Estima de forma parcial un recurso del sindicato CGT por no reservar en la oferta de empleo un cupo de plazas para personas con discapacidad

Nuevo revés para el Gobierno a cuenta, una vez más, de los interinos. El Tribunal Supremo vuelve a anular parcialmente un concurso convocado por el Ejecutivo para estabilizar interinos en la Administración General del Estado, algo que ya sucedió también el pasado mes de febrero. Y lo hace por el mismo motivo: por no reservar un cupo de plazas para las personas con discapacidad, cuando la ley marca que un 7% de las ofertas de empleo públicas se guarden para este colectivo vulnerable.

Así, el Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de CGT (Fetap-CGT) contra el decreto por el que aprueba la oferta para la estabilización del empleo público en la Administración General del Estado, correspondiente a la Ley de 2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad, según informó este jueves el sindicato en un comunicado.

El Supremo, aunque rechaza por «imprecisa» y «confusa» la mayor parte de la demanda presentada por el sindicato, que también pedía anular toda la oferta de empleo público para el año 2022, declara solo la nulidad de una parte del real decreto de estabilización de interinos por no haber reservado el cupo que prevé la ley para personas con discapacidad en la convocatoria para personal funcionario, tal y como hizo para el personal laboral. Por el contrario, desestima el recurso en todo lo demás, según la sentencia, con fecha 16 de julio, a la que ha tenido acceso este periódico.

Más concretamente, el Supremo estima que dicho real decreto es «ilegal por omisión», al no extender en el sistema de selección por concurso ninguna reserva de plazas para discapacitados.

El ministerio dirigido por José Luis Escrivá considera que se trata de una sentencia continuista con otros pronunciamientos anteriores y está estudiando ya cómo ejecutar esta sentencia.

Escrivá, el «principal culpable»

El sindicato había apelado también por la falta de aplicación de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, que «sigue sin estar transpuesta en el sector público», quedando las administraciones públicas excluidas en cuando las consecuencias del incumplimiento de los límites temporales el trabajador temporal público. Del mismo modo, el sindicato apeló por las plazas ocupadas por personas en abuso de temporalidad y el incumplimiento del cupo de discapacidad en los puestos de la Administración, algo que el Supremo no ha aceptado.

Sin embargo, Fetap-CGT lamentó que el Tribunal Supremo no acepte las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque señaló que la realidad de la Administración «ya no se puede ocultar».

Asimismo, el sindicato acusó al Ministerio para la Transformación Pública y de Función Pública y a su dirigente, el ministro Escrivá, de ser el «principal culpable», aunque precisó que Escrivá tiene «una nueva oportunidad para cumplir» mediante el anteproyecto de ley de Función Pública, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 16 de julio de 2024.

Fuente: diariosur.es 18.07.2024

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) al anular el Real Decreto que aprobaba la estabilización de 93 plazas de lajs interinos. 

En concreto, es el Real Decreto 408/2022 de 24 de mayo por el que se aprobaba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado. 

UPSJ decidió recurrirlo al considerar que la selección por el sistema de concurso contravenía el artículo 442.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 29.1 del Reglamento del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 

Ambos artículos hacen referencia a que, para acceder al cuerpo, de debe hacer mediante los sistemas de oposición y de concurso-oposición. 

Además también explicaron que no se había respetado la reserva del 5% de plazas para personas con discapacidad, ya que de las 93, tan sólo 1 estaba destinada a este colectivo. Para UPSJ, ello vulneraba tres artículos de la Constitución y la Directiva 2000/78/CE sobre igualdad de trato en el empleo. 

El caso lo han resuelto los magistrados Luis María Díez-Picazo (ponente), Pablo Luchas Murillo, María del Pilar Teso, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero en la sentencia 1052/2024 de 13 de junio.

LA DECISIÓN DEL SUPREMO

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo comentaron que la oferta de empleo público, efectivamente, vulneraba el artículo 442.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así como que contravenía el estatuto jurídico de los LAJ, el cual está incluido dentro de la reserva de ley orgánica del artículo 122 de la Constitución.

Por lo que la determinación del sistema de selección de los Letrados de la Administración de Justicia sólo puede ser hecho por ley orgánica, nunca por ley ordinaria como era la Ley 20/2021 en la que se ampara el Real Decreto recurrido.

Respecto al porcentaje de plazas para personas con discapacidad, los magistrados llegaron a la conclusión de que ese porcentaje no se había respetado. Por lo que han declarado nulo ese Real Decreto.

Desde UPSJ han reclamado al Gobierno que las plazas correspondientes a este real decreto nulo se incorporen a la oferta de empleo que se negociando estos días, así como que se cubran por el mecanismo ordinario de oposición por turno libre y promoción interna.

En declaraciones a Confilegal, Xoán Xosé Yáñez, portavoz de UPSJ ha explicado que esta sentencia es muy relevante para el cuerpo del lajs por dos motivos.

UNA SENTENCIA «MUY RELEVANTE» PARA LOS LAJS

Por un lado, porque reconoce que sólo existen dos vías para acceder al cuerpo, la oposición y excepcionalmente el concurso-oposición por estar establecido así en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que conforme al artículo 122 de la Constitución, es la única norma que puede regular dicho acceso. «Lo que deja fuera el concurso de méritos». 

Y, en segundo lugar, porque reconoce la legitimidad de una asociación de funcionarios públicos para defender la correcta y puntual aplicación de las normas que rigen ese cuerpo. «Cuestión que nos ha llevado más de una vez a conflicto con el Ministerio de Justicia», ha detallado.

Yáñez ha comentado que UPSJ, como muchas otras organizaciones, se ha mostrado crítica con el proceso de estabilización de empleo temporal que ha permitido el acceso a la función pública sin examen de muchos interinos desatendiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Lo que no ocurrirá gracias a esta sentencia en el cuerpo de letrados y letradas».

Fuente: CONFILEGAL 19.06.2024

07/02/2024 El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha puesto en marcha un proyecto denominado AGEdigit@al, que tendrá como objetivo la mejora en las competencias digitales de los funcionarios del Estado. Este refuerzo en la cualificación digital de los empleados públicos está previsto en el componente 11 del Plan de Recuperación, dedicado a la 'Modernización de las Administraciones Públicas'.

Lavanguardia.com (SERVIMEDIA) 06.02.24

El departamento que dirige José Luis Escrivá ha puesto en marcha para hacerlo realidad el proyecto AGEdigit@l. Este martes publicó en el BOE la licitación de un contrato por un valor estimado de 6,68 millones de euros para implantar una “solución global de formación y certificación sobre las competencias digitales de los empleados públicos”.

De acuerdo con el anuncio de licitación, recogido por Servimedia, la plataforma de e-learning alojada en la nube tendrá como fin “la mejora continua e individualizada de las competencias digitales de cada participante permitiendo el ‘reskilling’ y ‘upskilling’ de los empleados públicos de manera sencilla”.

El desarrollo del proyecto implica proveer al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de “un ecosistema de formación en línea, soporte y mantenimiento posterior del mismo, así como diversos servicios necesarios para la puesta en marcha y desarrollo de la solución formativa global”.

El pasado 28 de enero, en su primera comparecencia parlamentaria como ministro de Transformación Digital para explicar sus planes principales para esta legislatura, Escrivá señaló la potenciación de la digitalización de la Administración pública como uno de los tres pilares de actuación de su departamento para este periodo, junto al impulso de la Inteligencia Artificial y el desarrollo de las capacidades tecnológicas del país.

En materia de función pública, el ministro afirmó que la mejora en los servicios digitales de la Administración irá acompaña de un impulso a la formación de los funcionarios, en la que se enmarca este proyecto AGEdigit@l que ahora toma cuerpo en el BOE.

Fuente: laadministracionaldia.inap.es

La Administración Pública va a cambiar por completo: tanto los procesos para entrar en ella, como el modo en que trabajarán los funcionarios. Una funcionaria de carrera, que se ha formado en el nuevo sistema de competencias, lo explica a ‘Noticiastrabajo’.

El trabajo de funcionario y empleado público, tal y como lo entendemos actualmente, está a punto de cambiar radicalmente. Con la convalidación del Real Decreto 6/2023, se aprobaron una serie de medidas que van a reformar por completo la Administración Pública pero, paradójicamente, desde el Gobierno no están informando de estos cambios como cabría esperar, a pesar del paradigma que se avecina. 

Lo explica una propia funcionaria de carrera de la Comunidad de Madrid, Teresa Gálvez, a ‘NoticiasTrabajo’, que trabaja actualmente en la revisión del gasto público. Conoce cómo funciona la Administración Pública desde dentro, pero también se ha formado para explicarla a todos aquellos que quieren formar parte de ella, autora del manual técnico “Cómo opositar, todas las claves para los procesos de estabilización, consolidación y funcionarización”. Su misión, ahora, es la de informar de lo que se avecina tanto a los futuros funcionarios como a los que ya están dentro.

Estos cambios se tratan, especialmente, de la “evaluación del desempeño” y la “evaluación por competencias”. Pero, primero de todo, ¿por qué van a producirse? Lo lógico sería decir que la Administración Pública en España lleva años estancada, es un modelo obsoleto que necesita de una gran reforma (sobre la que el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, destacó los puntos más relevantes recientemente) pero también porque era algo que se le imponía desde Bruselas si querían recibir el cuarto pago de los fondos Next Generation. 

Evaluación por competencias: así es el modelo europeo que implantará España

Desde 2009, Bruselas implantó un sistema muy específico para entrar en las instituciones europeas, unos puestos públicos muy codiciados. A la hora de diseñarlo, solicitaron a los propios empleados qué habilidades y competencias eran necesarias para que alguien trabajase en las mismas, a través de un cuestionario interno que contó con 1.500 participantes. A raíz de esto, dieron con 8 competencias generales que debían demostrar todos los futuros aspirantes. Estas son las llamadas competencias ‘EPSO’, que son: 

1. Pensamiento crítico, análisis y resolución creativa de problemas
2. Toma de decisiones y obtención de resultados.
3. Alfabetización digital y adaptabilidad (gestión de la información)
4. Autogestión.
5. Trabajo en equipo.
6. Aprendizaje como capacidad.
7. Comunicación.
8. Espíritu emprendedor dentro de la organización.

Todas ellas han sido las bases para entrar en las instituciones europeas desde 2009. Generalmente, explica Teresa, evalúan de las ocho a los candidatos a través de tres pruebas excluyentes, que no corresponden al modelo teórico instaurado en las administraciones españolas. La primera es una prueba que se hace desde casa, “te ponen un texto y tienes que acreditar que lo entiendes de forma lógica, con raciocinio, con capacidad de abstracción y con capacidad de análisis. Que eres capaz de analizar y correlacionar la información”. 

Los que aprueban pasan a una prueba de conocimiento de materia. En caso de superarla, se pasaría a una prueba de caso práctico. “Luego hay cuerpos que tienen otras pruebas determinadas. Pero estas tres son el patrón común, ya sea para entrar a la Comisión, al Parlamento, al Consejo…”. En todas, también, hay que demostrar que se tienen competencias digitales: “saber conectarse online, tener el software cargado en tu ordenador, ser capaces de desarrollar un texto, hacer un informe , buscar información por internet, resumir datos , saber volcar esos datos, responder y tratar email, manejar un drive…”. Y hace especialmente hincapié en un matiz: no se trata solo de ofimática, es más que eso: proteger a la empresa para que no se produzcan brechas internas, saber navegar, buscar información y trabajarla, usar aplicaciones como Trello, Teams… Esto es lo que quieren extrapolar a España, para conseguir la “Administración del Siglo XXI”.

Prueba piloto en Valencia

Es en 2021 cuando se comunica que el modelo europeo se va a trasladar a España, del que Valencia ha hecho una prueba piloto. Para ello, crearon un equipo destinado a ver qué necesitaba la Administración del Siglo XXI en España, reduciendo notablemente el temario, con temas muy seleccionados y enfocados a lo que necesita un empleado público. 

Partiendo de esta base, las pruebas que se ejecutaron fueron las siguientes: 

• Cuestionario tipo test, mediante el que los aprobados ingresaron automáticamente en la Comunidad Valenciana. 
• Realización de un curso de un mes.
• Rotación durante 4 meses por diferentes departamentos. Durante este periodo, se le asignaron por grupitos, otorgándoles una serie de papeles: “tú eres un ciudadano enfadado, tú el de recursos humanos, tú un inspector… y han ido evaluándoles cómo reaccionan en cada una de estas situaciones (había psicólogos evaluando)”. De ese modo, analizaban sus capacidades de comunicación, liderazgo o la resolución de problemas, entre otras.
• Superación de una evaluación positiva (contaban con un tutor, que los declaraba como aptos o no aptos).
• Caso práctico. En un ordenador, les dejaban abierta la bandeja de un correo electrónico (simulando la que se podrían encontrar en su futuro puesto), y debían manejar y baremar todo el contenido. Debían saber cómo resolver las consultas, a qué perfil había que enviar cada email recibido… Es decir, demuestran resolver las tareas que exige el puesto y, además, tener competencias digitales.

Los que superaban todo este procedimiento, eran nombrados funcionarios de carrera. La intención de Bruselas, explica Teresa, “es que se demuestre que uno es competente y hábil para hacer un trabajo. No solo que se tienen los conocimientos”. Europa exige que los funcionarios y empleados públicos tengan la capacidad de aprendizaje, de saber adaptarse a los nuevos desafíos. Por ejemplo, ahora con la Inteligencia Artificial. 

“Este tema va a crear un gran problema en los opositores”

La transposición de este modelo se ha retrasado en el tiempo, lo que obliga que ahora se implante en un periodo muy corto de tiempo. Desde 2019, son 6 los ministros que han dirigido el Ministerio de Función Pública, en manos ahora de Escrivá, que debería implantar el nuevo sistema por competencias, teóricamente, en 2025. Las preguntas de Teresa están claras: “¿Cómo lo vais a hacer? Y, por favor, decírselo a la gente”, reivindica. 

Este modelo está pendiente de desarrollo reglamentario, pero se tiene que implantar obligatoriamente, de ahí la urgencia de Teresa de que se adelanten estos cambios, de que se avise a los opositores y a los actuales funcionarios, ya que estos también se aplicarán en la promoción interna. Sobre sus consecuencias, también avisa sin rodeos: “¿este tema va a crear un gran problema en los opositores? Absolutamente”.

Evaluación por desempeño

La evaluación por desempeño era algo que ya se contemplaba en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en la versión original de 2007 y en el texto refundido de 2025. Para la recepción de los fondos Next Generation, España se compromete a llevarla a cabo, tanto para evaluar al personal funcionario como al personal laboral. A grandes rasgos, Teresa explica que es “una traslación de lo que se está haciendo en el sector privado”.

Esta evaluación se realizará una vez al año y, mediante la misma, van a marcar una serie de objetivos, del mismo modo que evaluarán la conducta de estos trabajadores. Si la valoración es positiva, tendrá una serie de beneficios, donde entra la carrera horizontal: esta consiste en un sistema de ascenso de 4 tramos consecutivos mediante el que se puede conseguir un aumento salarial sin tener que promocionar.

Este sistema de tramos tiene el objetivo de reconocer el desarrollo profesional de los funcionarios, y se definirán como etapas sucesivas de reconocimiento del desarrollo profesional resultado “de una evaluación objetiva y reglada”. A falta de conocer su desarrollo reglamentario, sí que se conoce que se van a tener en cuenta los siguientes factores: la trayectoria profesional, los resultados de la evaluación del desempeño, el cumplimiento de un itinerario de formación y, si la hubiera, la participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación. 

A cada uno de estos escalones, le corresponderá un complemento, que es el llamado complemento de carrera, aunque se exige unos periodos para pasar de uno a otro: para acceder al primero, se pedirá cinco años de carrera y, para ir pasando por el resto, pedirán seis. Junto a este, se encuentra el complemento por desempeño (sustituye al actual de productividad), que es el que se recibirá en caso de que los resultados de las evaluaciones sea positivo. Superarlas también ayudará en el tema de movilidad. 

La otra cara de la moneda es que, quienes no las superen, podrán perder su puesto de trabajo, pero no su condición de funcionario. Además, el empleado en cuestión entraría previamente en un período de formación, como detalla el Real Decreto. Así pues, no se trata de un despido total, aunque se estudió que lo fuera, sino que se podría perder la continuidad en el puesto que se venía desempeñando.

¿Cómo se realizará esta evaluación por desempeño? También queda pendiente de su desarrollo reglamentario, aunque Teresa intuye que quedará en manos de los jefes: “yo lo he sobreentendido”. Será, para ella, un tema muy delicado, ya que “la administración se podría externalizar en una gran parte”. Esta evaluación, además, supondrá un cambio en el concepto de funcionario que mantenían todos los españoles hasta el momento: “Nosotros antes entrábamos en la administración y éramos inamovibles, eso ahora, con la evaluación por desempeño, tiene otros matices”.

Pese a ello, la gente no lo sabe: “la administración lleva trabajando con el mismo modelo un siglo. Y ahora de repente pasas al modelo de competencias, europeo, y por otro, que vamos a hacer una evaluación por desempeño”. Dos grandes cambios que, teniendo en cuenta que la evaluación la harán personas, ¿tendrá matices subjetivos? “En mi opinión sí. Primero, seamos francos, esto genera inseguridad. Sería interesante que la administración ofreciera formación, para explicar “esto es la evaluación por competencias”, queremos gente que sea proactiva, polivalente… Hay que decirle a la gente, os vamos a evaluar de esto y, si no lo sabéis, vais a tener que hacer cursos”. 

Sobre esto último, hay otra novedad: se van a crear itinerarios formativos obligatorios y formación voluntaria: “el que quiera hacer carrera administrativa, tendrá que formarse”, advierte, avisando de que se van a buscar “funcionarios proactivos en formación permanente, que se reciclen”. Todo esto, eso sí, como hemos repetido, deberá tener un desarrollo reglamentario, para lo que se celebrarán reuniones entre la administración y los sindicatos. Luego se tendrá que crear una comisión del tema de la evaluación por desempeño: “lo que se ha aprobado son las bases y esto tiene que coger forma”. 

Pero, aun así, insiste: “la administración debería darle voz, proporcionar formación”. En esta reforma de la Administración Pública, el Real Decreto 6/2023 también recoge una agilización de los procesos selectivos. Se acabaron, o así asegura el Gobierno, los procesos eternos. También se va a eliminar la tasa de reposición, que limitaba las Ofertas de Empleo Público. Una batería de medidas que, ¿mejorarán la administración una vez implantadas? “Debería hacerlo, el problema es que son muchos cambios en muy poco tiempo”, culmina rotunda Teresa.

Fuente: noticiastrabajo.huffingtonpost.es

Más de un 22% del personal de la Administración General del Estado tiene más de 60 años y el porcentaje sube hasta el 60% con los mayores de 50 años

“Ahora fantaseamos con ser funcionarios”, apunta la periodista Beatriz Serrano en una reciente entrevista en elDiario.es sobre su último libro en el que habla de la difícil relación de los jóvenes con las estructuras del mercado de trabajo. Más allá de esta idea, los datos muestran que el sector público adolece de un problema generacional, pero no por la base de los jóvenes, sino por los de mayor edad. La reciente actualización de la base de datos de los trabajadores del sector público constata que en apenas cinco años se jubilará casi el 22% de las plantillas.

La llegada de población joven al sector público serviría de impulso para un sector ampliamente envejecido. El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas es el referente de la Secretaría de Estado de Función Pública en cuanto al número de trabajadores que conforman el sector público en España. Esto incluye a funcionarios, personal laboral, interinos, trabajadores temporales, o en prácticas. Si bien, el detalle de edad se encuentra únicamente en los ministerios, organismos y entidades que conforman la Administración General del Estado.

En este sector son algo más de 200.000 trabajadores. De ellos, casi 43.600 trabajadores tienen más de 60 años, cerca de la edad de jubilación. Esto se traduce en que casi uno de cada cuatro trabajadores del sector público del Estado se encuentra próximo a su retiro, lo que hace más urgente un relevo generacional durante los próximos años. Hay menos trabajadores de menos de 40 que mayores de 60.

El problema generacional se hace más notable cuando se incluyen otros colectivos en este análisis. Si en lugar de a cinco años, la mirada se amplía a un horizonte de 15 años, la situación se agrava más. El grupo de trabajadores que tiene ahora más de 50 años y que, en ese plazo se prevé su jubilación, roza el 60% de toda la fuerza laboral del sector público estatal.

Si de este análisis se dejan fuera a los organismos, entes y empresas públicas, teniendo en cuenta únicamente el personal de los ministerios, el problema sigue persistiendo. Si bien el porcentaje decrece un poco, se mantiene por encima del 20% el número de trabajadores que se habrán jubilado de aquí a un lustro. La situación es especialmente llamativa en algunos departamentos como el de Defensa, donde el 36% del personal supera los 60 años. Le siguen, a distancia, otros ministerios como Inclusión, Transportes o Industria, todos ellos por encima del 24%.

Defensa, el ministerio con más personal al borde de la jubilación

Porcentaje de trabajadores de los ministerios con más de 60 años

El problema no es nuevo y el Gobierno es consciente. Desde hace años publica un informe anual en el que actualiza la evolución del envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado. Buena parte de la culpa en este aumento del desfase generacional en el sector público se encuentra en los recortes que se produjeron durante la crisis de 2008 y que también afectaron a la Función Pública en España.

Durante aquellos años, el gobierno del PP restringió la publicación de ofertas de empleo público y estas no llegaban a cubrir siquiera la salida de personal jubilado. Según el último informe publicado por la Secretaría de Estado de Función Pública enfocado en el envejecimiento del funcionariado, entre 2014 y 2021 salieron casi 64.000 trabajadores. En ese periodo, apenas se incorporaron 32.000. Este recorte provocó una subida acelerada de la edad media de los empleados públicos entre 2013 y 2019, pasando de 48,95 años a 51,61. En los últimos años, con unas ofertas que ya iban más allá de cubrir las salidas por jubilación, la edad se ha reducido ligeramente a 51,3 años.

La edad media del Gobierno central creció durante la crisis

Edad media de los trabajadores de la Administración General del Estado

Esa sustitución de los trabajadores que se jubilan es lo que se conoce como tasa de reposición. Cada año, el Gobierno fija el porcentaje que se puede cubrir de las salidas de los de mayor edad. Durante los años de recortes, el porcentaje fue inferior al 100%, mientras que en los últimos años, se ha situado por encima. Es decir, se crean plazas más allá de las jubilaciones. Este porcentaje se utiliza como un mecanismo de control para evitar el sobredimensionamiento de la administración por parte de los distintos niveles. Sin embargo, todos los sindicatos coinciden en reivindicar el final de este porcentaje porque, según defienden, limita la creación de empleo en el sector público para cubrir problemas generados por la escasa reposición del pasado.

Organizaciones como UGT o Csif han planteado en los últimos días la gestión del envejecimiento de las plantillas como una de las cuestiones más urgentes que se debe abordar por parte de la secretaría de Estado de Función Pública, que recientemente ha cambiado de ministerio y de responsable, siendo ahora Clara Mapelli la encargada. Entre otras cuestiones, además de la eliminación de las tasas de reposición, plantean la necesidad de modernizar y hacer más atractivos los procesos de selección y de entrada al sector público.

Casi tres millones de trabajadores públicos

El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas se actualizó la pasada semana tras meses sin renovarse. Los últimos datos publicados hacían referencia a julio de 2022 y se han incorporado los cambios hasta el mismo mes de 2023. Aunque con menor detalle, al no desgranar aspectos como la edad, el informe da datos sobre todas las administraciones públicas, incluyendo a las comunidades, ayuntamientos o cabildos. Todos estos colectivos rozaron al cierre de este informe los tres millones de empleados, incluyendo funcionarios, personal laboral, interinos o trabajadores temporales.

El número de trabajadores públicos roza los 3 millones

Número de trabajadores de todas las administraciones por tipo de contrato

Esta cifra ha protagonizado distintas informaciones en los últimos días por el fuerte crecimiento respecto a un año antes. En concreto, la cifra absoluta se ha incrementado en más de 236.000 trabajadores en tan solo doce meses, una cifra que ha llamado la atención. Sin embargo, este crecimiento se debe a un nuevo modelo para contabilizar trabajadores públicos, que ha hecho aflorar a profesionales que hasta ahora no se contabilizaban. El departamento de Función Pública, ahora dependiente del Ministerio de Transformación Digital, ha comenzado a incluir al personal que está en formación y en prácticas en el sector público.

El mayor afloramiento de este tipo de puestos de trabajo en las estadísticas del sector público ha sido en el apartado de las administraciones autonómicas. Acumulan un incremento de un año a otro de 228.000 trabajadores. No en vano, son las comunidades las que suman el mayor cuerpo laboral de las administraciones en España. Son 1,8 millones de los 2,9 millones de trabajadores del sector público. Durante los últimos tiempos, la derecha ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de maquillar datos de paro con la creación de puestos de trabajo en el sector público. Si bien, en un año solo se ha aumentado en 12.000 trabajadores el perímetro de la Administración General del Estado.

Fuente: eldiario.es

Hasta 250.000 empleados públicos podrán ejercer desde casa de manera temporal, previa autorización de sus superiores.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, pretende reforzar el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) para ahorrar energía. Desde Función Pública instarán a los jefes de departamento a que confeccionen una lista de aquellos empleados públicos con posibilidad de trabajar a distancia y se les habilitará un permiso especial de hasta tres días en esta modalidad para minimizar el consumo de gasolina y otros carburantes. Así lo aprobó en mayo el Consejo de Ministros, tras el que Montero ha recordado que esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania.

Dentro de ese plan, ha detallado, se establecerán esos tres días de teletrabajo de forma general aunque serán los subsecretarios de cada ministerio quienes determinen qué puestos podrán entrar dentro de esta opción. Actualmente el 13,1% de los trabajadores de toda la economía española realizan algún tipo de teletrabajo a la semana, según los últimos datos del INE. Asimismo, y dentro de un paquete de iniciativas para organizar el trabajo en la AGE, se va a incentivar el uso del transporte público entre los funcionarios, así como el uso de la bicicleta con más aparcamientos específicos.

Junto a estas medidas, Montero ha explicado que el plan también contempla otro paquete de iniciativas para un uso más racional de los edificios públicos como establecer horarios de apagados y encendidos, nuevos niveles de iluminación, controles de temperatura más exigentes o identificar lugares donde se van a instalar placas fotovoltaicas para autoconsumo.

Asimismo, se desarrollarán programas de formación y sensibilidad sobre ahorro de energía y movilidad. La guerra de Ucrania, ha señalado Montero, ha obligado a reaccionar y acelerar el proceso para adoptar medidas que tengan efecto inmediato. España, ha añadido, está entre los países con menor dependencia de Rusia "pero no a salvo del encarecimiento de la energía".

Fuente: elperiodico.com

• El Gobierno aprobó en el mes de mayo una ayuda para aquellas personas que estén opositando para la Administración General del Estado, que muy pronto podrá solicitarse a través de la web. Estos son todos los detalles. 
• Hasta 1.243 euros al mes de ayuda por el IMV: los casos en los que puedes cobrar esta cuantía de la Seguridad Social​
• El SEPE exige haber cotizado seis años por desempleo para poder cobrar el subsidio de mayores de 52 años.
• Esta es la nueva ayuda de hasta 600 euros que pueden solicitar los artistas.

Opositar resulta incompatible con la vida para aquellos que no pueden permitirse dejar de trabajar para estudiar durante meses o incluso años. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha aprobado una ayuda para los opositores, que puede alcanzar los 7000 euros anuales brutos, en función de la situación socioeconómica y del tipo de oposición. 

¿Quién puede solicitar la ayuda?

Esta medida pretende cubrir los gastos económicos -o al menos, una parte- de aquellos que estén preparándose los exámenes para acceder a la Administración General del Estado (AGE), que, precisamente, ha visto aumentada sus vacantes desde la aprobación por parte del Gobierno de la mayor oferta de empleo público hasta la fecha, con cerca de 40.000 plazas para trabajar en la Seguridad Social o en Hacienda. 

Por tanto, uno de los requisitos para ser beneficiario de esta ayuda es opositar a alguno de los siguientes cuerpos: 

- Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

- Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado

- Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

Además, para probar la preparación a las oposiciones, se deberá demostrar la inscripción a un centro especializado (aquellos que se dediquen públicamente a la preparación de pruebas) o contar con uno o varios preparadores. Sin embargo, no se podrá disfrutar de la ayuda si se cuenta con otro tipo de subvención con el mismo objeto. 

Cuantía de la ayuda

La resolución publicada en el BOE recoge que se convocan 100 becas por importe cada una de ellas de hasta 7000 euros anuales, sin embargo, esta variación dependerá, en gran medida, del nivel de renta de los solicitantes, con el objetivo de eliminar barreras socioeconómicas. 

La vara de medir será el sistema de puntos, según el cual, aquellos que se encuentren en el umbral 1 contarán con seis puntos, quienes pertenezcan al umbral 2 tendrán cuatro puntos y, por último, al umbral 3 se le otorgarán 2 puntos. 

Umbral 1

• Familias de un miembro: 8.422,00 euros.
• Dos miembros: 12.632,00 euros.
• Tres miembros: 16.843,00 euros.
• Cuatro miembros: 21.054,00 euros.
• Cinco miembros: 24.423,00 euros.
• Seis miembros: 27.791,00 euros.
• Siete miembros: 31.160,00 euros.
• Ocho miembros: 34.529,00 euros.

Umbral 2

• Familias de un miembro: 13.236,00 euros.
• Dos miembros: 22.594,00 euros.
• Tres miembros: 30.668,00 euros.
• Cuatro miembros: 36.421,00 euros.
• Cinco miembros: 40.708,00 euros.
• Seis miembros: 43.945,00 euros.
• Siete miembros: 47.146,00 euros.
• Ocho miembros: 50.333,00 euros.

Umbral 3

• Familias de un miembro: 14.112,00 euros.
• Dos miembros: 24.089,00 euros.
• Tres miembros: 32.697,00 euros.
• Cuatro miembros: 38.831,00 euros.
• Cinco miembros: 43.402,00 euros.
• Seis miembros: 46.853,00 euros.
• Siete miembros: 50.267,00 euros.
• Ocho miembros: 53.665,00 euros.

Además, se reservará un porcentaje del 7% del total de estas ayudas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que acrediten el mismo y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas que deban desempeñar. 

Cuándo y cómo solicitar la ayuda

Esta beca podrá solicitarse a partir del próximo 24 de julio hasta el 4 de agosto de este mismo año, ambos inclusive, a través del formulario que estará disponible ese día en la web: https://solicitudesbecas.inap.es/

Entre los documentos que se solicitarán para su tramitación se encuentran: 

- Memoria de actuación justificativa de que has realizado la actividad de preparación de oposición, con indicación de las acciones concretas realizadas y de los resultados obtenidos. 

- Certificado de la persona o el centro que dirijan tu preparación, de que la persona beneficiaria ha estado preparando las oposiciones.

- Documentación económica que justifique la actividad de preparación: facturas de compra de materiales de estudio, pago de tasas para participar en el proceso selectivo correspondiente y admisión al mismo, facturas de desplazamiento...

Para finalizar el proceso de solicitud, el interesado deberá firmar con firma electrónica.

Fuente: 20minutos.es

El tribunal rechaza un recurso contra el proyecto de ley aprobado en 2021 para reducir la temporalidad del empleo público hasta el 8%, que prevé que los interinos con cinco años de antigüedad puedan optar a una plaza de funcionario sin opositar.

El Tribunal Supremo ha rechazado una posible inconstitucionalidad del proyecto de ley que el Gobierno aprobó en 2021 para reducir la tasa de temporalidad del empleo público hasta el 8% con medidas como que los interinos con cinco años de antigüedad puedan optar a plaza de funcionario de carrera sin opositar.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha rechazado un recurso del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, al considerar que "no incurren" las infracciones que la entidad achaca a este proyecto de ley ni a la posterior oferta de empleo público para la estabilización del trabajo temporal en la Administración. Por ello, la sentencia tumba la demanda e impone a la recurrente las costas del proceso.

En concreto, el proyecto de ley aprobado en 2021 establece que las Administraciones tendrán la potestad para convocar por el sistema de concurso, "con carácter excepcional" y "una sola vez", una serie de plazas a las que podrán concurrir trabajadores que las estén ocupando "con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016".

Ante esta novedad, el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local interpuso un recurso porque consideraba que esta ley "es una regulación excepcional que desplaza el régimen ordinario por una sola vez y sitúa en mejor posición a quienes tienen como mérito el ejercicio en régimen de interinidad frente al resto de los aspirantes, incluso frente a los funcionarios de carrera".

Asimismo, la organización entendía que esta ley no era aplicable a la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional porque tiene "un sistema selectivo concreto", y alegaba que no estaba "justificada" esta "discriminación" porque ha sido "la actuación de la Administración y del legislador la que ha provocado la existencia de gran cantidad de nombramientos en interinidad". "No ha convocado suficientes plazas ni ha hecho ningún esfuerzo de reorganización de los puestos y de asistencias de las Diputaciones Provinciales", apostillaba el recurso, presentado en 2022.

Sin embargo, estas alegaciones no han convencido al Supremo, que subraya que, "aunque se deba esta situación a que no se han convocado plazas suficientes y no se ha hecho esfuerzo alguno de reorganización de los puestos y de asistencia a las Diputaciones Provinciales, lo cierto es que existe una extendida interinidad también en este ámbito del empleo público". "La Administración Local no es una excepción respecto a las otras Administraciones públicas en lo que se refiere al empleo temporal", señala. "Por tanto, también en ella se da el fenómeno que la Ley 20/2021 quiere revertir", añade.

En este sentido, el tribunal subraya que el proyecto de ley no establece "ninguna exclusión de ámbitos funcionariales para acceder a los cuales se hayan establecido procedimientos selectivos singulares". O, en otras palabras, que una vez esté reconocida la existencia de numerosos nombramientos interinos en puestos reservados a la Escala, la ley se impone por sí misma. Por tanto, el propósito de reducir la temporalidad en la Escala desde los niveles existentes a menos del 8% "sirve de justificación" para aplicar la norma en la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, así como para convocar una oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal con efectos en la misma.

Fuente: lasexta.com

El Gobierno facilitará a los interinos el acceso a las nuevas plazas y permitirá ascender a funcionarios con sólo un test

El proceso de podemización de la Función Pública que se ha iniciado en esta legislatura se cuela en el último Real Decreto que le afecta. El Consejo de Ministros prevé aprobar in extremis este martes una Oferta de Empleo Público (OEP) récord en 2023 de cerca de 54.000 plazas, "al menos un 20% global más". El texto que ha propuesto el Gobierno a los sindicatos, al que ha tenido acceso Vozpópuli, establece un mecanismo para hacer funcionarios a interinos y para promocionar funcionarios con un test y una sobreestimación de méritos.

Sobre los interinos, se vuelve a abrir la ventanilla para hacerlos funcionarios hasta 31 de diciembre de 2024 -posibilidad que se cerró el 31 de diciembre de 2022- y así intentar que la temporalidad en el sector público quede por debajo del 8%, que exige la Comisión Europea. Aquí se alude directamente a hacer funcionarios a los interinos que gestionan el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, Hacienda ha trasladado en la reunión con los sindicatos este lunes que afectará a más interinos a los que se quiera estabilizar, según fuentes conocedoras.

En lo que respecta a promocionar funcionarios, en aras de la "retención del talento", y "en beneficio de la propia organización y, por tanto, en una prestación más eficiente de los servicios públicos", el acuerdo establece que "la oferta de empleo público 2023 debe destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre" y estipula que "los procesos selectivos de promoción interna que se convoquen impulsarán el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 3 de noviembre de 2022".

Se trata de un polémico acuerdo entre Hacienda y CSIF, UGT y CCOO, que no recoge ley ni norma alguna, tiene cierta validez jurídica y puede obligar a la Administración partiendo de que las bases de los exámenes no están reguladas en ninguna ley. Su objetivo, subir de escalafón a funcionarios con un test.

Este acuerdo, que ahora se establece en un Decreto, hace posible una vieja reivindicación del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) para la que se han aliado con Podemos: que los técnicos puedan ser inspectores con un test y pasar a controlar al Ibex, por ejemplo.

Pero no se ha aplicado, según denuncian los sindicatos firmantes. Pesan manifestaciones en contra de los altos funcionarios y un recurso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Esperan que el próximo gobierno lo revierta.

Esta subida de escalafón por la puerta de atrás la intentó instaurar la Ley de Función Pública, que ha decaído con el adelanto electoral.

Pues bien, el Real Decreto con la OEP de 2023 lo reactiva y plantea que estos procesos selectivos de promoción interna podrán ser convocados "preferentemente mediante convocatoria independiente" y "con la aplicación de criterios propios".

En los planes de formación, se impulsará el desarrollo de acciones formativas para la preparación de los procesos selectivos de promoción interna. Por otra parte, los departamentos ministeriales podrán implantar medidas de carácter económico para facilitar la preparación de la promoción interna, tales como ayudas o becas u otro tipo de medidas, que se adoptarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, recoge la norma.

También desarrolla que las plazas de promoción interna no cubiertas durante la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta de empleo público que las hubiera autorizado. Esta previsión será aplicable a las convocatorias de procesos selectivos derivadas de ofertas de ejercicios anteriores a 2023, incluidas las que ya hubieran sido publicadas.

Interinos que no cesan

Todo este proceso arrancó con la Ley de Interinos, que crea el concurso-oposición y facilita que se hagan funcionarios, con el fin de reducir la temporalidad por debajo del 8% según exige Bruselas. Estableció un proceso para estabilizar interinos entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Ahora se abre una nueva ventana hasta el 31 de diciembre de 2024.

Unas disposiciones en el BOE vienen instando a los tribunales en procesos selectivos a incluir una lista de interinos que entrarían a formar parte de la plantilla de la Administración, según establece la Ley de Presupuestos. Esto ha llevado a los inspectores de Hacienda a manifestarse.

Sin embargo, a pesar de estos intentos y de las exigencias de la Comisión Europea, en el propio Decreto de la OEP de 2023 se permite seguir nombrando interinos: "Con carácter excepcional, y sin perjuicio del desarrollo de otras medidas que agilicen los procesos selectivos de la oferta de empleo público de acceso libre, en aquellos ámbitos en los que se considerase necesario para una adecuada prestación de los servicios, se podrá nombrar personal funcionario interino o personal laboral temporal".

Fuente: vozpopuli.com

• La oferta de empleo público incrementará como mínimo un 20% los puestos ofertados en 2022 para la AGE.
• Se reservan 2.500 plazas para reforzar la Seguridad Social y el 30% de la oferta se destinará a promoción interna.
• CC OO se baja del acuerdo y acusa al Ejecutivo de no proporcionar datos de bajas de funcionarios en 2022.
• Los funcionarios de Justicia suspenden la huelga indefinida hasta después del 23-J.

El Gobierno y los sindicatos CSIF y UGT han llegado a un acuerdo para incorporar más de 30.000 nuevos puestos de trabajo a la oferta de empleo público (OEP) del año 2023. Una cifra que, si finalmente se confirma, supondría un nuevo récord de convocatoria. Así lo han anunciado las dos centrales sindicales a través de sendos comunicados publicados en la tarde de este lunes. El pacto, del que se ha desmarcado CC OO, se refrendará previsiblemente este martes en Consejo de Ministros, apenas once días antes de que se celebren las elecciones generales del 23 de julio. 

El Gobierno todavía no ha desvelado la cifra exacta de plazas que se sacarán a concurso, pero el texto pactado con los sindicatos habla de un incremento mínimo del 20% respecto al año pasado en los puestos convocados para la Administración General del Estado (AGE). En este sentido, fuentes del ministerio de Hacienda y Función Pública consultadas por 20minutos han rehusado valorar el acuerdo y tampoco han querido confirmarlo. La oferta de 2022, que ya fue de récord, preveía la creación de 25.471 puestos para la AGE. Por tanto, el acuerdo garantiza al menos 30.565 nuevas incorporaciones. 

Las partes han cerrado el pacto tras reunirse este lunes por la mañana, en la que ha sido la tercera sesión de una negociación que arrancó el pasado jueves y se prolongó también el viernes. El acuerdo reserva al menos 2.500 plazas para reforzar la Seguridad Social y establece que el 30% de toda la oferta de empleo público del turno libre se destinará a la promoción interna. 

Asimismo, la oferta deberá incluir plazas permanentes para la gestión del ingreso mínimo vital, cuya gestión tiene encomendada la Seguridad social. Una vez se apruebe la oferta de empleo público, las convocatorias de cada plaza deberán publicarse antes de que concluya el año, salvo que se acrediten causas que lo justifiquen.

Visto bueno en CSIF y UGT, rechazo en CC OO

Si finalmente la oferta de empleo público ve la luz el martes, se tratará de la segunda vez desde 2018 que se aprueba después de haberse negociado con los sindicatos. Ya el año pasado la OEP se pactó con el acuerdo de la Mesa General de Negociación de la administración pública, en la que están representados CSIF, UGT, CC OO, CIG y ELA.

Desde CSIF consideran que el acuerdo supone "un avance significativo respecto a la oferta del año pasado". En el sindicato defienden que el pacto busca agilizar los procesos selectivos, favorecer el sistema de promoción interna, la carrera profesional y garantizar que las plantillas se adecúan a las necesidades de la ciudadanía. 

No obstante, desde CSIF —el sindicato que mayor representación tiene en la AGE— señalan que hay departamentos que requieren de un refuerzo especial, como la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo o las Instituciones Penitenciarias, entre otras. Además, ven necesario un refuerzo en un contexto en el que se prevé que más del 60% de la plantilla se jubile en los próximos diez años.

Por su parte, desde UGT señalan que el acuerdo "ayudará" a consolidar la tasa de temporalidad en el sector público por debajo del 8% antes del 31 de diciembre de 2024 y reclaman que se mantenga también el mismo número de plazas ofertadas para el personal laboral (no funcionario). 

Quien no ha querido sumarse al acuerdo ha sido Comisiones Obreras (CC OO). En el sindicato que lidera Unai Sordo consideran que el Gobierno no ha facilitado datos suficientes sobre las bajas que se produjeron durante el año pasado, por lo que no pueden saber cuántas plazas sería necesario convocar para garantizar la reposición. Tampoco ha gustado que no se haya concretado el número de plazas exactas que incluirá la oferta, ni el desglose en turno libre, promoción interna, grupos ni cuerpos.

De hecho, según estima el sindicato, el incremento del 20% en las plazas que recoge el acuerdo es muy similar al número de bajas que se produjo entre 2022 y 2021, por lo que la relación entre bajas y nuevos puestos se mantendría de forma lineal y no se crearía nuevo empleo neto (más altas que bajas).

Fuente: 20minutos.es