El sindicato se desmarca por su rechazo a la fijeza exprés que exigen CCOO, la Agrupación de Trabajadores y SPA: «No vamos a formar parte de este circo»

La demanda de Comisiones Obreras, la Agrupación de Trabajadores y el Sindicato de Periodistas (SPA) de hacer fijos a 57 interinos de Canal Sur mediante un concurso de méritos, sin necesidad de realizar exámenes, ha descolgado a UGT de la convocatoria de huelga parcial que se inicia este lunes 11 de mayo. El primero de los paros está previsto pocas horas antes de que la cadena pública organice el debate en los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía que se van a batir en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

El frente común de los trabajadores para exigir mejoras y estabilidad en el servicio público se ha roto. La sección sindical de UGT-RTVA ha confirmado oficialmente su salida del comité de huelga y su desvinculación de los paros parciales previstos para hoy, mañana martes y el jueves 14 de mayo. La fractura se debe al rechazo frontal de UGT a la exigencia de los otros sindicatos, que tienen la mayoría en el Comité Intercentros, para llevar a cabo un proceso de estabilización «ilegal».

Cambia el motivo de los paros

«Se ha dejado de hablar de producción propia, de manipulación informativa, de inversión y de los problemas reales de los centros de trabajo y delegaciones, para centrarse en un proceso que a todas luces es ilegal. UGT-RTVA hace sindicalismo para la mayoría, no para intereses particulares que ponen en riesgo la estabilidad de todo el proceso de empleo. Por responsabilidad, por respeto al convenio y por seguridad jurídica para todos/as los aspirantes: UGT no avala este proceso», concluye esta sección sindical en un comunicado emitido este lunes.

La decisión de UGT, comunicada a primera hora de este lunes, se fundamenta en la «responsabilidad» y en un demoledor informe jurídico firmado por el catedrático Cruz Villalón. Según este dictamen, la pretensión de estabilizar a este grupo de trabajadores bajo fórmulas que no cumplen los requisitos legales de «fraude de ley» es «altamente susceptible de ser impugnada y anulada por los tribunales». Para UGT, seguir adelante con esta reivindicación no solo es un error estratégico, sino un riesgo sistémico para el empleo en la casa.

El conflicto estalló en las últimas reuniones negociadoras con la Dirección de la RTVA. Según el comunicado emitido por UGT, el foco de las movilizaciones se «desvió exclusivamente» hacia una propuesta que no figuraba en el acuerdo original del Comité Intercentros. Los otros sindicatos exigen que se detraigan al menos 57 plazas del cupo general de las próximas oposiciones para adjudicarlas por concurso de méritos extraordinario a personal con encadenamiento de contratos.

UGT denuncia que la protesta ha devenido en un «circo»

«UGT-RTVA no va a formar parte de este circo», sentencia el sindicato en su nota a la plantilla. La organización advierte de que, si el proceso se bloquea en los juzgados por una ilegalidad manifiesta, se produciría una situación de «indefensión absoluta». El riesgo es doble: por un lado, quienes opten a una plaza por cauces legales verían su futuro congelado durante años; por otro, los contratos vinculados a la tasa de reposición podrían ser rescindidos al cumplirse los tres años si el proceso selectivo está paralizado por impugnaciones.

Uno de los puntos más espinosos de la denuncia de UGT es el impacto que este plan tendría sobre los trabajadores que ya son fijos en la RTVA. Para ejecutar la estabilización «sin examen», los sindicatos convocantes pretenden la suspensión de los artículos 15 al 20 del Convenio Colectivo. En la práctica, esto supone bloquear los traslados de trabajadores que llevan años esperando acercarse a sus familias y anular los procesos de promoción interna.

«Intentan colocar a personas afines»

«No es justo que a un trabajador fijo se le exija una prueba para optar a una categoría superior mientras se pretende que otros estabilicen mediante un concurso de méritos sin garantías constitucionales de capacidad», critican desde UGT. Además, denuncian una alarmante «falta de transparencia» al no aclararse qué categorías se verían afectadas por esta detracción de plazas, sugiriendo que se podría estar intentando «colocar a personas afines».

La dirección de la RTVA lamentó que el comité siguiera con la huelga a las puertas de convocar la mayor oferta laboral en décadas

Por su parte, la Dirección de la RTVA, en un comunicado difundido el pasado viernes, lamentó la cerrazón del comité de huelga (ya sin UGT). La empresa asegura haber presentado propuestas que garantizan la mayor oferta de empleo en décadas: un total de 246 plazas (sumando tasas de reposición de 2021 a 2025 y un cupo adicional del 20%). De hecho, UGT reivindica como logro propio la detección de un error en el conteo de 2020 que ha permitido sumar 16 plazas más a este total.

La Dirección ha sido tajante: las plazas no se obtienen «bajo amenazas» y cualquier reserva de puestos debe contar con una «garantía jurídica» que los sindicatos convocantes no han podido acreditar. La empresa defiende que ya se han estabilizado 229 puestos en 2024 y que el plan actual es el más ambicioso de la historia del ente autonómico.

El derecho a la información, blindado por ley

La huelga llega en el momento de máxima tensión política, en plena campaña para los comicios al Parlamento andaluz. La Dirección advierte de que los paros de cuatro horas dañan el derecho a la información de los andaluces y ponen en serio riesgo la celebración de los debates electorales previstos, donde los líderes de los principales partidos deben contrastar sus programas. «Se hurta a los andaluces conocer de primera mano las propuestas de los líderes», lamenta la empresa, que acusa a parte de los sindicatos de querer «calentar la campaña» deliberadamente. Los servicios electorales y noticias de alcance están blindados por ley.

Mientras CCOO, SPA y Agrupación siguen en pie de guerra, UGT abandona la línea defendiendo un «sindicalismo para la mayoría» y priorizando la seguridad jurídica de las 246 plazas totales frente a lo que consideran intereses particulares. El temor a que todo el proceso de empleo acabe en los tribunales, como ya ocurrió en el pasado con otros procesos de consolidación mal planteados, ha pesado más que la unidad de acción.

Fuente: www.abc.es 11.05.2026

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que busca mejorar la estabilidad del personal de la Administración pública ha dado fuerza a los más de 12.000 interinos que quieren mejorar sus condiciones laborales en Granada

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que busca mejorar la estabilidad del personal de la Administración pública ha dado fuerza a los más de 12.000 interinos que quieren mejorar sus condiciones laborales en Granada y buscan conseguir una plaza fija.

Hasta el momento, el TS ha manifestado que no puede hacer fijo a personal laboral de la Administración que no haya concurrido a un proceso selectivo, es decir, que no haya realizado un examen de oposición. Así lo establecen los artículos 23 y 103 de la Constitución Española.

Sin embargo, la situación precaria de algunos trabajadores que llevan años encadenando contratos públicos sin una plaza fija les ha llevado a presentar demandas que se acumulan en el Tribunal Supremo y el TJUE ampara. Antonio Peña, abogado laboralista, comparte algunas recomendaciones para aquellas personas afectadas y que no sepan cómo proceder.

1 ¿Qué hacer si eres interino?

El experto opina que «sin ningún género de duda» los trabajadores interinos tendrían que presentar denuncias particulares, pero aclara que hay que analizar cada caso concreto. Por lo que aconseja a aquellas personas que se encuentren en una situación de este tipo que se asesoren con abogados laboralistas y estudien su circustancia particular.

2 ¿Quiénes pueden demandar?

La sentencia en cuestión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ampara a aquellos interinos que lleven más de tres años prestando servicio a la Administración pública. «El personal laboral que lleve más de tres años debería presentar una demanda declarativa de derechos para que le reconozcan la fijeza», señala Peña. En este sentido, ocurre que esos trabajadores son despedidos antes de cumplir ese periodo, van al paro y después vuelve a ser contratados. «Así suman periodos trabajados y a lo mejor llevan nueve años, pero interrumpidos, y lo hacen para romper la unidad esencial del vínculo contractual, es decir, la antigüedad».

3 Principales afectados por la sentencia

Los tres grupos de trabajadores afectados principalmente por la sentencia del TJUE son personal laboral al servicio de la Administración; el personal estatutario al servicio de la sanidad pública; y los funcionarios interinos. «Son los que tienen que reclamar y acudir a un abogado especialista para que estudie su caso y valore las opciones de plantear una demanda para reclamar la fijeza o una indemnización en caso de despido o cese», explica el abogado.

4 ¿Se puede estar de interino más de tres años?

La ley estipula que los empleados que hayan pasado más de tres años trabajando para la Administración pública podrán continuar «siempre y cuando estén cubriendo una vacante que esté pendiente de cubrirse por oposición». «Se trata de una excepción a la ley. El problema es que hay casos en los que llevan, por ejemplo, siete años trabajando como funcionarias interinas, pero no estaban cubriendo ninguna vacante», afirma Peña, de acuerdo a un caso de 30 o 40 auxiliares de ayuda a domicilio de un ayuntamiento que está defendiendo.

5 La figura del indefinido no fijo

«El indefinido no fijo es una figura que se inventó el Tribunal Supremo», indica el experto. Y responde a aquellas personas que tienen un contrato indefinido en la Administración pública pero no cuentan con una plaza. Esto conlleva que si se convoca una oposición y llega un tercero que la gana, el que ocupaba ese puesto es despedido.

6 ¿Qué dice ahora la ley?

La ley establece que en caso de despido, incluso con más de tres años trabajados en el sector público, a la persona le corresponde una indemnización de 20 días por año de servicio. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Europeo ha resuelto que se considera insuficiente.

7 ¿Y si el Supremo falla a favor?

El hecho de que el Tribunal Supremo, en este caso, dictara una sentencia de casación a favor de la trabajadora y el Gobierno tuviera que hacerla fija, se abriría la puerta a que a miles de empleados que han presentado demandas puedan darles la razón y hacerlos fijos. No obstante, la Administración pública en España se ha mostrado siempre reacia a ello.

Fuente: www.ideal.es 16.04.2026

María José González Peña, actual vicesecretaria general del PSOE en el municipio gaditano, amañó supuestamente un concurso oposición para contratar a una mujer con la «condición» de que ella, su marido y hermanas apoyaran al partido

Un empleo público en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) a cambio de que su familia al completo votara al PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, que estaban próximas a celebrarse. Fue el trato que un asesor de la actual vicesecretaria general del PSOE, María José González Peña, entonces teniente de alcalde de Personal en el Consistorio gaditano, ofreció a la beneficiaria del contrato, Manuela F. N. El premio fue una plaza como funcionaria interina mediante un concurso oposición que fue amañado a su medida. Para no dejar ningún cabo suelto, el cuestionario del examen tipo test había sido confeccionado por la propia adjudicataria del puesto.

Mediante un auto dictado el pasado 2 de septiembre, al que ha tenido acceso ABC, el juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arcos de la Frontera número 2, da por finalizada la investigación y acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral. El instructor de las pesquisas, Eduardo Vaquero Llevot, aprecia supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos en la actuación de cuatro personas, sin perjuicio de cualquier otra tipificación penal que pueda resultar durante el proceso.

En esta causa están procesados la actual concejal del PSOE y número dos del partido en Arcos de la Frontera; el que fuera su asesor y jefe de la Policía Local en este municipio de la serranía de Cádiz, Luciano Muñoz Castaño; el presidente del tribunal del concurso, Ricardo F. V., y la propia adjudicataria del puesto, quien decidió tirar de la manta desde el inicio de la instrucción y reconocer hechos.

Un proceso «teledirigido»

El juez otorga un papel decisivo en la supuesta trama a la edil María José González Peña, que formaba parte del equipo de gobierno municipal como delegada de Personal y Hacienda hasta las pasadas elecciones municipales de 2023. «Prevaleciéndose de la posición que ostentaba» en el Ayuntamiento, junto a Luciano Muñoz, asesor de la Delegación de Personal y jefe de la Policía Local de Arcos de la Frontera, «urdieron un plan con el ánimo de beneficiar a Manuela F. N. para que la misma accediese a una plaza de funcionaria interina en dicha Corporación local», relata el instructor. Para conseguir su objetivo «diseñaron un procedimiento teledirigido en el concurso-oposición a la plaza interina de oficial de Inspección de la Oferta de Empleo Público de 2018», que se desarrolló tan sólo unos días antes de las elecciones municipales de 2019.

«Como condición», el asesor de la actual número dos del PSOE en la localidad gaditana «le solicitó» a la beneficiaria del empleo público que «por parte de ella, su madre, su marido, hermanas y demás familia y allegados, en las próximas elecciones municipales que estaban a punto de celebrarse , votasen a favor del partido político de la delegada de Personal, María José González Peña», especifica el juez. El PSOE reeditó su mandato tras los comicios hasta el año 2023.

El cuestionario fue confeccionado por la propia candidata

Para asegurarse de que fuera ella y ninguna otra la candidata adjudicataria del puesto, como así sucedió, el cuestionario tipo test fue elaborado por la propia aspirante y remitido al tribunal seleccionador, y también se le comunicó previamente el contenido del caso práctico incluido en la convocatoria del examen. Toda esta información «la colocó en posición de absoluta e indeseable ventaja y privilegio en relación al resto de aspirantes», advierte el juez.

El plan se cocinó en una reunión que los principales protagonistas de la trama mantuvieron a mediados de junio de 2018 en el restaurante El Lago de esta localidad gaditana de 31.000 habitantes que forma parte de la ruta de pueblos blancos de Andalucía. González Peña, «previo acuerdo con Luciano Muñoz, le ofreció a Manuela F. N., la posibilidad de acceder de nuevo» a una plaza en el Consistorio aunque fuese en régimen de interinidad, «sin perjuicio de que más adelante ya promocionaría y consolidaría su plaza», detalla el auto.

El juez concluye que la actual 'número dos' del PSOE local diseñó un proceso «teledirigido» para beneficiar a una candidata

La beneficiaria del contrato había sido cesada «por imperativo legal» dos meses antes por el fuera alcalde de dicha localidad, el socialista Isidoro Gambín, porque la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía del año 2001 prohibía la existencia de agentes interinos, el puesto que ésta había ocupado durante más de veinte años.

Acordaron «echarle un cable» en las oposiciones

La edil socialista y su asesor decidieron que «buscarían» una de las plazas más adecuadas a su perfil y categoría, «en la que no tuviese competencia, asegurándose así que no tendría problema alguno con la fase de concurso», ya que con la antigüedad que poseía iba a obtener la máxima puntuación. En la fase de oposición, es decir, en los exámenes, convinieron en que «le echarían un cable e incluso le dirían con anterioridad cuándo saldrían las plazas para que pudiera ir preparándose».

«Transgrediendo conscientemente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rige la función pública», la entonces teniente de alcalde de Personal, incluyó entre las plazas ofertadas el puesto ofrecido a Manuela F. N., quien aprobó el examen tipo test «por ella misma confeccionado» y fue informada con antelación del caso práctico, señala el juez.

El plan se cumplió a rajatabla y el 1 de julio de 2019 tomó posesión de la plaza. Quince días antes, el alcalde socialista había sido elegido para un nuevo mandato tras obtener una mayoría absoluta a la que podría haber contribuido la contratada y su extensa familia.

El intercambio de favores no habría trascendido de no ser por que la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera abrió unas diligencias de investigación que desembocaron en una causa judicial.

La edil socialista y un asesor acordaron «echarle un cable» en las oposiciones tras prometerle en un empleo público

El juez ha encontrado todo tipo de obstáculos en la instrucción. «En varias ocasiones» ha requerido al Ayuntamiento de Arcos el expediente íntegro del procedimiento de selección de la funcionaria interina de Inspección, pero entre la documentación remitida «no constan» ni los exámenes ni su corrección. Ha dado un plazo diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que presenten sus escritos y soliciten la apertura de un juicio oral. Contra su auto cabe presentar un recurso de reforma o de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

Fuente: www.abc.es 05.09.2025

Algunos de los afectados han comenzado este miércoles una huelga indefinida para pedir un proceso de estabilización

Este 14 de mayo estaban llamados a la huelga unos 20.000 docentes interinos en Andalucía. Un paro que, en principio, será indefinido por la falta de acuerdo con la Junta de Andalucía para llevar a cabo un proceso de estabilización. De hecho, los interinos aseguran de que van a sufrir un 'ERE encubierto' que supondrá que muchos de ellos se vayan a la calle y dejen de dar clases en la educación pública.

Como pistoletazo de salida, algunos cientos de afectados han participado este miércoles en una manifestación que se ha iniciado en el Palacio de San Telmo, donde a la misma hora se estaba llevando a cabo el Consejo de Gobierno de esta semana, y que ha finalizado en el Parlamento de Andalucía. Es decir, una marcha que ha unido los dos edificios más relevantes a nivel político que existen en la comunidad.

Los asistentes han llevado pancartas donde se podía leer "interino en fraude de ley. Fijeza ya", "la educación pública no se vende, se defiende", "estabilización real del personal interino. ¡Quienes están, se queda!" o "los docentes interinos no son de usar y tirar".

Una acampada de 24 horas

Desde el martes, un grupo de interinos afectados decidieron iniciar las protestas con una acampada junto a la sede de la Junta de Andalucía. El objetivo de los manifestantes es tener un encuentro con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación profesional para llegar a un acuerdo sobre los términos de estabilización. En el caso de algunos docentes afectados llevan una década encadenando sustituciones en el sistema público.

"Desde la asamblea queremos denunciar el infame ERE perpetrado por la Junta de Andalucía, que se hará visible tras las oposiciones convocadas por la Consejería de Educación para junio de 2025. Dicho proceso, junto con las políticas de ERE masivo, dejarán en la calle a miles de interinos que prestan servicios para esta administración desde hace décadas y en absoluto desamparo a miles de aspirantes que verán truncadas sus posibilidades de trabajar en las bolsas a las que tanto esfuerzo (y dinero) les ha costado entrar", argumentó la asamble andaluza de interinos y aspirantes hace tan solo unos días.

Fuente: lavozdelsur.es 14.05.2025

La convocatoria de más de 7.800 plazas ha llevado a los docentes a tratar de paralizar este proceso alertados por la "falta de estabilidad" y el "efecto llamada"

Los interinos de Andalucía siguen en pie de guerra por las oposiciones para el Cuerpo de Maestros convocadas por la Junta de Andalucía para este 2025. Desde principios del mes de febrero, el sindicato IIDEA desarrolla dos jornadas de huelga, los miércoles y jueves de cada semana, para reclamar la paralización de unas oposiciones que consideran un impedimento más para su posibilidad de estabilización.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado para este año un total de 7.885 plazas divididas en 4.401 para el cuerpo de maestros, 3.276 para Enseñanza Secundaria, 99 de Música y Artes Escénicas, 32 plazas para profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 77 puestos del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Unas oposiciones que han crispado a unos interinos que lamentan obtener “siempre las sustituciones o vacantes que los funcionarios de carrera no quieren, en los puntos más alejados de Andalucía. Esos puestos no se lo dan a los fijos, se lo dan a los sustitutos. Queremos una estabilidad”, señala Andrea Sanz, presidenta de IIDEA. El sindicato surgió en verano al conocer la voluntad de la Junta de Andalucía de convocar 14.000 plazas para el cuerpo de maestros para este y el próximo año, siendo especialmente preocupante el proceso de selección de este 2025 por el “efecto llamada”. En este año solo cuatro comunidades autónomas convocan oposiciones: Cataluña, Galicia, Andalucía y Castilla La Mancha. Una ecuación de la que hay que descartar a las dos primeras dado que cuentan con el catalán y el gallego como parte obligatoria de sus pruebas. Si a esto se le suma que en Castilla La Mancha tan solo se ofertan 795 plazas, Andalucía queda como la elegida para aquel opositor de cualquier parte de España que quiera conseguir una plaza.

Un efecto llamada que cuenta con un problema de fondo. Las oposiciones andaluzas no cuentan con una prueba específica que pueda dictar una cierta “criba” entre los aspirantes que se presentan a las pruebas, generando así un beneficio o apuesta por el estudiantado andaluz. Las primeras estimaciones ya cifran en 90.000 las personas que se van a presentar a las oposiciones de Andalucía de este 2025.

“Estamos viendo que los interinos nos vamos a la calle, desde los más longevos hasta los que llevan poco tiempo”, señala la presidenta de IIDEA ante unas oposiciones que tratarán de “impugnar”. Desde el sindicato apuntan que ya se han mantenido algunas conversaciones con abogados para paralizar estas oposiciones.

Mientras tanto, desde IIDEA tratan de poder conversar con la Consejera de Educación, María del Carmen Castillo, quien ha manifestado en varias ocasiones que “la única manera de facilitar la estabilidad del profesorado interino es convocando oposiciones. Quien aspire a ser profesor en la educación pública tiene la oportunidad de lograrlo presentándose a los procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

En el lado opuesto, los interinos recuerdan que “para quienes tienen su vacante o quienes tienen que estar rondando por toda Andalucía es muy difícil ponerse a estudiar”, mientras que se preguntan “dónde estaban todas esas plazas convocadas el pasado año o en oposiciones anteriores. Hay muchísimas plazas, pero hace un año o dos no había ninguna. El año que viene se repetirá esto. Los interinos van a quedar para cubrir bajas como enfermedades largas, embarazos y poco más”. De hecho, las plazas que se ofertan corresponden a la OPE de 2022, 2023, 2024 y 2025, unas vacantes que "debieron ofertarse en los dos procesos estabilizadores anteriores" para así poder acabar con el colapso que actualmente presenta la bolsa de educación.

Fuente: granadadigital.es 06.03.2025

La convocatoria de unas nuevas oposiciones con un gran número de plazas suele ser una buena noticia para todas aquellas personas que llevan tiempo estudiando y preparándose para conseguir uno de esos puestos. Sin embargo, este nuevo concurso para el personal docente ha caído como un jarro de agua fría entre el colectivo de profesores interinos, que teme quedarse sin trabajo para el curso que viene.

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía ha anunciado que este año 2025 se celebrarán unas nuevas oposiciones abiertas y de libre acceso, en las que se ofertarán, aproximadamente, más de 7.000 puestos,repartidos entre Primaria, Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y el Cuerpo de Música y Artes Escénicas. Si comparamos estos datos con las plazas ofertadas para docentes en Andalucía en el año 2024, que han sido de 3.223, vemos que este año se han duplicado con creces.

A esto habría que sumarle que se prevé que haya una mayor competición entre los opositores, ya que en el resto de las comunidades autónomas no se celebran oposiciones este año. Por lo tanto, muchísima gente de fuera de nuestra comunidad que se presente podría obtener una plaza, dejando a miles de interinos andaluces en la calle.

La angustia y el malestar que esta decisión ha generado entre el colectivo de profesores interinos ha hecho que se unan para ejercer presión, con el fin de paralizar estas oposiciones. Una de las medidas que han propuesto ha sido hacer huelga los próximos días 29 y 30 de enero y realizar una protesta frente a la sede de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla, el 29 de enero.

«Estabilizar no es convocar»

Los interinos andaluces piden a la Junta de Andalucía adoptar medidas para frenar un proceso que puede llegar a convertirse en un «ERE encubierto», reduciendo la temporalidad en base a dejar en el paro a miles de docentes andaluces, que han acumulado muchos años de experiencia.

Una de las soluciones que propone este colectivo es estabilizar a los integrantes de la bolsa de interinidad, ya que algunos de ellos cuentan con más de 20 y 30 años de servicio y con varios procesos de oposición aprobados, a la espera de poder conseguir un puesto estable.

La Junta responde a los interinos

Ante esta cuestión, la Junta de Andalucía ha respondido a El Debate que «calificar de ERE encubierto una convocatoria de oposiciones libres es un absoluto contrasentido. En Andalucía se han celebrado en los últimos dos años dos procesos específicos de estabilización de docentes interinos con 6.113 plazas. Esos procedimientos dejaron pendiente de ejecución las Ofertas Públicas de Empleo ordinarias correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, a la que hay que sumar la OPE del año en curso, que está en mesa de negociación con los sindicatos».

Según la Junta, «la entrada en vigor el 1 de enero de 2025 de la ley estatal 20/2021 de 28 de diciembre, a partir de una directriz europea, de reducción de la temporalidad en el empleo público, supone la obligación efectiva de mantener la interinidad por debajo del 8 % y convocar procedimientos selectivos públicos y transparentes». Por tanto, las del próximo verano serán unas oposiciones libres con plazas de reposición, que darán oportunidad a todo el mundo siguiendo los preceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder a un cuerpo estatal de servicio público».

Fuente: eldebate.com 23.01.2025

España discrimina al interino, negándole las comisiones de servicio humanitarias (salud y conciliación) que sí da al funcionario de carrera.

Proyecto por: Pablo J. Verde Martínez.

Información general

En primera instancia, llevaremos a la Administración educativa andaluza, por la vía judicial, a reconocer a su profesorado interino el derecho a optar a puestos de trabajo en comisión de servicio por razones humanitarias ─por salud (propia o de familiar) o por conciliación familiar─, allanando así el ejercicio de su derecho a la conciliación personal, familiar y laboral en unos términos que sólo se les reconoce, ahora mismo, a los docentes andaluces funcionarios de carrera, contrariamente a la política de personal de otras administraciones educativas nacionales y ─más grave aún─ contraviniendo la ley, acciones judiciales con potencial efecto sobre todas las Administraciones públicas de toda España.

Los efectos en vía judicial de esta demanda tendrían el efecto potencial de declarar la ilegalidad de la normativa autonómica que regula las comisiones de servicio para docentes y por elevación, la norma básica nacional de referencia, el Real Decreto 364/1995 que regulas dichas comisiones de servicio en todo el territorio nacional y para todas las Administraciones públicas del Estado.

La Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, norma de rango superior a cualquier otra norma nacional de cualquier país miembro, aplicable a los funcionarios interinos de la función pública docente española, establece como objeto del Acuerdo de dicha directiva «mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación» y, en su virtud, la cláusula 4.1 dicta que «Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas».

A pesar de todo lo anterior, de la comparabilidad que la jurisprudencia europea reconoce entre el profesorado funcionario interino y de carrera y de que la situación de los funcionarios interinos con vacante informatizada y los funcionarios de carrera sin primer destino definitivo es materialmente idéntica ─porque se trata, en ambos casos, de funcionarios sin destino definitivo, que ocupan las mismas plazas indistintamente y que serán destinados a un puesto por un único curso escolar, siendo su única diferencia que los primeros tienen un empleo de duración determinada y los otros tienen un empleo fijo─, a unos se les reconoce la expectativa del derecho a gozar de plaza en comisión de servicio y a otros no.

Descripción del proyecto. Características, fortalezas y diferenciales.

Hacer valer el principio de igualdad y no discriminación, uno de los pilares básicos del superior derecho de la Unión Europea, al objeto de cambiar la normativa que regula las comisiones de servicio para que los funcionarios interinos tengan reconocida, a priori, esa expectativa de derecho a conciliar su vida personal, familiar y laboral de igual forma que los funcionarios de carrera en todo el Estado.

Motivación y a quién va dirigido el proyecto

A todos los interinos de la función pública del Estado, al objeto de mejorar sus condiciones laborales, en aplicación de la directiva 1999/70/CE, para que les permita ejercer su derecho a la conciliación personal, familiar y laboral en los mismos términos que pacíficamente se le reconoce al colectivo de funcionarios de carrera en situación comparable.

Experiencia previa y equipo

Desde 2011, Pablo J. se convirtió en promotor y motor de la lucha por el derecho a la conciliación personal, familiar y laboral de los docentes andaluces. En 2014 agudiza esa lucha dirigiendo una queja al Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) y promoviendo una Iniciativa Legislativa Popular ante el Parlamento de Andalucía con un argumentario que sirvió para que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (CEJA) se comprometiera, ese mismo año, con el DPA, a la mejora real de los derechos concilitarios del profesorado andaluz a través de lo que hoy conocemos como "concursillo".

En 2020 la causa judicial que emprende contra la CEJA, por la vía de protección de los derechos fundamentales de la persona, vence ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que obliga a la CEJA a ordenarle por la suma de todos sus servicios como funcionario interino, en práctica y de carrera, a efectos de otorgarle plaza en comisión de servicio (concursilllo), sentencia que siembra el gremen de unos efectos generales que ya no tardarán en llegar, pese a la tenaz e ilegítima resistencia de la Administración educativa andaluza.

En 2021 la pugna judicial que lideró, durante años, contra el Ministerio de Educación y contra la CEJA termina vitoriosa en el Tribunal Supremo y crea jurisprudencia, forzando a todas las Administraciones educativas del Estado a someterse al estado de derecho y a modificar los concursos de traslados del profesorado, en todo el territorio nacional, para la legítima dignificación e idéntico reconocimiento del igual trabajo que ejercieron como funcionarios interinos quienes luego fueran nombrados funcioanrios de carrera.

A día de hoy, consciente del sentido último de su lucha parasindical, el autor dirige sus esfuerzos a las causas: la falta de un sindicalismo ético que represente al colectivo de referencia y la actual batalla, insoslayable desde el más mínimo sentido de la ética y de la justicia social, material y formal.

Los funcionarios interinos españoles son discriminados en sus derechos a conciliación por salud y conciliación familiar frente a los funcionarios de carrera en situación comparable, por negárseles la expectativa de derecho a comisión de servicio de carácter humanitario.

Obligaremos a la Administración educativa andaluza, por vía judicial, a reconocer a su profesorado interino el derecho a optar a puestos de trabajo en comisión de servicio por razones humanitarias ─por salud (propia o de familiar) o por conciliación familiar─, allanando así el ejercicio de su derecho a la conciliación personal, familiar y laboral en unos términos que sólo se les reconoce, ahora mismo, a los docentes andaluces funcionarios de carrera, contrariamente a la política de personal de otras administraciones educativas nacionales y ─más grave aún─ contraviniendo la ley. La Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, norma de rango superior a cualquier otra norma nacional de cualquier país miembro, aplicable a los funcionarios interinos de la función pública docente española, establece como objeto del Acuerdo de dicha directiva «mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación» y, en su virtud, la cláusula 4.1 dicta que «Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas». A pesar de todo lo anterior, de la comparabilidad que la jurisprudencia europea reconoce entre el profesorado funcionario interino y de carrera y de que la situación de los funcionarios interinos con vacante informatizada y los funcionarios de carrera sin primer destino definitivo es materialmente idéntica, a unos se les reconoce la expectativa del derecho a gozar de plaza en comisión de servicio y a otros no, discriminación que denunciaremos ante la Justicia solicitando la modificación de la normativa no ajustada a derecho para que satisfaga el superior derecho de la Unión Europea.

Fuente: goteo.org

El Tribunal Superior de Andalucía ha confirmado el despido de un trabajador que se fue de vacaciones de Navidad sin el consentimiento de la empresa. Además, abandonó su puesto de trabajo un día antes cuando se las denegaron.

Así lo han confirmado los magistrados Jorge Luis Ferrer, Francisco José Villar y  Rafaela Horcas en la sentencia 1087/2024 de 9 de mayo.

Según se explica en la resolución, dada a conocer a través de la abogada Caty Pou, el trabajador, mecánico de profesión, le expresó a su jefe el 13 de diciembre de 2021 su deseo de irse de vacaciones del 16 al 31 de ese mes. 

Unas vacaciones que no le aprobó porque en esa fecha la carga de trabajo en el taller era desmesurada con respecto a la de otros meses. Por lo que el mecánico, enfadado, decidió abandonar su puesto a las 9:00 horas, un día antes de que quisiese cogerlas.

Pese a la negativa del superior, tomó la decisión de no acudir esos 15 días. Por lo que el 3 de enero se encontró con la carta de despido por motivos disciplinarios. 

Entendía que sí le habían autorizado las vacaciones

Disconforme con el despido decidió demandar a la empresa. Entendía que las vacaciones sí habían sido autorizadas y que, además, había avisado con suficiente tiempo tanto de manera verbal como escrita y que no había recibido ningún inconveniente por ello.

Por el contrario, la mercantil alegó que sólo había recibido un WhatsApp por la noche y que el superior no lo había visto hasta la mañana del día siguiente. Mensaje en el que comunicaba que tenía la intención de cogerse esos días. La mercantil no estaba de acuerdo al ser un mes cargado de trabajo al contar sólo con 2 mecánicos.

El caso recayó en un primer momento en el Juzgado de lo Social Nº 4 de Almería, donde juez decidió no darle la razón y y calificar la extinción laboral de procedente.

Hay que recordar que, para el caso de despido, el artículo 105.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social impone al demandado la carga de probar la veracidad de los hechos imputados. No obstante, no exime a la parte actora de probar el hecho de la existencia de la relación laboral, sus características, así como especialmente el hecho mismo del despido.

Algo que, en este caso, así fue y además «la carta de despido estaba sobradamente motivada y pormenorizada», dice la sentencia. 

Los magistrados no dieron la razón al trabajador

El trabajador no quiso darse por vencido y presentó un recurso de suplicación ante el TSJ. Allí insistió que tenía previamente reconocido el disfrute del periodo de vacaciones y criticó la valoración de la prueba de interrogatorio del empresario y la testifical llevada a cabo por el juzgado de instancia. Un testigo corroboró que el superior estaba disconforme con las vacaciones.

Los magistrados señalaron que el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que, entre las conductas que justifican el despido, se incluyen las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo

Además, el convenio colectivo revelaba que la empresa puede excluir del periodo vacacional aquel que coincida con la mayor actividad productiva estacional.

Asimismo, la sentencia del TSJ recuerda que incluso el trabajador, un día antes de esa solicitud de vacaciones, el día 15, decidió abandonar su puesto a las 9:00 horas sin autorización de la empresa tras estar en desacuerdo con la decisión de la empresa. Por lo que desestimaron el recurso y confirmaron la sentencia de instancia.

Fuente: CONFILEGAL 23.12.2024

El asunto ha sido defendido por Administrativando Abogados

La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Huelva, Beatriz Miranda Verdú, ha reconocido el derecho de un interino que hacía funciones superiores a las que le correspondían a que se le abonen las diferencias salariales.

Según los cálculos llevados a cabo por el equipo jurídico de Administrativando Abogados, que son los letrados que han ganado el caso, le corresponderían por los años de 2019 a 2023 aproximadamente 12.877 euros. Ello más los intereses legales correspondientes.

El interino, que era tesorero en el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado desde 2003, había estado ejerciendo todas las funciones reservadas a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional con un nivel retributivo del subgrupo A1. Sin embargo, las cuantías retributivas que percibía eran las correspondientes al grupo A2.

Decidió reclamar su situación al Consistorio, pero como desestimaron la petición el 3 de octubre de 2023, se vio obligado a acudir a la Justicia.

El Ayuntamiento alegó que no era funcionario de carrera

En la resolución el Ayuntamiento le explicó que el motivo por el cual no se lo concedían era porque no era funcionario de carrera y no contaba con un nombramiento accidental. No obstante, reconocía las funciones de superior categoría que estaba llevando a cabo.

Los letrados del interino decidieron presentar una demanda manifestando que el trabajador cumplía con los requisitos exigidos. Por un lado, el desempeño de la totalidad de las funciones y consentimiento de la Administración durante 20 años. Y, por otro, que se había vulnerado el principio de igualdad y enriquecimiento injusto por parte del Consistorio.

El Ayuntamiento se opuso a la demanda alegando extemporaneidad del recurso por no haber reclamado antes. Pero el despacho consideró que dicho alegato debía ser desestimado porque el recurso se interponía contra una resolución expresa dentro del plazo.

Decisión de la jueza sobre el interino

La jueza, en la sentencia 215/2024 de 2 de diciembre, recordó, antes de tomar una decisión, una resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En ella se comentó que el principio de igualdad está consagrado en el artículo 14 de la Constitución.

Dicha sentencia manifestó que la doctrina señalaba la aplicación al ámbito funcionarial del principio de igualdad siempre que se acreditase que el funcionario que reclamaba había desempeñado de forma efectiva unas funciones sustancialmente idénticas a las que llevan a cabo otros que perciben un salario superior. Algo que además, ya fijó el Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 3 de julio de 2018.

Pues bien, la magistrada consideró acreditado que el interino desempeñaba funciones de superior jerarquía de forma plena y continuada a raíz de dos informes. Por otro lado, también tuvo en cuenta la declaración de dos testigos, que corroboraron los hechos.

Para la jueza, «la condición de funcionario interino no debe ser argumento para vulnerar el principio de igualdad retributiva, por lo que procede estimar el recurso interpuesto anulando la resolución recurrida por no ser ajustada a Derecho ni a la jurisprudencia aplicable».

Por su parte, Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador del despacho, ha comentado que la sentencia ha hecho por fin justicia «a un excelente trabajador que estuvo durante 20 años desempeñando un puesto, sin las retribuciones adecuadas al mismo, pudiendo reclamar al final, solo las cantidades no prescritas».

«La sentencia, además, es extensible a cualquier otro funcionario (de carrera o interino), que se encuentre en las mismas circunstancias, por lo que estamos muy satisfechos», concluye.

Fuente: CONFILEGAL 12.12.2024

Junto a los representantes de una asociación de funcionarios interinos de la Junta de Andalucía, ARAUZ la semana pasada se reunió con miembros de la Comisión Europea.

De dicha reunión podemos extraer algunas conclusiones:

1. La Comisión Europea sigue considerando que las medidas contenidas en la Ley 20/2021, no garantizan el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Marco, y esta ciertamente enfadada porque el Reino de España sigue sin cumplir con la Directiva 1999/70/CE y con las sentencias del TJUE, especialmente las de 2024.

2. Fruto de este enfado es la reciente carta de emplazamiento que la Comisión Europea envío al Gobierno de España, respecto de la cual le manifestamos que era insuficiente y excesivamente condescendiente, pues el incumplimiento de la Directiva por parte del Reino de España es total y radical.

3. Se les puso de manifiesto que el Reino de España, además, va a incumplir los compromisos asumidos en el Componente 11 del Plan de Resiliencia, y se les proporciono datos que acreditaban este incumplimiento, advirtiéndoles que, una vez más, las cifras que les proporcionaba el Gobierno de España no eran reales.

4. La Comisión Europea estaba de acuerdo en que, como ha dicho el Parlamento Europea y el TJUE, es imprescindible indemnizar también a los empleados públicos temporales/interinos que adquieren fijeza por haber superado un procesos selectivo o de estabilización, con una indemnización sin límites o topes y que además, debe sr efectiva, proporciona y disuasoria.

5. Los miembros de la Comisión Europea nos manifestaron que, en su opinión, la única forma de garantizar el cumplimiento de la Directiva en España era mediante la transformación o conversión de la relación temporal abusiva en una relación fija, pero que no podían exigírselo al Reino de España porque esta conversión no se impone preceptivamente en la Directiva 1999/70.

6. Ante este afirmación, Araúz se comprometió a enviar un informe -ya remitido- con argumentos basados en sentencias del TJUE, del que resulta que la única medida a aplicar en nuestro país para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, y prevenir y sancionar los abusos, es la transformación o conversión de la víctimas de un abuso en funcionarios fijos o de carrera, precisamente porque en la legislación española no existe ninguna medida sancionadora que cumpla con los requisitos de esta norma comunitaria, pues el TJUE ha declarado tajantemente que ni los procesos selectivos, ni los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, ni las indemnizaciones al cese o despido del empleado público, ni las indemnizaciones tasadas, ni las eventuales sanciones impuestas a las autoridades administrativas y administraciones publicas responsables, son medidas acordes con la Directiva, concluyéndose en este informe que la Comisión Europea debe requerir al Gobierno de España a fin de que proceda a la inmediata transformación de las víctimas de un abuso en el sector público en empleados públicos fijos o de carrera, “al ser la estabilidad laboral que ofrecen estos últimos el principal factor de protección de los trabajadores”

7. Este dictamen y la documentación adjunta ya está en Bruselas.

Fuente: arauzybelda.org 29.10.2024