrid (Sindicato de Trabajadoras de la Administración Pública CGT, la Plataforma d´Afectats per la Funció Pública de Catalunya, representada por Jordi Cerdá, así como personas que, a título individual, han contribuido de forma importante a poder tener en el día de hoy una propuesta legislativa de solución al abuso de derecho en sede parlamentaria.

Las enmiendas fueron formalmente presentadas en el registro del Congreso de los Diputados el 19 de febrero de 2025. En estas fechas, el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, ya había presentado la cuestión prejudicial (Obadal). Por su parte, el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo continuaba con su jurisprudencia según la cual el abuso no puede implicar la fijeza y las indemnizaciones, si acaso, debían acreditarse y exigirse mediante el procedimiento de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

La elaboración de las enmiendas se realizó teniendo presente en todo momento la necesidad de que el contenido de las mismas, desde el punto de vista jurídico y político, presentaran el suficiente rigor y coherencia para poder ser aceptadas por cualquier grupo político como una solución a la sanción por el abuso en la contratación temporal de empleados públicos por parte de las Administraciones Públicas. Así mismo, se tuvo muy presente la deficiente puesta en práctica de los procesos de estabilización contemplados en la Ley 20/2021, especialmente en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, en los cuales el número de plazas ofertadas para consolidar era irrisorio.

Las enmiendas tienen en cuenta la jurisprudencia reciente del TJUE (sentencias de febrero y junio de 2025), el contenido del vigente Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y pretenden poder servir de cobertura a todos los colectivos de empleados públicos en situación de abuso a los cuales puede ser de aplicación el TREBEP.

Las enmiendas se dirigen a los siguientes trabajadores temporales: 1) Empleados públicos temporales que siguen trabajando para las Administraciones Públicas en situación de abuso (situación objetiva de abuso); 2) Aquellos otros que, a la entrada en vigor de la Ley, sigan trabajando en la Administración Pública en un puesto de trabajo en el cual no se alcanza el límite de tiempo para apreciar la situación objetiva de abuso, pero ha existido una concatenación de contratos o nombramientos en la misma administración que sumados alcanzan el límite mínimo para apreciar la situación de abuso; por último, 3) personas que a la entrada en vigor de la Ley ya no trabajen para esa administración pero han estado en situación objetiva de abuso. En este caso, se exige a los mismos que hayan recurrido su cese (en el cual se cumplía la situación objetiva de abuso).

La figura del funcionario a extinguir

Estos tres supuestos darían lugar a la estabilización por ministerio de la ley, bien como personal estatutario o laboral fijo, bien como una nueva clase de funcionario público que se introduce, el denominado funcionario/a fijo/a a extinguir. La creación de esta nueva clase de empleados públicos facilitaría, a nuestro entender, una interpretación constitucional, acorde con la jurisprudencia del TJUE, de los principios constitucionales que rigen el acceso a la función pública con carácter general. De este modo, sería la Ley (TREBEP) quien directamente determinaría los supuestos de hecho jurídicos que otorgarían la condición de empleado público fijo (clase funcionario fijo a extinguir o concepto análogo) como sanción al abuso sufrido por empleado/a temporal.

Sería un procedimiento legal, de nueva creación y singular, el que sancionaría el abuso con la estabilidad del personal temporal, sin necesidad de recurrir a procesos selectivos propios y característicos para el acceso al empleo público con la condición de funcionario de carrera. Esto evitaría entrar en el debate sobre el contenido y alcance de los principios constitucionales para el acceso a la Administración Pública como funcionario de carrera o personal laboral fijo.

El contenido de las enmiendas y los sujetos beneficiados permiten establecer una sanción adecuada a las exigencias del TJUE a través de la estabilidad en el empleo resarciendo al trabajador/a en situación de abuso. Asimismo, se fijan unos límites jurídicos que afectan a aquellos empleados públicos temporales que, aun habiendo sido objeto de una situación de abuso, omitieron el ejercicio de las acciones legales pertinentes, actos propios de aceptación de una situación que otros trabajadores/as han rechazado.

El procedimiento que se establece en las enmiendas es suficientemente proteccionista, dentro de lo legalmente posible, para garantizar que las administraciones que deben reconocer la situación objetiva de fijeza a sus trabajadores cumplan con lo dispuesto legalmente. En este sentido debemos señalar que son las diferentes administraciones públicas (empleadoras) las que deben reconocer la situación de abuso objetivo del trabajador. Para ello se establecen unas cautelas caso de incumplimiento legal por parte de las mismas: el reconocimiento legal de todos sus derechos económicos y laborales desde que la administración no cumple con el plazo fijado para ello (3 meses), la responsabilidad directa y solidaria de estos derechos, así como de los daños y perjuicios sufridos, de la administración y órganos administrativos competentes en función pública de las mismas.

Jurisprudencia del Supremo controvertida

No quisiera concluir este escrito sin antes compartir algunas reflexiones:

La jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige al trabajador/a acreditar que los sucesivos nombramientos o contrataciones temporales responden a necesidades permanentes (por todas, STS de 25 de febrero de 2025, rec. casación nº4436/2024) para poder acreditar su situación de abuso implica una carga de prueba desproporcionada. Esta circunstancia es especialmente relevante en los sectores de sanidad y educación donde la concatenación de contratos es muy elevada. Esta situación, aun contemplada en la enmienda, tal vez requiriese de mayor concreción sobre el alcance y contenido de la concatenación de nombramientos o contrataciones. Para ello existe la posibilidad de precisar este extremo en la tramitación parlamentaria de la enmienda.

Así mismo, implementar una solución fundamentada en compensaciones económicas por el abuso sufrido (que no indemnizaciones por despido) por parte de los poderes legislativo o judicial, supondría una carga financiera inasumible para el erario público y para los propios contribuyentes.

Pretender una solución jurídica en virtud de procesos selectivos restringidos (concursos restringidos) para el acceso a la función pública no haría sino retrotraernos a la situación generada por la Ley 20/2021, con toda la problemática de aplicación que ha tenido la misma y otorgando argumentos jurídicos a aquellos que no contemplan más posibilidad de estabilización que la superación de un proceso selectivo abierto regido por los principios constitucionales interpretados a su interés.

La estabilidad en el empleo de los empleados públicos temporales en situación de abuso que han ejercido todos los remedios necesarios para denunciar el abuso y resarcir el mismo se presenta como un imperativo categórico en un país que lleva casi 27 años sin trasponer totalmente el contenido de una Directiva tendente a evitar la contratación temporal abusiva de los trabajadores.

Lograr tal fin con un procedimiento legal lo más concreto y garantista posible, sea la modificación legal propuesta u otra similar, es lo más adecuado.

Fuente: www.lawandtrends.com 21.04.2026

La sentencia del TJUE no convierte por arte de magia cada cese abusivo en una lluvia automática de salarios, pero sí deja bastante peor la coartada española de las indemnizaciones raquíticas y del “váyase usted a casa con lo puesto”

Durante años, a miles de interinos se les ha administrado el mismo brebaje institucional: abuso de temporalidad, cese, incertidumbre y, al final, una propina presentada como si fuera justicia. La doctrina era conocida: usted ha trabajado como estructural, ha sostenido servicios públicos durante años, pero cuando llega la hora de reparar el abuso, le ofrecen un consuelo de saldo o, directamente, le invitan a demostrar daños como si hubiera tenido el capricho de ser precario.

La sentencia Obadal del TJUE no hace milagros. No dice que todo interino cesado deba cobrar automáticamente todos los salarios, haberes dejados de percibir y los perjuicios sufridos. No convierte el BOE en un maná retroactivo. Pero sí dice algo mucho más incómodo para las administraciones españolas: que, si la respuesta frente al abuso va a ser económica, esa reparación debe ser íntegra, no simbólica, y debe tener en cuenta las circunstancias reales del caso, incluidas las ventajas económicas perdidas y la incertidumbre sufrida.

La sentencia afecta retroactivamente, también a quienes han regularizado su situación o la hayan perdido.

Traducido al castellano de la calle: si a un interino abusado lo cesan y deja de cobrar, ya no resulta tan fácil despacharlo con la indemnización de oferta de supermercado. El TJUE recuerda además que las fórmulas tasadas de 20 o 33 días, con sus topes, no bastan por sí solas para cumplir la exigencia europea de una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria.

Aquí está la clave. No estamos ante una lotería judicial ni ante una paga caida del cielo. Estamos ante una puerta jurídica seria para reclamar que el daño real incluya, cuando proceda, los salarios dejados de percibir, las cotizaciones perdidas, la carrera profesional truncada y el perjuicio derivado de años de abuso rematados con un cese. Lo que Europa dice no es “cobre todo sin discutir”; lo que dice es algo peor para el viejo sistema español: “si ha habido abuso, no me venga usted con calderilla”, aunque, al final, le haya regularizado.

Eso obliga a cambiar de actitud. El interino no puede seguir esperando a que un tribunal, una consejería o un ministerio despierten de su cómodo sueño burocrático. Hay que reclamar. Hay que impugnar el cese en plazo cuando todavía sea posible. Hay que plantear la responsabilidad patrimonial cuando el daño se haya consolidado. Hay que cuantificar lo perdido. Y hay que hacerlo con papeles, fechas y números, porque la administración lleva años viviendo de una esperanza: que el perjudicado se canse antes que ella.

La ironía es perfecta. El mismo sistema que encadena nombramientos durante años para cubrir necesidades permanentes luego pone cara de sorpresa cuando alguien pide una reparación seria. Como si el abuso fuera una travesura administrativa y no una forma estable de gestionar plantillas públicas a costa de trabajadores convertidos en material fungible.

Conviene decirlo claro: Obadal no garantiza la victoria, pero sí debilita mucho la estrategia oficial del “no hay nada que ver”. Y eso, en el asunto de los interinos, ya es bastante más de lo que muchos querían admitir hace solo unos meses.

El mensaje para quien ha sufrido abuso y cese es simple: no se conforme con la limosna jurídica, no compre el discurso de que reclamar es inútil y no acepte que lo perdido desapareció por arte de magia. Europa no le ha regalado la solución. Le ha dado munición. Ahora toca usarla.

Fuente: diariosabemos.com 21.04.2026

Esta formación política es partidaria de la figura del fijo a extinguir, como una de las soluciones viables y de resolver lo antes posible esta problemática

Las reacciones a la sentencia Obadal del TJUE que resuelve las cuestiones prejudiciales de la Sala Social del Supremo siguen produciéndose a todos los niveles. Desde Junts, formación política partidaria de resolver esta problemática, su diputado en el Congreso, Josep Pagés, presente en comisiones clave como Justicia, Constitucional, Presupuestos, Interior y Política Territorial. pregunto al ministro Bolaños qué iba a hacer el Gobierno para evitar que se perdieran más de 600 millones de euros en fondos europeos. Tras aquella respuesta del ministro nuestro medio ha conversado con Pagés, quien cree que hay que buscar una solución al problema.

Desde su punto de vista le corresponde al Gobierno esa solución legislativa, “nosotros apostamos porque se tengan en cuenta las enmiendas que se han planteado a la Ley de Función Pública en trámite parlamentario son muy contundentes, son las enmiendas que nos facilitaron los compañeros interinos”.

Esas enmiendas hablan de la estabilización del personal en abuso a los tres meses de que la ley entrase en vigor con la figura del fijo a extinguir. En ella se indica que la estabilización en el correspondiente puesto de trabajo de los funcionarios/as interinos/as, así como del personal laboral o estatutario, es una medida adecuada y efectiva para sancionar el abuso de la contratación temporal llevada a cabo por las administraciones públicas territoriales y entes institucionales públicos.

También se plantea la estabilización para aquellos interinos que siendo cesados, la hayan recurrido. Se trataría de que ocupase un puesto similar, o, en el caso de que no hubiera ninguno, habría que crearse. Esta iniciativa de Juntss como propuesta normativa supondría resolver el problema del exceso de temporalidad en el empleo público de las administraciones públicas, evitando el pago de numerosas indemnizaciones con fondos públicos. “Estamos ante un abuso totalmente inaceptable con un colectivo que ha trabajado, no sé, una persona que lleva más de 10 años trabajando para la administración. Es vergonzoso que se le pueda echar de un día para otro a uno de estos profesionales sin indemnización”.

Para Pagés, esta problemática la tiene que resolver el Gobierno y no el poder legislativo. En su opinión es lamentable que desde el Ejecutivo de Sanchez se diga que esa sentencia del TJUE última no les afecta. También cree que otro problema son los jueces españoles que no están muy cómodos con que el TJUE les enmiende la plana. “Habrá que ver por donde sale el Supremo al resolver la sentencia Obadal”. En su opinión jueces y funcionarios españoles tienen privilegios que no hay en ningún otro país. Desde Junts se espera que el Gobierno reaccione y busca una formula para solucionar este problema en los próximos días. A su juicio habría que refomar el EBEP, Estatuto Básico del Empleado Público.

En su opinión, Europa observa que los límites de la temporalidad en la función pública son inaceptables. Su formación política ha sido muy crítica con los intentos del Gobierno de resolver el tema. De hecho ya advirtieron que la ley 20/2021 para estabilizar a tanta gente no ha funcionado. Hay procesos que no se han acabado y otros impugnados judicialmente “Somos exigentes con el cumplimiento del Estado de Derecho. Y ahora mismo el Estado español tiene que cumplir los parámetros y estándares y resoluciones de directivas y sentencias de la Unión Europea. Estamos en el Estado de derecho europeo. Pese a que Obadal no habla de la fijeza si deja claro que el resto de medidas planteadas desde España no son útiles para frenar el abuso de la temporalidad”.

Pocas alternativas para resolver

Desde su punto de vista le quedan pocas alternativas al Gobierno “descarta la figura del indefinido no fijo, que creo hace años la Sala Social del Supremo y que el TJUE dice ahora, cambiando su doctrina que no vale; porque sigue siendo un temporal. Ocupa la plaza pero en el momento que se saque a concurso, cesa, como tantos temporales, aunque en este caso tiene una indemnización que no tienen los que están siendo cesados. El desbarajuste es total y hay que buscar una solución”. Pagés cree que en unos días habrá que interpelar al Gobierno para ver que hace sobre este tema y como va a cumplir la sentencia Obadal.

Desde Junts se indica que hay un problema de fondo clave que ha sido denunciado por esta formación policía y es que el Estado español tiene una concepción del servicio público, autocrática- .y que no se corresponde con la concepción que se tiene en Europa. Es decir, la idea de funcionarios con un régimen totalmente diferenciado y ajeno a las lógicas de cualquier otro ámbito del empleo, esto en Europa no lo entiende nadie. Pasa igual con la situación de jueces, fiscales y lajs. Este parlamentario reconoce que los pocos derechos que han ganado ha sido a golpe de tribunales. A su juicio es un auténtico escarnio, personas que han estado veinte años trabajando de juez o de fiscal pueden perder sus empleos de un día para otro.

Pagés recuerda que Carles Puigdemont, ex presidente de la Generaliat en el exilio, recibió hace unos meses a un colectivo de interinos en su residencia de Waterloo. “Fueron recibidos y escuchados. Nosotros sabemos que este tema es complicado de resolver pero hay que hacerlo desde una gestión gubernamental. Nuestras enmiendas van en esa dirección para resolver el problema desde la conversión de estos profesionales en fijos. En nuestro caso, estamos abiertos a negociar, ah, siempre que se respete la jurisprudencia europea y a que encontremos un acuerdo”.

En su opinión es el momento clave en el que el Gobierno debe buscar una solución a ese problema “No podemos escudarnos en la Constitución para no resolver el problema porque el Estado español forma parte de la propia UE, a todos los niveles, no solo para recibir fondos europeos”, resalta Josep Pagés.

Constitución y Derecho de la UE

A su juicio, la cuestión de la constitucionalidad se tiene que poner en entredicho, porque, ah, la constitucionalidad tiene, o sea, los principios de mérito, igualdad, capacidad, etcétera, de la Constitución, tienen que, ah, de acceso a la función pública, tienen que compatibilizarse con el derecho europeo, o sea, el derecho europeo. O sea, lo que no pueden hacer es que nos escudemos en estos principios para evitar cumplir los mandatos de Europa sobre la temporalidad en la justicia. Esto no tiene ningún sentido. Yo creo que ya no se lo cree nadie.El Gobierno español con un criterio totalmente político y por tanto contrario a, a los intereses de los empleados públicos y también contrario a lo que le ha dicho Europa, pues decida, eh, pues patada para adelante y el balón que corra.

Pagés confiesa que Junts está claramente en la oposición al Gobierno desde octubre del 2025 cuando rompieron relaciones y dejaron de negociar en Suiza. Reconoce que su formación no esta en el mismo nivel que PNV, que Esquerra, Bildu, o que el BNG. Estamos en una situación de oposición equiparable a otros partidos que también están en la oposición aunque no coincidamos nada con ellos.

También reconoce que el modelo de gobierno de Pedro Sánchez es peculiar al hacerlo sin apoyo parlamentario, a través de reales decretos leyes. “Es una peculiaridad que no existe en otro país del mundo donde hay un gobierno que funciona sin la confianza del Parlamento y que junto al tema interinos hay otras cuestiones como el de la mutualidad de abogaos y procuradores con pensiones escasas que tampoco quieren entrar”.

A su juicio, en el tema de los interinos en fraude de ley, la sentencia es más clara que los anteriores y hay que buscar una solución para resolver la problemática de estos profesionales en fraude de ley. Josep Pagés cree que los próximos día serán claves para saber qué hará el Gobierno de Pedro Sánchez sobre este asunto.

Fuente: www.lawandtrends.com 20.04.2026

Letrados de la Administración de Justicia en situación de sustitución advierten de ceses inminentes, bloqueo de las plazas de consolidación y ausencia total de proceso de estabilización en un cuerpo con unas 800 vacantes en toda España

Un grupo de Letrados de la Administración de Justicia sustitutos denuncia públicamente que el Ministerio de Justicia les aboca al cese inminente sin haber articulado una salida de estabilización para quienes llevan años, en algunos casos más de una década, ocupando plazas estructurales. Los ceses de mayor impacto llegarán la última semana de mayo o la primera de junio, especialmente para los sustitutos de más larga duración, entre ellos muchos nombrados antes del 1 de enero de 2016.

La situación, sostienen, no es solo laboral ni administrativa. Es también una anomalía política y de modelo. A su juicio, el cuerpo de LAJs se ha convertido en el único de toda la Administración Pública española en el que no se habría materializado un proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021, pese a arrastrar un volumen muy elevado de plazas vacantes y una dependencia sostenida de personal sustituto.

Los afectados han activado ya la vía judicial. Tienen abierta una acción administrativa y una demanda contencioso-administrativa con medidas cautelares. En esa demanda articulan, según exponen, dos pretensiones principales: que se oferten todas las plazas, sin distinguir por la antigüedad de la persona que las ocupa, y que se convoque un concurso-oposición para estabilizar a quienes fueron nombrados antes del 1 de enero de 2016. Pero entre los propios sustitutos domina el pesimismo. La percepción interna es que nada impedirá los ceses, aunque el pleito siga su curso. Y de nuevo, el interino sufre el desprecio y la insolidaridad del compañero de mesa que se cree de una casta superior.

A esa incertidumbre se suma otro golpe. El Ministerio ya habría informado, como castigo, de que la convocatoria anulada a instancia de las asociaciones de LAJs titulares ha caducado, de modo que las 96 plazas destinadas a consolidación habrían quedado sin posibilidad de estabilización. Ni por concurso. Ni por concurso-oposición. Ni por una fórmula extraordinaria que permita absorber una temporalidad que, en algunos destinos, se mide ya en décadas de servicio efectivo.

La denuncia de fondo va más allá del expediente concreto. Los sustitutos sostienen que las dos convocatorias impulsadas para dar salida a este problema habrían sido boicoteadas por asociaciones de LAJs titulares, que rechazan cualquier acceso o consolidación al margen del tradicional oral memorístico. Según los afectados, detrás de esa resistencia opera una lógica abiertamente clasista: sirven para sacar adelante juzgados durante 10, 15 o 20 años, para asumir destinos que los titulares no quieren y para sostener plazas crónicamente vacantes, pero no para obtener una mínima estabilidad.

Ese contraste, precisamente, es el que convierte el conflicto en algo más que una disputa corporativa. Porque no se trata de personas ajenas al servicio, sino de profesionales que llevan años realizando exactamente la misma función que ahora se les niega consolidar. El mensaje implícito es incómodo: el sistema acepta la sustitución cuando necesita cubrir huecos, pero se pone exquisito cuando se trata de reconocer derechos. La meritocracia, al parecer, no se mide igual cuando conviene mantener el edificio en pie que cuando toca repartir llaves.

Los afectados sitúan el problema en un contexto estructural de falta de cobertura. Afirman que en la actualidad existen unas 800 plazas vacantes de LAJs en toda España, y que una parte especialmente relevante de esas vacantes  se concentra en Andalucía, Catalunya, Galicia y Canarias. Añaden, además, que buena parte de los nuevos LAJs destinados en esas comunidades abandonan el territorio en un plazo breve, lo que refuerza la dependencia del sistema respecto de quienes llevan años encadenando sustituciones.

Esa combinación de vacantes estructurales, rotación, falta de estabilización y ceses inminentes dibuja una imagen poco edificante para la Administración de Justicia, en nada en la línea triunfalista del Ministro Bolaños. Mientras se proclama la modernización del servicio público, uno de sus cuerpos clave seguiría funcionando, en parte, sobre una bolsa de profesionales experimentados a los que se utiliza para cubrir necesidades permanentes pero a los que después se mantiene en una provisionalidad indefinida. Un modelo muy español: se invoca la excelencia del cuerpo, se defiende el prestigio del acceso y, entretanto, el trabajo ordinario sale adelante gracias a quienes no merecen plaza, pero sí merecen cargar con sus sacrificios.

Ante esa situación y el enorme retraso en los servicios de Justicia que eso comporta, los LAJs sustitutos afectados están empezando a plantearse una estrategia de mayor visibilización pública, para concienciar de esa discriminación estructural dentro del propio sistema judicial. Igual problema sufren los jueces sustitutos o interinos. Y todo con miedo, cualquier reclamante de derechos queda fuera de las listas de espera, aprovechando de que mientras están en ella, no pueden ejercer de otra cosa. En la Justicia española, al parecer, hasta para denunciar la precariedad conviene no molestar demasiado a quien administra la lista de espera, porque lo que le espera es ser represaliado.

Fuente: diariosabemos.com 20.04.2026

El Gobierno ha descartado esta versión alegando que no se llevará a cabo una gran conversión de interinos a fijos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha catalogado las medidas de España referidas a la compensación de la temporalidad en los cargos de Administración Pública como insuficientes. La razón de ello es porque el Tribunal considera que no es una medida adecuada transformar la duración de los contratos cuando se encuentran en una relación laboral indefinida no fija.

Por su parte, el Gobierno ha negado completamente esta versión, rechazando con rotundidad la posibilidad de llevar a cabo una gran conversión de interinos a fijos en distintos cargos de la Administración Pública.

Ante esta situación, el Tribunal ha alegado que, además, tampoco parece que las sanciones vayan en línea con las indemnizaciones previstas por la normativa nacional, las cuales se abonan en el momento que se produce el fin de la relación laboral.

El TJUE ve insuficiente que España convierta a los interinos en indefinidos no fijos para sancionar la temporalidad

La normativa defiende que estas indemnizaciones ya están sujetas a un doble límite máximo por lo que no se pueden suprimir las consecuencias derivadas por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en relación a la utilización abusiva de contratos de una duración determinada.

Además, añade que la convocatoria de procesos selectivos no es una medida idónea en relación con la sanción y la prevención de abusos. La justificación que aporta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que dicha valoración no se hace en relación a los candidatos que hayan sido víctimas de esos abusos de contratos temporales pese a que se tengan en cuenta otro tipo de factores como la experiencia previa y el tiempo de servicio.

Por tanto, todos estos precedentes mencionados han servido para que el TJUE alegara que son insuficientes estas medidas. La gran preocupación del Tribunal reside en la gran temporalidad en el sector público e insta al Gobierno para aumentar estas indemnizaciones, además de ejecutar procesos para los afectados.

Otra de las razones que no descarta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que se lleve a cabo un gran proceso de conversión de interinos a fijos. Muchos trabajadores demandan la implementación de esta medida, encajando con los requisitos que ofrece el Tribunal Supremo.

Por su parte, el Gobierno ha negado la publicación de esta norma con rotundidad. El Ministerio de Hacienda defiende que: "el derecho europeo no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público". Además, el Gobierno ha aprovechado para reiterar su compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración Pública.

El abogado general del TJUE ve legal que España rechace la conversión automática de interinos en funcionarios

Por ello, el Ejecutivo se ha defendido de estas acusaciones alegando que la propia norma realizada por el Tribunal Constitucional es contraria a la conversión de empleados temporales del sector público a fijos sin que se aprueben esas plazas por medio de una oposición.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha querido zanjar sus declaraciones defendiendo que: "no nos corresponde pronunciarnos sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho Interno, sino que le corresponderá a órganos jurisdiccionales como el Tribunal Supremo".

En cuanto a la temporalidad de los cargos públicos en España, se estima que un 30% de los trabajadores está en esta situación. Los sindicatos pronostican que una regulación en esta norma beneficiaría a unos 800.000 trabajadores temporales.

Fuente: www.elespanol.com 19.04.2026

La Tercera Edición de los Diálogos Jurídicos en Boadilla del Monte abordan el efecto de la Ley de Eficiencia de la Justicia al cumplirse un año de su implantación

La sala del Teatro Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte llenó ayer sus butacas con magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, procuradores, abogados y vecinos convocados por el Tercer ciclo de los Diálogos Jurídicos, la iniciativa que Confilegal organiza anualmente con colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.

La jornada, inaugurada por el alcalde, Francisco Javier Úbeda Liébana, se centró monográficamente en la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia, que acaba de cumplir su primer año de vigencia real.

Sobre el proscenio, tres voces con autoridad y sin voluntad de complacencia: Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia; Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid; y Celso Rodríguez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bajo la moderación de Francisco Oliver, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Una reforma cuatro veces intentada

Ollé abrió fuego con un argumento histórico destinado a enmarcar el debate: la ley no nació de la improvisación. Es el cuarto intento, desde 2011 hasta hoy —con los ministros Fran Caamaño, Alberto Ruiz Gallardón, Juan Carlos Campo y finalmente Félix Bolaños—, de implantar los Tribunales de Instancia en España, sustituyendo un modelo de juzgados unipersonales que arrastraba desde el siglo XIX.

«La mayor transformación de la justicia en décadas», subrayó, «no se hace sin dificultades».

El diagnóstico de partida lleva décadas sobre la mesa: desde el Libro Blanco de la Justicia de 1997 y el Pacto de Estado para la Reforma de 2001, el sistema acumulaba un consenso transversal sobre la necesidad de cambio que ningún gobierno había logrado llevar hasta el final.

La directora general articuló su intervención en tres ejes: de dónde se viene, qué dificultades se han encontrado en la implantación y qué resultados arrojan los primeros datos.

Insistió en que la ley no es una norma aislada, sino el remate de una trilogía de reformas: el Real Decreto 6/2023, que introdujo la obligación del expediente digital y la interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal; la eficiencia procesal del Real Decreto 5/2023 con los pilotos testigo; y finalmente la ley de eficiencia organizativa.

Apoyada, esta última, sobre cuatro pilares: los Tribunales de Instancia, las Oficinas de Justicia en el Municipio, los MASC y la nueva Oficina Judicial organizada en servicios comunes.

Ollé desgranó la inversión acometida en el territorio Ministerio desde 2023: 1.120 millones de euros distribuidos entre digitalización —850 millones, incluidos los 85 del Plan de Recuperación—, personal —91,6 millones en acuerdos con jueces, fiscales y sindicatos, más 13,2 millones para retribuir los nuevos puestos directivos de libre designación— y edificios, con otros 79,3 millones destinados a adecuación de infraestructuras.

A ese capítulo añadió la creación de 42 plazas de jueces especializados en violencia de género y la tramitación en curso de un Real Decreto para incorporar 500 nuevas unidades judiciales, que a diferencia del modelo anterior podrán desplegarse a un coste de 100.000 euros por plaza.

«Con el modelo antiguo, crear 500 plazas nos habría costado 260 millones; ahora nos costará 55,7», precisó. Sobre la formación, apuntó que el Ministerio impartió más de 590 horas de formación presencial y puso en marcha cursos en línea de 60 horas con 15.400 personas matriculadas.

El resultado cuantitativo fue rotundo: 3.000 juzgados unipersonales transformados en 431 Tribunales de Instancia, con despliegue completado al cien por cien antes de que concluyera 2025.

Los primeros datos del territorio que gestiona directamente —Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla— arrojan un descenso del 9,94% en asuntos ingresados en todos los órdenes jurisdiccionales, del 20,46% en el orden civil.

Y lo que presentó como el indicador más significativo: una ruptura histórica de la curva de pendencia, que bajó un 0,6% en términos globales y un 4,5% en el orden civil.

«Es la primera vez que se rompe esa tendencia en la estadística», afirmó, aunque acompañó los datos de cautela: «Los doy con toda la prudencia del mundo. Todavía es muy pronto».

El decano del ICAM diseccionó la ley con bisturí

La intervención de Eugenio Ribón, decano del ICAM, fue muy incisiva. Desde el inicio marcó el tono: el Colegio no se opone a la modernización —de hecho, presentó 40 enmiendas durante la tramitación parlamentaria—, pero considera que la eficiencia prometida se ha traducido en burocracia y en dificultades de acceso a la tutela judicial.

El diagnóstico sobre los MASC —Métodos Adecuados de Solución de Controversias, el gran pilar alternativo de la ley— fue demoledor.

La norma los estableció como requisito de procedibilidad sin concretar cuándo y cómo se entiende cumplido el trámite, lo que generó una dispersión de criterios entre órganos judiciales.

Las demandas inadmitidas por defecto en el MASC van a parar a las audiencias provinciales —ya hipersaturadas—, donde la espera para resolver la admisión a trámite puede demorarse años.

Ribón sacó las matemáticas: en algunas secciones hay 30.000 asuntos pendientes, con tasas de resolución que arrojan esperas de 20 a 30 años. «Hay menos pleitos, sí —ironizó—. Pero no porque la reforma sea buena, sino porque se está impidiendo al ciudadano el acceso a la tutela judicial».

El ICAM reforzó su posición con una encuesta propia entre 1.164 abogados. El 83,7% valora de forma negativa o muy negativa la obligatoriedad del MASC; el 91% considera que la ley ha supuesto más retrasos; el 74% ha encontrado criterios discrepantes entre tribunales ante situaciones idénticas.

La nota media de satisfacción con la ley, sobre diez: 1,6. Más del 52% de los encuestados le puso un cero. Ollé cuestionó la representatividad estadística de la encuesta; Ribón la defendió como síntoma.

Sobre los Tribunales de Instancia, el decano fue igualmente contundente: el cambio de señalética —de juzgado a tribunal— no resuelve nada si no va acompañado de un incremento real de personal y de formación específica.

Describió casos de funcionarios con 15 años de experiencia en pleitos de familia tramitando ahora delitos leves, de tribunales que han registrado niveles de bajas desconocidos, de expedientes extraviados en la transición digital.

El presidente del TSJM: más preguntas que respuestas

Celso Rodríguez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tomó la palabra con la distancia que le concede la perspectiva judicial y la cautela que le impone el rigor.

Comenzó con una reflexión conceptual que recorrió el debate hasta el final: la Constitución habla de tutela efectiva; la ley habla de justicia eficiente. No son sinónimos. «Como juez —dijo— no puedo compartir que el legislador piense en la justicia desde el parámetro de los menores recursos posibles. Yo defiendo los mayores recursos posibles».

Y fue más lejos: tampoco eficiencia es eficacia, ni eficacia es efectividad. Tres conceptos distintos que la ley tiende a confundir y que tienen, advirtió, consecuencias prácticas muy diferentes.

El concepto constitucional de tutela efectiva, el que a su juicio debería haber inspirado la norma, fue arrumbado en favor de una filosofía importada de la Escuela del Análisis Económico del Derecho de Princeton, cuya traslación al ámbito judicial le suscita «más dudas que certezas».

Ese desplazamiento filosófico tiene, según el presidente del TSJM, una consecuencia estructural: el centro de gravedad del proceso se traslada de la resolución a la gestión. El juez ya no es el único responsable.

La oficina judicial pasa a ser la reina de la estructura. Para ilustrarlo leyó en voz alta el apartado 8 del artículo 436 de la ley, que literalmente faculta a los jueces a «requerir en todo momento a la oficina judicial cuanta información consideren necesaria sobre los procedimientos cuyo conocimiento tengan atribuido».

La sala captó el absurdo: la ley concede como «dádiva» a un juez el derecho a preguntar por sus propios asuntos. «¿Quién redactó este apartado?», dijo, sin necesidad de elevar la voz.

El diagnóstico sobre la ratio de jueces por habitante fue igualmente severo. España sigue anclada en los parámetros de 1988, cuando la Ley de Demarcación consideró suficiente un juez por cada 10.000 habitantes.

Hoy la ratio es de 1,2 jueces por 10.000 habitantes frente a una realidad socioeconómica que no tiene nada que ver con la España de hace cuatro décadas y frente a un volumen de asuntos que se ha multiplicado exponencialmente.

Señaló además el colapso de la interlocución en dos planos: el interno, porque el sistema de relación telemática no está suficientemente maduro; y el externo, porque el abogado o procurador que antes sabía exactamente a qué mesa dirigirse ahora se enfrenta a una estructura difusa donde localizar el estado de un asunto se ha vuelto «bastante difícil cuando no imposible».

Los datos de Madrid fueron contundentes: en 2025 ingresaron 66.000 asuntos menos que en 2024, con un total de 1.184.151. Se resolvieron 1.125.798. Pero la pendencia subió de 747.414 asuntos a fin de 2024 a 825.114 a fin de 2025, un incremento de más de 77.000.

a explicación: los MASC están embolsando demandas que todavía no han ingresado formalmente en el sistema. Cuando ese dique ceda, la ola llegará.

Aun así, Rodríguez Padrón rechazó emitir un balance definitivo: «Hasta que no tengamos un año completo con la ley funcionando en toda su dimensión, y lo podamos comparar con 2024, no me atrevo».

Y reconoció algunos elementos genuinamente valiosos del nuevo modelo: la filosofía de especialización, la posibilidad de crear 500 nuevas plazas judiciales a un coste radicalmente inferior y la esperanza de que los Tribunales de Instancia, una vez consolidados, permitan una justicia más ágil y mejor organizada.

El debate dejó en el aire una pregunta que ninguno de los tres ponentes quiso responder del todo: si la curva de pendencia que hoy desciende en algunas comunidades es el primer signo de una reforma que funciona o el efecto transitorio de una barrera que frena el acceso a los tribunales.

La respuesta, coincidieron, llegará con los datos de 2026.

Fuente: CONFILEGAL 17.04.2026