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            <title>
									Foros - Debates Recientes				            </title>
            <link>https://plataformadeinterinos.org/community/</link>
            <description>Plataforma de Interinos España</description>
            <language>es</language>
            <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 09:16:13 +0000</lastBuildDate>
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            <ttl>60</ttl>
							                    <item>
                        <title>Interinos: ¿Cuándo debe indemnizar el Estado si un tribunal vulnera el Derecho de la UE?</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/todas-las-administraciones/interinos-cuando-debe-indemnizar-el-estado-si-un-tribunal-vulnera-el-derecho-de-la-ue/</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El TJUE ha precisado cuándo un Estado miembro debe indemnizar a un ciudadano por una sentencia firme contraria al Derecho de la Unión Europea. Repasamos los requisitos y lo que suponen para ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">El TJUE ha precisado cuándo un Estado miembro debe indemnizar a un ciudadano por una sentencia firme contraria al Derecho de la Unión Europea. Repasamos los requisitos y lo que suponen para los interinos en abuso de temporalidad.</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el 8 de septiembre de 2026 dos sentencias, en los asuntos C-163/24 y C-293/24, sobre la responsabilidad de los Estados miembros cuando quien vulnera el Derecho de la Unión es un tribunal nacional que resuelve en última instancia. En España, ese papel corresponde normalmente al Tribunal Supremo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Según el Tribunal, la persona perjudicada tiene derecho a una indemnización cuando concurren tres requisitos:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ol class="wp-block-list"><!-- wp:list-item -->
<li>La norma europea infringida debe estar destinada a conferir derechos a los particulares.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>La infracción debe ser suficientemente caracterizada, es decir, grave y manifiesta.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Debe existir una relación de causalidad directa entre la infracción y el daño sufrido.</li>
<!-- /wp:list-item --></ol>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los tres requisitos son acumulativos: si falta uno, no hay indemnización. El Tribunal subraya que se aplican también cuando la infracción procede de una resolución contra la que ya no cabe recurso judicial interno.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">No basta con que el tribunal se niegue a preguntar a Luxemburgo</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Las sentencias, dictadas el 8 de septiembre de 2026, aclaran el papel de la cuestión prejudicial, según el <a href="https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-09/cp260120es.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunicado de prensa n.º 120/26 del TJUE</a>. Los tribunales de última instancia están obligados a plantearla cuando tienen dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Sin embargo, incumplir esa obligación no genera por sí solo la responsabilidad del Estado. Debe ir acompañado de la infracción de otra norma europea destinada a conferir derechos a los particulares.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Aun así, la omisión no es irrelevante. Cuando es culposa, puede contribuir a determinar que la infracción es suficientemente grave.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">El caso rumano: una norma que no protege al ciudadano</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En el asunto C-163/24, un agricultor rumano pidió en 2007 una ayuda agrícola para 264,71 hectáreas. Tras un control, la Administración consideró subvencionables solo 180,62 hectáreas y denegó la solicitud.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En 2012, el Tribunal de Apelación de Bucarest rechazó plantear una cuestión prejudicial sobre el reglamento europeo aplicable. El agricultor demandó entonces al Estado rumano.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El TJUE descarta la responsabilidad. La norma sobre identificación de superficies agrícolas solo busca proteger los intereses financieros de la Unión y no confiere derechos al solicitante de la ayuda. Falla, por tanto, el primer requisito.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">El caso portugués: trabajadores despedidos y un Tribunal Supremo que no preguntó</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El asunto C-293/24 afecta a trabajadores de la aerolínea portuguesa Air Atlantis, despedidos tras su disolución en 1993. Sostenían que TAP había asumido parte de la actividad y que, al existir una transmisión de empresa, debían ser incorporados a ella.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En 2009, el Tribunal Supremo portugués desestimó su demanda sin plantear cuestión prejudicial. En 2015, el TJUE declaró que sí hubo transmisión de empresa y que el Supremo debió haber preguntado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pese a ello, los tribunales portugueses siguieron rechazando la reclamación de daños. Alegaban que el TJUE se apoyaba en jurisprudencia posterior a 2009.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ahora el TJUE constata que la Directiva sobre transmisiones de empresas sí confiere derechos a los trabajadores. Sobre la gravedad de la infracción, señala tres elementos decisivos:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ol class="wp-block-list"><!-- wp:list-item -->
<li><strong>La solución ya estaba en la jurisprudencia anterior a 2009.</strong> La sentencia portuguesa acumulaba varios errores de interpretación del Derecho de la Unión.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li><strong>El Supremo se apartó de esa jurisprudencia sin preguntar.</strong> Lo hizo pese a estar obligado a plantear la cuestión prejudicial.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li><strong>Había una cuestión prejudicial pendiente sobre el mismo enfoque.</strong> El Supremo no podía ignorarlo, lo que apunta al carácter inexcusable de la infracción.</li>
<!-- /wp:list-item --></ol>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Con ello, el TJUE indica que la sentencia de 2009 parece incurrir en una infracción suficientemente caracterizada. La comprobación final, y la de la relación de causalidad con los daños, corresponde al tribunal nacional.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">¿Y los interinos? Qué cambia para el abuso de temporalidad</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Las sentencias no tratan sobre empleo público temporal, pero sus criterios se aplican a cualquier infracción del Derecho de la Unión cometida por un tribunal de última instancia. Eso incluye las resoluciones firmes sobre abuso de temporalidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Primer requisito: una norma que confiera derechos.</strong> La norma en juego es la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, que busca prevenir y sancionar el abuso de contratos temporales sucesivos. Es una norma de protección de los trabajadores, como la Directiva de transmisiones de empresas del caso portugués, y no una norma de protección de las finanzas de la Unión, como la del caso rumano. Hay, por tanto, un argumento sólido para entender cumplido este requisito, aunque el TJUE no lo ha declarado expresamente respecto de la cláusula 5.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Segundo requisito: una infracción suficientemente caracterizada.</strong> Aquí pesa la existencia de jurisprudencia clara. En la <a href="https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1264944" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sentencia Obadal, de 14 de abril de 2026 (C-418/24)</a>, la Gran Sala consideró que las medidas españolas no parecen sancionar debidamente el abuso:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item -->
<li>La conversión en indefinido no fijo, porque mantiene la precariedad.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Las indemnizaciones al cese sujetas a un doble límite máximo.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Los procesos selectivos que valoran la experiencia de todos los temporales, y no solo la de quienes sufrieron el abuso.</li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>A partir de ahí, los tres indicios del caso portugués son trasladables. Un tribunal de última instancia que se aparte de esa doctrina, sin plantear cuestión prejudicial y sin motivar su negativa, se expone a que su resolución se considere una infracción grave.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Tercer requisito: daño y causalidad.</strong> Es el más exigente. El interino debe probar un perjuicio concreto y que deriva directamente de la resolución judicial, no solo del abuso previo de la Administración.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">Lo que esta vía no ofrece</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:list -->
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item -->
<li><strong>No reabre el pleito ni da la fijeza.</strong> La acción de responsabilidad solo permite obtener una indemnización; la sentencia firme sigue en pie.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li><strong>No basta con que el tribunal se negara a preguntar al TJUE.</strong> Como en el caso rumano, hace falta además la infracción de una norma que confiera derechos.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li><strong>No es automática.</strong> El propio Tribunal Supremo planteó la cuestión que dio lugar a Obadal y fijó doctrina después. Según la <a href="https://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/Supreme-Court/Judicial-News/El-Tribunal-Supremo-fija-criterio-contra-el-abuso-en-la-contratacion-temporal-de-personal-laboral-en-las-Administraciones-publicas-tras-la-sentencia-de-TJUE" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nota del CGPJ sobre la sentencia del Pleno de la Sala Social de 11 de mayo de 2026</a>, el abuso no convierte al trabajador en fijo, salvo que hubiera superado un proceso selectivo sin obtener plaza. La respuesta general es una indemnización calculada con los criterios del TJUE y la remisión a la Inspección de Trabajo.</li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">Recomendaciones para interinos con pleitos en curso</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:list -->
<ol class="wp-block-list"><!-- wp:list-item -->
<li><strong>Invocar expresamente la cláusula 5 y la sentencia Obadal</strong> en la demanda y en los recursos.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li><strong>Solicitar por escrito la cuestión prejudicial</strong> ante el tribunal que resuelva en última instancia, y dejar constancia de la respuesta.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li><strong>Documentar el daño</strong>: duración del abuso, número de nombramientos, ausencia de convocatorias y perjuicios profesionales o económicos acreditables.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li><strong>Consultar con un letrado el cauce y los plazos</strong> de la reclamación por error judicial en España, antes de dar por perdido un asunto con sentencia firme.</li>
<!-- /wp:list-item --></ol>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">Qué significa para quien reclama</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:list -->
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item -->
<li><strong>Identificar la norma europea vulnerada.</strong> Debe reconocer derechos individuales, no solo proteger un interés público general.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li><strong>Acreditar la gravedad de la infracción.</strong> Pesa que existiera jurisprudencia clara del TJUE y que el tribunal se apartara de ella.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li><strong>Pedir la cuestión prejudicial durante el pleito.</strong> La negativa no da derecho a indemnización por sí sola, pero puede servir como indicio de infracción grave.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li><strong>Probar el daño y su conexión directa con la infracción.</strong> Esa valoración la hace el juez nacional.</li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Las normas europeas de protección de los trabajadores, como la Directiva de transmisiones de empresas, superan el primer requisito. El TJUE no resuelve el litigio: fija los criterios y deja la decisión final al juez nacional.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><a href="https://plataformadeinterinos.org" data-type="link" data-id="https://plataformadeinterinos.org">Plataforma de Interinos España</a></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>20.11.2026</strong> <strong>Redacción.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/"></category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/todas-las-administraciones/interinos-cuando-debe-indemnizar-el-estado-si-un-tribunal-vulnera-el-derecho-de-la-ue/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Colectivos de interinos piden a Bruselas llevar a España ante el TJUE por el abuso de temporalidad</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/nacional/colectivos-de-interinos-piden-a-bruselas-llevar-a-espana-ante-el-tjue-por-el-abuso-de-temporalidad/</link>
                        <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Más de 50 organizaciones de interinos piden a Bruselas sancionar a España por el abuso de temporalidad y alertan del riesgo de perder 626,6 millones en fondos UE.



La Coalición Líneas Roja...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Más de 50 organizaciones de interinos piden a Bruselas sancionar a España por el abuso de temporalidad y alertan del riesgo de perder 626,6 millones en fondos UE.</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Coalición Líneas Rojas Innegociables contra el abuso de la temporalidad en el empleo público, que agrupa a más de medio centenar de asociaciones, ha reclamado este miércoles a la Comisión Europea que reactive el procedimiento de infracción contra España y lo eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), incluyendo una petición de sanción económica.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Este frente de organizaciones insta a Bruselas a rechazar la prórroga hasta marzo de 2027 solicitada por el Gobierno para cumplir sus compromisos de reducción de la temporalidad en las Administraciones y a exigir una solución que incluya reparación para el personal sometido durante años al abuso de contratos temporales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Para dar respaldo a estas demandas, el colectivo ha convocado una concentración para mañana jueves, 24 de septiembre, a las 11.00 horas, ante la sede de la Representación de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana de Madrid.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La movilización se celebrará de forma paralela a una reunión sobre empleo público temporal entre el Ministerio de Función Pública, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), según ha informado la coalición en una nota.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Desde la plataforma subrayan que acudir a la Comisión Europea es su “último recurso” tras once años de conflicto sin una respuesta eficaz por parte de las instituciones españolas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Las organizaciones denuncian que el Ejecutivo sigue sin aprobar un marco legal que garantice la reparación a quienes han sufrido abuso de temporalidad, obligando a miles de empleados públicos a acudir a los tribunales y a asumir en algunos casos condenas en costas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Asimismo, sostienen que los procesos extraordinarios de estabilización no han compensado adecuadamente a las personas afectadas, y responsabilizan de esta situación a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF por su participación en los acuerdos que dieron origen a dichas medidas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Riesgo de pérdida definitiva de fondos europeos</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La plataforma de interinos alerta también de que España se arriesga a la pérdida definitiva, y no sólo al bloqueo temporal, de 626,6 millones de euros asociados al hito 144 del Plan de Recuperación, que exige una normativa eficaz con sanciones disuasorias y medidas frente al abuso de la temporalidad en el sector público.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La coalición recuerda que el plazo vinculado a dicho hito expiró el pasado 31 de agosto sin que se alcanzara el nivel de cumplimiento exigido por las instituciones comunitarias.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Por ello, pide a la Comisión que mantenga la suspensión de estos recursos hasta que España se alinee con las exigencias europeas. Añade que el pasado 29 de junio concluyó el plazo del dictamen motivado emitido por Bruselas sin que el Gobierno adoptara correcciones suficientes, motivo por el que rechazan nuevos aplazamientos y han solicitado una reunión urgente con la Comisión Europea para exponer directamente sus propuestas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En junio, las organizaciones de personal público temporal integradas en esta coalición registraron en el Congreso de los Diputados un documento con sus “líneas rojas innegociables”, dirigido al Grupo Parlamentario Socialista, en el que detallan las condiciones mínimas que, a su juicio, debe cumplir cualquier reforma legislativa que pretenda resolver el abuso de temporalidad en el sector público español.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Entre esos requisitos figuran la inclusión de todos los colectivos afectados, la reparación efectiva de quienes han sufrido el abuso, la fijación de una sanción real para las Administraciones incumplidoras y la garantía de que la temporalidad abusiva no vuelva a consolidarse como práctica estructural.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">El Gobierno pide más plazo tras la sentencia del Supremo</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Ejecutivo ha solicitado a la Comisión Europea una ampliación del plazo, hasta marzo de 2027, para impulsar las reformas necesarias que erradiquen el abuso en la contratación temporal en el empleo público, según un comunicado difundido este lunes por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El departamento que encabeza Óscar López justifica su petición a Bruselas en que en los últimos meses se han dictado sentencias, como la del pasado 11 de mayo del Tribunal Supremo, que han introducido elementos nuevos sobre el tratamiento de la indemnización “que hay que analizar”, además de la necesidad de determinar con precisión cuántos empleados temporales se encuentran en situación de abuso en el conjunto de las administraciones.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El 29 de abril, la Comisión Europea concedió a España un plazo de tres meses —que concluyó el 29 de junio— para aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y corregir las deficiencias detectadas en dos expedientes, relativos a la discriminación de trabajadores temporales y al uso abusivo de estos contratos, advirtiendo de que, en caso contrario, podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Gobierno reclamó más tiempo a Bruselas, hasta marzo de 2027, para cumplir con sus compromisos de reducción de la temporalidad en el empleo público, alegando, entre otros motivos, la sentencia del Supremo hecha pública en mayo, en la que el Alto Tribunal descartaba transformar automáticamente en fijos a todos los empleados en abuso de temporalidad y limitaba esa posibilidad a quienes hubieran superado un proceso selectivo sin obtener plaza, al tiempo que fijaba un sistema de indemnizaciones para los trabajadores afectados.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En concreto, el Supremo estableció en dicho fallo que, cuando se extinga una relación laboral abusiva, el trabajador tendrá derecho a dos compensaciones diferentes y compatibles entre sí: la indemnización extintiva (en una cuantía “no exigua” en el caso de relaciones laborales anormalmente largas) y otra compensatoria por el abuso de temporalidad, que debe contemplar daños morales y materiales (las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haberse producido el abuso).</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Para los daños morales y de cara a los litigios que se planteen en el futuro, el Alto Tribunal fijó una indemnización mínima, tomando como referencia los criterios de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para la vulneración de los contratos temporales, que prevé multas, en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La imposición de una indemnización superior a esta cuantía mínima presuntiva exigirá que el trabajador acredite de forma concreta el perjuicio sufrido, por lo que la carga de la prueba recaerá sobre él, según el fallo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/l6f103" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/l6f103" target="_blank" rel="noreferrer noopener">democrata.es</a> <strong>23.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/"></category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/nacional/colectivos-de-interinos-piden-a-bruselas-llevar-a-espana-ante-el-tjue-por-el-abuso-de-temporalidad/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Los interinos colocan al Gobierno contra las cuerdas y piden a Europa que lleve a España ante el TJUE por abuso de la temporalidad</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/nacional/los-interinos-colocan-al-gobierno-contra-las-cuerdas-y-piden-a-europa-que-lleve-a-espana-ante-el-tjue-por-abuso-de-la-temporalidad/</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La Coalición Líneas Rojas Innegociables ha pedido a Bruselas que rechace la prórroga que ha solicitado el Ejecutivo hasta marzo de 2027.



La Coalición Líneas Rojas Innegociables contra el ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">La Coalición Líneas Rojas Innegociables ha pedido a Bruselas que rechace la prórroga que ha solicitado el Ejecutivo hasta marzo de 2027.</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La <strong>Coalición Líneas Rojas Innegociables</strong> contra el abuso de la <strong>temporalidad en el empleo</strong> <strong>público</strong>, que está compuesta por más de 50 organizaciones, ha mandado un mensaje a la Comisión Europea en el que piden desbloquear el procedimiento de infracción contra España y que el caso llegue al <strong>Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)</strong> al que <a href="https://www.noticiastrabajo.es/empleo/funcion-publica-prepara-sanciones-por-el-abuso-de-la-temporalidad-en-el-empleo-publico-que-afecta-a-casi-200000-interinos/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>piden una sanción económica</u></a>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Han insistido a Bruselas para que rechace la prórroga hasta el mes de marzo de 2027 que solicitó el Gobierno por medio del <strong>Ministerio de Función Pública</strong>, para tener más tiempo para cumplir los compromisos adquiridos para la reducción de la temporalidad en el sector público y piden que se lleve a cabo una <a href="https://www.noticiastrabajo.es/economia/la-justicia-reconoce-el-derecho-de-una-interina-cobrar-el-paro-porque-al-consolidar-su-plaza-y-lograr-la-plaza-fija-sufrio-una-reduccion-de-jornada/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>reparación para el personal afectado.</u></a></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Además, han convocado una manifestación este jueves 24 de septiembre a las 11:00 en la Representación de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esta protesta va a coincidir con una reunión sobre empleo público temporal en la que están citados el departamento de Óscar López, las <strong>Comunidades Autónomas (CCAA) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).&nbsp;</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La denuncia está centrada en que el Gobierno sigue sin aprobar un marco normativo que garantice la reparación a los trabajadores afectados por este <strong>abuso de</strong> temporalidad, <strong></strong>obligándoles a acudir a la vía judicial y a afrontar costas en algunos casos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los procesos extraordinarios de estabilización no han bastado para contentar a los afectados y señalan a los sindicatos <strong>CCOO, UGT y CSIF,</strong> a los que acusan de participar en los acuerdos de los que han surgido estas medidas.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">España se expone a perder 626,6 millones de euros</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La plataforma de interinos avisa de que España está expuesta a perder de manera definitiva y no sólo temporal, 626,6 millones de euros que están vinculados al hito 144 del Plan de Recuperación de la UE, en el que se pide una <strong>norma efectiva con sanciones disuasorias</strong> y medidas contra el abuso de la temporalidad en el sector público.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Como ha recordado esta organización, el plazo asociado a este punto terminó en el mes de agosto sin que se consiguiera lo que exigían los dos órganos comunitarios. Ahora, piden a Bruselas que se mantengan estos fondos hasta que España cumpla con lo que pide Europa, recordando que el 29 terminó el plazo del dictamen motivado que emitió la Comisión sin que se tomasen medidas suficientes, por lo que rechazan que se concedan nuevos aplazamientos y piden una reunión en la CE para trasladar sus propuestas.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Recientemente, presentaron en el Congreso de los Diputados una propuesta con <strong>“líneas rojas innegociables”</strong> dirigida al Grupo Parlamentario Socialista, donde aparecen las condiciones mínimas que debería cumplir cualquier reforma legislativa diseñada para este fin en el sector público español.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/avf460" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/avf460" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.noticiastrabajo.es</a> <strong>23.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/"></category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/nacional/los-interinos-colocan-al-gobierno-contra-las-cuerdas-y-piden-a-europa-que-lleve-a-espana-ante-el-tjue-por-abuso-de-la-temporalidad/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Es oficial: llega a los juzgados de Canarias un nuevo servicio para mayores de 65 años</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/es-oficial-llega-a-los-juzgados-de-canarias-un-nuevo-servicio-para-mayores-de-65-anos/</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Las personas de 80 años o más podrán recibir este acompañamiento incluso sin solicitarlo si el órgano judicial lo considera necesario



El Gobierno de Canarias ha regulado un nuevo sistema ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Las personas de 80 años o más podrán recibir este acompañamiento incluso sin solicitarlo si el órgano judicial lo considera necesario</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El <a href="https://diariodeavisos.elespanol.com/2026/09/prealerta-calor-canarias-3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gobierno de Canarias</a> ha regulado un <strong>nuevo sistema de apoyo en juzgados y fiscalías</strong> para personas <strong>mayores de 65 años y personas con discapacidad</strong>. La denominada “persona facilitadora” tendrá como función ayudarles a comprender los procedimientos, comunicarse con los profesionales de Justicia y participar en condiciones de igualdad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Decreto 145/2026, publicado este martes, 22 de septiembre, en el Boletín Oficial de Canarias (<a href="https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2026/190/3297.html" target="_blank" rel="noopener">BOC</a>), establece que las personas de 65 años o más podrán solicitar este acompañamiento cuando intervengan en un procedimiento judicial o ante el Ministerio Fiscal. En el caso de los <strong>mayores de 80 años</strong>, la asistencia podrá prestarse incluso aunque no la hayan solicitado previamente si se considera necesaria.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La medida también está dirigida a las personas con discapacidad y podrá extenderse durante <strong>todo el procedimiento judicial o fiscal</strong>. Su implantación será progresiva: comenzará en 2026 para los asuntos penales, llegará en 2027 a los órganos del orden civil y se extenderá en 2028 al resto de órganos judiciales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Qué hará la persona facilitadora en los juzgados de Canarias</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La figura está concebida para eliminar barreras de comprensión y comunicación. Su cometido será asegurarse de que la persona destinataria entiende qué está ocurriendo durante el procedimiento y puede tomar decisiones con la información necesaria.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Entre sus funciones se encuentra acompañar a la persona durante trámites y diligencias judiciales, ayudarla a prepararse para las actuaciones, colaborar en la obtención de testimonios y facilitar que comprenda el contenido de las resoluciones judiciales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>También podrá elaborar un perfil individualizado con las adaptaciones que necesita cada persona e informar a jueces, fiscales y otros profesionales sobre los apoyos que deben aplicarse.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El decreto deja claro que el facilitador <strong>no puede hablar en nombre de la persona asistida ni influir</strong> en sus decisiones o en el resultado del procedimiento. Su función se limita a facilitar la comunicación, la comprensión y la participación efectiva.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Siempre que sea posible y la persona destinataria no se oponga, se procurará que sea <strong>el mismo profesional</strong> quien la acompañe durante todo el procedimiento.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Mayores de 80 años: el apoyo puede activarse sin solicitud</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Una de las principales novedades afecta a las personas de <strong>80 años o más</strong>. Aunque la regla general establece que el interesado debe solicitar la designación del facilitador, en estos casos el órgano judicial podrá acordarla de oficio cuando considere que resulta necesaria.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>También podrá promoverla el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes del procedimiento.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Para las personas mayores de entre <strong>65 y 79 años</strong>, el decreto contempla el servicio cuando estas lo soliciten. En el caso de las personas con discapacidad, el tribunal o la Fiscalía también podrán acordar las adaptaciones cuando aprecien esa necesidad aunque la discapacidad no haya sido acreditada previamente mediante certificado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Quién podrá ejercer como facilitador</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Podrán ejercer esta función profesionales titulados en áreas como Derecho, Educación Social, Logopedia, Psicología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Pedagogía, Psicopedagogía o Criminología.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Además, deberán contar con formación o experiencia específica. Entre las vías previstas figuran acreditar un mínimo de <strong>200 horas de formación</strong> en atención a personas con discapacidad, disponer de un título específico de facilitador o acreditar al menos <strong>un año de experiencia laboral</strong> en centros o entidades dedicados a personas con discapacidad o mayores.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Canarias creará además un <strong>Registro Administrativo Canario de Personal Facilitador</strong>. Mientras entra en funcionamiento, la Consejería competente solicitará a colegios profesionales y entidades vinculadas a personas mayores y con discapacidad listas de profesionales que cumplan los requisitos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El decreto entrará en vigor <strong>20 días después</strong> de su publicación en el BOC, sin perjuicio del calendario progresivo establecido para su aplicación en los diferentes órdenes judiciales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/sad4310" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/sad4310" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariodeavisos.elespanol.com</a> <strong>22.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/"></category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/es-oficial-llega-a-los-juzgados-de-canarias-un-nuevo-servicio-para-mayores-de-65-anos/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos: tener razón nunca ha bastado</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-tener-razon-nunca-ha-bastado/</link>
                        <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Europa ha vuelto a desmontar la solución española al abuso de temporalidad. Los tribunales empiezan a reconocer indemnizaciones, pero funcionarios, laborales y estatutarios continúan recorri...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Europa ha vuelto a desmontar la solución española al abuso de temporalidad. Los tribunales empiezan a reconocer indemnizaciones, pero funcionarios, laborales y estatutarios continúan recorriendo caminos distintos</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Durante años, el problema de los <strong>interinos españoles</strong> ha tenido una curiosa característica: todo el mundo parecía dispuesto a solucionarlo siempre que la solución pudiera aplazarse hasta la siguiente sentencia del TJUE.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Llegó una sentencia. Luego otra. Después otra. Se aprobó una ley para arreglar lo que las anteriores reformas ya habían prometido arreglar. Y aquí estamos, en septiembre de 2026, discutiendo todavía qué hacer con quienes llevan años, o décadas, ocupando puestos estructurales mediante relaciones formalmente temporales. La burocracia española tiene estas delicadezas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El 14 de abril llegó <strong>Obadal</strong>, asunto C-418/24. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue bastante menos críptica de lo acostumbrado: la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones tasadas, los procesos de estabilización abiertos indiscriminadamente y un régimen de responsabilidad administrativa genérico no constituyen, tal como funcionan en España, un sistema capaz de sancionar adecuadamente el abuso y eliminar sus consecuencias. Dicho en castellano de administración de ventanilla: no basta con cambiarle la etiqueta al problema.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Sala Social del Tribunal Supremo empezó entonces a recoger los cristales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En su sentencia 475/2026, de 11 de mayo, admitió la fijeza para un supuesto concreto: trabajadores laborales que hubieran superado previamente un proceso selectivo para personal fijo, aunque no obtuvieran plaza, y sufrieran después abuso de temporalidad. Para los demás, el Supremo descartó la fijeza automática, pero asumió que el abuso no podía salir gratis.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La sentencia 578/2026, de 30 de junio, fue todavía más significativa. Consolidó una <strong>indemnización específica por abuso</strong>, distinta de la correspondiente a la extinción, destinada a reparar daños materiales y morales. Y añadió algo que durante años parecía pertenecer al género fantástico: si un tribunal aprecia abuso, debe ponerse en marcha también la respuesta inspectora y sancionadora.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los tribunales inferiores ya han empezado a hacer números. El TSJ de Asturias, reunido en Pleno, ha establecido como criterio indemnizaciones presuntivas por daño moral de <strong>2.500, 5.000, 7.500 y 10.000 euros</strong>, según la duración del abuso, sin perjuicio de cantidades superiores cuando se acrediten daños mayores. En uno de los casos reconoció 10.000 euros a una trabajadora que había soportado casi veinte años de temporalidad, aunque después hubiera obtenido la condición de fija.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero hay un pequeño detalle. Bueno, pequeño como una catedral.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Todo esto sucede fundamentalmente en la <strong>jurisdicción social</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Para los funcionarios interinos, la Sala Tercera mantiene una posición sensiblemente más clasista. La doctrina contencioso-administrativa continúa rechazando la conversión automática en funcionario de carrera y exige acreditar perjuicios para obtener indemnización. Incluso después de <em>Obadal</em>, ha mostrado escasa disposición a considerar que la sentencia europea obligue a desmontar su doctrina anterior. El resultado es bastante pintoresco: el mismo abuso administrativo puede encontrar respuestas distintas dependiendo del vínculo jurídico de la víctima.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Europa exige una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria. España responde, de momento: «depende de la jurisdicción que le haya tocado».</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y todavía quedan cartas en la baraja.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Tribunal Constitucional admitió el 21 de julio una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, es decir, sobre piezas esenciales de los procesos extraordinarios de estabilización. No ha resuelto el fondo, pero el mero planteamiento demuestra que el edificio construido para solucionar la temporalidad sigue rodeado de andamios.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y el 8 de septiembre el TJUE añadió otro ingrediente con <strong>Ferreira da Silva e Brito</strong>, C-293/24: la responsabilidad patrimonial del Estado puede entrar en juego cuando una resolución de un tribunal nacional de última instancia infringe suficientemente el Derecho de la Unión. La omisión injustificada de una cuestión prejudicial puede ser uno de los elementos a valorar. No significa que toda sentencia española discutible genere automáticamente una indemnización, pero el aviso institucional resulta difícil de ignorar.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Mientras tanto, Bruselas tampoco parece especialmente satisfecha. La Comisión emitió el 29 de abril un <strong>dictamen motivado contra España en el procedimiento INFR(2014)4334</strong>, considerando todavía insuficiente la protección frente al abuso de contratos temporales sucesivos en el sector público. El procedimiento sigue abierto.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y aquí aparece la cuestión que los interinos deberían observar con atención, aunque no sea estrictamente jurídica.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Tener razón jurídica y tener capacidad política son dos cosas completamente diferentes.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los tribunales pueden reconocer un abuso. Pueden indemnizar. Pueden plantear prejudiciales. Pueden condenar. Incluso Luxemburgo puede explicar por enésima vez que una sanción debe ser realmente sancionadora y no una amable invitación a procurar no volverlo a hacer.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero los jueces no redactan el Estatuto Básico del Empleado Público.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>No deciden el régimen general de indemnizaciones. No armonizan por sí solos funcionarios, estatutarios y laborales. No establecen presupuestos. No crean mecanismos automáticos de reparación. Y difícilmente van a solucionar mediante decenas de miles de pleitos individuales un problema que el propio Estado ha construido durante décadas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Eso pertenece al legislador.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>De hecho, el asunto ya ha entrado nuevamente en el Congreso. Existe una pregunta parlamentaria presentada el 30 de junio que reclama al Gobierno precisamente qué medidas piensa adoptar para terminar con el abuso, reparar a los afectados y cumplir las obligaciones europeas. A fecha de publicación de esta pieza, su contestación gubernamental está pendiente y el plazo parlamentario alcanza el 23 de septiembre.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ahí aparece la diferencia entre ser <strong>demandante</strong> y ser <strong>actor político</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ser actor político no significa necesariamente fundar un partido, presentarse a las elecciones ni entregar el voto a nadie. Significa algo bastante más elemental: convertirse en un colectivo identificable, transversal y capaz de situar una cuestión concreta en la agenda de quienes legislan.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Un colectivo organizado puede preguntar a cada grupo parlamentario qué propone hacer con la indemnización por abuso, con los funcionarios interinos, con los estatutarios, con la responsabilidad de las administraciones incumplidoras o con la desigualdad actual entre jurisdicciones. Y puede comprobar después qué iniciativas presenta cada uno y cómo vota.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Eso no sustituye a los tribunales. Los complementa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La paradoja es deliciosa: después de tantos años buscando una sentencia definitiva, quizá el mayor descubrimiento de los interinos sea que <strong>la sentencia definitiva no existe</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Existe el TJUE. Existe el Supremo. Existe el Constitucional. Existe la Comisión Europea. Y existen miles de procedimientos individuales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero existe también el BOE. Y, para bien o para mal, todavía no lo redactan los jueces.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/g91080" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/g91080" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> <strong>24.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/"></category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-tener-razon-nunca-ha-bastado/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Lourdes Arastey, juez española en el TJUE: «La cuestión prejudicial es la piedra angular del sistema jurídico europeo»</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/lourdes-arastey-juez-espanola-en-el-tjue-la-cuestion-prejudicial-es-la-piedra-angular-del-sistema-juridico-europeo/</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lourdes Arastey, juez española del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, durante su intervención en el II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social



Ningún juez ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Lourdes Arastey, juez española del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, durante su intervención en el II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ningún juez español dicta ya sentencia en materia laboral completamente al margen de Luxemburgo. Esa es, en esencia, la idea que <strong>Lourdes Arastey,</strong> juez española del <strong>Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)</strong>, llevó ayer al II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, celebrado en Madrid y organizado por el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><em>«La <strong>cuestión prejudicial</strong> es la piedra angular del sistema jurídico europeo»,</em> afirmó, resumiendo en una frase el mecanismo que, sentencia a sentencia, ha ido reescribiendo buena parte del Derecho laboral español.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Arastey explicó que este procedimiento constituye el principal cauce de diálogo entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cuando un juez nacional debe resolver un litigio y alberga dudas sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión, puede dirigirse directamente al TJUE para que precise cómo debe entenderse la norma europea.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El tribunal europeo no resuelve el pleito nacional ni interpreta la legislación interna: fija el sentido del Derecho de la Unión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Después corresponde al juez que planteó la cuestión aplicar esa respuesta al litigio y determinar si la norma nacional puede interpretarse de forma compatible o debe dejarse inaplicada por el <strong>principio de primacía</strong>, que <strong>establece que, en caso de conflicto entre una norma nacional y el Derecho de la Unión Europea, este último prevalece.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">EL JUEZ NACIONAL TAMBIÉN ES JUEZ EUROPEO</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>«El juez nacional es, al mismo tiempo, juez de la Unión», subrayó Arastey al describir un sistema de <strong>competencias compartidas</strong>: <strong>el TJUE garantiza una interpretación común del Derecho europeo y los jueces nacionales lo aplican en los asuntos que tienen ante sí.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La trascendencia de una sentencia prejudicial no se limita al procedimiento en el que nació la pregunta. <strong>La interpretación fijada por el TJUE vincula también a los restantes tribunales de los 27 Estados</strong> miembros que deban resolver un problema semejante, y sus efectos alcanzan además al legislador, a los gobiernos y a las administraciones públicas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cuando una norma o una práctica nacional resulta incompatible con el Derecho europeo, el Estado debe corregirla. <em>«El Derecho de la Unión no constituye un cuerpo extraño, ni algo complementario o auxiliar»,</em> afirmó Arastey.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La magistrada recordó, además, que los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no admiten recurso están <strong>obligados</strong> a plantear una cuestión prejudicial cuando existe una duda relevante de interpretación y no concurre una excepción reconocida por la jurisprudencia europea. Incumplir esa obligación puede llegar a comprometer la responsabilidad del Estado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Este diálogo judicial ha sido especialmente decisivo en el ámbito social. <strong>Los jueces españoles,</strong> señaló Arastey, <strong>han remitido cuestiones sobre tiempo de trabajo, vacaciones retribuidas, despidos colectivos, contratación temporal, trabajo a tiempo parcial, discapacidad, igualdad o coordinación de los sistemas de Seguridad Social.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image -->
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/10/LOURDES-ARASTEY-FINAL-2-900x600-1.jpg" alt="" class="wp-image-31377" /></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Arastey subrayó que, 40 años después de la entrada de España en las Comunidades Europeas, el Derecho laboral español ya no puede analizarse al margen de la jurisprudencia del TJUE. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE AL COMPLEMENTO DE PENSIONES</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Uno de los ejemplos</strong> más claros es el de la <strong>extinción automática del contrato tras el reconocimiento de una incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El TJUE declaró <strong>en 2024</strong> que la normativa española no podía permitir la terminación automática de la relación laboral sin que la empresa examinara antes la posibilidad de realizar ajustes razonables o de ofrecer un puesto compatible con la nueva situación de la persona trabajadora.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ese pronunciamiento estuvo en el origen de la <strong>Ley 2/2025, de 29 de abril</strong>, que modificó el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la automaticidad de esa extinción, condicionándola, entre otros factores, a la imposibilidad de adaptar el puesto, a la inexistencia de una vacante adecuada o a que los ajustes representen una carga excesiva para la empresa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Para Arastey, el caso demuestra que una cuestión prejudicial puede trascender el litigio concreto y provocar una modificación legislativa con efectos generales sobre empresas y trabajadores.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La juez se detuvo también en la evolución del <strong>complemento de maternidad</strong> de las pensiones contributivas. En <strong>diciembre de 2019</strong>, el Tribunal de Justicia concluyó que reservarlo exclusivamente a mujeres que hubieran tenido al menos dos hijos constituía una discriminación directa por razón de sexo cuando los hombres se encontraban en una situación comparable.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La respuesta administrativa española dio lugar a nuevos litigios: durante un tiempo, los hombres tuvieron que acudir a los tribunales para obtener el complemento, mientras que las mujeres podían acceder a él por vía administrativa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>En 2023</strong>, <strong>el TJUE consideró que esa diferencia generaba una discriminación adicional de carácter procesal,</strong> porque obligaba a los varones a litigar para conseguir un derecho que debía reconocerse conforme a la interpretación europea.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La sucesión de sentencias, reformas y nuevas cuestiones prejudiciales evidencia que la obligación de adaptar el Derecho nacional no se agota con una primera resolución.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Arastey citó igualmente el incumplimiento de España en la transposición de la directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores</strong>, un ejemplo que le sirvió para advertir de los problemas que genera una incorporación tardía, fragmentada o poco clara de las normas europeas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><em>«Tenemos muchas cosas muy desordenadas y es muy difícil después saber de qué estamos hablando»</em>, señaló, reclamando mayor claridad en la forma en que España comunica y ejecuta las medidas de transposición.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image -->
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/10/LOURDES-ARASTEY-3-1066x600-1-1024x576.png" alt="" class="wp-image-31378" /><figcaption class="wp-element-caption">Arastey invocó el principio de primacía del Derecho de la Unión: cuando una norma española entra en conflicto con el Derecho europeo, debe ceder ante él, y es la norma europea la que el juez nacional tiene que aplicar. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.</figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">EL CASO OBADAL: LOS LÍMITES DEL «INDEFINIDO NO FIJO»</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La intervención abordó también la temporalidad en el sector público y la figura del <strong>trabajador indefinido no fijo</strong>. En el asunto Obadal, resuelto por la Gran Sala del TJUE el pasado 14 <strong>abril</strong>, <strong>el Tribunal declaró que convertir una relación temporal abusiva en indefinida no fija no constituye por sí solo una respuesta adecuada, porque mantiene la inseguridad del trabajador.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Tribunal europeo añadió que tampoco parecen suficientes, aisladamente, determinadas indemnizaciones tasadas, un régimen de responsabilidad administrativa ambiguo o procesos selectivos que no estén específicamente diseñados para reparar el abuso sufrido.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La valoración definitiva de las medidas nacionales corresponde, no obstante, al <strong>Tribunal Supremo español</strong>, que deberá aplicar ahora ese criterio a los litigios pendientes sobre temporalidad en el empleo público.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En el turno de preguntas, Arastey aportó un dato sobre el origen de esta figura: según explicó, el concepto de <strong>trabajador indefinido no fijo</strong> nació de una sentencia suya cuando estaba destinada en la Sala de lo Social del <strong>Tribunal Superior de Justicia de Cataluña</strong>, y fue el Tribunal Supremo quien tomó posteriormente esa idea para construir la doctrina jurisprudencial que hoy se conoce.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">EUROPA, «EL ÚLTIMO REDUCTO» DE LOS DERECHOS SOCIALES</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Arastey cerró su intervención con una llamada a mirar más allá del marco nacional. <strong>Los derechos laborales españoles, defendió, forman parte de un sistema europeo común,</strong> y su protección depende tanto de las instituciones de la Unión como de los jueces, legisladores y administraciones de cada Estado miembro.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><em>«Defendamos esos derechos»</em>, reclamó, porque Europa, afirmó, empieza a convertirse en <em>«el último reducto»</em> de muchos de ellos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La cuestión prejudicial aparece así no como una técnica procesal reservada a especialistas, sino como el instrumento que permite que una duda planteada en un juzgado nacional termine transformando una ley, una práctica administrativa o la protección efectiva de miles de trabajadores.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/ta1877" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/ta1877" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CONFILEGAL</a> <strong>18.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/"></category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/lourdes-arastey-juez-espanola-en-el-tjue-la-cuestion-prejudicial-es-la-piedra-angular-del-sistema-juridico-europeo/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos: la vergonzosa lotería de los profesores</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/educacion/interinos-la-vergonzosa-loteria-de-los-profesores/</link>
                        <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Despedidos en junio y recontratados en septiembre: la trampa de las administraciones con 260.000 profesores interinos que arruina las aulas, destruye la calidad de la educación y enfurece a ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Despedidos en junio y recontratados en septiembre: la trampa de las administraciones con 260.000 profesores interinos que arruina las aulas, destruye la calidad de la educación y enfurece a la Unión Europea</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cada mes de septiembre se repite la misma escena. Un ejército de más de <strong>260.000 profesores interinos</strong> prepara la mochila y vuelve a ponerse en marcha. Es la <strong>gran rueda de la precariedad</strong> de nuestro país, un bucle infinito que triplica con creces los límites de temporalidad permitidos por la Unión Europea. Y mientras tanto, las administraciones miran para otro lado..., como si la cosa no fuera con ellas. Incluso, algunas presumen de impunidad, como si fueran banqueros.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Llega el otoño y los telediarios nos venden el regreso a las aulas como un gran triunfo de la contratación pública. Mentira. Es un bulo en toda regla.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>A esta marea de profesionales se la despide en junio, sin miramientos, para ahorrarse la nómina del verano y aliviar las cuentas de los gobiernos regionales. Luego, entre septiembre y octubre, se les vuelve a llamar con bombos y platillos. Un truco de ingeniería contable que <strong>tapa la sangría del desempleo cuando termina la temporada turística en las playas</strong>. Un trasvase directo de desempleados del chiringuito a la pizarra.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El resultado es demoledor: la temporalidad en las aulas roza el 25%, cuando en Europa permite un máximo del 8%. Mientras los distintos gobiernos exigen a las empresas privadas contratos fijos y rigor laboral, es el propio Estado quien practica el fraude de ley con total impunidad. Pasaron más de cinco años desde que la Moncloa prometió a Bruselas meter la tijera a este disparate, pero todo sigue exactamente igual.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y claro, esta ruleta rusa acaba pasando factura en las aulas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Lo dicen los expertos y lo refleja el informe PISA. Es absolutamente irreal construir&nbsp;un proyecto educativo sólido si el profesor no sabe en qué pueblo o en qué ciudad&nbsp;va a trabajar el curso siguiente. Es un nomadismo agotador. Maestros que cambian de colegio cada nueve meses, niños que pierden a su tutor de referencia y familias que tienen que empezar de cero cada septiembre. Imposible atender bien a los alumnos con necesidades especiales o bajar las ratios en estas condiciones.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Por si fuera poco, el trato cambia según el código postal donde te toque dar clase. En el País Vasco o Navarra basta con trabajar cinco meses y medio para cobrar los meses de verano. Pero ¡ah!, si te toca dar clase en Extremadura o Murcia, la exigencia sube a más de ocho meses. Si no llegas, a la calle y a hacer cola en la oficina del SEPE para pedir el subsidio. Es el propio Estado pagando paros estivales para encubrir su incapacidad para conceder la fijeza a esos interinos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pues bien, la paciencia en Bruselas se ha terminado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El <strong>Tribunal de Justicia de la Unión Europea</strong> lleva tiempo avisando y dando tirones de orejas que la burocracia española pretende ignorar. Las directivas comunitarias son claras: no se puede encadenar a un trabajador interino año tras año para cubrir un puesto que es estructural. Y hacer oposiciones a cuentagotas tampoco arregla el estropicio ni compensa el daño a los afectados.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>España camina con los ojos cerrados hacia un choque frontal con la justicia europea. Un hachazo en forma de sanciones e <strong>indemnizaciones milmillonarias</strong> que, como de costumbre, pagarán todos los españoles. Porque hasta que Europa no rasque de verdad el bolsillo de las administraciones con multas históricas, la noria de la precariedad docente no dejará de girar. Y en esa rueda nos dejamos la dignidad de los profesores y el futuro de nuestros hijos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/40i618" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/40i618">diarios</a><a href="https://acorta.net/wp/go/40i618" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/40i618" target="_blank" rel="noreferrer noopener">a</a><a href="https://acorta.net/wp/go/40i618" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/40i618">bemos.com</a> <strong>21.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/"></category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/educacion/interinos-la-vergonzosa-loteria-de-los-profesores/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>La Justicia abre la vía a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años en empleados públicos canarios</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/galicia/la-justicia-abre-la-via-a-indemnizaciones-de-hasta-10-000-euros-por-cada-tres-anos-en-empleados-publicos-canarios/</link>
                        <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una sentencia señala que obtener una plaza fija después no elimina necesariamente el derecho a ser indemnizado



Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) abre la pu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Una sentencia señala que obtener una plaza fija después no elimina necesariamente el derecho a ser indemnizado</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) abre la puerta a que los empleados públicos que hayan sufrido una situación prolongada de temporalidad abusiva puedan reclamar hasta 10.000 euros por cada periodo completo de tres años en esa situación. El criterio, aunque procede de la Justicia gallega, <strong>puede tener repercusión en futuras reclamaciones</strong> de trabajadores públicos de otras comunidades, incluidas Canarias.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Sala de lo Social del TSXG ha establecido este criterio en dos recientes resoluciones en las que reconoce 10.000 euros por daños morales a dos trabajadores que <strong>permanecieron más de 15 y 22 años,</strong> respectivamente, en una situación de temporalidad considerada abusiva.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La importancia de las sentencias va más allá de las cantidades concedidas en estos dos casos. El tribunal considera que la compensación <strong>destinada a reparar el abuso</strong> puede calcularse tomando como referencia la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) y establece un parámetro temporal vinculado al artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>De acuerdo con este criterio, por cada periodo completo de tres años de abuso podría corresponder un nuevo importe de hasta 10.000 euros, aunque la cuantía deberá graduarse en función de las circunstancias concretas de cada trabajador y de los daños que pueda acreditar.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">Conseguir una plaza fija no borra el perjuicio</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Otro de los aspectos relevantes de las sentencias es que la posterior estabilización del trabajador no elimina necesariamente su derecho a reclamar por el abuso sufrido durante los años anteriores.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El TSXG parte de la doctrina reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo, que exige que las medidas adoptadas frente al abuso de la contratación temporal sean efectivas y permitan ofrecer una respuesta adecuada al perjuicio ocasionado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En este sentido, <strong>el tribunal diferencia</strong> entre poner fin a la situación de temporalidad y reparar el daño provocado durante el periodo en el que se produjo el abuso. La obtención posterior de una plaza estable puede tenerse en cuenta para valorar la cuantía del daño moral, pero no supone por sí sola que desaparezca el perjuicio anterior.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">Consecuencias</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El criterio resulta especialmente relevante para los empleados públicos que han encadenado durante años contratos o nombramientos temporales antes de lograr, en su caso, la estabilidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Desde Unive Abogados destacan el posible alcance de estas resoluciones para futuras reclamaciones, especialmente por establecer un parámetro temporal que permite relacionar la duración del abuso con la indemnización.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Las sentencias también acuerdan remitir testimonio a la <strong>Inspección de Trabajo y Seguridad Social</strong> para que valore la posible apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores contra las Administraciones implicadas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El criterio del TSXG refuerza así las consecuencias económicas que puede tener el mantenimiento durante años de empleados públicos en situaciones de temporalidad abusiva, aunque deberá ser confirmado y perfilado por futuros pronunciamientos judiciales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong><a href="https://acorta.net/wp/go/kql314" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/kql314" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> www.canarias7.es</a> <strong>01.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/"></category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/galicia/la-justicia-abre-la-via-a-indemnizaciones-de-hasta-10-000-euros-por-cada-tres-anos-en-empleados-publicos-canarios/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Obadal, tercera parte: el Supremo resuelve el caso pero no la problemática</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/todas-las-administraciones/obadal-tercera-parte-el-supremo-resuelve-el-caso-pero-no-la-problematica/</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Nota: Este artículo constituye la tercera entrega de una serie dedicada al análisis de la evolución jurisprudencial derivada de la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026 (Obadal, C‑418/24...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading"><strong>Nota:</strong> <strong>Este artículo constituye la tercera entrega de una serie dedicada al análisis de la evolución jurisprudencial derivada de la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026 (</strong><em>Obadal</em><strong>, C‑418/24). Los artículos se pueden revisar de nuevo en dos enlaces incluidos en este articulo</strong>.</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Por: <strong><a href="https://www.linkedin.com/in/ana-alvarez-franquet-077048107/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Ana Álvarez Franquet. Abogada de Gabinete Jurídico de U.G.T. Catalunya</strong></a></strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>De la doctrina del abuso a la doctrina de los remedios</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><a href="https://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/obadal-o-el-fracaso-del-sistema-cuando-europa-exige-y-el-supremo-resiste-1.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 2026 (<em>Obadal</em>, asunto C‑418/24) abrió una nueva etapa en la construcción jurídica de la temporalidad abusiva en el empleo público español</a>. Su relevancia va mucho más allá del litigio concreto que dio lugar a la cuestión prejudicial, pues ha obligado a revisar los mecanismos de tutela que durante años habían articulado la respuesta del ordenamiento español frente al abuso.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Las posteriores sentencias del Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 11 de mayo y 30 de junio de 2026 constituyen el primer intento de reconstrucción sistemática de ese modelo. Sin embargo, la verdadera dimensión de la doctrina <em>Obadal</em> no se encuentra ya exclusivamente en dichas resoluciones, sino en la forma en que los Tribunales Superiores de Justicia están desarrollando y aplicando sus postulados.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Si la primera fase de la saga <em>Obadal</em> estuvo centrada en la existencia del abuso y la segunda en la desaparición del indefinido no fijo como instrumento de reacción frente al mismo, la tercera gira en torno a una cuestión distinta: la suficiencia de los remedios diseñados por la jurisprudencia española para satisfacer las exigencias de efectividad, proporcionalidad y disuasión derivadas de la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>La desaparición del indefinido no fijo</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La consecuencia más visible de la doctrina posterior a <em>Obadal</em> ha sido la desaparición del indefinido no fijo como categoría central de reacción frente a la temporalidad abusiva.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Durante más de dos décadas esta figura ocupó una posición nuclear en la jurisprudencia social española. Su función consistía en ofrecer una solución intermedia entre la estabilidad laboral y el respeto a los principios constitucionales de acceso al empleo público. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó evidenciando sus limitaciones. No eliminaba la precariedad, no impedía la extinción futura de la relación laboral y difícilmente podía considerarse una medida disuasoria para la Administración incumplidora.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La doctrina del Tribunal Supremo asume ahora esa insuficiencia y sustituye el antiguo modelo por otro sustentado en tres elementos esenciales: la excepcionalización de la fijeza, la responsabilidad indemnizatoria y la actuación sancionadora de la Inspección de Trabajo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>No estamos únicamente ante la desaparición de una figura jurisprudencial. Estamos ante la sustitución de un modelo de tutela.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>La separación entre acceso al empleo público y sanción del abuso</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La aportación dogmática más relevante de la Sala Cuarta reside probablemente en la diferenciación entre el acceso al empleo público y la reacción frente al abuso.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Según esta construcción, la adquisición de la condición de personal fijo continúa vinculada a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad consagrados en los artículos 23.2 y 103.3 CE. Por el contrario, la respuesta frente al abuso deriva de las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión y, en particular, por la Directiva 1999/70.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Esta separación conceptual permite sostener que la constatación del abuso no conduce necesariamente al reconocimiento de la fijeza.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Sin embargo, la cuestión doctrinal permanece abierta. La cláusula 5 del Acuerdo Marco no exige una medida concreta de reparación, pero sí que los mecanismos nacionales sean efectivos y disuasorios. Por ello, el debate jurídico se desplaza desde la admisibilidad abstracta de cada remedio hacia la valoración de su suficiencia práctica.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>La excepcionalización de la fijeza</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La aplicación de esta doctrina por los Tribunales Superiores de Justicia revela una interpretación particularmente restrictiva de la fijeza.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La sentencia del TSJ de Cataluña de 6 de julio de 2026, magistrado ponente Raúl Uría, constituye un perfecto ejemplo. La Sala rechazó la pretensión de fijeza pese a apreciar abuso de temporalidad, al considerar que no concurría el requisito exigido por la doctrina del Tribunal Supremo: la previa superación de un proceso selectivo para empleo fijo respetuoso con los principios constitucionales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La consecuencia es jurídicamente relevante. La intensidad del abuso deja de constituir el elemento determinante para acceder a la medida de tutela más intensa. El reconocimiento de la fijeza pasa a depender de circunstancias vinculadas al acceso al empleo público y no directamente a la conducta abusiva de la Administración.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Se trata de una construcción coherente con la lógica constitucional del acceso al empleo público, aunque sigue planteando dudas acerca de su adecuación al estándar de tutela exigido por el Derecho de la Unión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>El nacimiento de una responsabilidad indemnizatoria autónoma</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><a href="https://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/obadal-despues-de-obadal-el-dia-en-que-desaparecio-el-indefinido-no-fijo-y-el-abuso-siguio-intacto-1.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La principal novedad de la jurisprudencia posterior a <em>Obadal</em> quizá no se encuentre en la delimitación de los supuestos de fijeza, sino en la progresiva aparición de una responsabilidad indemnizatoria autónoma vinculada a la propia situación de temporalidad abusiva.</a></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Tradicionalmente, el daño resarcible aparecía asociado a la extinción de la relación laboral. Las resoluciones más recientes parecen avanzar hacia una concepción distinta: la propia permanencia prolongada en una situación incompatible con el Derecho de la Unión pasa a constituir una fuente autónoma de responsabilidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Así ocurre en la sentencia del TSJ del País Vasco de 26 de julio de 2026, ponente el magistrado Juan Carlos Benito-Butrón, en la que las trabajadoras habían obtenido la condición de personal fijo mediante los procesos extraordinarios de estabilización previstos en la Ley 20/2021 y continuaban prestando servicios en idénticas condiciones. No existía pérdida del empleo ni un perjuicio patrimonial acreditado. Pese a ello, la Sala reconoció una indemnización de 5.500 euros por daños morales derivados de la situación de temporalidad abusiva sufrida durante años.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La relevancia de este pronunciamiento es indudable. El perjuicio indemnizable deja de identificarse exclusivamente con la pérdida del puesto de trabajo y comienza a vincularse con la propia permanencia prolongada en una situación de precariedad e incertidumbre incompatible con las exigencias del Derecho de la Unión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Esta evolución resulta especialmente visible en sentencias que reconocen indemnizaciones incluso cuando la persona trabajadora ha accedido finalmente a la condición de personal fijo y no acredita un perjuicio patrimonial específico.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Desde esta perspectiva, el daño ya no deriva exclusivamente de la pérdida del puesto de trabajo, sino de la situación de incertidumbre y precariedad generada por la utilización abusiva de relaciones temporales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Nos encontramos ante una construcción doctrinal que aproxima el abuso de temporalidad a categorías tradicionalmente vinculadas a la responsabilidad por incumplimiento de deberes de protección.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>La eficacia disuasoria como verdadero juicio de validez</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La cuestión decisiva ya no es la coherencia interna del modelo diseñado por la Sala Cuarta, sino su eficacia real.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La jurisprudencia europea no exige únicamente mecanismos resarcitorios. Exige instrumentos capaces de prevenir futuras situaciones de abuso y de sancionar adecuadamente las ya producidas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Por ello, la valoración definitiva de la doctrina <em>post Obadal</em> no podrá realizarse exclusivamente desde parámetros de técnica jurídica. Su auténtica prueba será empírica.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Si las nuevas indemnizaciones, la actuación de la Inspección de Trabajo y los restantes mecanismos construidos por la jurisprudencia consiguen reducir de forma significativa la temporalidad estructural en las Administraciones Públicas, podrá sostenerse que el sistema español se aproxima a las exigencias derivadas de la Directiva 1999/70.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Si, por el contrario, el fenómeno persiste en términos similares a los actuales, el debate sobre la suficiencia de los remedios volverá inevitablemente a plantearse.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading"><strong>De los remedios a la responsabilidad</strong></h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><a href="https://www.lawandtrends.com/noticias/derecho-ue/aviso-para-los-interinos-una-sentencia-del-tjue-habilita-ante-un-error-de-cualquier-tribunal-supremo-nacional-reclamar-1.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La reciente sentencia de la Gran Sala del TJUE de 8 de septiembre de 2026 (<em>Ferreira da Silva e Brito</em>, asunto C‑293/24) añade una dimensión adicional a este debate</a>. El Tribunal recuerda que los Estados miembros pueden responder por los daños causados por resoluciones judiciales de última instancia que infrinjan de forma suficientemente caracterizada el Derecho de la Unión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Aunque la resolución no versa sobre temporalidad abusiva, introduce una reflexión relevante. Durante años la discusión se centró en la existencia del abuso. Más tarde se trasladó a la identificación de los remedios. La cuestión que comienza ahora a emerger es si esos remedios satisfacen realmente las exigencias del Derecho de la Unión y cuáles podrían ser las consecuencias derivadas de una eventual respuesta negativa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Quizá el debate europeo esté empezando a desplazarse desde la temporalidad abusiva hacia la responsabilidad institucional derivada de una tutela insuficiente frente a ella.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>Conclusión</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La jurisprudencia posterior a <em>Obadal</em> ha transformado profundamente el debate jurídico sobre el empleo público temporal.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La cuestión ya no consiste en determinar si existe abuso de temporalidad ni en discutir la supervivencia del indefinido no fijo. El centro de gravedad se sitúa ahora en la suficiencia de los remedios diseñados para combatirlo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Sala Cuarta ha elaborado una construcción más sofisticada que las precedentes y ha intentado compatibilizar las exigencias del Derecho de la Unión con los principios constitucionales de acceso al empleo público. Sin embargo, continúan abiertos interrogantes esenciales: la suficiencia disuasoria de las indemnizaciones, la adecuación de la excepcionalización de la fijeza y la posible incidencia futura de la doctrina europea sobre responsabilidad del Estado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Quizá esa sea la principal enseñanza de esta tercera fase de la saga <em>Obadal</em>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Tribunal Supremo ha resuelto el litigio que dio origen a la cuestión prejudicial. Lo que todavía está por determinar es si ha conseguido resolver el problema estructural que se encuentra en su origen.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/s471059" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/s471059" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.lawandtrends.com </a><strong>17.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/"></category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/todas-las-administraciones/obadal-tercera-parte-el-supremo-resuelve-el-caso-pero-no-la-problematica/</guid>
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                        <title>Nueva sentencia por abuso de la temporalidad: la Justicia falla que el Cabildo de Tenerife debe hacer fijas a cuatro sanitarias</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/canarias/nueva-sentencia-por-abuso-de-la-temporalidad-la-justicia-falla-que-el-cabildo-de-tenerife-debe-hacer-fijas-a-cuatro-sanitarias/</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Todas las demandantes se presentaron a convocatorias públicas de empleo, pero no obtuvieron plaza. En los últimos años ocupaban contratos de interinidad por plaza vacante que se prorrogaron ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Todas las demandantes se presentaron a convocatorias públicas de empleo, pero no obtuvieron plaza. En los últimos años ocupaban contratos de interinidad por plaza vacante que se prorrogaron “sin justificación”</h5>
<!-- /wp:heading -->

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<p>Cuatro <strong>auxiliares de enfermería</strong> han logrado que la Justicia les dé la razón en su pleito ante el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) dependiente del <strong>Cabildo de la isla.</strong> La magistrada titular de la plaza Nº 7 del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha fijado además una indemnización de 2.000 euros a cada una de las demandantes <strong>“por el abuso en la temporalidad”.</strong></p>
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<p>Según la sentencia, las trabajadoras prestaban servicios para el IASS con una acumulación de 31, 79, 69 y 99 contratos temporales respectivamente. Todos estos contratos fueron iniciados entre los años 2005 y 2012.</p>
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<p>Además, todas las demandantes se presentaron a convocatorias públicas de empleo fijo del IASS (mediante concurso-oposición) pero pese a que aprobaron el proceso selectivo no obtuvieron plaza al aprobar más personas que plazas ofertadas. Por ello, se realizaron listas de reserva para aspirantes que hayan superado todas las pruebas de la fase de oposición, “que serán contratados, siguiendo el orden de puntuación final en el proceso selectivo, según las necesidades y modalidades de contratación que se demanden, con carácter laboral interino y/o temporal”.&nbsp;&nbsp;</p>
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<p>En la sentencia se expone que en los últimos puestos ocupaban contratos de interinidad por plazas vacantes que se prorrogaron durante más de 3 a 5 años (entre 2020 y 2021) en hospitales como el Febles Campos, Nuestra Señora de Los Dolores, Santísima Trinidad y la residencia de Ofra.</p>
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<p>Durante el proceso, el IASS se opuso a las demandas de las trabajadoras que reclamaban ser consideradas fijas y una indemnización. El organismo alegaba que “los procesos selectivos a los que se presentaron las actoras y superaron sin obtener plaza por lo que no es aplicable lo previsto en la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2026 para declarar la fijeza dado que nos encontramos ante un proceso en el que deben concurrir méritos”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>“Atendiendo a las bases de los procesos selectivos convocados por el IASS , y al resultado obtenido por las demandantes en el mismo, se ha de concluir que las demandantes ”superaron“ en los términos del debate, tal proceso selectivo para personal fijo, porque lo que tenía carácter eliminatorio era la fase de oposición, no la de concurso”, subraya la jueza.</p>
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<p>La consecución de la fijeza no deriva, por tanto, solamente del mérito y la capacidad, sino sobre todo del factor aleatorio de haber sufrido un abuso en la contratación temporal, lo cual ciertamente podría suscitar problemas a efectos del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, o del principio de transparencia o el criterio objetivo de la equidad a que se refiere el artículo 7.1.a) Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 (suscrita tanto por España como por la Unión Europea) para la contratación de los empleados públicos“, detalla la sentencia.</p>
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<p>La jueza remarca la circunstancia de que el proceso selectivo se articulase mediante el sistema de concurso-oposición no determina, por sí sola, que “deba ser considerado un proceso de acceso al empleo temporal a los efectos de la doctrina jurisprudencial invocada como apuntó el letrado de la demandada o que limitara o hiciera menos llamativa la concurrencia a dicho proceso a los ciudadanos aspirantes”.</p>
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<p>“Las convocatorias tenían expresamente por objeto la cobertura con carácter fijo de plazas de Auxiliar de Enfermería, sometiéndose a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad” y, añade que “las demandantes superaron el proceso selectivo, sin obtener plaza por no alcanzar la puntuación necesaria, quedando integradas en una lista de reserva para posteriores contrataciones temporales”, pero &nbsp;la contratación temporal posterior no constituye la naturaleza del proceso selectivo que las demandantes superaron, sino una consecuencia de no haber obtenido una de las plazas fijas convocadas“.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

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<p>Recuerda asimismo que la doctrina de la sentencia del Supremo de 11 de mayo de 2026 establece que, cuando el trabajador ha superado un proceso selectivo para el acceso a personal fijo, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y posteriormente se produce un abuso en la temporalidad, la conversión de la relación en fija no resulta contraria a los principios constitucionales de acceso al empleo público. “La razón no reside en que el procedimiento sea exclusivamente de oposición, sino en que se haya superado un proceso de acceso al empleo público fijo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El hecho de que dicho proceso se configure como concurso-oposición no excluye esta conclusión, pues lo determinante es que su objeto sea el acceso a plazas de carácter fijo y que el procedimiento garantice aquellos principios”, subraya.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

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<p>En consecuencia, “habiendo superado las demandantes un proceso selectivo convocado para la cobertura de plazas de personal laboral fijo y acreditado posteriormente el abuso en la temporalidad, no puede acogerse la objeción formulada por el IASS basada exclusivamente en la naturaleza de concurso-oposición del proceso, resultando aplicable la doctrina jurisprudencial referida”, destaca la jueza.</p>
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<p>Por ello, procede estimar la demanda y reconocer a las demandantes la condición de trabajadoras fijas por abuso de la contratación temporal.</p>
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<p>No obstante, la jueza rechaza reconocer los&nbsp;10.000 euros solicitados por cada una de ellas, “al no haberse acreditado circunstancias adicionales que, conforme a los criterios expuestos, justifiquen alcanzar dicha cuantía”.</p>
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<p>Para el sindicato C-SIF, que ha amparado a las trabajadoras en la demanda, esta resolución “reconoce la fijeza de una trabajadora del ámbito sanitario como medida efectiva frente al abuso de la temporalidad, en aplicación de la normativa europea y de la reciente evolución de la jurisprudencia; así como una indemnización acumulada por los daños morales causados”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

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<p>El sindicato destaca que “supone un nuevo varapalo al IASS de Tenerife que se ha prodigado en abusar de una forma alarmante en las contrataciones temporales inusualmente largas en fraude de temporalidad”.</p>
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<p>CSIF insiste en que que este procedimiento “no solo representa una victoria personal de las afectadas, sino también un reconocimiento a todos los trabajadores que durante años han sostenido los servicios públicos en condiciones de temporalidad abusiva”.</p>
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<p>Fuente: <a href="https://acorta.net/wp/go/uun0108" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/uun0108" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.eldiario.es/canariasahora </a>14.09.2026</p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
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