El sindicato ha lanzado la campaña #HelpMeHelpNow, que llama a todas la víctimas a mandar correos a parlamentarios y comisarios europeos pidiendo que no se demore el procedimiento sancionador abierto en octubre

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha presentado este 9 de mayo la campaña #HelpMeHelpNow, con la que se reclama a la Unión Europea que no demore el procedimiento sancionador abierto contra el Estado español y le obligue a cumplir con la Directiva 1999/70, que prohíbe el abuso de temporalidad en el empleo, mediante la conversión en fijos de las víctimas. Según los cálculos de STEPA, esta situación afecta solo en la DGA, que destaca como uno de los principales incumplidores de la norma, a 17.000 trabajadores y trabajadoras, casi el 30% de la plantilla.

Los delegados del sindicato han presentado esta campaña con una concentración en la plaza de Europa, en Zaragoza, donde se alza el obelisco con la estrella de doce puntas en el suelo, en homenaje a la Unión Europea. De esta manera han simbolizado su petición de ayuda urgente al Europarlamento y la Comisión, ante el "desamparo" que sufren los interinos afectados por el abuso de temporalidad estructural en las administraciones públicas, "que, pese a los reiterados avisos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Comisión Europea, España sigue sin resolver de forma efectiva".

El pasado octubre, la Comisión ya remitió al Estado español una carta de emplazamiento adicional, señalando que las nuevas normativas, incluida la Ley 20/2021 de estabilización, no solucionan los problemas detectados, especialmente por la ausencia de sanciones eficaces frente al abuso. Con la campaña #HelpMeHelpNow, STEPA le pide intervenir ya para que se aplique la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "por la que al no haber otras medidas, la sanción aplicable debe ser la conversión en trabajadores fijos de los afectados, como también sucede en el sector privado".

Con este fin, el sindicato ha preparado una carta modelo y un listado con los correos electrónicos de 275 eurodiputados y comisarios europeos, para que todas las personas que sufren esta situación escriban contando su caso personal y reclamando intervenir. STEPA ha destacado que esta campaña está abierta a todas las organizaciones que deseen sumarse, ya que "los datos oficiales del propio Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública muestran que más de 800.000 empleados públicos continúan en situación de abuso".

"El fracaso de la estabilización en el sector público"

STEPA critica que el abuso de la contratación temporal es "un mal endémico en el sector público español", que "ha utilizado durante décadas a funcionarios interinos para atender necesidades permanentes del servicio a los ciudadanos, vulnerando así la Directiva 1999/70, que exige que se sancione esta práctica". Ante las exigencias de dar solución, el Gobierno español aprobó la Ley 20/21, para que las personas afectadas pudieran estabilizar su plaza por concurso de méritos.

"Esta norma ha sido un fracaso porque distintas administraciones no han cumplido siquiera con el paso de identificar a todos los afectados en sus plantillas y han sacado a estos procesos un mínimo porcentaje de las plazas que cumplían con los requisitos. De esta manera, muchos interinos con décadas de servicio no han tenido la oportunidad y sus puestos se han ido ofreciendo en ofertas libres o en concursos de traslados, lo que supone el despido sin indemnización tras años de dedicación. Además, sigue muy lejos la exigencia de que la temporalidad en el sector público no supere el 8%", advierte el sindicato.

Para STEPA, la administración de Aragón es "uno de los ejemplos más patentes de incumplimiento de la normativa europea". Según el último boletín estadístico de personal publicado, al 47,6% (más de 29.000 trabajadores y trabajadoras sobre un total de 61.000) son temporales, y 17.000 están en abuso de temporalidad, lo que supone casi el 30% de la plantilla, remarca el sindicato.

"Todas estas personas, en su mayoría mujeres mayores de 50 años, están siendo expulsadas del sistema laboral. Accedieron a sus puestos según el procedimiento legal vigente, han prestado servicios de forma intachable y no han tenido oportunidad de consolidar su plaza. Muchos han agotado las vías judiciales y se han encontrado con que, a pesar de ver reconocido el abuso, no han tenido medidas de reparación y sus recursos no han sido admitidos por el Tribunal Supremo, debiendo además pagar las costas", continúa STEPA.

STEPA subraya que esta situación "no es compatible con los valores de justicia y legalidad de la Unión Europea" y que además "perjudica a todos los ciudadanos porque está causando un grave deterioro de los servicios públicos".

Fuente: arainfo.org 09.05.2025

Las plantillas de la Administración aragonesa siguen teniendo un número de interinos muy elevado. Es necesario dar estabilidad a los empleados públicos.

El servicio público es la columna vertebral de cualquier sociedad que aspire a garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Desde la limpieza o el cuidado de nuestros mayores hasta servicios esenciales como sanidad o educación, la plantilla del sector público realiza tareas que, aunque invisibles a veces, son fundamentales para el funcionamiento de la vida diaria.

Sin embargo, hoy muchos de estos trabajadores se ven enfrentados a un sistema que no solo no les reconoce como merecen, sino que amenaza con destruir sus derechos y estabilidad laboral. No es normal que la Administración aragonesa siga anclada en una temporalidad de casi el 50% y que no se intente siquiera estabilizar (hacer fijos por concurso de méritos) al personal interino de larga duración, algunos con décadas de servicio, cuando además es un imperativo legal.

La directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón ha declarado que el proceso de estabilización de secretarios-interventores del Ministerio es «inadecuado, mal diseñado, con un número de plazas manifiestamente insuficiente» y desde luego mal resuelto por parte de la Administración central, entre otras cosas porque incumple muchos plazos de la Ley que ellos mismos aprobaron. La hipocresía política del Gobierno de Aragón es evidente, exige al Gobierno central lo que incumple de forma sistemática en nuestra Comunidad. Un ejemplo de cómo las administraciones se escudan en el discurso populista sobre la «carrera profesional» para eludir sus compromisos y responsabilidades, dejando a los trabajadores públicos en una situación de incertidumbre cada vez peor atendida.

El sindicato STEPA ha defendido que si el concurso de méritos aprobado en su momento, diseñado para hacer justicia al personal interino de larga duración —unos 17.000—, se hubiera reconocido su experiencia y reducido drásticamente la temporalidad. No se trataba solo de exigir un reconocimiento económico o un puesto fijo. Se trataba de justicia, pues este personal ha dedicado sus vidas al servicio público, ha hecho sacrificios y ha cumplido su labor con creces, en muchos casos incluso en los peores momentos.

Todos somos vulnerables ante un sistema que promueve la inestabilidad. Si no se corrige este rumbo, el daño será irreversible, también al conjunto de la sociedad. No solo perderemos a trabajadores comprometidos, sino también la confianza en un sistema que debería proteger a los más vulnerables.

Es hora de devolver la dignidad al servicio público y reconocer la labor de quienes, con esfuerzo y dedicación, lo mantienen en pie. Los trabajadores públicos no son un gasto; son el pilar del Estado del bienestar en Aragón, y así debe entenderlo su administración.

María Pilar Remírez
Secretaria General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA)

Fuente: heraldo.es 20.03.2025

El Ministerio Público estima que la jurisdicción para analizar el mecanismo para atajar la temporalidad corresponde a la vía de lo contencioso y no a la penal

La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha archivado esta semana la denuncia interpuesta por un grupo de funcionarios contra la cúpula de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Jorge Azcón como la del cuatripartito que presidía Javier Lambán.

Tanto a los consejeros como sus directores generales de Función Pública les imputaban presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación por el abuso de temporalidad en la plantilla de la DGA, "con un 51% de interinos" frente al máximo del 8% fijado por ley. La denuncia la hicieron extensiva "a cuantas autoridades y funcionarios hayan podido intervenir". A juicio de los interinos, hay una "falta de cumplimiento e incorrecta aplicación" de los mecanismos para atajar la situación.

En un decreto de cuatro folios, el Ministerio Público es tajante al considerar que el principio de subsidiariedad e intervención establecido en el derecho penal exige que se respete el ámbito de actuación de la jurisdicción contencioso-administrativa, "cuya esfera de acción comprende el control de la legalidad de los actos de la administración".

Además, insiste en que la referida jurisdicción es la competente para impugnar los actos y resoluciones que contravengan la legalidad, "así como las distintas convocatorias, listados de plazas y resoluciones de los concursos". Y concluye advirtiendo que a la jurisdicción penal le corresponde sancionar supuestos límite.

El actual consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, estudiar demandar al grupo de interinos por "denuncia falsa" y lamentó la "indecencia" de lanzar "bulos" contra los políticos. Su antecesor, Carlos Pérez Anadón, añadió que los responsables de la Administración son los primeros que no quieren que haya interinos.

Fuente: heraldo.es 12.05.2024

16.02.2024- El sindicato Stepa ha organizado este viernes una protesta frente al hospital Miguel Servet para denunciar el cese de un millar de profesionales del Salud, "la mayoría mujeres mayores de 50 años y con cargas familiares".

Enfermeras y técnicas en cuidado auxiliar de enfermería (TCA) se han concentrado este viernes ante el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, en una protesta organizada por el sindicato Stepa, que denuncia el "despido masivo de un millar de profesionales interinos del Salud incumpliendo la ley que obliga a estabilizar sus puestos de trabajo". Desde el Departamento de Sanidad, por su parte, recuerdan que se cumple la normativa y el acuerdo que se estableció con los sindicatos. En la protesta se han exhibido carteles que piden que se tengan en cuenta sus "derechos y dignidad" y la posibilidad de conciliación familiar.

El sindicato ha alertado de las "consecuencias de pérdida de calidad del servicio sanitario por estos ceses, que afectan a un colectivo vulnerable al tratarse en su mayoría de mujeres mayores de 50 años y con cargas familiares". María Pilar Remírez, miembro de Stepa, ha señalado que estos ceses "se suman a los 300 que se produjeron en la Administración General el 1 de febrero" y que Stepa denunció con un encierro en la sede del Gobierno de Aragón.

En la Oferta de Empleo Público de 2022 del Salud, se han convocado por concurso de méritos 705 plazas de estabilización, una cifra “ridícula”, en palabras de Remírez, "cuando hay 14.000 profesionales temporales en Salud". Según el sindicato aragonés, solo supone el 5% de los puestos ocupados por interinos de larga duración.

Stepa ha culpado al Ejecutivo de Azcón como responsable de la situación al no cumplir con la Ley de estabilización de personal temporal y mantener la política “nefasta y caótica” del Gobierno de Javier Lambán. Remírez ha hecho referencia, también, a la "insumisión" del Gobierno PP-Vox al ignorar el mandato europeo de reducir la temporalidad al 8%, y al "poner en riesgo la llegada de fondos europeos Next Generation, además de acarrear sanciones que tendrá que asumir Aragón".

Una de las afectadas que ha participado en la concentración ha sido Marian Zunzunegui, enfermera "hasta el domingo" en la planta 12 de Infecciosos del Servet: "Llevo 24 años entrando por esta puerta, mañana, tarde y noche. He sido indispensable en muchas ocasiones, pero a la calle me voy el lunes". "No tenemos preaviso, ni carta de cese, solo en algunos casos la empatía de alguna supervisora que ha comunicado a las enfermeras a su cargo que cesaban", señala. 

"Seguramente recolocadas vamos a ser todas, porque la enfermería es necesaria. Ya están llamando, de hecho. Pero de un plumazo hemos perdido todos nuestros derechos, a conciliar, la exención de noches para mayores e 55 años...".

Desde Stepa han destacado las "consecuencias que van a tener para los ciudadanos, al romper equipos consolidados y mover al personal a puestos donde no tienen experiencia". En este sentido, han puesto el acento en que, en algunos casos, son profesionales con "más de 20 años de servicio, están en fraude de ley y tienen derecho a consolidar su plaza por concurso de méritos al cumplir con los requisitos marcados por la Ley 20/21 de estabilización del empleo público”.

"Un colectivo vulnerable despedido"

En cuanto a cifras, como ejemplo del alto porcentaje de ceses que se está produciendo, el sindicato ha explicado que entre el Hospital Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa se ha cesado a 436 enfermeras interinas y a 258 TCAEs. Según STEPA, “si tenemos en cuenta todo el sistema de Salud de Aragón, estamos hablando de unos 1.000 despidos. Además, se está cesando a las más antiguas”.

Los despidos afectan además a un colectivo vulnerable ya que la mayoría son mujeres mayores de 50 años y con cargas familiares, han añadido. Según el boletín estadístico del personal del Gobierno de Aragón, de los 27.000 empleados del Salud, el 79,8% son mujeres.

Para el sindicato, “es una sangría de despidos que deja en la calle de forma ilegal a muchas enfermeras y auxiliares que han trabajado durante años, en algunos casos décadas, con total dedicación y al cuidado de nuestra salud, y ahora son despedidas sin indemnización. Es una muestra clara del desinterés del Ejecutivo PP-Vox por sus trabajadoras”.

Fuente: heraldo.es 16.02.2024

El sindicato aragonés avisa de que el macroconcurso de traslados de este 1 de febrero, cuando se moverán de puesto 1.050 trabajadores y trabajadoras, supone que "perderán su empleo unos 200 trabajadores temporales y quedarán vacantes y sin atender otros tantos puestos". Denuncian las "mentiras" de Azcón al frente de un Gobierno de Aragón que "sigue sin cumplir con las leyes sobre los derechos de las y los trabajadores temporales", y avanzan un "colapso de la administración".

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha anunciado "una contundente campaña de protestas" para denunciar "el despido ilegal 200 trabajadores temporales". En una nota de prensa, el sindicato afirma que el Gobierno de Aragón "moverá de golpe este 1 de febrero, a más de mil de personas de la plantilla de la Administración General y dejará en la calle a cientos de trabajadores temporales, la mayoría con más de diez años de servicios, provocando un caos en el servicio, y puestos sin atender derivados de los ceses, sin previsión para solucionar el problema".

Tras una primera acción sorpresa en la tarde del 31 de enero, seguirán nuevas movilizaciones a lo largo de febrero para "denunciar que el macroconcurso de traslados en la DGA supone el inicio de nuevos ceses masivos de temporales que mermarán la calidad de los servicios debido al incumplimiento del Gobierno de Jorge Azcón (PP) de las leyes contra el abuso de temporalidad y de su compromiso firmado de respetar los derechos de sus víctimas". Para exigir el cumplimiento de la Ley, STEPA saldrá a la calle durante todo el mes de febrero con una serie de protestas que culminarán el día 22, cuando se conocerá una nueva resolución del TJUE sobre el derecho a la fijeza del personal temporal en abuso en la que esperan "una mayor contundencia en la determinación de las sanciones a las administraciones que abusan de su personal temporal".

STEPA resalta que los "masivos movimientos" de este 1 de febrero a nuevos destinos, "por un concurso de traslados en el que no se ha valorado la experiencia en el puesto de trabajo específico", es "inconcebible en cualquier empresa" y "tendrá como primera consecuencia que perderán su empleo, sin ninguna compensación económica, unos 200 temporales que atendían las plazas adjudicadas y de esa manera los puestos de origen quedarán vacantes". Además, "unos 150 de los cesados superan los tres años de antigüedad y no se les ha dado la oportunidad, como exigen las leyes, de consolidar su plaza por concurso de méritos o concurso-oposición". Igualmente, avisa de que "el servicio se va a resentir durante meses al enfrentarse los trasladados, principalmente puestos medios, a labores nuevas para ellos" y, también se anuncia que "muchos de los funcionarios pedirán de forma inmediata volver a su anterior destino u otro en comisión de servicios, perpetuando el caos".

El sindicato asegura que a lo largo de los próximos meses "toda esta situación se va a agravar y los cientos de nuevos ceses ilegales de interinos y temporales van a llevar al colapso de la administración aragonesa", ya que "este mismo mes de febrero se producirán nuevas tomas de posesión de distintas Ofertas Públicas de Empleo o en junio un nuevo concurso de traslados, dejando muchos servicios desatendidos".

"Todas estas acciones, consecuencia del acuerdo para la reducción de la temporalidad entre Función Pública y el resto de los sindicatos de la Mesa Sectorial, incumplen las leyes europeas y estatales sobre los interinos y además son inútiles para su objetivo porque no ha existido ni un análisis previo ni una planificación real, por lo que sus consecuencias las van a pagar todos los ciudadanos", resume STEPA.

"El Gobierno de Aragón está cometiendo interinicidio"

STEPA explica que el momento actual es el resultado de "una década de nefastas políticas laborales", en que, "como dato más significativo, la temporalidad no ha hecho sino aumentar año tras año de forma desbordante y en la Administración General ya supera el 54%". Además, "miles de funcionarios siguen ocupando comisiones de servicio, continúan sin resolverse cientos de procesos selectivos, gran parte ya caducados, y existe más de un 8% de plazas vacantes".

"El recurso a las y los empleados temporales para atender necesidades permanentes es una práctica laboral que se castiga en el sector privado, pero al que las Administraciones públicas han recurrido de forma sistemática. Por ello, la Unión Europea exigió que se tomen medidas, amenazando con sanciones si no se reduce la temporalidad por debajo del 8% antes de finalizar este año. El Parlamento y el Gobierno de España han aprobado así normas que, aunque limitadas, obligan a permitir la fijeza de las víctimas del abuso de temporalidad accediendo a procesos extraordinarios de estabilización; pero que el Gobierno de Aragón está vulnerando completamente, primero durante la presidencia de Javier Lambán (PSOE) y el cuatripartito, y ahora también, con Jorge Azcón y el equipo de PP y Vox", abunda el sindicato.

Para STEPA, "mientras la práctica totalidad de comunidades autónomas ya ha completado estos procesos de estabilización, el Gobierno de Aragón se mantiene como gran incumplidor y ni siquiera se ha publicado una lista de las plazas que cumplen con los requisitos fijados por la Ley y que, obligatoriamente, no pueden salir a otras convocatorias". Según los cálculos de STEPA, en Administración General son más de 4.500; "pero primero el PSOE y luego el PP han sacado ofertas muy limitadas y sin ninguna justificación, que dejan fuera al 85% de las personas afectadas".

"Los dos principales partidos en Aragón coinciden en cometer un 'interinicido' sin sentido, ignorando por completo los derechos de sus trabajadores. Lambán y ahora Azcón están siguiendo las mismas políticas, en contra de la ley y del interés de los ciudadanos y la propia Administración", concluye el sindicato.

"La realidad del PP es incumplir con la palabra"

STEPA subraya que el Partido Popular firmó un acuerdo durante la campaña electoral en el que se comprometió por escrito a respetar sus principales demandas: identificar todas las plazas que cumplen con los requisitos para llevarse a la oferta de estabilización, retirarlas de cualquier otro sistema de provisión de puestos para no echar a ninguna víctima a la calle y agilizar sus convocatorias. "Puntos que no se han respetado en los actuales acuerdos de empleo", denuncian.

Por el "total olvido" de este documento, STEPA pide al PP que "al menos cambie el hashtag #CumplirConLaPalabra" de la campaña que está desarrollando en redes sociales, porque la realidad es 'incumplir". "Jorge Azcón no cesa de reclamar igualdad para todos los españoles y respeto a las leyes, pero no la aplica para sus propios trabajadores", añade.

Para STEPA, "otra muestra de este abandono", son las palabras del propio consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, que declaró en prensa que "con los procesos en marcha se llegará este año al 20% de temporalidad: dos veces y media la exigencia legal" y, "además para el que no se están poniendo medios, comenzando por la situación de la Dirección General de Función Pública, que hace aguas sin dirigentes al mando", ya que "están vacantes la dirección del Instituto Aragonés de Administración Pública y las jefaturas de servicio de Provisión de Puestos y Régimen Jurídico".

Protestas para exigir soluciones

Pese a este panorama, STEPA resalta que "aún es tiempo de soluciones si se actúa ya, puesto que la misma Oferta Pública de Empleo de 2023 permite modificar las convocatorias previstas". Para exigir "este necesario giro", el sindicato ha preparado distintas acciones a lo largo de todo febrero, que "se destaca como un mes decisivo, porque no hay margen para prorrogar esta situación".

"El principal objetivo es que el PP cumpla con lo firmado y lo que señala la ley: identificar todas las plazas que corresponden a los procesos de estabilización, sacarlas de todas las demás pruebas selectivas y sumarlas a las ya previstas por este sistema. La vulneración de estos puntos fue el motivo por el que STEPA no firmó el acuerdo de la Mesa Sectorial sobre medidas para reducir la temporalidad en la Administración", recuerda el sindicato.

Asimismo, reclaman una solución "para las cientos de personas ya cesadas tras décadas de servicio en la Administración" y que "no han recibido siquiera una mínima indemnización". "En particular —continúa STEPA—, recuperar el derecho preferente a recuperar la plaza que tenían si queda vacante, una norma que se modificó con Javier Lambán; así como que se valore su experiencia en las bolsas de empleo".

El sindicato recalca que los despidos de temporales en abuso "terminarán dando lugar a sentencias condenatorias para la Administración que pagaremos todos los aragoneses". El día 22 está anunciado que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminará ante las cuestiones planteadas por distintos jueces si ante el abuso de temporalidad en el personal público laboral procede la fijeza, "que es la norma lógica al ser la misma sanción que ya se aplica en el sector privado y se está esforzando por controlar".

STEPA incide en que respetar los derechos y la experiencia de las y los temporales "supone ofrecer unos mejores servicios públicos a la ciudadanía", y "es la única vía para cumplir con los compromisos europeos ligados a recibir los fondos Next Generation y no perjudica a quienes busquen un nuevo empleo en la Administración porque los datos muestran la necesidad de aumentar las plantillas por la gran cantidad de jubilaciones que se producen anualmente".

Fuente: arainfo.org

Un contrato temporal «es aquel que tiene por objeto establecer una relación laboral entre empresa y persona trabajadora por un tiempo determinado».

Con estas palabras define el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) los contratos temporales. Sin embargo, una trabajadora del Ayuntamiento de Zaragoza ostentaba este contrato desde hacía 17 años.

En concreto, una maestra de infantil. Una mujer que comenzó a trabajar en noviembre de 2007, como técnico de educación infantil, en el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. Un organismo autónomo de carácter administrativo constituido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Un contrato temporal que se iniciaba para «cubrir interinamente una plaza vacante en la plantilla».

Así pues, el contrato de la mujer, en un primer momento, duraría el tiempo que durara «el proceso de selección» del nuevo personal.

Personal que, sin embargo, en la actualidad aún no se ha incorporado. Y es que, de los 266 trabajadores que hay actualmente en la plantilla del Patronato, 143 están ligados a contratos de interinidad.

Sin embargo, «no consta que en los últimos años se haya iniciado proceso selectivo alguno para la provisión y cobertura definitiva de las plazas ocupadas actualmente por interinos».

Ello, a pesar de existir un informe de Inspección de trabajo, de 2019, advirtiendo de esta situación. Un problema de situaciones irregulares de contratación que debía subsanarse, según el informe, antes de enero de 2022.

Una irregularidad que la maestra de infantil llevó ante el Juzgado de lo Social nº1 de Zaragoza, en noviembre de 2020, a través del procedimiento 957/2020.

Así pues, la trabajadora buscó ante los tribunales el final de su contrato temporal, interponiendo una demanda para que se declarase su condición de trabajadora indefinida del Patronato Municipal.

Una pretensión que, sin embargo, fue desestimada por el tribunal. Y, posteriormente, también por la Sala de lo Social del TSJ de Aragón.

Así pues, en la sentencia 34/2021 del TSJA, los magistrados de la sala decidían desestimar nuevamente las pretensiones de la maestra de escuela, rechazando el recurso presentado por la misma.

EL SUPREMO ACABA CON EL CONTRATO TEMPORAL DE LA MAESTRA

Decisiones que han sido revocadas por el Tribunal Supremo. En concreto, en su sentencia 1309/2023, dictada por la Sala de lo Social del alto tribunal, compuesta por los magistrados Ángel Blasco Pellicer, Concepción Rosario Ureste García, Juan Molins García-Atance e Ignacio García-Perrote Escartín.

«Esta Sala estima que, salvo en muy contadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad», ajusta el Supremo.

Un tiempo que se ha excedido en este caso, sin explicaciones por parte de la Administración responsable.

«No se ha acreditado la existencia de circunstancia alguna que pueda justificar la inactividad de la Administración», critica el alto tribunal.

Una duración que lleva al Supremo a revocar las anteriores sentencias y, coincidiendo con el Ministerio Fiscal, darle la razón a la trabajadora.

Así pues, reconoce el tribunal que no se trata de un contrato temporal de la maestra de infantil. Sino que el tiempo que lleva ejerciendo esta función dentro de la administración la convierte en personal indefinido no fijo.

«La relación que une a la actora y al Patronato Municipal tiene naturaleza indefinida no fija» sentencia el Tribunal Supremo. Una sentencia que otorga el contrato indefinido a la maestra de infantil después de 17 años como personal temporal. Y que abre la puerta al resto de trabajadores en una situación paralela para poder reclamar su condición. Ya sea ante la administración pertinente, o ante los tribunales.

Fuente: CONFILEGAL

El sindicato aragonés, tercera fuerza en la Administración General de Aragón en coalición con CATA, anuncia una avalancha de acciones y movilizaciones ante "el incumplimiento del PP de la ley" y "de su compromiso electoral de estabilizar a los temporales de larga duración"

El sindicato STEPA, junto con CATA, ha llevado a cabo este jueves una acción de protesta ante la sede del Chusticia d'Aragón, y a continuación ha presentado una queja por "el incumplimiento del Gobierno de Jorge Azcón (PP) de la Ley 20/2021 de medidas para reducción de la temporalidad en el sector público y del Real Decreto Ley 5/2023".

Estas han sido las primeras acciones de una avalancha de iniciativas y movilizaciones anunciadas por STEPA "ante la reiterada desobediencia del Ejecutivo aragonés a la obligación de convocar procesos extraordinarios de estabilización teniendo en cuenta las plazas ocupadas por los trabajadores y trabajadoras temporales de larga duración -con más de ocho años de antigüedad (algunos con 20 o incluso 30 años de interinidad en puestos estructurales)". De igual forma reclamará ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la nulidad de la Oferta Pública de Empleo extraordinaria 2023 de estabilización, "como ya llevó la anterior del PSOE y también la ordinaria de 2023 y todas las que se aprueben sin tener en cuenta las leyes que reconocen derechos al personal interino".

En una nota de prensa, STEPA explica que como primer paso, "en representación propia y de los trabajadores y trabajadoras de la administración aragonesa", ha pedido auxilio al amparo de las atribuciones del Chusticia ante "el gravísimo perjuicio a miles de aragoneses, servidores públicos que ocupan puestos estructurales como personal temporal de larga duración, dentro de la Administración, así como a sus familias víctimas de ceses ilegales e injustificados". "El Chusticia, en ejercicio de sus funciones tiene la potestad de enviar a la Fiscalía, si alguna autoridad o funcionario no cumpliese con la obligación de auxiliarle en sus investigaciones, a partir de la queja presentada", añade el sindicato.

En paralelo, STEPA prepara un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra las Ofertas Públicas de Empleo de 2023 recientemente aprobadas por el Gobierno PP-Vox. STEPA ya recurrió la de 2022 y está a la espera de sentencia, "habiéndose admitido por la sala gran parte de las pruebas aportadas". Igualmente, va a denunciar la "insumisión de Aragón" ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública y junto con otras plataformas de interinos se preparan movilizaciones a nivel estatal y una nueva queja a la Unión Europea.

"Incidiremos en cómo por la vulneración de las directivas europeas sigue aumentando el índice de temporalidad en la DGA, actualmente de más del 51% -54% en la Administración General- frente al compromiso para reducirlo por debajo del 8% legal antes de fin de 2024, para recibir los Fondos Next Generation de la UE", apunta STEPA.

El sindicato ha recalcado que la Cámara de Cuentas de Aragón recoge en su reciente informe de fiscalización de 2022 esta misma denuncia, que también le hizo llegar en una reunión mantenida con el sindicato en noviembre de 2022. En su auditoría, la Cámara "reitera varias veces el inasumible índice de temporalidad, la necesidad de cubrir de forma ágil los procesos de estabilización para reducirla y los vicios de anulabilidad de los procesos selectivos convocados, así como que las plazas convocadas entre 2018-2022 en el mejor de los casos reducirían la tasa de temporalidad sectorial al 35,8%, muy lejos del objetivo del 8%".

"La alta temporalidad es el cáncer de algunas administraciones autonómicas; el Gobierno de Aragón está en cabeza y lo grave es que no quiere afrontar la enfermedad, a pesar de que el Gobierno de Sánchez legisló dos leyes como medida paliativa", subraya el sindicato.

Contra los derechos de 4.500 trabajadoras y trabajadores

Con estos pasos, STEPA-CATA, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón, responden a la OPE aprobada por el Consejo de Gobierno tras lo que califican de "bochornoso espectáculo" en la Mesa Sectorial, en la que el Ejecutivo de Jorge Azcón "incumplió el derecho a la negociación colectiva, aprobando una Oferta Pública de Empleo totalmente arbitraria, sin justificar ningún criterio y ni siquiera respetar el reglamento de funcionamiento". El sindicato ya demandó que "constaran en acta todos estos hechos, así como su aviso de que no respetar los derechos de los interinos en abuso de temporalidad puede dar lugar a sanciones a los funcionarios o causantes, así como a responsabilidad patrimonial del Gobierno de Aragón".

La principal denuncia de STEPA es que el Gobierno de Aragón "niega el derecho al personal temporal de larga duración (funcionario o laboral) a poder acceder a ser fijo mediante la superación de un concurso de méritos o un concurso-oposición, como marcan las últimas leyes de estabilización". Según los cálculos de STEPA, en Administración General, más de 4.500 plazas deberían ofrecerse en procesos de estabilización -3.000 por concurso de méritos sin examen-; "pero la nueva propuesta de OPE 2023 se limita a 313, que junto a las 571 plazas incluidas en la OPE de estabilización de 2022 dejan fuera al 85% de los afectados".

"PSOE y PP, hermanados contra el personal abusado"

Además, STEPA considera "ridícula" esta oferta que, a su juicio, "conlleva la negación del derecho a percibir una compensación económica por despido a aquéllos que no superen las convocatorias de estabilización, ya que este derecho sólo se genera si el despido se produce por no superar estas convocatorias y no otras".

"El Ejecutivo del socialista Javier Lambán, al frente del Gobierno de Aragón cuando se aprobó la norma de estabilización, fue así el primer incumplidor de esta norma, con la que, finalmente, España respondía al requerimiento de la Unión Europea para que el abuso de temporalidad se sancione en el sector público, de la misma manera que se hace en cualquier empresa privada", critica el sindicato.

"Con el anterior director general de Función Pública, Esteban del Ruste, se publicó la señalada oferta de estabilización denunciada al TSJA, sin haber presentado antes una lista que identificara todas las plazas que cumplían con los requisitos de estabilización ni ninguna información para fiscalizarla. Ahora, con Carlos Belda al frente de la Dirección General, de nuevo se ha presentado una mínima ampliación, sin ningún documento que justifique los números de la nueva oferta, pese a los documentos que demuestran que deja fuera a más de ocho de cada diez víctimas del abuso", añaden en la nota.

STEPA-CATA han reiterado que "no puede negociarse una oferta de estabilización sin previamente identificar todas las plazas a las que afecta, retirarlas de cualquier otro sistema de provisión de puestos para no echar a ninguna víctima a la calle y agilizar la ejecución de estas convocatorias". "Todos estos puntos se han incumplido totalmente", aseguran.

Los sindicatos subrayan el "agravante" de que "el Partido Popular fue una de las formaciones que durante la campaña electoral firmó con ellos un acuerdo en el que se comprometían a respetar estas mismas demandas y que han vulnerado totalmente". "Nos entristece el panorama político en el que todo vale para arañar unos votos y un partido en el gobierno no tiene ningún rubor en faltar a su palabra", han señalado.

"Una OPE libre arbitraria y sin justificación"

Igualmente STEPA ha resaltado que la "nula voluntad del Partido Popular de cumplir con los derechos del personal temporal se muestra incluso en una enmienda aceptada de su socio Vox a los presupuestos de 2024". "Se admitió añadir a la Ley de presupuestos de Aragón de 2024 la obligación del Gobierno de Aragón de publicar un listado de todas las plazas que cumplen los requisitos de la Ley 20/2021, pero sin señalar ninguna fecha límite para presentarla, lo que convierte este compromiso en un brindis al sol", añaden.

"A estos hechos -continúa el sindicato-, aún se suma el incumplimiento del reglamento de la Mesa Sectorial sobre plazos y valoración de los documentos, en una clara vulneración del derecho a la negociación colectiva", por lo que STEPA-CATA "no admite ni la OPE 2023 de estabilización; ni el falso 'acuerdo' para aplicar las medidas de reducción de la temporalidad, que contiene imprecisiones, no concreta fechas e incumple la normativa vigente; ni, finalmente, la propuesta de OPE libre, arbitraria y sin transparencia, que se debe entender sin perjuicio de los procesos de estabilización, como dos procesos totalmente compatibles e independientes".

Según STEPA, el Gobierno de Aragón "no ha aportado ninguna planificación, ni por departamentos ni por necesidades específicas como tasas de jubilación, para esta oferta libre, por lo que no se cumple el objeto de solventar las necesidades de personal que no cubren los recursos existentes". "Así lo muestra el baile de cifras aportadas, desde el día 1 de diciembre hasta la definitiva imposición del día 22, y las comprobaciones sobre jubilaciones durante el ejercicio 2022 aportadas a modo de ejemplo", incide.

El sindicato afirma que "la propuesta inicial de la OPE ordinaria, constaba de 298 plazas de funcionarios y trabajadores laborales; después siguió un aumento de las plazas de funcionarios; dos días más tarde se doblaron las de funcionarios; y se propusieron finalmente a 530, sin además constar ninguna planificación. A modo de ejemplo, especialidades como administrativos se pasó de 40 plazas ofertadas inicialmente, a 117 plazas, cuando en 2022 hubo 51 jubilaciones. Así se muestra que no existe una identificación real de las plazas a ofertar ni una planificación adecuada en materia de personal".

STEPA incide en que todos estos datos muestran que con el nuevo gobierno PP-Vox-PAR "se mantienen las mismas nefastas políticas de gestión del personal que llevan años sufriendo los trabajadores públicos y los ciudadanos aragoneses: con un índice de temporalidad de más del 51%, más de un 8% de vacantes, puestos sin cubrir, procesos selectivos sin resolver... Tanto en la Administración General como en Educación y en Sanidad" y han reclamado "un giro completo que garantice la calidad del empleo público y la prestación de servicios".

Fuente: arainfo.org

Advierten que si el Gobierno de Aragón no reduce la alta temporalidad en la administración autonómica, se podría poner en riesgo la llegada de fondos europeos y se vería afectada la calidad de los servicios.

El sindicato STEPA ha presentado una queja ante el Justicia de Aragón y tiene previsto recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) del Gobierno autonómico que califican de “igual de ridícula que la que aprobó el anterior gobierno del PSOE”.

La nueva OPE del Gobierno de Aragón es de 313 plazas sin identificar, lo que dejaría fuera a más de 3.000 afectados sin poder acceder por concurso, todos en abuso de temporalidad. Consideran que deja en una situación de total desamparo a los funcionarios interinos que pueden acabar en la calle sin derecho a ningún tipo de indemnización, después de trabajar durante muchos años para la administración.

Más movilizaciones

La portavoz del Secretariado de STEPA, María Pilar Remírez, explica que la temporalidad en la administración autonómica, que califica como un “cáncer”, es del 51%, frente al 8% que marca la Unión Europea. Por eso, tampoco descartan unirse con otras comunidades y acudir ante el Ministerio de Hacienda o ante la Comisión Europea.

Además de pedir el amparo del Justicia y anunciar acciones legales, STEPA tiene previsto seguir llevando a cabo movilizaciones e incluso no descarta convocar una huelga.

Fuente: ondacero.es

Los trabajadores, que van a ser cesados próximamente, aseguran que el 51% de los empleados públicos tienen contratos temporales, cuando la ley obliga a reducir esa cifra al 8%.

Un grupo de interinos acudió este miércoles a la Fiscalía para interponer una denuncia contra los responsables del Gobierno de Aragón, tanto en la etapa anterior del cuatripartito dirigido por el socialista Javier Lambán como en la actual de PP y Vox, presidido por Jorge Azcón. El motivo es la situación de abuso de temporalidad que se ha producido en la administración autonómica, "con un 51% de interinos" frente al máximo del 8% fijado por la ley.

La denuncia, dirigida a los consejeros de Hacienda de los dos Ejecutivos como a los directores generales de Función Pública, está firmada por 20 empleados públicos, que cuentan con el apoyo de la Asociación de Veterinarios Oficiales de Aragón (AVOA) y por el Colectivo de Interinos.

A su juicio, todas estas actuaciones podrían ser "constitutivas de delitos tipificados en los artículos 404, 433, 502 del Código Penal", es decir, la prevaricación, la malversación o la desobediencia. Aducen que la mayoría de los firmantes llevan en sus puestos de trabajo un mínimo de 15 años, con casos de incluso 20 o 25.

Los denunciantes afirman asimismo que el Gobierno entrante llegó a un acuerdo con el sindicato de interinos "en el que se comprometía a no sacar a concurso las plazas estructurales ocupadas por interinos afectadas por la ley 20/2021 de 28 de diciembre y el Real Decreto 5/2023, como hacía mal el Ejecutivo del señor Lambán". 

Sin embargo, y siempre según sus apreciaciones, "ahora el Gobierno entrante sigue la misma tónica que el saliente y va a echar a la calle a miles de interinos, en la mayoría mujeres de más de 50 años".

También hacen hincapié en que se trata de la primera vez que un colectivo de empleados públicos interinos tiene que denunciar las prácticas irregulares de dos Gobiernos de Aragón. Pese a todo, afirman que no les va "a temblar el pulso" y seguirán "con distintas actuaciones dentro de la legalidad" en la defensa de sus "legítimos intereses amparados por la ley".

Fuentes del Gobierno de Aragón evitaron hacer valoraciones, pero aclararon que la denuncia procede de un grupo reducido de funcionarios y que "es ajeno al sindicato mayoritario y representativo en la Mesa de la Función Pública STEPA".

Fuente: heraldo.es

Los sindicatos piden que se cumpla con la Ley y solicitan una reunión con el nuevo Ejecutivo

Zaragoza. Los sindicatos STEPA-CATA se han concentrado esta mañana reclamando al Gobierno de Aragón que saque más plazas a concurso público, a través de una convocatoria extraordinaria, para estabilizar a los trabajadores interinos de larga duración.

Denuncian que hay 17.000 interinos cuyas plazas deberían ir a concurso de méritos en la Administración aragonesa. "Actualmente el 51% de la plantilla del Gobierno de Aragón es temporal. Es un dato bochornoso, abusivo y que se le debería caer la cara de vergüenza a los políticos aragoneses", explicaba María Pilar Remírez, secretaria de este sindicato.

Como ha indicado Remírez, ese 51% de interinos está muy lejos del objetivo marcado por el Gobierno de España de un 8% en 2024. Acusan al anterior Ejecutivo de Javier Lambán de esconder estas plazas que tienen derecho al concurso de méritos.

"Si nos centramos en el sector que representamos, la Administración General, calculamos que son 3.000 plazas las que deberían ir a concurso de méritos", continúa Remírez. Denuncia que el anterior Gobierno "solo convocó 300".

Espera este sindicato una reunión próxima con el Gobierno PP-Vox.

Fuente: cadenaser.com