La medida forma parte de la mayor ampliación de la Justicia en España, con 200 fiscales nuevos y una inversión estatal superior a 22,5 millones de euros

El Gobierno de España creará ocho nuevas plazas fiscales en Canarias dentro del proceso de ampliación del Ministerio Fiscal previsto para 2026, según anunció este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La propuesta forma parte de la creación de 200 nuevas plazas fiscales en todo el país, la mayor convocatoria de la historia, que permitirá aumentar la plantilla del Ministerio Fiscal un 7,13%, pasando de 2.804 a 3.004 efectivos.

Durante una comparecencia junto a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el ministro explicó que la distribución territorial se ha diseñado atendiendo a la carga de trabajo y al dimensionamiento actual de las plantillas en cada comunidad autónoma.

En el caso de Canarias, las ocho nuevas plazas supondrán un incremento del 5,8% de su plantilla fiscal actual, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del sistema judicial y mejorar la atención a la ciudadanía.

Refuerzo histórico de la Justicia en Canarias

A esta ampliación del Ministerio Fiscal se suma la creación de 33 nuevas plazas judiciales en el archipiélago, destinadas a reforzar los tribunales de instancia, las audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia.

Según el Gobierno, se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Canarias y forma parte de un plan nacional que contempla la creación de 500 nuevas plazas de jueces en 2026, lo que supondrá un aumento del 8,5% del total de órganos judiciales en España.

Inversión de más de 22,5 millones

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes invertirá más de 22,5 millones de euros en la creación de las nuevas plazas fiscales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y agilizar el Servicio Público de Justicia.

Esta ampliación será posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un modelo organizativo más moderno basado en los tribunales de instancia. Según el Ejecutivo, este sistema permite crear plazas judiciales con un coste hasta cinco veces inferior al de los antiguos juzgados unipersonales.

El proceso para la aprobación definitiva del Real Decreto que dará luz verde a las 200 nuevas plazas fiscales se inicia ahora en el Consejo de Ministro.

Fuente: www.canarias7.es 27.04.2026

Juan Luis Lorenzo Bragado, Juan Avello y Jaime Borras presentan los programas con los que aspiran a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Los tres candidatosa presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han presentado esta semana sus programas de actuación, en los que coinciden en priorizar la descongestión de los juzgados, la homogeneización de criterios entre magistrados y dar un impulso a los medios materiales y tecnológicos para afianzar el nuevo modelo organizativo. Juan Luis Lorenzo Bragado opta a revalidar el cargo después de cinco años y se enfrentará en los comicios al juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello, y al magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Jaime Borrás.

Los aspirantes comparecerán el próximo miércoles, 29 de abril, por vía telemática ante la comisión de calificación del Consejo General del Poder Judicial para defender sus propuestas, que serán retransmitidas en abierto. Después, el órgano de gobierno de los jueces analizará todos los proyectos para elegir en pleno al magistrado que asumirá el puesto desde 2026 hasta 2031.

Los comicios arrancan en un contexto marcado por el impacto de la ley de eficiencia de la justicia, también conocida como ley Bolaños, y por la reorganización de la planta judicial con la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia. Además, quien asuma el cargo deberá hacer frente a la situación especial de Canarias, que concentra, por séptimo año consecutivo, la tasa de litigiosidad más alta del país. Esta circunstancia lastra el ritmo de las resoluciones judiciales y genera una mayor carga de trabajo acumulada, como reflejan los datos del año pasado, con un aumento del 7% de la pendencia.

Bragado: nueva organización y menos pendencia

Juan Luis Lorenzo Bragado afirma que su candidatura "nace del convencimiento" de que su continuidad como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es "la opción más adecuada para garantizar la buena gobernanza judicial" en los próximos cinco años. "Quien conoce el territorio, a la comunidad judicial y a los operadores jurídicos, quien ha gestionado situaciones complejas y ha construido relaciones de confianza institucional, está en mejor posición para acompañar la transformación que el sistema judicial ha emprendido", argumenta.

El candidato indica que la convocatoria llega en un momento "especialmente exigente" debido a que se produce tras la implantación del mayor calado organizativo en décadas, con la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la justicia y la puesta en marcha de los tribunales de instancia. En este sentido, asegura que ya "ha iniciado el camino" con la adopción de los acuerdos necesarios y un diálogo fluido a través de los cauces institucionales.

Las iniciativas presentadas pretenden garantizar el acceso efectivo a la tutela judicial, con especial atención a las islas no capitalinas, integrar las herramientas tecnológicas, atender a quienes necesitan una protección reforzada, colaborar con las administraciones, dar impulso a la formación y defender la independencia judicial.

El proyecto de Bragado pone el foco en reducir el "déficit estructural" de la planta judicial en el Archipiélago mediante un impulso a las propuestas de demarcación pendientes y la optimización de la política de medidas de refuerzo, con el fin de "garantizar la respuesta judicial en tiempo razonable a la ciudadanía". De la misma forma, propone un plan de infraestructuras judiciales que priorice las situaciones más urgentes de Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario, Granadilla de Abona, Puerto de La Cruz-La Orotava, San Bartolomé de Tirajana y los diferentes partidos de La Palma.

Borrás: un impulso a la coordinación y atención a las islas no capitalinas

El magistrado Jaime Borrás señala en su propuesta que "muchos de los problemas que afectan al sistema judicial en Canarias no responden únicamente a la falta de medios, sino también a cuestiones organizativas, de coordinación y de gestión". Prioriza, en un territorio marcado por la insularidad y la existencia de distintas sedes judiciales, un refuerzo de los mecanismos de coordinación, una mejora de la organización interna y avanzar en soluciones prácticas para dar una "respuesta más ágil y eficaz a la ciudadanía".

El magistrado cita como principales deficiencias la existencia de diferentes cargas de trabajo entre órganos y jurisdicciones, los niveles de pendencia superiores a los deseables que se mantienen en determinados ámbitos, que no siempre existen mecanismos estables de coordinación entre órganos, las carencias materiales y tecnológicas en algunas sedes y que la implantación del expediente judicial electrónico no está plenamente consolidada.

Para solucionarlo, plantea hacer un seguimiento de las cargas de trabajo y los tiempos de respuesta de los distintos órganos judiciales para promover, en aquellos casos en que se detecten situaciones de sobrecarga, la adopción de medidas de refuerzo. Además, apuesta por mantener una "relación fluida" con el CGPJ y con las administraciones competentes y promover una línea de colaboración con la universidad para acercar la función judicial a la ciudadanía a través del alumnado.

Otra de las claves de la propuesta consiste en mejorar la coordinación y unificar criterios en aspectos organizativos y procesales mediante espacios de intercambio, sin perjuicio de la independencia judicial. Por otra parte, se compromete a mejorar los medios materiales, en materia de infraestructuras y espacios de trabajo, y a impulsar la mejora de los de los sistemas de gestión procesal y del expediente judicial electrónico.

Avello, medidas para disminuir los pleitos y promover una justicia inclusiva

El magistrado Juan Avello configura un plan que tiene en cuenta la incidencia de la alta litigiosidad en los juzgados canarios e incluye una serie de medidas "encaminadas, en primer lugar, a la reducción del ingreso de asuntos". "Se pretende describir y analizar la situación actual de la justicia en Canarias ofreciendo un diagnóstico de los problemas y su origen, para poder ofrecer un programa de actuación realista y encaminado a la mejora de la prestación del servicio", recoge.

El juez decano de la capital grancanaria propone para solucionar estas dificultades que se potencie el servicio de mediación familiar y se extienda a todas las jurisdicciones, además de expandir los métodos alternativos de solución de conflictos a las diferentes regiones. En cuanto a los asuntos penales, propone impulsar la mediación en casos de delitos leves y apostar por la justicia restaurativa, además de cerrar acuerdos marco con grandes superficies para la derivación de pequeños hurtos.

El programa también incluye medidas para favorecer la inclusión y la protección de los más vulnerables, con la extensión del modelo de asesoramiento a personas con discapacidad a todo el territorio y la creación de un turno de oficio especializado.

Para hacer frente al cambio de la planta judicial, plantea elaborar mapas de organigrama y ubicación de los servicios comunes por cada partido judicial, crear modelos y códigos para el reparto de asuntos, formar equipos volantes de funcionarios para los partidos judiciales con mayor congestión e impulsar un órgano de seguimiento específico.

Avello proyecta, para la mejora de las condiciones laborales de los jueces, la elaboración de planes de sustitución voluntaria y un seguimiento específico de los refuerzos propuestos y no concedidos. Asimismo, se compromete a impulsar la prevención de riesgos laborales y la salud laboral de la carrera judicial y a designar a un magistrado coordinador como interlocutor.

Fuente: laprovincia.es 23.04.2026

El Gobierno autonómico implementará la figura del facilitador de apoyo en sedes judiciales y fiscales, una persona que asistirá y acompañará a isleños con discapacidad y mayores de 75 años en sus trámites judiciales

La inclusión debe llegar a cada rincón del Archipiélago y los tribunales no serán una excepción. Para avanzar hacia una sociedad sin barreras –ni físicas ni de comprensión–, el Gobierno de Canarias aprobó este lunes un decreto con el que quiere incorporar una nueva figura en el ámbito de la justicia: la persona facilitadora de apoyo. Este profesional acompañará a isleños con discapacidad y a mayores de 75 años para que no se sientan perdidos cuando acudan, por cualquier procedimiento, a sedes judiciales y fiscales.

Estos colectivos, especialmente vulnerables, sí que podían asistir junto a un familiar, un amigo o cualquier otro acompañante, pero esto no siempre era una garantía de que la persona entendiera todo lo que ocurre en la sala. Con la intención de que no se vuelvan a producir situaciones de este tipo, se ha creado una nueva figura, la del facilitador de apoyo, que hará que los procesos y las actuaciones judiciales sean accesibles para todos los canarios.

La aprobación del decreto en Consejo de Gobierno supone un gran paso, pero no será una realidad en los tribunales de las Islas hasta que el Consejo Consultivo dé luz verde y se apruebe de forma definitiva. Eso sí, una vez entre en vigor, se establecerá un registro que funcionará de manera muy similar al turno de oficio de los abogados, es decir, que el ciudadano tendrá acceso gratuito y será la Administración la que pague a los profesionales por servicio prestado.

Una garantía para las dos partes

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, señala que muchos jueces le habían trasladado que sentían impotencia cuando se sentaba delante una persona mayor o con discapacidad y se daban cuenta de que no estaban entendiendo nada. "Este apoyo no solo nos asegura a nosotros, como Administración, que estos usuarios entienden lo que se dice y que pueden expresan todo lo que quieran transmitirnos, sino que además se les quita un peso importante a jueces y fiscales", argumenta.

La consejera subraya que no se trata de una figura nueva. De hecho, la Organización de Naciones Unidas (ONU) la recogió hace un tiempo en una de sus declaraciones. Sin embargo –explica Barreto– el derecho español no lo recogió hasta 2021. Hasta el momento, la Comunidad de Madrid es la única región que ya cuenta con este servicio.

¿Quién puede solicitarlo?

En Canarias los mayores también puede disfrutar de esta asistencia –pensada en un primer momento para personas con discapacidad– si así lo solicitan o si el juez lo considera. "Solo el hecho de estar en el juzgado ya produce cierto estrés, pero en el caso de las personas mayores las dificultades son aún más notables", detalla.

En ningún caso esta persona actuará como un abogado o hablará en nombre del destinatario, ni del sistema de justicia. Tampoco influirá en la toma de decisiones o en los resultados. Su función, según recoge el decreto, será la de informar, diseñar y facilitar, tanto a los profesionales de la justicia implicados, como a las personas involucradas en el proceso.

¿Quién puede serlo?

Esta nueva norma regula, entre otras cuestiones, los requisitos, las actuaciones a realizar por la persona de apoyo y la manera de designar al personal. Para poder ejercer este servicio, es necesario estar en posesión de una titulación o un grado en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, pedagogía, psicopedagogía y criminología.

Además, detalla el documento, tiene que contar con la cualificación profesional específica necesaria, obtenida por alguna de las siguientes vías: certificado de haber cursado una formación en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad, estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador de apoyo en procesos judiciales o acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a estos colectivos vulnerables.

Otro requisito sine qua non es carecer de antecedentes penales en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Asimismo, se exige estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal facilitador.

Para aquellos casos en los que la persona con discapacidad sea menor de edad, quien actúe como facilitador debe reunir todo lo mencionado con anterioridad y, además, tiene que estar en posesión de cursos de formación específica en atención a la infancia y adolescencia, con una duración mínima de 60 horas.

Formación en universidades

La consejera desvela que empezarán a trabajar con las universidades públicas –la de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria– para que incorporen a su oferta formativa un curso específico que prepare a los profesionales en esta materia. El personal del registro, por tanto, será provisional durante los primeros meses después de su puesta en marcha. «Aunque de momento vamos a tirar con psicólogos, pedagogos y otros profesionales, lo que queremos es que la gente que entre en un futuro al registro definitivo pase primero por la formación especializada», sostiene.

Fuente: eldia.es 26.03.2026

Con el peso de una Justicia saturada y edificios que ya no responden a las exigencias del sistema, Nieves Lady Barreto Hernández habla sin rodeos.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias defiende los avances en la implantación de la Ley de Eficiencia —tribunales de instancia, digitalización y refuerzo del personal—, pero advierte de un lastre decisivo: la ausencia de financiación estatal para sostener la reforma.

Canarias ha tenido que asumir con fondos propios buena parte del coste de la transformación, al tiempo que arrastra un déficit estructural de infraestructuras, especialmente en Santa Cruz de Tenerife.

Natural de la isla de La Palma, donde ostenta la secretaría general de Coalición Canaria, licenciada en derecho, casada y con dos hijos, Barreto tiene una cabeza muy bien amueblada. Por eso es uno de los puntales más sólidos de su formación política.

En esta entrevista, Barreto, persona de máxima confianza del presidente Fernando Clavijo (Coalición Canaria), detalla los logros alcanzados en esta materia, las tensiones con el Gobierno central y los límites de una modernización judicial que, sin recursos suficientes y espacios adecuados, avanza a un ritmo más lento del deseado. Pero es positiva. Muy positiva.  

¿Tiene usted confianza en el funcionamiento de los tribunales de instancia?

Creo que el sistema va a funcionar, pero necesita un tiempo de adaptación para rodar bien. Ha habido mucho trabajo previo y ahora existen reticencias entre el personal. Para algunos, el cambio ha supuesto menos carga de trabajo y eso se valora positivamente; para otros, en cambio, implica más tareas o un destino en el que no se sienten tan cómodos.

Nuestra comunidad, como muchas otras en España, arrastra desde hace años una sobrecarga importante en la justicia. Esta reforma, con cambios como los tribunales a distancia y nuevas formas de organización, debería ayudarnos a reducirla.

De hecho, ya empezamos a tener algunos datos que permitirán hacer una primera valoración. Por eso decidimos seguir adelante sin pedir prórrogas y cumplir los plazos previstos, aunque en la última fase hubo presiones para frenar el proceso. Solo otra Comunidad, Asturias, solicitó más tiempo.

Hemos invertido un total de 13,2 millones de euros de fondos propios para transformar 224 juzgados en 19 tribunales. Ahora toca consolidar el cambio. Este año será, sobre todo, de ajuste y organización interna, y los resultados reales se verán a partir del próximo.

Aun así, creo que será positivo, porque refuerza las garantías para la ciudadanía: las decisiones ya no dependen de una sola persona, sino de un órgano colegiado. Es un paso hacia una justicia más moderna, aunque requiere tiempo.

Las consejerías de Justicia del PP se quejan de que una cosa son los 420 millones de euros de los fondos Next Generation que se han repartido y otra distinta es la financiación necesaria para la transformación en tribunales a distancia. De hecho, están reclamando al Gobierno central, al Ministerio de Justicia, la parte de la inversión que corresponde a esa transformación. ¿Están ustedes en la misma línea?

Hemos reclamado esa financiación de forma clara y por escrito, en las conferencias que hemos celebrado con el Ministerio. La puesta en marcha de la ley nos costó esos 13 millones de euros. A partir de ahora supondrá un gasto anual mayor, porque hay costes fijos que mantener, como los sistemas informáticos y los equipos.

Es decir, no es un gasto puntual, sino continuo. En algún momento se planteó incluso la posibilidad de presentar una reclamación formal por la vía judicial al Estado, aunque nunca llegó a tomarse esa decisión. Lo que sí teníamos claro es que esta situación no es sostenible, porque el coste para toda la comunidad autónoma es importante.

¿Se han planteado reclamar al Gobierno que las tasas judiciales que se recaudan en vez de ir al Fondo Común del Estado se dediquen íntegramente a la Administración de Justicia?

Sí, claro. Ya hemos planteado al Ministerio que las tasas judiciales se dediquen íntegramente a la justicia en vez de ir al Fondo Común del Estado, pero es como hablar con una pared. A nosotros nos vendría estupendamente. Eso no va a pasar. Nos lo han dejado muy claro.

También en las conferencias que hemos celebrado. Bueno, ya no celebramos conferencias de Justicia porque como los de las Comunidades del PP se marcharon…

La última, la más reciente, hace poco, fue telemática.

Así es, pero da igual. Le planteemos lo que le planteemos, eso no va a pasar. No van a poner un euro en la implantación de la Ley de Eficiencia. Nos lo dijeron con toda claridad.

Uno de los problemas en la península gira en torno a los Métodos Alternativos de Solución de Controversias. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 1/2025 en lo referente a los MASC porque está provocando disfunciones graves que afectan a la tutela judicial efectiva. Antes el Parlamento de Cataluña aprobó una PNL pidiendo una reforma de los MASC. Lo mismo que el Congreso de los Diputados. ¿En Canarias también están teniendo problemas relacionados con este mecanismo?

No estamos teniendo una incidencia especialmente alta de este problema. De hecho, por ahora no nos han llegado muchos casos de ese tipo. Lo que sí estamos observando es que están entrando menos asuntos en los tribunales y que los procedimientos se están tramitando con mayor agilidad.

Creemos que esto se debe, en parte, al uso de los MASC, especialmente en un contexto de alta litigiosidad como el que tenemos. Por eso, cuando decidimos regularlos mejor y aprobar la orden correspondiente. Optamos por incentivar claramente el acuerdo entre las partes. La idea fue pagar bien cuando hay acuerdo y pagar mal cuando no lo hay.

Para fomentar el acuerdo sobre los MASC fijamos una retribución alta dentro de los baremos establecidos: inicialmente era de 418 euros y, tras actualizar el baremo, ahora está en torno a los 460 euros.

¿Al turno de oficio se le paga 460 euros por cada caso de éxito en la aplicación de los MASC?

Así es. Los baremos establecidos para los acuerdos son esos. Si no consiguen el acuerdo es un 10 % de esa cantidad. Incentivamos el acuerdo. Así de simple.

Está entre los más altos de España.

Es el más alto. Primero estamos nosotros y después Madrid. Además, subimos los baremos del turno de oficio en tres años. Un 15 % en 2025, un 7 % en 2026 y un 8 % en 2027.

En este último año posiblemente los acuerdos con MASC posiblemente lleguen a 500 euros cada uno.

Esto quiere decir que pusieron al día los emolumentos del turno de oficio.

Sí, claro. Desde 2008 no se les había subido la remuneración y, con la crisis económica, lo que se hizo en 2012 y de nuevo en 2018 fue simplemente regularizar las cantidades, es decir, volver a pagar lo que cobraban antes de los recortes.

Lo que hemos hecho ahora es una actualización efectiva de esas cantidades, con una subida que, en tres años, alcanzará alrededor del 30 %, porque la situación anterior ya no era viable. Un ejemplo claro es el del colegio de Tenerife, del que dependen también los profesionales que prestan servicio en El Hierro.

Nos trasladaron el problema de la atención a las personas que llegan en patera a la isla: como allí no hay suficientes profesionales, tienen que desplazarse desde Tenerife.

Con lo que cobraban por turno, no les alcanzaba ni para pagar un hotel si tenían que quedarse, ni los desplazamientos, ya que los vuelos a El Hierro son limitados y los taxis suponen un gasto adicional.

Muchos tenían que adelantar dinero de su propio bolsillo. Esto hacía muy difícil encontrar abogados dispuestos a prestar ese servicio.

Por eso regulamos esta situación y aumentamos las retribuciones. Además, esta medida forma parte de una apuesta más amplia para fomentar que se alcancen acuerdos cuando es posible y evitar que sigan llegando más litigios a los tribunales.

¿Cuántos funcionarios de justicia tienen en Canarias?

2.859. En 2024 teníamos 2.600.

¿Resolvieron el problema del personal en los juzgados?

Nada más empezar la legislatura hicimos una subida a todo el personal que depende de nosotros: gestores, tramitadores, auxilios y forenses. Lo que ayudó a evitar conflictos mayores.

Después abrimos nuevos juzgados, y aumentamos la plantilla. Este año se aplica un segundo tramo y, cuando termine el proceso en 2027, el personal habrá aumentado entre 325 y 345 euros al mes.

En todos los casos se trataba de categorías que llevaban muchos años sin una mejora salarial relevante, y ahora se corrige esa situación de forma progresiva.

¿Cree que tener las competencias transferidas en justicia realmente compensa electoralmente? Porque da la impresión de que exige muchísimo tiempo, recursos y esfuerzo, y, sin embargo, la ciudadanía apenas percibe los beneficios. ¿De verdad aporta un retorno claro?

Para nosotros, todo lo que tiene que ver con el autogobierno, sea fácil o difícil, lo asumimos y queremos asumirlo. Eso incluye también competencias como la sanidad penitenciaria y la gestión de los centros penitenciarios.

Estamos dispuestos a asumirlas, aunque sabemos que no es sencillo, y lo haremos cuando se den las condiciones adecuadas para que esa competencia pueda ejercerse correctamente.

O sea, aspiran a estar en la misma posición que Cataluña o el País Vasco.

Aunque la competencia ya está recogida en nuestro Estatuto, para asumirla plenamente es necesario completar el proceso de transferencia y analizar con detalle los medios disponibles. La situación actual, especialmente en Tenerife, es complicada: la cárcel necesita una reforma casi integral y más recursos.

Por eso hay que sentarse, evaluar en qué estado están las infraestructuras y decidir cuándo se puede asumir esa competencia.

Aun así, nuestra posición es clara: asumiremos todas las competencias que nos corresponden según el Estatuto. Para nosotros, el mayor coste está en las infraestructuras judiciales, y no vamos a dejar de mejorarlas, porque lo importante es ofrecer un buen servicio a la ciudadanía canaria.

Aunque algunos profesionales dependan del Estado y otros de la comunidad autónoma, creemos que es mejor gestionar estos ámbitos desde aquí, aunque suponga dificultades. El año pasado, pese a todo, fue positivo, incluso con la aplicación de nuevas leyes y medidas de eficiencia.

Una de las quejas que me han trasladado otros consejeros de Justicia es que la transformación de los tribunales de instancia exige adaptar y reacondicionar muchos edificios antiguos. ¿Tienen ustedes el mismo problema?

Esto es muy complicado, porque no basta con contratar más personal: también hay que reformar o buscar nuevos espacios, algo especialmente difícil. En Canarias tenemos ese mismo problema.

Este problema lo tenemos sobre todo en este partido judicial, en Santa Cruz de Tenerife; en el resto se han ido adaptando con cambios internos y algo de mobiliario, sin grandes dificultades.

La situación aquí es más compleja porque los órganos judiciales no están concentrados en un solo edificio. En Santa Cruz nunca se ha podido crear una Ciudad de la Justicia como la de Las Palmas, principalmente por la falta de suelo disponible.

«Ya hemos planteado al Ministerio que las tasas judiciales se dediquen íntegramente a la justicia en vez de ir al Fondo Común del Estado, pero es como hablar con una pared. A nosotros nos vendría estupendamente. Eso no va a pasar. Nos lo han dejado muy claro».

En la legislatura pasada se inició una suspensión del planeamiento urbanístico para reservar terrenos, pero afectaba a un ámbito demasiado amplio. Al llegar esta legislatura, se redujo ese ámbito únicamente al suelo necesario para la Ciudad de la Justicia, con el objetivo de agilizar el proceso. Ahora el expediente está avanzando y lo gestiona la Dirección General de Ordenación del Territorio.

Aun así, queda un camino largo: elaborar el proyecto, licitarlo y ejecutar la obra llevará años. Entiendo la impaciencia, pero no es un proceso rápido. El principal obstáculo no es el dinero, que llegará cuando toque, sino desbloquear la situación urbanística. Aquí el problema es claro: no hay espacio disponible y encontrarlo requiere tiempo y trámites complejos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias preguntaba no hace mucho cuándo van a aplicar la comarcalización de los Juzgados de violencia sobre la mujer. ¿Lo van a hacer?

Puede que dependa del caso, pero aquí la comarcalización fue un fracaso. Ya se advirtió en su momento: no había espacio suficiente ni condiciones adecuadas, y eso ha generado muchos problemas en este juzgado. Se trasladaron partidos judiciales como Güímar y La Laguna a unas instalaciones que ya eran muy limitadas.

La idea de comarcalizar, es decir, agrupar servicios para ofrecer una atención más especializada, es positiva y en eso estamos todos de acuerdo. Pero antes hay que estar preparados, y en este caso no lo estábamos.

O sea, que el problema principal en Canarias son los espacios…

Es evidente que la Ley de Eficiencia pretende unificar y reorganizar los tribunales, como ocurre, por ejemplo, entre La Orotava y Puerto de la Cruz. Pero para que eso funcione bien, primero necesitamos disponer de espacios adecuados, y eso todavía no está resuelto.

Cuando tengamos esos espacios, claro que será positivo, sobre todo para las víctimas. Nadie se opone a avanzar en esa dirección, pero hay que hacerlo en el orden correcto. Si no, el resultado puede ser peor. De hecho, se han dado situaciones inaceptables, como que agresor y víctima coincidieran en los mismos accesos del juzgado.

Eso no se puede permitir. Si la realidad física del edificio no lo permite, primero hay que adaptarla. Por eso se ha impulsado una ampliación y se han tomado medidas para mejorar las instalaciones. El objetivo es claro: avanzar, sí, pero solo cuando tengamos los medios necesarios para hacerlo bien.

Cuando las diferentes Comunidades Autónomas asumieron la transferencia de las competencias de Justicia, el Ministerio transfirió el presupuesto que tenía asignado a ese territorio cuando lo administraba directamente. ¿Actualiza el Ministerio anualmente ese presupuesto?

No sé hasta qué punto se actualiza la financiación; como mucho, se aplican las subidas habituales. Ahora mismo no parece que vaya a actualizarse, porque no hay presupuestos estatales. En cualquier caso, esa financiación ya no cubre la realidad actual: lo que se transfirió en su día no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy.

Por ejemplo, en 2024 se abrieron nuevos juzgados. El Estado aportó nueve jueces y un letrado, nosotros 9 nueve por nueve, sin recibir financiación adicional. Tampoco se recibe dinero extra para la transformación digital, ya que los fondos MRR son estatales y no compensan esos costes.

Cuando se hizo la transferencia inicial en 1996, básicamente se traspasaron los edificios y los funcionarios que ya existían, pero nada más. Cada vez que se creaban nuevos juzgados, la Comunidad Autónoma asumía casi todo el coste: edificios, personal y funcionamiento.

En la práctica, no se nos ha dado financiación adicional por esas ampliaciones. Por lo que sé, solo en Cataluña el Estado pagó la puesta en marcha inicial; en el resto de comunidades, no.

¿Cómo es la interconexión tecnológica con el resto de las Comunidades Autónomas y con los órganos centrales?

Todo esto se mueve a través del CTEAJE . Se está avanzando bastante en el llamado “hub” de interoperabilidad, que es la plataforma que permite que los distintos sistemas informáticos de la justicia se comuniquen entre sí.

De hecho, ya se estaban haciendo pruebas, por ejemplo, con el Tribunal Supremo, al que antes se enviaba la información a través de un programa distinto.

Ese sistema ya ha quedado atrás y ahora están muy cerca de lograr una interoperabilidad completa, tanto dentro del propio sistema judicial como en la comunicación con otros organismos externos.

«En Canarias no nos hemos planteado todavía que las salas de vistas tengan dos cámaras y que una de ellas capte al juez. Esa decisión hay que tomarla en común con el resto de las Comunidades Autónomas».

¿Han transformado los Juzgados de Paz en Oficinas judiciales con videoconferencia con los órganos judiciales y tribunales?

Sí, en Canarias ya se han transformado 69 juzgados de paz. Se han reforzado con personal en algunos casos concretos y se han adaptado los espacios para que puedan asumir nuevas funciones, como declaraciones por videoconferencia.

Además, se les ha equipado con el material necesario –cámaras, escáneres y sistemas de vídeo– y se ha concedido una subvención de 4 millones de euros a los ayuntamientos para mejorar espacios y mobiliario, según sus necesidades.

En esta actualización tecnológica en los órganos judiciales y tribunales ¿se han planteado la instalación de una segunda cámara en las salas de vistas para captar también a los jueces y magistrados? Es una reivindicación del Consejo General de la Abogacía Española para reforzar la tutela judicial efectiva que el CGPJ validó en su momento.

En Canarias no nos hemos planteado todavía que las salas de vistas tengan dos cámaras y que una de ellas capte al juez. Esa decisión hay que tomarla en común con el resto de las Comunidades Autónomas.

Usted, además de consejera de Justicia lo es también de Presidencia, Administraciones Públicas y Seguridad. El problema de los menores migrantes es también competencia de esta Consejería. ¿Hay sensibilidad para encontrarle una solución?  

Creo que existe sensibilidad en muchos ámbitos, aunque siempre surgen voces en contra. En Canarias hay partidos que plantean que todos los menores se queden aquí, pero eso no es realista. Al final hablamos de menores, y debe primar su interés: hay que atenderlos bien, integrarlos, escolarizarlos y darles oportunidades para que puedan desarrollarse y vivir en sociedad. Canarias no puede asumir esto sola, y por eso lo reclamamos desde 2023.

Tras mucho debate, se logró modificar y aprobar un real decreto, y el Tribunal Supremo dejó claro el reparto de competencias. Aun así, no estamos plenamente preparados para dar el trato adecuado a todos los menores en las condiciones actuales. Porque el objetivo final debería ser su integración.

La llegada masiva de menores en diciembre de 2023, especialmente en El Hierro, evidenció estas carencias. No había medios suficientes para realizar las determinaciones necesarias, y se improvisaron soluciones con los recursos disponibles. Se reforzaron hospitales, se aportaron medios materiales y personales, y se contó con apoyo del Ministerio del Interior.

Canarias también asumió programas de traducción y la asistencia jurídica, un gasto que corresponde al Estado. Solo el año pasado se destinaron más de dos millones de euros a este fin. A pesar de ello, entre cabildos, ayuntamientos y el Gobierno de Canarias se han ido corrigiendo estas carencias con más medios y financiación.

O sea que la Administración central brilla por su ausencia…

No siempre es fácil. Con el Ministerio de Justicia mantenemos una buena relación en muchos aspectos. En temas como la Ley de Eficiencia y el apoyo técnico, siempre hemos encontrado colaboración, incluso cuando hay decisiones que no compartimos.

La relación es mucho más complicada con otros ministerios, especialmente con el de Interior, por todo lo que tiene que ver con la Policía y la seguridad.

Canarias lleva tiempo reclamando más Guardia Civil y Policía Nacional, pero no solo no llegan refuerzos, sino que en ocasiones se han trasladado efectivos a otros territorios. En resumen, con Justicia suele haber apoyo, pero con otros ministerios la colaboración es mucho más limitada.

Su relación con el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, por lo que explica no es muy fluida…

Desde el inicio hemos reclamado dos cosas claras: que los menores migrantes sean atendidos adecuadamente y que se despliegue Frontex en Canarias. Siempre se nos ha dicho que Frontex actúa en la costa africana, pero insistimos en que, como en Italia, su presencia cerca de nuestras costas es clave.

No pedimos Frontex para funciones militares, sino para salvar vidas y saber con antelación cuándo llegan las embarcaciones. En El Hierro hemos visto pateras llegar sin ser detectadas por los radares, incluso con bebés a bordo, en condiciones extremas. Eso demuestra que el sistema actual no funciona.

Canarias no puede afrontar sola esta situación. No se trata de solidaridad, sino de cumplir las normas y repartir responsabilidades. La regularización es necesaria, pero también lo es cierto control de las llegadas, y eso solo es posible si se usan los medios disponibles. Una pequeña oficina de Frontex no basta para resolver el problema.

Canarias, al igual que Cataluña, País Vasco y Navarra tiene también una Policía Autonómica que, a diferencia de aquellas, no puede actuar como policía judicial. ¿Por qué?

Porque ese reconocimiento necesita desarrollarse en una Ley Orgánica estatal, concretamente en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Al no estar modificado ese marco legal, se producen contradicciones: jueces y fiscalías a veces les ordenan actuar como policía judicial, pero al no tener la competencia claramente atribuida, no pueden tomar iniciativas propias y dependen de otros cuerpos, como la Policía Nacional.

La Policía Canaria nació como una policía colaborativa con el Estado, para cubrir déficits de Guardia Civil y Policía Nacional, especialmente en zonas donde faltan efectivos. Y ha ido creciendo: pasó de menos de 200 agentes a más de 600. Está previsto llegar a unos 1.400 en el futuro, con presencia en todas las islas.

Sin embargo, su desarrollo pleno sigue limitado mientras no se cambie la ley que la reconozca claramente como policía judicial. Su reconocimiento iba dentro de la propuesta de ley de modificación del delito de multirreincidencia pero “se cayó”. Una pena. Seguiremos reivindicándolo.

El presidente del TSJ ha reclamado insistentemente un Pacto canario por la Justicia. Hay posibilidades de que se materialice.

El pacto planteado en gran medida se refiere a reforzar las infraestructuras judiciales, que siguen siendo una de las principales carencias del sistema.

Existe voluntad política y consenso para avanzar, pero estas reivindicaciones también deben trasladarse a otras administraciones. La Ley de Eficiencia ayudará a gestionar mejor la alta litigiosidad, pero no resuelve por sí sola el problema de fondo, que es la falta de espacios adecuados, especialmente en Santa Cruz, como le he explicado antes.

En el resto de las islas la situación es diversa. En algunas, como Fuerteventura, se ha podido avanzar con claridad: el proyecto del Palacio de Justicia ha pasado de una previsión de 23 millones a 55 millones de euros y ya está en marcha.

En La Palma, el proyecto del Palacio de Justicia de Santa Cruz de La Palma está en licitación y, además, se dispone de suelo público para futuras necesidades. También se plantea un nuevo Palacio de Justicia en el partido judicial de Los Llanos, una demanda histórica.

Hay islas donde las infraestructuras funcionan razonablemente bien y otras donde requieren mejoras urgentes. El objetivo es ir acondicionándolas de forma progresiva.

¿Qué le gustaría dejar como legado una vez que termine su mandato en materia de justicia?

En justicia, y en cualquier otro ámbito, mi objetivo siempre ha sido dejar las cosas mejor de como las encontré. Para eso llegamos a gobernar: para resolver problemas. En el ámbito de la justicia, creo sinceramente que se avanzará mucho respecto a la situación inicial.

Habrá mejoras claras en infraestructuras, en personal, en la situación de los abogados y en la agilización de muchos asuntos que estaban bloqueados. Aún quedará trabajo por hacer, pero el sistema funcionará mejor y como debe hacerlo.

Nuestra gran asignatura pendiente siguen siendo las infraestructuras, aunque en ese aspecto, en general, Canarias va a estar mejor.

Fuente: CONFILEGAL 16.02.2026

El comité de empresa teme que, al finalizar en breve los refuerzos contratados, se produzca un colapso, que descarta la Consejería porque ya se están tramitando tres nuevas plazas

El comité de empresa de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias advirtió ayer de la “situación límite” en que se encuentra el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife por la “falta crónica” de personal, a la par que sostuvo que la gestión administrativa “vulnera” derechos laborales básicos y “amenaza con paralizar de forma inminente” servicios fundamentales para el funcionamiento de la administración de justicia en la provincia.

Así, los sindicalistas manifestaron que el Servicio de Patología Forense, responsable de las autopsias, opera actualmente bajo un déficit de personal “insostenible”, pues de las tres plazas de auxiliar de autopsia estructurales para garantizar la operatividad, “solo dos trabajadores prestan servicio de forma segura y continuada para toda la provincia”. Esta carencia, indicaron desde el comité, “se ha intentado parchear con tres refuerzos puntuales cuyos contratos finalizan el próximo 3 de marzo” y sin estos efectivos, “la realización de autopsias será inviable, bloqueando de facto las investigaciones judiciales y la actividad del Instituto”.

Igualmente avisaron de que la falta de psicólogos y trabajadores sociales ha trasladado también la crisis a la Fiscalía y al Juzgado de Menores, subrayando que la “gravedad” de la situación alcanzó un “punto de inflexión” este mes con la suspensión de varios juicios de menores debido a la inexistencia de personal técnico para asistir al juez.

“La ausencia de estos informes periciales esenciales no solo detiene la maquinaria judicial, sino que deja indefensos a los colectivos más vulnerables”, insistieron los trabajadores.

A la insuficiencia de medios se suma un escenario de “precariedad laboral alarmante”, denunciaron, pues las condiciones de trabajo “carecen de las garantías mínimas y del respeto a sus derechos fundamentales”. En ese sentido señalaron que se han detectado casos de “extrema gravedad” en los que empleados del servicio han descubierto que no se encontraban de alta en la Seguridad Social, “una irregularidad administrativa que refleja el profundo abandono que sufre el personal técnico del instituto”.

Respuesta

Tras ser cuestionados al respecto, desde la Consejería garantizaron ayer a este periódico la prestación del servicio de auxiliares de autopsia dado que, tras las gestiones realizadas con el Servicio Canario de Empleo, se valorarán las solicitudes para cubrir tres plazas, “de modo que el servicio en ningún momento quedará desatendido”.

Respecto a la Justicia de Menores, dicha fuente oficial respondió de forma similar asegurando también que se ha constituido la correspondiente comisión de valoración y que “en el plazo aproximado de una semana se procederá a la valoración de las candidaturas presentadas, lo que permitirá reforzar los equipos técnicos y normalizar la actividad de la Fiscalía y de la Sección de Menores. Estas contrataciones forman parte del plan de choque que pusimos en marcha a finales del año pasado para meter más personal en el IML”, añadieron.

En cuanto a las informaciones relativas a incidencias en materia de Seguridad Social, desde la Consejería dicen que se trata de una cuestión administrativa concreta que se encuentra en fase de resolución. “En todo caso, el contrato se formalizó conforme a la legalidad vigente, sin que exista vulneración de derechos laborales”, apostillaron.

Fuente: diariodeavisos.elespanol.com 07.02.2026

Pacto para que un colectivo de 7.000 empleados tenga movilidad, promoción interna, carrera profesional o funcionarización de puestos

La Dirección General de Función Pública y los sindicatos alcanzaron ayer un principio de acuerdo que supone un salto cualitativo en los derechos del personal laboral de la Administración General, que suman más de 7.000 empleados que trabajan en los distintos centros directivos y consejerías de la Comunidad Autónoma. Después de varios años de reclamaciones, conflictos laborales y demandas judiciales, este personal se equipara en algunos derechos a los funcionarios de carrera en materias como la promoción interna, concursos de traslados, la carrera profesional, la reducción de la temporalidad o las ofertas de empleo público. El nuevo plan estratégico de ordenación del personal laboral, pactado de forma unánime, tendrá ahora que pasar diferentes informes antes de que sea aprobado por el Consejo de Gobierno.

Una de las principales novedades sobre las que pivota el acuerdo es la funcionarización de algunas categorías del personal laboral. De esta forma el Ejecutivo se compromete a trabajar para contar con una definición clara y uniforme entre los cuerpos funcionariales y las categorías laborales, delimitando cuáles son sus ámbitos propios de actuación. Función Pública ya ha aprobado el catálogo de categorías laborales sujetas a conversión funcionarial y ahora se tratará de implementarlo a través del citado plan de ordenación acordado con las centrales.

Asimismo, una de las principales peticiones sindicales es extinguir categorías que tienen que adaptarse a las nuevas enseñanzas, un ejemplo es la progresiva extinción de la categoría de auxiliar administrativo en las próximas convocatorias de empleo una vez que se regule el proceso. Se trata de actualizar la clasificación profesional de este personal para que se adapte no solo al actual marco educativo y de regulación de profesiones, sino también depurando aquellas funciones que por el devenir del tiempo han quedado obsoletas.

El presidente del comité intercentros, órgano sindical que representa al personal laboral, Manuel González, indicó que una vez que se firme el acuerdo por las dos partes su duración será de cuatro años y que antes de que finalice 2026 los distintos ejes de actuación ya comiencen a aplicarse para desarrollarlos en los próximos años al margen del Gobierno autonómico que esté en cada momento. González manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado, no solo porque beneficia al personal laboral después de años de reivindicaciones, sino porque todas las organizaciones se han unido en la acción sindical.

Para verificar el cumplimiento del nuevo convenio del personal laboral durante los cuatro años de vigencia se constituirá una comisión paritaria de seguimiento compuesta por doce miembros, mientras que para el desarrollo de cada eje de actuación se formará un grupo de trabajo con el fin de estudiar y elaborar las propuestas de actuaciones de cada ámbito con el fin de que antes de final de año se implementen para los próximos años de vigencia del acuerdo. De esta forma se consolida la paz social entre la Administración y este colectivo laboral.

Fuente: eldia.es 31.01.2026

Los nuevos empleados renunciaron por la carencia de medios, mientras el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias buscan soluciones.

El Registro Civil y el Juzgado de Paz del municipio de Breña Alta están inmersos en un proceso de transformación. Con la entrada en vigor de la nueva Ley estatal de eficiencia judicial, ambas dependencias han pasado a denominarse Oficina Judicial Municipal (OJM). Tras este cambio y la renuncia, en menos de una semana, de las dos personas que habían obtenido recientemente plaza para desempeñar estas funciones, la actividad en dichas instalaciones se ha visto notablemente reducida.

Ambos trabajadores, pertenecientes a la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y destinados al Registro Civil de Breña Alta, se vieron obligados a abandonar sus puestos ante la carencia de medios materiales básicos para la atención al público. Las dependencias municipales carecen de equipamiento informático, impresoras y otros recursos esenciales, lo que obligaba a los funcionarios a utilizar equipos personales.

Las deficiencias detectadas en las nuevas instalaciones fueron comunicadas por escrito a las instituciones competentes mediante un informe que envió uno de los funcionarios, en el que se detallaba la necesidad de contar con material adecuado, personal cualificado y apoyo informático para la puesta en marcha de los ordenadores, que permanecían embalados en sus cajas originales.

Tras mantener conversaciones con los funcionarios que renunciaron a la plaza, estos han manifestado que solicitaron por escrito a las instituciones competentes una serie de medidas para poder desempeñar su labor y no que no obtuvieron respuesta. 

Una de las medidas incluyendo las mencionadas anteriomrente fue disponer de un servicio de taxi que les permitiera desplazarse a distintos puntos del municipio para gestionar expedientes, petición que fue denegada. Asimismo, solicitaron que, en su defecto, se pusieran a su disposición efectivos de la Policía Local, solicitud que también fue rechazada, ya que actualmente el municipio de Breña Alta cuenta únicamente con tres agentes disponibles, lo que dificulta considerablemente la prestación de este apoyo en el núcleo poblacional.

En cuanto al trato recibido, los funcionarios han querido destacar que no tienen ninguna queja respecto al personal del Ayuntamiento de Breña Alta ni, especialmente, hacia su alcalde, quien se mostró colaborador en todo momento y se puso a su disposición para facilitar los medios necesarios para el desempeño de su labor.

Asimismo, confirman que su renuncia se debió, entre otros motivos, a la elevada carga de trabajo, comparable a la de un municipio de más de 70.000 habitantes. Esta situación se produce porque el Hospital General de La Palma se encuentra ubicado en el término municipal de Breña Alta, lo que incrementa notablemente el número de trámites relacionados con nacimientos, defunciones y otros procedimientos. A ello se suma la falta de personal, ya que consideran necesario, al menos, un funcionario más, alcanzando un total de tres trabajadores para poder atender el servicio de forma adecuada.

Por su parte, DiarioPalmero.es ha querido conocer de primera mano la opinión del alcalde del municipio, Jonathan Felipe Lorenzo, quien ha reconocido la problemática y ha señalado que “desde ya” se está trabajando en la habilitación de nuevas dependencias, externas al consistorio, para atender de forma adecuada a los usuarios del Registro Civil. Asimismo, ha confirmado que ya existe una sala habilitada para estas oficinas, con una persona al cargo, hasta que se incorporen los nuevos funcionarios dependientes de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

El alcalde ha querido destacar que los dos funcionarios que rechazaron la plaza lo hicieron por la falta de personal y la sobrecarga de trabajo que soporta dicho registro. También ha reconocido que no contaban con todas las comodidades necesarias para desempeñar su labor, pero ha asegurado que se está trabajando para solucionar estos problemas. Además, ha subrayado que los procedimientos administrativos son lentos y requieren tiempo, y ha garantizado que no se dejará a ningún vecino sin información, prestando ayuda en la medida de lo posible a todas las personas afectadas por este cambio.

Desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias se ha informado de que se está procediendo al nombramiento de personal interino para cubrir estos puestos y, paralelamente, se están realizando modificaciones en las instalaciones para adaptarlas y permitir la incorporación de los trabajadores. Asimismo, se habilitarán las oficinas conforme a la nueva normativa en materia de seguridad laboral y equipamiento técnico, con el fin de que los funcionarios puedan desempeñar su labor en condiciones adecuadas.

¿A quién afecta esta situación?

Las modificaciones del servicio afectan de manera directa a más de 3.000 vecinos del municipio. A esta cifra se suma la carga administrativa generada por el Hospital General de La Palma, que tramita anualmente más de 5.000 expedientes relacionados con nacimientos y defunciones.

Mientras el servicio permanezca inoperativo, los trámites deberán ser asumidos por otros registros civiles, como el de Santa Cruz de La Palma. Este último, ya saturado por la falta de personal, verá incrementada su carga de trabajo, lo que previsiblemente provocará nuevos retrasos en la atención y resolución de los procedimientos.

Fuente: diariopalmero.es 29.01.2026

Actualizado el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas por Función Pública con datos a Julio de 2025. II - Empleados públicos temporales de las CCAA

Función Pública del Estado ha   publicado  recientemente una nueva edición de su  Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) con datos actualizados a 01 de Julio de 2025, la sexta edición elaborada  ya por el Registro Central de Personal  y que recopila los datos de los efectivos al servicio de la Administración Pública Estatal, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, la Administración Local y las Universidades (pero no incluye el sector público empresarial ajeno al propio Estado). 

Ya dedicamos una primera entrada a  los datos globales de temporalidad de los empleados públicos, obtenidos sumando los registros de funcionarios interinos y laborales temporales de los  "Microdatos",dado que el  resumen  publicado por el Gobierno no incluye esa suma,  repartidos por los 3 grandes sectores públicos de administración del Estado, autonómica y local, los totales son:

• Temporales en SECTOR PUBLICO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS : 748.915 ( 758.662a enero de 2025) (el 38,7% del total de empleados en la CCAA 1.934.335, y el 75,9% de todos los temporales de la AAPP
  
• Temporales en  SECTOR PUBLICO DEL ESTADO: 24.962 ( 25.452 a enero de 2025), que suponen el 4,6%  del total de 540.830 empleados del Estado)
  
• Temporales en ENTIDADES LOCALES:  225.861 (195.295 a Julio de 2024)  el 35,7% del total de 632.030 empleados públicos de entidades locales (era el 32,8% a enero  de 2025))
  
• TOTAL TEMPORALES= 999.738 , es decir, el 32,2% del total de 3.107.195 de empleados públicos recogidos en el BEPSAP (a Enero de 2025 eran  979.409,  el 32,2%  del total 3.037.432 )

Ahora publicamos en esta entrada el reparto de esos 748.915  empleados públicos temporales de las CCAA,  por  CCAA, siempre según los  "Microdatos" de este BEPSAP con datos a Julio de 2025:

 Como puede verse la CCAA con mayor temporalidad , siempre a Julio de 2025, era Canarias con casi un 59% de temporalidad,seguida del País Vasco  con más del 50% y C. Valenciana con el 47%.

Por contra, la CCAA con menor temporalidad es Cataluña con casi un 30% de temporalidad, muy lejos también del 8% exigido por la Comisión Europea.

Contrástese con la cifra inferior al 5% de temporalidad en las AAPP del EStado

Recordemos que la Comisión Europea: 

1. mantiene abierto el procedimiento de infracción INFR(2014)4334 en relación a este abuso masivo de temporalidad en el empleo público español, ya en ámbito público general, desde la sentencia  del Tribunal Europeo de 19/03/20220 en el asunto acumulado "Sánchez Ruiz" (en un origen era de cierto personal de Justicia)
2. ha decidido este Julio de 2025 precisamente  revisar el cumplimiento del compromiso de España en el Plan de Recuperación de disponer de una ley en 2021 para reducir la temporalidad pública con medidas de prevención y sanción del abuso de temporalidad: tras las sentencias del TJUE de 2024 declara incumplido el compromiso ahora por falta de medidas efectivas para sancionar el abuso en la Ley 20/2021 y ha suspendido 626 millones de los fondos europeos, que sólo podrán ser recibidos si España establece normativa válida.

La Comunidad de Madrid también ha actualizado recientemente  su  Boletín Estadístico del Personal al servicio de la C. de Madrid con sus datos a 01/07/2025, que siguen mostrando más de 80 mil temporales, es decir,  el 40% de sus empleados públicos son temporales pese a los procesos de "estabilización" de plazas.

Fuente: APISCAM 19.01.2026

El TSJ de Canarias ha declarado improcedente el despido de una ayudante de cocina. La trabajadora no recibió la notificación de despido.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado improcedente el despido disciplinario de una ayudante de cocina que fue cesada en enero del año pasado tras varias ausencias no justificadas, según sostenía la empresa. La trabajadora no llegó a recibir el burofax con la comunicación formal del despido porque se encontraba fuera del país, y únicamente tuvo conocimiento de la decisión cuando la empresa le remitió un mensaje por WhatsApp.

En la sentencia de primera instancia, el despido se consideró procedente ante la falta de justificación de las ausencias. Pero la empleada recurrió al entender que sí existía una explicación. Afirmó estar disfrutando de vacaciones autorizadas verbalmente por su superior. El tribunal resalta que la relación laboral se había desarrollado bajo acuerdos verbales y de buena fe, motivo por el cual la trabajadora había asumido que sus vacaciones estaban confirmadas.

El fallo recuerda que el despido es un acto formal, lo que implica que la comunicación debe llegar de forma efectiva al trabajador y que corresponde al empleador acreditar la correcta notificación. La falta de esta garantía, indica la resolución, impide al afectado preparar su defensa y supone la improcedencia de la medida disciplinaria.

Consecuencias para la empresa

La empresa deberá optar entre la reincorporación de la trabajadora o el pago de una indemnización de 8.319,63 euros. La empleada había comunicado verbalmente un viaje a su país de origen entre el 20 de enero y el 28 de febrero de 2024, que su superior aprobó sin llegar a formalizar por escrito la petición de vacaciones.

La afectada acudió a los tribunales, que finalmente le han dado la razón. La sentencia señala que la empresa no agotó la diligencia necesaria para asegurar la notificación del despido y que los mensajes enviados por WhatsApp no reúnen la formalidad requerida para comunicar la extinción de un contrato laboral. La resolución concluye que el incumplimiento de los requisitos formales invalida la decisión.

Fuente: as.com 30.11.2025

La reciente transformación de la planta judicial a nivel estatal ya genera serios problemas de funcionamiento en los ya de por sí saturados juzgados tinerfeños, pese a que todavía la implantación de los nuevos tribunales de Instancia no ha llegado a los principales partidos judiciales de Canarias, prevista dicha tercera y última fase para final de año.

Pese a ello, el caso que nos ocupa no es precisamente anecdótico, dado que afecta a la administración de la justicia en Arona, uno de los enclaves fundamentales para la convivencia social y económica en el Sur de la Isla, donde tiene su principal actividad el motor económico de la provincia (y todo el Archipiélago) como es el turismo.

En concreto, han sido tanto trabajadores de dicho partido judicial aronero como sus representantes de Intersindical Canarias quienes han presentado sendas denuncias ante la Inspección de Trabajo y una queja remitida a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno autonómico sobre las condiciones en las que tienen que llevar a cabo su trabajo, acompañado con material gráfico que muestra los problemas a los que se enfrentan en el día a día.

Tales problemas versan sobre el apilamiento de “cajas por el suelo , aseos en mal estado, falta de limpieza y de mantenimiento”, como detalla Intersindical.

Además, en el escrito de los trabajadores se incluyen párrafos significativos como por ejemplo : “Estamos desempeñando labores que no son propias de nuestras funciones, y que van desde la clasificación y almacenaje en cajas de todos los expedientes de lo que antes eran Juzgado, hasta el desembalaje de las cajas por servicio y colocación”, a la par que recuerdan que “la implantación de los tribunales de instancia ha supuesto para todos/as un menoscabo psíquico, que ha ido desde la incertidumbre de no saber a qué servicio común nos iban a asignar, qué tareas desempeñaríamos y dónde nos iban a ubicar”.

El referido sindicato incide en la cuestión al denunciar ante la Inspección carencias tales como que “se han establecido Relaciones de Puestos de Trabajo sin diferenciar los puestos en funciones, no se ha aumentado la plantilla y no se tiene en cuenta la carga de trabajo”.

Puestos al habla con la dirección general, y aunque ciertamente no es la administración autonómica la que ha creado los Tribunales de Instancia sino el Ministerio, pese a de que cualquier modo la competencia es regional, recuerdan que “la mudanza en Arona se realizó hace una semana, y los expedientes se encuentran en cajas a la espera de los funcionarios los coloquen, siendo comprensible que tarden porque lleva su tiempo recolocarlos. Las incidencias de mantenimiento se van resolviendo a medida que se comunican y si los problemas de limpieza son derivados de la mudanza, los desechos se van retirando progresivamente. Se está siguiendo un protocolo de mudanza”, apostillaron.

Fuente: diariodeavisos.elespanol.com 21.11.2025