El fallo afecta a una empleada del ERA que encadenó contratos desde 2005 y acabó estabilizando su puesto. La Sala sostiene que obtener una plaza fija no elimina por sí solo el perjuicio causado por años de contratación temporal en fraude de ley.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha revocado la decisión del Juzgado de lo Social de Mieres y ha reconocido a la trabajadora una indemnización de 35.172 euros, equivalente a 20 días de salario por año trabajado. La empleada ya había sido declarada indefinida no fija en 2018 y, más tarde, accedió a la plaza estable a través de un proceso de estabilización. Este tipo de resoluciones se suma a otros casos recientes, como el de la trabajadora gana un juicio por error en las nóminas, lo que refuerza la vía judicial ante irregularidades laborales.

La sentencia del TSJ de Asturias reconoce indemnización por abuso de temporalidad

La reclamación partía de una idea clara: la trabajadora entendía que la Administración había cubierto con contratos temporales una necesidad permanente durante casi dos décadas. En un primer momento, el juzgado rechazó pagar compensación al considerar que no había daño patrimonial, ya que la empleada seguía trabajando tras conseguir su plaza fija. El TSJ, sin embargo, corrige ese criterio y reconoce que sí existe derecho a indemnización por la extinción del vínculo como indefinida no fija cuando la plaza queda cubierta reglamentariamente.

La Sala no aceptó la petición principal de 33 días por año trabajado, pero sí la subsidiaria de 20 días, al entender que no se acreditó un perjuicio individual superior al derivado de la propia falta de estabilidad. Con ese razonamiento, fijó la cuantía final en 35.172 euros.

Por qué lograr una plaza fija no elimina el derecho a cobrar

El punto más relevante del fallo es que la estabilización del puesto no borra el abuso anterior. El tribunal considera que el perjuicio ya se había producido durante años, por la ausencia de estabilidad y por haber mantenido a la trabajadora en una situación irregular para cubrir necesidades estructurales de la Administración. También precisa que el escrito de renuncia firmado para formalizar el nuevo contrato fijo no fue una dimisión real, sino un trámite exigido para poder tomar posesión de la plaza.

La resolución se apoya además en la doctrina europea sobre el abuso de la contratación temporal, que exige respuestas efectivas y disuasorias frente a este tipo de prácticas. Desde esa perspectiva, el TSJ concluye que el proceso selectivo por sí solo no sanciona el abuso ni compensa automáticamente a la persona afectada.

Qué personal laboral temporal puede reclamar esta compensación tras estabilizar

Según CSIF, esta vía está dirigida al personal laboral que pueda acreditar contratos temporales en fraude de ley, tenga o no una sentencia previa que le reconozca la condición de indefinido no fijo. El sindicato presentó la resolución como un precedente importante en Asturias, al reforzar la posibilidad de reclamar indemnización incluso cuando el trabajador ha consolidado finalmente su plaza.

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Fuente: madridinforma.eldiario.es 15.04.2026

El sindicato ANPE señala que se trata de la tónica habitual y valoran que los 479 nuevos funcionarios hayan logrado la «ansiada estabilidad»

El 95 por ciento de las 479 personas que han obtenido plaza en el último procedimiento de estabilización del cuerpo de maestros son interinos, lo que redundará «en una reducción de la tasa de interinidad», según un estudio elaborado por ANPE.

Las 479 plazas ofertadas en siete especialidades se han adjudicado en su totalidad y las personas seleccionadas deberán realizar ahora una fase de prácticas, de un año de duración, antes de convertirse en funcionarios de carrera.

El sindicato ha explicado que se trata de la tónica habitual de otros procesos selectivos, puesto que en 2022, último año en el que se convocaron plazas para maestros, más de un 93 por ciento de los seleccionados eran interinos.

Los datos por especialidades oscilan entre los maestros de la especialidad de Infantil, de los que el 91,6 por ciento tenían experiencia docente, y la especialidad de Educación Física con un 98,2 por ciento de seleccionados con experiencia previa en las aulas.

«A través de este proceso selectivo, Asturias cuenta con 479 nuevos maestros funcionarios que han salido de las listas de interinos logrando la ansiada estabilidad, lo que redundará en una reducción de la tasa de interinidad, contribuye a estabilizar claustros en los centros escolares y mejora la calidad de nuestro sistema educativo», ha apuntado ANPE, informa Efe.

Fuente: lavozdeasturias.es 22.07.2024

Al proceso de estabilización, para el que había tres plazas de violín y una de trompa, se presentaron 14 aspirantes de los que varios llevan casi una década tocando para la sinfónica asturiana

a polémica sobrevuela las oposiciones de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). Hasta diez músicos profesionales —seis trompistas y cuatro violinistas— recibieron una calificación de cero puntos sobre el total de 30 en sus respectivos exámenes prácticos. Se trata de un proceso de estabilización al que se presentaron un total de 14 aspirantes en busca de cuatro plazas: tres de violín y una de trompa. Varios de los profesionales que recibieron la mínima puntuación posible llevan casi una década tocando como interinos para la sinfónica asturiana. «Si tan malos somos podrían habernos echado hace años», claman.

En total ha habido tres exámenes. El primero de ellos se celebró el pasado 27 de mayo. A la prueba se presentaron cinco violinistas profesionales en busca de tres plazas de la categoría de profesor instrumentista «tutti». De los cinco músicos cuatro sacaron un 0,00 sobre 30 y uno de ellos logró un 6,81, que vendría a ser un 2 sobre 10. Según comentan los aspirantes, quienes prefieren mantenerse en el anonimato, la organización de la prueba no fue de su agrado. Tal y como denuncia el sindicato CSIF en un escrito en el que piden la nulidad de las pruebas al Instituto Adolfo Posada, «no se hizo ninguna grabación oficial de las pruebas por parte de la administración». Una situación que impide visualizar de nuevo las pruebas para valorar si los aspirantes eran o no merecedores de esas bajas calificaciones.

La segunda prueba tuvo lugar el 29 de mayo. Se presentaron un total de nueve aspirantes en busca de una plaza en la categoría de trompista coprincipal. Pues bien, seis de ellos recibieron por parte del tribunal una calificación de 0,00 sobre 30 mientras que los tres restantes obtuvieron un 15,75, un 15,63 y un 13,03. Cabe incidir en que si bien se trata de pruebas con alto nivel, desde CSIF y los propios aspirantes denuncian que «ni presentándote borracho sacas esa nota». «Estamos hablando de gente con un currículum y una extensa formación que, además, tenía que tocar sinfonías que llevan años tocando», claman.

La tercera prueba fue la correspondiente a una segunda fase selectiva de violín. Un examen en el que, según señalan los aspirantes, «se repitieron hasta tres sinfonías que ya habían caído en la primera prueba». Ahora bien, el resultado fue diferente. Si en el primer examen cuatro de cinco sacaron un cero en la segunda las calificaciones fueron algo más altas, llegando incluso a cubrirse una de las plazas. El que más sacó fue un 23,65 sobre 30 mientras que el resto obtuvieron un 12,81, un 6,67, un 5,31 y un 2,50.

La postura de la OSPA

Por su parte, la gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Ana Mateo, se desmarca de las bajas calificaciones y se remite a la soberanía de los tribunales de las pruebas selectivas. «El nivel de exigencia es muy alto y los examinadores pueden justificar las notas», indica Mateo, quien confirma que efectivamente las pruebas no fueron grabadas por parte de la administración: «Los integrantes del tribunal no se cruzan con los aspirantes y tienen los teléfonos en una caja al igual que los examinados».

Fuente: lavozdeasturias.es 07.06.2024

El administrativista Raúl Bocanegra compara el fallo del TJUE con "una bomba atómica" mientras que los sindicatos hablan de "incertidumbre general"

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que refiere el abuso de los contratos temporales por parte de las administraciones españolas ha supuesto todo un terremoto jurídico cuyas consecuencias aún no pueden anticiparse. Los juristas discrepan sobre la interpretación de un pronunciamiento que en el fondo reitera la postura que la justicia europea ha mantenido durante años: que es necesario poner remedio a las contrataciones abusivas y que debe ponerse remedio a quienes las padecen.

El fallo del tribunal europeo se produjo a partir de una consulta relativa a contratos de indefinidos no fijos y la justicia de la UE venía a afirmar que ante la posibilidad de que los procesos de estabilización o las decisiones jurídicas que se adopten en situación de conflicto no respondan al espíritu de la norma europea, hacerlos fijos podría ser la salida más efectiva.

Cinco mil interinos asturianos se agarran a la normativa comunitaria para conseguir ser fijos: se augura una catarata de reclamaciones

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Algunos juristas creen que el dictamen no dice nada nuevo respecto a lo que la UE venía reiterando, y que las administraciones pueden seguir con sus procedimientos de consolidación. Otros, en cambio, creen que la rotundidad con que la justicia comunitaria señala que no puede la normativa nacional contravenir el criterio de la UE viene a significar que el tribunal advierte de que prevalece el criterio europeo, desplazando cualquier planteamiento de la legislación nacional al existir un conflicto entre normas.

Una bomba atómica. De esta opinión es el jurista Raúl Bocanegra, especialista en Derecho Administrativo y con dilatada experiencia en estos casos y en la legislación europa. Señala gráficamente que este último pronunciamiento es "como una bomba atómica" cuyas consecuencias terminarán por poner fin a "una situación de engaño continuado que supone un verdadero escándalo". Cree que la reflexión de la UE, a lo largo de los años, excede la situación de los indefinidos no fijos. Su recomendación a cualquier empleado público que se encuentre en situación de interinidad reiterada es "que ponga un pleito", porque cree que el pronunciamiento comunitario terminará por imponerse.

"Chapuza jurídica". Bocanegra "prevé una cantidad de pleitos innumerable" porque la sentencia del tribunal europeo "corrige una chapuza jurídica muy gorda" del Tribunal Supremo, que ha venido rechazado de forma reiterada la fijeza del personal interino de larga duración. El jurista defiende que la justicia europea "ha puesto fin a más de 20 años de abuso impune para prolongar la contratación temporal", una política a la que han recurrido administraciones gobernadas por partidos de todos los colores.

¿Antes la UE o la Constitución? La visión comunitaria contradice también, según algunos juristas, el propio criterio constitucional referido al empleo público que impide la integración automática de determinados grupos en la función pública. Por ello creen que aun si la UE obligase al ingreso automático como empleados fijos del personal temporal sobre el que haya existido un abuso de contratación, la justicia no debería verse obligada a desplazar la posición constitucional. Con este planteamiento discrepa Bocanegra, que cree que sí debe de haber una aplicación directa del derecho de la Unión. "Nada de lo que la UE establece se ha venido aplicando, y la directiva europea ha sido sistemáticamente interpretada de manera contraria".

El Supremo gana tiempo. Ante el complejo panorama que se abre, la sala cuarta del Tribunal Supremo ha formulado una "cuestión prejudicial" al Tribunal Europeo para pedirle que aclare cómo debe aplicarse esa nueva sentencia comunitaria y que señale qué elementos del ordenamiento jurídico nacional contravienen ese criterio. Los interinos ven en esta maniobra un intento de ganar tiempo dado que este tipo de cuestiones prejudiciales suelen tardar dos años en responderse.

Llamada a la calma. Pero, entretanto, ¿qué puede hacer la Administración? El también jurista Juan Ramón Chaves García llama a la calma. "Que las administraciones prosigan sus procedimientos de consolidación y estabilización, que las administraciones velen por no extralimitar la temporalidad y que se repriman los abusos", sostiene en un reciente artículo publicado en su blog "Delajusticia.com". También en un reciente artículo, Pedro Moreno, letrado del Tribunal Supremo, pone en duda que la doctrina europea en este asunto pueda acabar desplazando la capacidad soberana de la justicia española, amparándose en sentencias del Tribunal Constitucional.

Incertidumbre sindical. La complejidad del asunto también genera "una incertidumbre general" tanto en el ámbito sindical como en el conjunto de las administraciones, ya que la puerta que abre la justicia europea a la contratación fija de los interinos su última sentencia contrasta con la dictada en plena pandemia, en marzo de 2020, cuando reconoció el abuso de las administraciones españolas con los interinos, pero no accedió a su conversión en indefinidos no fijos.

"Estamos recibiendo muchas llamadas de afectados, pero de momento les estamos aconsejando prudencia y que no recurran hasta que se aclare el panorama que ahora es de confusión total. Si recurren podrían encontrarse con una sentencia desfavorable, que les pueda perjudicar más adelante porque su caso ya ha sido juzgado", explicó el representante de uno de los sindicatos más representativos en la función pública de Asturias. En los últimos años ha habido un goteo constante de ceses de interinos, que perdieron su puesto de trabajo como consecuencia de los concursos de traslado que afectaron a los plazas que ocupaban en la mayoría de casos desde hace más de tres años, límite que estableció la reciente ley estatal de 2021 para la reducción de la temporalidad.

Bocanegra, en cambio, tiene clara cuál debe ser la vía: la de recurrir a los tribunales, porque considera que "todos los puestos de interinidad, sea cual sea su modalidad, están sujetos a un abuso que la UE rechaza".

El Principado, con 111 indefinidos no fijos, mantiene su plan de estabilización

El registro de personal del Principado de Asturias constata la existencia únicamente de 111 indefinidos no fijos, categoría que obtuvieron después de procesos judiciales en los que reclamaron ese reconocimiento. El gobierno regional viene desarrollando tras la última reforma legal y con el objetivo de reducir la interinidad en la administración sucesivas pruebas para estabilizar la plantilla. Este 2024 está previsto la estabilización de 8.700 interinos, según datos del Gobierno. La Vicepresidenta, Gimena Llamedo, titular de las competencias en Función Pública del Principado, aseguró ayer que «todos los procesos de estabilización están en marcha para ser ejecutados en plazo», con el horizonte de lograr ese objetivo de que la tasa de interinidad quede en el 8%, con un plazo hasta el 31 de diciembre. «Esa es la hoja de ruta del gobierno», indicó Llamedo. Ya tras conocerse la sentencia, el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, indicó que el argumento del tribunal europeo es «muy similar al de la sentencia de 2021 que dio lugar a estos procesos de estabilización. Entendemos pues que no va a tener un impacto significativo» sobre la evolución de las oposiciones en marcha.

Fuente: lne.es 12.03.2024

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias revoca una sentencia anterior, que obligaba a la Administración asturiana a readmitir a la trabajadora o a compensarla con 39.000 euros, por considerar que no es un despido al ser convocada y adjudicada finalmente la plaza

La del trabajador indefinido no fijo de la Administración pública no deja de ser una figura peculiar: a los efectos son trabajadores públicos temporales de larga duración. De hasta 14 o más años, como es el caso de una trabajadora que encadenó contratos desde 2004 como cuidadora y técnica de educación infantil con la entonces Consejería de Derechos Sociales hasta que la plaza que ocupaba en su último contrato de interinidad, formalizado en 2008, fue convocada y adjudicada, cesando así su larga relación laboral con la Administración del Principado de Asturias.

Un reciente fallo de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), pese a que revoca la sentencia de un juzgado de lo social de Gijón que consideró esa extinción laboral como despido improcedente, le reconoce a la trabajadora una indemnización de 21.525 euros en virtud de la doctrina con la que el Tribunal Supremo ha ido reconociendo la figura de los trabajadores indefinidos no fijos de las Administraciones.

El primer contrato eventual que tuvo la trabajadora afectada se remonta a 2004, como educadora en un centro de menores, y se prorrogó hasta 2005. El segundo fue en diciembre de 2007, otro contrato eventual de menos de un mes como técnica de educación infantil en un centro de Gijón, al que seguirían otros cinco contratos de interinidad, desempeñando roles como educadora y técnica de educación infantil en varios centros, hasta mayo de 2008.

Al menos tres de esos contratos eran eventuales por circunstancias de la producción, para realizar funciones como atender la acumulación de tareas debido al incremento de trabajo o debido al periodo vacacional, licencias por asuntos particulares y otros permisos del personal adscrito al centro. De hecho, esos cinco contratos fueron para sustituir a otras tantas personas de baja o de vacaciones hasta que en junio de 2008 se le hizo un contrato de interinidad como técnica de educación infantil en una guardería de Gijón, un puesto vacante en el que estuvo trabajando 14 años.

El contrato especificaba que la duración se extendería durante el tiempo que durase «el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva de la plaza, sea amortizada o transformada, o bien si se produce el reingreso del personal excedente conforme al Convenio Colectivo de aplicación, así como por cobertura de personal laboral fijo, todo ello por los procedimientos legal y reglamentariamente establecidos».

14 años para sacar una plaza vacante

Y ese proceso tardó en llevarse a cabo esos 14 años. Las pruebas se convocaron en marzo de 2019 y, tras el proceso selectivo, se adjudicó el puesto de trabajo en noviembre de 2022. La trabajadora fue informada de que su contrato de interinidad, «como consecuencia de la cobertura reglamentaria de personal laboral indefinido», se extinguía en diciembre de 2022.

La trabajadora, que en el momento de extinción de su relación laboral tenía la condición de indefinida no fija, presentó una denuncia y un juzgado de lo social falló a su favor en mayo de 2023, considerando como despido improcedente la extinción de su contrato, reconociéndole una antigüedad desde diciembre de 2007, y ordenando a la Administración del Principado de Asturias a readmitirla en el mismo puesto y condiciones, con el abono de los salarios de tramitación, o a indemnizarla con 39.301 euros.

La Administración asturiana recurrió esa sentencia argumentando que, según el articulado del Estatuto de los Trabajadores y diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo, la provisión reglamentaria de un puesto ocupado por un trabajador indefinido no fijo no es un despido, sino una extinción válida de la relación laboral. Y así lo considera el fallo de la sala de lo social del TSJA, que revoca la sentencia anterior y le reconoce a la trabajadora una indemnización de 21.525 euros en lugar de los 39.301 del fallo de instancia.

Esa indemnización de 21.525 euros se corresponde con 20 días de salario por año de servicio, con un límite de 12 mensualidades, en aplicación de la doctrina que reconoció en su momento que así se estableciera la extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de una plaza ante el vacío normativo que existe al respecto en España.

Hay que tener en cuenta que la conversión de la relación laboral en indefinida no fija puede verse como una sanción a las administraciones que han recurrido en exceso a contratos de trabajo de duración temporal, pero la naturaleza del contrato no cambia y, como recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, «a pesar de las irregularidades en el desarrollo temporal del contrato con la Administración no cabe alcanzar la condición de fijo por razones relacionadas con los principios de acceso a puestos públicos».

En este sentido, el fallo de la sala de lo social del TSJA también recuerda que la conversión de un contrato de duración determinada en indefinido no fijo se produce cuando la Administración Pública ha recurrido en fraude de ley en la contratación temporal, como sucede en este caso con una trabajora temporal que lleva 14 años en el mismo puesto, pero, «contrariamente a lo que ocurre en el sector privado, no es posible convertir la relación laboral en una fija, dado que, a diferencia de las modalidades de contratación en dicho sector, el acceso al empleo público se realiza mediante sistemas selectivos públicos que deben respetar los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad».

Fuente: lavozdeasturias.es 15.02.2024

La Asociación de Profesorado Técnico de Formación Profesional RED PT-FP muestra públicamente su apoyo a un encierro en contra de su expulsión como docentes del Principado de Asturias. 

Comunicado RED PT-FP

Hoy Viernes, a las 19 h. 30’ en el IES LA ERIA de Oviedo nuestros compañeros de 19 especialidades de PTFP en Asturias van a protagonizar un encierro en contra de su expulsión como docentes del Principado después de décadas de servicios prestados; se leerá un comunicado dirigido a Sindicatos, prensa, políticos y a toda la ciudadanía.

En primer lugar mostrar desde RED PT-FP nuestro apoyo incondicional a un profesorado que ha demostrado sobradamente su capacidad docente y que, al igual que en el resto del Estado, está siendo víctima de una legislación supremacista e injusta que contradice de modo abrupto todo lo legislado en las anteriores Leyes Educativas y de F.P. del propio partido Socialista; una legislación contraria al propio espíritu de lo que encarna la Formación Profesional, aunque puede que ese sea el objetivo final.

A lo largo del Estado las CCAA están mostrando mayoritariamente su apoyo a este colectivo, pero dicho apoyo se basa en promesas que, a falta de 5 meses para el inicio del próximo curso, y dos para las próximas elecciones autonómicas, siguen sin plasmarse en Ordenes o Resoluciones que impriman negro sobre blanco una solución real a esta problemáticas.

En muchos casos las CCAA muestran su deseo de solución pero condicionándolo a pedir al Gobierno del Estado la continuidad de este profesorado (hablamos de una legislación que se supone que fue redactada con el consenso de las CCAA), cuando ya hemos explicado anteriormente que el Ministerio de Educación y Formación Profesional no ha mostrado en nuestra última reunión ni un ápice de interés en acometer las reformas legislativas pertinentes que amparen nuestra continuidad; lo dejan todo en manos de las CCAA pero sin darles las herramientas suficientes para tener una cobertura legal que solucione el conflicto.

El mismo Gobierno que lleva casi tres años haciendo hace caso omiso a nuestro colectivo, estableciendo una discriminación sin precedentes en nuestro sistema educativo y perjudicando sin ningún argumento académico a profesionales con décadas de experiencia.

El Gobierno de Asturias ofrece como “solución” que este profesorado permanezca en una bolsa de interinos diferente a la bolsa principal a la espera de que se agote esta última para poder trabajar o para cubrir sustituciones en el antiguo Cuerpo de PTFP, lo que no deja de ser un despido encubierto para la mayoría de trabajadores afectados y una pérdida de derechos más que evidente.

Además resulta paradójico que este profesorado si que pueda acceder a un puesto de trabajo en el Subgrupo A1 cuando “no tengan a nadie más” pero no puedan hacerlo en una bolsa única para todo el profesorado de cada especialidad, manteniendo sus puestos y todos los derechos adquiridos.

Ninguna Organización Sindical que presuma de defender a estos trabajadores puede prestarse a semejante atropello por parte de la Administración, nadie debe ser cómplice de la segregación y el desprecio al que se está sometiendo a este colectivo .

Nos enorgullece tener unos compañeros en Asturias que han decidido dar un paso importante en la defensa de sus reivindicaciones, como ya lo hicieron aquellos mineros que durante los meses de Abril y Mayo de 1962 protagonizaron la “Huelga del Silencio” que puede considerarse el presagio de las reivindicaciones que marcarían los últimos años de la dictadura. 

Esperamos que esta actuación sea también el presagio de actuaciones similares en el resto de CCAA que demuestren que ahora sí todos estamos dispuestos a decir basta y a denunciar públicamente el mayor atropello legislativo en materia de Formación Profesional que se ha cometido en toda la historia de la democracia española.

Asociación de Profesorado Técnico de Formación Profesional RED PT-FP

Fuente: tercerainformacion.es

La demanda de USIPA alteraría la puntuación de la experiencia de los trabajadores a tiempo parcial en los concursos para estabilizar plazas de interinos

Cerca de seiscientos trabajadores del Principado con relaciones laborales a tiempo parcial configurarían el colectivo potencialmente afectado por la demanda en la que se cuestiona el modelo de valoración de méritos articulado por la Administración en los concursos para convertir en fijas las plazas que ocupan más de 2.000 interinos de larga duración. Son trabajadores con contratos anuales, pero que por diferentes razones y a ritmos distintos no trabajan todo el año. Conforme a la redacción vigente de las bases que regirán los procesos selectivos, cuando se materialicen los concursos para adjudicar las 2.061 plazas que se estabilizarán en las consejerías –las de la parte del entramado administrativo que excluye a docentes y sanitarios– los años de servicio de estos empleados serían valorados igual que si trabajasen a jornada completa, pero la demanda del sindicato USIPA ha llevado hasta los tribunales su pretensión de que eso cambie. Reclaman que se deshaga la igualdad que ha consagrado la Administración en las reglas consensuadas con los sindicatos de la mesa general y que a estos efectos de la puntuación del mérito sólo se compute el tiempo efectivo de los servicios prestados.

Según cálculos sindicales, dentro de la abundante casuística del tiempo parcial potencialmente afectado hay al menos 155 fijos discontinuos, en su mayor parte cocineros o ayudantes de cocina, pero también 86 empleados con contratos inferiores al cien por cien de la jornada –animadores culturales, terapeutas ocupacionales, psicólogos– y entre otros 111 que trabajan fines de semana y festivos. Con esos y algunos otros, y contando además los que tienen concedida una reducción de jornada se acabaría de pergeñar la composición de este colectivo que las citadas fuentes ubican en el entorno de los seiscientos empleados. Aproximadamente 400 de ellos serían interinos y su distribución por sexos tiene una apreciable mayoría femenina. Si se excluyen los puestos con reducción de jornada, casi tres de cada cuatro afectados son mujeres.

Quedará en manos de los tribunales la decisión final. Los demandantes entienden que no tiene lógica puntuar igual la experiencia profesional de un empleado que lleve diez años trabajando a jornada completa que la de otro que haya prestado servicios el mismo tiempo, pero a tiempo parcial. En el otro lado, los sindicatos que defienden la visión contraria precisan que estos interinos con menos jornada tienen contratos anuales, que su casuística es extraordinariamente variada, pero que en todo caso ya cobran menos y que no reconocerles toda la antigüedad supondría ejercer sobre ellos una doble penalización que no tendría sentido. Además, se acogen a una sentencia en la que el Tribunal Supremo equipara la antigüedad de los trabajadores a tiempo parcial de la Agencia Tributaria con la de sus compañeros a jornada completa.

Fuente: La Nueva España

La tasa de temporalidad en las administraciones asturianas se mantiene en el 37% mientras que en el sector privado baja del 21% al 13,7%

La radiografía del mercado laboral que dibuja la última Encuesta de Población Activa (EPA) en Asturias, que cerró 2020 con 20.000 parados más, ha sorprendido también por la desmesurada subida del paro entre los más jóvenes, pero también refleja otras realidades a las que ni la reforma laboral parece poder poner freno. El ejemplo más claro es que en 2022 las nuevas contrataciones siguieron siendo mayoritariamente temporales -67,8%- pese a que se reducían en un considerable 29% mientras que las indefinidas, a pesar de crecer un 201%, no llegaron ni a 90.000 (31%) por los más de 190.000 contratos temporales de todo el 2022.

Se ganan 20.000 desempleados en un año, situándose la cifra en 64.100, de los que el 32,7% llevan más de dos años buscando empleo. Es el segundo porcentaje más alto de parados de larga duración en España, solo detrás de Canarias (34,1%), con una media nacional que se sitúa en el 28,2%.

También se pierden 15.100 ocupados, bajando el número de asturianos con empleo a 381.400. El sector público pierde 13.700 asalariados en comparación con la EPA de hace un año, cuando daba trabajo al 22,5% de los ocupados asturianos, porcentaje que baja ahora al 19,7%.

Precisamente es en el sector público donde mayor temporalidad se sigue concentrando, prácticamente la misma que hace un año: el 37,2% de los empleados públicos (28.000 en la actualidad por los 32.900 de hace un año) tienen contratos temporales frente al 13,7% (32.700) que los tienen en el sector privado, donde hace un año la temporalidad era del 21% (51.100 trabajadores). Ese 37,2% de empleados públicos temporales supone que Asturias es la segunda comunidad autónoma con el mayor porcentaje, solo tras Canarias, que tiene un 39,3% de temporalidad en el sector público. La media nacional es del 30,2%.

Las mujeres copan esos empleos temporales de las administraciones en Asturias: 19.800 (44%) por los 8.200 hombres (27,1%). Según esta última EPA, el sector público emplea en el Principado a 75.300 personas por las 238.900 que son asalariadas en el sector privado, lo que supone el 62,6% de los asturianos ocupados cuando un año antes eran el 60,9%.

La última EPA también refleja que también crece el número absoluto de autónomos sin asalariados o trabajadores independientes, al pasar de los 42.100 de hace un año a los 47.900 de esta última estadística. Los trabajadores por cuenta propia representan el 17,6% del total en Asturias, un punto menos que hace un año al bajar el número de los que tienen empleados de 19.600 a 18.600.

La jornada a tiempo parcial, para las mujeres

La última EPA también muestra que en un año crecen las jornadas a tiempo parcial, que siempre implican salarios más bajos. La diferencia con hace un año no llega ni a dos puntos porcentuales, pero siempre podría haber sido al revés. Si en 2021 los asturianos con jornada completa suponían el 88%, ahora son el 86,8% frente al 13,2% de ocupados con jornada a tiempo parcial. Son 50.300 personas, de las que la mayoría (39.400) son mujeres.

Si siete de cada 10 asturianos con trabajo lo hacen en el sector servicios, casi un 13% (55.000 personas) en la industria, un 6% (24.300) en la construcción y casi un 3% (12.300) en agricultura. Yendo más al detalle del sector servicios, los dos sectores con mayor volumen de trabajadores en Asturias son dos. Por un lado, en la hostelería, el comercio, el transporte y almacenamiento y la reparación de vehículos trabajan 103.000 asturianos y, por otro, en la administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales, 100.000.

Otras 37.300 personas trabajan en actividades profesionales, científicas y técnicas y en actividades administrativas y servicios auxiliares. Casi 32.000 personas están ocupadas en la rama económica que mete en el mismo saco a las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, a las de los hogares como empleadores domésticos y como productores de bienes y servicios para uso propio, a las actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales y a otros servicios.

Mucho más minoritarias son las actividades de información y telecomunicacones, que ocupan a menos de 10.000 personas; las actividades financieras y de seguros, con 6.500, y las inmobiliarias, con solo 1.700.

Fuente: La Voz de Asturias