La Comunitat Valenciana afronta una tormenta que amenaza con convertirse en un caso de estudio sobre mala gestión pública, precariedad laboral y deterioro del sistema educativo. Cerca de 600 docentes interinos de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial siguen sin cobrar la nómina desde el inicio de curso, una anomalía que golpea con especial intensidad a la provincia de Castellón, convertida ya en el epicentro de un malestar que crece semana a semana. Algunos profesionales arrastran más de 8.000 euros pendientes, una cifra que, en muchos casos, supera su capacidad de ahorro anual.

El impacto no es solo económico. Los afectados describen una creciente angustia emocional, derivada de meses trabajando sin ingresos, gestionando alquileres, desplazamientos y gastos cotidianos que la administración, en la práctica, ha decidido ignorar. “La situación nos está destrozando psicológicamente”, repiten. Y no es una exageración: la combinación de incertidumbre, silencio institucional y dificultades materiales erosiona la salud mental de un colectivo ya de por sí vulnerable.

Movilización en marcha

Ante el bloqueo administrativo, los sindicatos educativos —entre ellos CSIF, STEPV y otras organizaciones del sector— han puesto en marcha una ofensiva institucional. Han elevado escritos al Síndic de Greuges, han distribuido formularios de reclamación y solicitan una reunión urgente con la Dirección General de Personal Docente. Su objetivo: activar un mecanismo extraordinario de pagos que evite que diciembre llegue con cientos de docentes sin un euro en el banco.

La contestación en la calle también crece. Este lunes se ha convocado una concentración en Castellón, a la que seguirá una participación masiva en la huelga general educativa del 11 de diciembre, llamada a denunciar la combinación explosiva de impagos, recortes y falta de inversión.

Castellón, la zona cero

Según una encuesta publicada por STEPV el 28 de noviembre, el 52,3% de los docentes afectados dependen de la Dirección Territorial de Castellón. De las 300 respuestas recogidas, emergen tres realidades igualmente preocupantes: interinos que solo han cobrado atrasos; otros que no reciben la nómina desde septiembre; y quienes no han cobrado absolutamente nada desde el inicio de curso.

El sindicato califica la situación de “inaceptable” y denuncia la falta de transparencia de la Conselleria de Educación. No es un episodio aislado: aseguran que es la segunda vez en dos años que el problema se repite.

La gota que colma el vaso

Para cientos de interinos, esta crisis ha sido la gota que colma el vaso. La educación pública valenciana lleva años sosteniéndose sobre un pilar frágil: el abuso de temporalidad. Miles de docentes encadenan sustituciones, ceses obligatorios en verano, desplazamientos forzosos y nombramientos tardíos que complican cualquier proyecto de vida. Ahora, a esa precariedad histórica se suma un elemento devastador: trabajar sin cobrar.

Europa ha advertido repetidamente sobre el problema estructural de la temporalidad en España, pero las administraciones autonómicas han optado por parchear, no por reformar. En este contexto, el impago se convierte en un síntoma de algo más profundo: un sistema incapaz de garantizar lo mínimo a quienes sostienen el aula. El Estado exige disponibilidad absoluta, pero no cumple su obligación básica de pagar en tiempo y forma.

Precariedad insostenible

La indignación no nace solo del impago; nace del contraste. Los interinos aceptan destinos difíciles, pagan alquileres temporales, asumen kilómetros diarios de desplazamiento y trabajan en condiciones que exigirían una compensación adicional. Pero nunca habían tenido que asumir que la administración —su empleador— pudiera fallar de manera tan fundamental.

El mensaje es corrosivo: si el sistema público no es capaz de garantizar el pago de salarios durante tres meses consecutivos, ¿qué garantías quedan? La brecha de confianza entre docentes y administración no es coyuntural; puede tardar años en repararse.

El conflicto ha puesto sobre la mesa una tensión generacional evidente. La mayoría de los afectados son docentes jóvenes, quienes más sufren la temporalidad y quienes ahora ven en este episodio un aviso inquietante: la educación pública puede convertirse en un terreno laboral hostil, donde la vocación choca con la precariedad y la incertidumbre material.

En un momento en que las administraciones deberían competir con el sector privado para atraer y retener talento, la imagen de maestros sin cobrar durante meses constituye un daño reputacional incalculable. No es solo un problema laboral; es un problema estratégico para el futuro del sistema educativo.

Síntoma de algo mayor

Más allá del impago, la crisis revela una realidad incómoda: la educación pública valenciana se apoya en un modelo administrativo frágil, lento y capaz de colapsar ante un volumen relativamente pequeño de incidencias. Si 600 docentes sin nómina ya generan este nivel de disrupción, ¿qué ocurrirá cuando el sistema tenga que afrontar desafíos más profundos, como la jubilación masiva de profesores o la incorporación de nuevas necesidades educativas?

Mientras tanto, los interinos esperan, protestan y sobreviven como pueden. Pero la pregunta ya no es cuándo cobrarán. La pregunta es si este episodio marcará un punto de inflexión en la gestión educativa valenciana, o si quedará enterrado bajo la misma lógica burocrática que lo hizo posible.

Fuente: diariosabemos.com 02.12.2025

Una sentencia del Tribunal Supremo dejará en la sombra a miles de trabajadores, según el abogado laboralista Cristo Llurda Faro

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha supuesto un revés para miles de trabajadores del sector público, que prestaron servicios sin estar dados de alta en la Seguridad Social, es decir, sin cotizar. Ahora, décadas después, deseaban regularizar su situación.

No obstante, el fallo, dictado el pasado 5 de mayo de 2025 (STS 1941/2025), establece con claridad que no es posible reconocer cotizaciones de forma retroactiva cuando no se ingresaron las cuotas correspondientes y ha prescrito el plazo para reclamarlas.

El caso: una profesora de religión sin alta y sin cotizar

La sentencia parte del caso de una profesora de religión que trabajó para el Ministerio de Educación entre 1987 y 1993. Durante todo ese periodo, según consta en la resolución, nunca fue dada de alta en la Seguridad Social ni se realizaron cotizaciones por su parte.

Años después, solicitó que ese tiempo de servicio fuera incorporado a su vida laboral como cotizado, argumentando que existió una relación laboral efectiva y documentada con la Administración.

Sin embargo, el Supremo ha rechazado esta petición. Tal y como ha explicado el abogado laboralista Cristo Llurda Faro, que ha analizado el caso, la negativa del tribunal se apoya en dos fundamentos normativos clave.

• El artículo 102.2 de la LGSS (1994): las altas extemporáneas no tienen efecto retroactivo, salvo si se han ingresado las cuotas.
• El artículo 35 del Reglamento de Afiliación (RD 84/1996): solo si hubo una actuación inspectora con acta definitiva y se ingresaron las cuotas, puede retrotraerse el alta al inicio del período de liquidación.”.

¿Qué implica esta sentencia para otros empleados públicos?

Este fallo del Tribunal Supremo, tiene implicaciones importantes para otros muchos trabajadores que en su día prestaron servicios a la Administración sin regularización formal.

Para todos ellos, esta sentencia lanza un mensaje contundente: si no se cotizó en su momento, ya no hay forma de corregir la omisión. Tal como ha resumido el propio letrado Cristo Llurda: “El tiempo trabajado sin alta se borra de la historia laboral. El Estado no tiene responsabilidad patrimonial por no dar de alta. El derecho prescribe… pero la injusticia permanece.”

Sin duda, esta sentencia crea un ambiente de incertidumbre para trabajadores de sectores sindicales y jurídicos. Y es que, años después, descubren que no tienen derecho a pensión, subsidios o jubilación anticipada por la falta de cotizaciones.

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de manera estricta, aunque el fallo abre un debate profundo sobre la falta de protección a trabajadores públicos en situaciones de falta de gestión administrativa.

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Fuente: islapasion.net 16.06.2025

El Ministerio de Función Pública plantea el desarrollo de un sistema de alerta temprana en las administraciones y un régimen sancionador

El Gobierno prepara una reforma para corregir el abuso de la temporalidad en el sector público. La Comisión Europea mantiene dos procedimientos de infracción abiertos contra España por este motivo, tras haber constatado el incumplimiento de los últimos compromisos adquiridos a finales de 2021, y nuestro país se enfrenta a una multa millonaria si no ataja de una vez este foco de precariedad laboral. Para ello, según ha podido saber EL MUNDO, el Ministerio de Función Pública está trabajando en una serie de medidas para reducir el elevado porcentaje de contratación temporal en tres ámbitos concretos: la Educación, la Sanidad y la Justicia.

Las estadísticas demuestran el fracaso de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El Gobierno se comprometió con Bruselas a poner en marcha un proceso masivo de estabilización de plazas de interinos para convertir a más de 300.000 trabajadores temporales en fijos antes de 2025. A cierre del año pasado se había cumplido el hito para recibir fondos del Plan de Recuperación y ya son más de 365.000 las plazas estabilizadas. Pero la tasa de temporalidad en el sector público continúa superando el 30%, triplicando de largo el compromiso del 8% adquirido, porque ante la falta de planificación en la gestión de personal las administraciones siguen tirando de trabajadores eventuales.

Llegados a este punto, el Gobierno va a enmendar su propia reforma con un nuevo paquete de medidas. El departamento que dirige Óscar López está trabajando junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en un plan que incluye un procedimiento sancionador específico para las administraciones incumplidoras, según ha adelantado El País. Fuentes del Ministerio de Función Pública confirman los trabajos en marcha "para lograr dinámicas que contribuyan a reducir las elevadas tasas de temporalidad en CCAA y entidades locales".

Desde el Ministerio aseguran que "los datos de temporalidad en el sector público, en efecto, confirman que en el Estado no son un problema (4,7%) frente al 40% de las CCAA y el 35,8% de los ayuntamientos". Las diferencias son notables entre administraciones y también entre sectores de actividad. Por eso el Ejecutivo quiere empezar por aquellos en los que las tasas son más elevadas, como la Educación (49,5% en la universitaria, frente a 33,4% en la enseñanza no universitaria), la Sanidad, donde supera el 50%, o la Justicia, donde roza el 32%.

Fuentes al tanto de la propuesta que están trasladando desde el área de Función Pública a las distintas administraciones y a los sindicatos explican que la intención del Ministerio es introducir una serie de modificaciones a través del Estatuto Básico del Empleado Público y de las normativas específicas docente, de servicios de salud y de justicia.Tal y como avanzan desde el equipo de López, se pretende seguir "el enfoque del proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal", que introduce tanto medidas para reducir la temporalidad a través de la mejora de la gestión de los recursos humanos como sanciones por incumplimiento.

Alertas y multas

La propuesta del Gobierno incluye varias actuaciones. Para empezar, plantea restringir la causalidad para limitar las modalidades de contratación temporal en las administraciones públicas. "Se trata de un cambio en las normas de contratación, con una nueva clasificación de las distintas formas de temporalidad", explican fuentes conocedoras de la iniciativa. "Además, se pretende limitar el abuso en la encadenación de contratos a través de diferentes nombramientos a un mismo trabajador en el mismo puesto", añaden estas fuentes.

Para garantizar un mayor control de la temporalidad, el Minsiterio quiere implantar un sistema de información y seguimiento que permita establecer una especie de "alertas tempranas" en todos los niveles del sector público estatal (ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central), una especie de registro de los trabajadores temporales en activo que incorpore una alarma que salte cuando los contratos estén cerca de finalizar.

Con esta herramienta de alerta temprana el responsable de poner fin a esos contratos eventuales estaría al tanto de la situación del trabajador y en el caso de que cometa una infracción se arriesgaría a una sanción. Y esta es otra de las novedades que quiere incorporar la reforma: un régimen sancionador de carácter básico para asegurar el cumplimiento de la normativa en todos los niveles de la administración. Un planteamiento que, en principio, es visto con buenos ojos por los sindicatos, aunque desde CSIF indican que, tal y como está planteado en estos momentos "es demasiado ambiguo", por lo que exigen que "se establezca y se delimite la responsabilidad civil, así como las sanciones y la responsabilidad económica y patrimonial".

Sin Oferta de Empleo

El sindicato CSIF viene denunciando que la temporalidad del 30% en el sector público "evidencia el fracaso de los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021". Y lo certifica con datos: "En los últimos cuatro años se han ofertado un total de 544.151 plazas, de las cuales están sin cubrir casi un tercio (en concreto, el 32,7%). Además, se da la circunstancia que, de los 8.132 municipios, casi el 40% (3.100 consistorios) no han facilitado a Función Pública sus cifras sobre temporalidad".

"Este incumplimiento ha provocado que la UE abra a España dos expedientes de infracción que podrían culminar con la imposición de una sanción millonaria, tal y como nos ha informado el Ministerio de Función Pública", advierten desde el sindicato. "Pese a las plazas creadas, las administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales por sus necesidades de personal, dado que pese a las promesas del Gobierno sigue vigente la tasa de reposición (el límite que se establece en los Presupuestos a la reposición de efectivos jubilados), lo que se une a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado", añaden.

Con este escenario como telón de fondo, los sindicatos están pendientes de la nueva Oferta de Empleo Público y de la subida salarial pendiente del año pasado, así como de pactar una nueva senda de incrementos retributivos para los próximos años. El Ministerio de Función Pública está trabajando en varias reformas al mismo tiempo, incluido un nuevo marco para hacer transversales miles de puestos de funcionarios que arrancará este mismo año con un proyecto piloto en atención al ciudadano. No obstante, entrado ya el mes de junio las negociaciones con los sindicatos se encuentran atascadas en ausencia de Presupuestos y tanto CSIF como CCOO y UGT están intensificando el pulso en la calle. Este mismo jueves se manifiestan para exigir la subida salarial del personal civil de Defensa que quedó fuera del incremento lineal de 200 euros al mes acordado para los militares.

Fuente: elmundo.es 11.06.2025

Una interina, maestra de Educación Infantil, ha dado el paso tras 18 años de precariedad laboral, reclama a la Comisión y al Estado una indemnización en concepto de responsabilidad extrapatrimonial

l pasado 7 de abril de 2025, la plataforma PINDOC y el abogado Josep Jover presentaron ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) una demanda pionera contra la Comisión Europea y el Estado español, reclamando 65.090 euros en concepto de responsabilidad extrapatrimonial. Diario16+ ha tenido acceso a dicha demanda. La acción, la primera de su tipo en Europa, denuncia el “abuso de temporalidad” sufrido por la maestra de Educación Infantil APC, que durante 18 años encadenó sustituciones sin que se le ofreciera estabilidad alguna.

Desde la aprobación de la Directiva 1999/70/CE (que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para prevenir y sancionar la concatenación abusiva de contratos de duración determinada) España ha sido objeto de repetidas advertencias de Bruselas por no transponer eficazmente sus mandatos. En octubre de 2024, la Comisión Europea abrió un nuevo expediente sancionador contra España por el elevado uso de interinos en la Administración Pública, recordando que las medidas sancionadoras vigentes resultan insuficientes.

La tardanza española se plasmó finalmente en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que estableció procesos de estabilización extraordinarios para situar la tasa de temporalidad por debajo del 8 % antes de 2024. Sin embargo, las críticas se centraron en que esas medidas llegaron 22 años después de la Directiva y adolecen de mecanismos verdaderamente disuasorios.

PINDOC, una organización que agrupa a docentes interinos, y el letrado Josep Jover, experto en Derecho de la Unión, sostienen que tanto España como la Comisión Europea incurrieron en “negligencia grave” al no garantizar la estabilización de la demandante. Durante 18 años de servicios prestados mediante contratos temporales sucesivos, A.P.C. nunca obtuvo plaza fija ni indemnización, a pesar de cubrir puestos de carácter estructural.

La originalidad de la demanda radica en reclamar a la propia Unión Europea y no solo al Estado español. PINDOC argumenta que la Comisión, al mantener bloqueados durante 25 años los procedimientos de infracción y no exigir sanciones efectivas, ha incumplido su obligación de velar por el respeto de las Directivas que ella misma dicta. Ese “fallo institucional” justificaría la indemnización reclamada por la vía extracontractual.

Esta demanda no es un caso aislado, sino que representa a numerosos afectados por la misma problemática. PINDOC ha anunciado que esta es solo la primera de varias demandas que serán presentadas en nombre de los afectados reclamando a la UE por su negligencia en la aplicación de la Directiva 1999/70/CE. Además, PINDOC pondrá a disposición de todos los afectados una copia de la demanda y la documentación necesaria para poder reclamar, permitiendo que cualquier interino que haya denunciado su situación pueda interponer su propia reclamación.

Diario16+, además, pone a disposición de todos los interinos un formulario de demanda para que sus abogados puedan interponer reclamaciones de este tipo ante la justicia europea, formulario que pueden descargar a continuación.

Fuente: diario16plus.com 24.04.2025

ANPE reclama a Educación «más recursos» y el STEC pide «revertir los recortes» y contar con más personal

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, señala que «hay docentes que se están viendo desbordados por el incremento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en las aulas» y resalta que «hace falta más personal docente y no docente para atenderlo», informa la organización sindical en una nota de prensa.

Representantes de la central se reunieron ayer con el consejero de Educación, Poli Syárez, y su equipo para abordar algunas de las principales urgencias de la enseñanza pública de las islas y destacaron la necesidad de «más recursos» para atender al alumnado con discapacidad.

En este sentido, indica en la misma nota, en el pasado curso se registró un aumento de 2.500 alumnos con NEAE en las aulas de las islas con respecto al curso anterior y que, en cuatro años, el alumnado con este tipo de necesidades ha crecido un 30% en el archipiélago. ANPE solicitó al consejero un incremento en la asignación de auxiliares educativos y maestros de apoyo a las NEAE en los centros, así como que se agilicen las sustituciones de estos profesionales cuando se producen bajas médicas, con el fin de garantizar una educación de calidad que atienda a las características particulares y las necesidades de todo el alumnado, dice el comunicado.

El STEC recoge firmas para pedir más recursos

Por su parte, el STEC está recogiendo firmas «contra los recortes y por la mejora de la Atención a la Diversidad en Canarias» en su página web.

El sindicato exige el «incremento del personal docente destinado a la Atención a la Diversidad y del personal auxiliar», además de «la dotación de los recursos materiales necesarios para el desarrollo de su labor profesional con las garantías y calidad que nuestro alumnado merece».

En ese mismo documento exige «la reversión de todos los recortes impuestos en la atención a la diversidad». Según el sindicato, estas carencias las han identificado «tras la celebración de varias asambleas ampliamente participativas con los profesionales que trabajan en la atención a la diversidad» y cree necesaria «la movilización».

Fuente: canarias7.es 30.01.2025

No, no pretendo dar una lección de gramática con estos tres verbos transitivos, ni mucho menos de lingüística. Más allá del mero uso instructivo del lenguaje, mi intención será utilizar la enorme riqueza de nuestra lengua para poner los puntos sobre las íes en un tema muy espinoso, asunto que lleva enquistado más de veinte años en nuestro país.

Corría el año 2001, cuando el máximo órgano de gobierno del Parlamento europeo, la Comisión Europea, instó al gobierno español de entonces a adaptar una Directiva Europea de obligado cumplimiento a nuestro ordenamiento jurídico, concretamente la Directiva 1999/70 de duración determinada en los puestos de trabajo. Tres años después, el gobierno de aquella época la adaptó a la empresa privada, donde tras tres años de desempeño en un puesto de trabajo, o te despiden o te hacen indefinido en tal o cual empresa. Sin embargo, la misma administración que cumplió con ese requisito en el ámbito privado, no hizo lo mismo en el público del que es máximo responsable. Pasados 24 años, seguimos en la misma tesitura. Ninguno de los sucesivos gobiernos desde entonces hasta la fecha, han hecho el mínimo esfuerzo ni dedicado un minuto de su tiempo por cumplir con esa Directiva y por lo tanto, por adaptarla a nuestra legislación.

En el 2012 y a instancias de un conocido bufete de abogados de nuestro país, saltó la liebre: una compañera del ámbito sanitario denunció su situación de desamparo legal ante la Comisión Europea, y ante el máximo órgano de jurisdicción europeo, el TJUE. Desde entonces hasta ahora, se han ido sumando decenas, centenas y miles de demandas de trabajadores del sector público contra una situación tan injusta como infame, una total indefensión de su situación laboral ante la concatenación sucesiva de contratos de interinidad día a día, mes a mes o año a año.

Aquí, en nuestra ciudad, en el año 2018 un grupo de personas responsables, preocupadas y comprometidas con su labor y con sus compañeros interinos, iniciaron la andadura de la asociación PIDOCE, o plataforma de docentes interinos de Ceuta, con la adhesión de otro grupo en Melilla, actualmente PIDOMEL. Dichas personas, a pesar de su esfuerzo e intento de explicar la situación al colectivo, se vieron ninguneados, insultados y despreciados por aquellos, que supuestamente, son sus representantes sindicales, unos sindicatos más preocupados por sus intereses espurios y apoyados por unas academias y preparadores de oposiciones que se dedicaron a faltar a la verdad.

Hace unos años, Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y Administraciones Públicas del PP, se vio presionado por la Comisión Europea para dar salida y solución a un problema que, ya fue solucionado satisfactoriamente en otros países con una problemática similar (Italia, Grecia y Portugal). De aquella indicación europea, surgió una reunión con los sindicatos de clase UGT, CCOO y CSIF para abordar la problemática. El resultado, un acuerdo por el que se vendió que a los interinos se les haría fijos sin opositar. Aquello fue un bombazo vendido como tal por los medios de comunicación, cuando evidentemente era falaz y resultó una trampa para el colectivo.

Aquellas noticias llegaron a Europa, que no tardó en percatarse de que se trataba de un bulo para engañar a la opinión pública y a los directamente interesados. Posteriormente, se denunció la situación ante el TJUE, que tras varias sentencias favorables a los afectados (más de un millón a día de hoy) obligó a la Comisión Europea a multar a España por su incumplimiento. El verbo acatar, gran desconocido para la clase política y sus acólitos sindicatos, es un verbo que sólo cumplen cuando les interesa. De aquella multa surgió la ley 20/2021 de medidas para la reducción de la temporalidad en el sector público, una ley insuficiente e ineficaz para solucionar el problema, como ha declarado la propia UE. De aquella ley se convocaron y siguen convocándose hasta el 31 de diciembre, unas oposiciones por acceso libre en la que, en el ámbito educativo, han vendido como de “estabilización”. Otra mentira, puesto que se debió tratar de estabilizar a las personas afectadas, y no las plazas que ocupan como han hecho.

Ni el gobierno de coalición actual ni los sindicatos tampoco han aceptado las reglas del juego europeo, pues las Directivas están por encima de las propias Constituciones de los países de la Unión. Eso sí, son artistas de la manipulación diciendo lo contrario.

Por último, y como guinda al pastel del despropósito y la desvergüenza, en una maniobra de un cinismo absoluto, la Junta de personal docente, ha instado a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta a convocar oposiciones al Cuerpo de Maestros para el próximo año, tras la reciente convocatoria de este 2024. El argumento: que se van a convocar también en Andalucía y con ello se evitaría un efecto llamada más que probable. Se les olvida que no se van a convocar ya en casi ninguna CCAA más, con lo que ese efecto llamada, se traduciría en una más que posible avalancha de aspirantes de otras partes del país. Esto conllevaría también el colapso de las listas de interinidad, pues los opositores de otras Comunidades Autónomas se pueden traer la nota de esa Comunidad para Ceuta, además de su tiempo de servicio para ingresar en las listas de Ceuta y cómo no, también en las de Melilla.

Y en esas estamos a día de hoy. O el colectivo se moviliza mostrando su más profunda repulsa a todo esto, incluido el rechazo de la clase política y sindical a la demanda de fijeza como sanción al abuso, como propone el TJUE, o estamos muertos. Allá cada uno con su conciencia personal.

Fuente: elfarodeceuta.es 26.10.2024

El Boletín Oficial del Estado difunde en el mes de septiembre 449 convocatorias de oposiciones con 17.339 plazas.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado para este mes de septiembre nuevas oposiciones a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). En total, se han oficializado un total de 449 convocatorias entre oposiciones, bolsa de empleo público y contratos de formación especializada. Esto representa una oportunidad para aquellas personas que después de la vuelta de las vacaciones quieren optar a un empleo fijo o dar un giro de 180 grados a su vida laboral.

Entre todas las oposiciones convocadas para la primera semana de septiembre, para el subgrupo C1 de funcionarios hay un total de 91 convocatorias, por las que se llegan a ofertar 3.263 plazas. Para acceder a estos procesos selectivos es necesario tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), una titulación equivalente o superior.

Aquellos que cuenten con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) equivalente o superior pueden optar a una de las 33 convocatorias, por las que llegan a ofertar 66 plazas (algunas de estas son bolsas de empleo que no hay cupo de plazas definidas).

Por último, y para los subgrupos A1 y A2, se han convocado un total de 130 convocatorias con 12.433 vacantes a cubrir como funcionario. En este caso es imprescindible contar con una diplomatura, licenciatura o grado universitario, tal y como establecen en sus respectivas convocatorias.

Además, de estas convocatorias, hay que señalar, 13 convocarías para personal laboral por las que solo se exigen contar con los estudios primarios (educación primaria terminada).

Oposiciones a Policía Nacional: 2.086 plazas

El Ministerio del Interior ha convocado las oposiciones a Policía Nacional 2024 con un total de 2.086 plazas de acceso libre para la Escala Básica (más 521 plazas para militares profesionales de tropa y marinería) y otras 100 para la Ejecutiva. Para acceder a las convocatorias es necesario cumplir ciertos requisitos y además, en el caso de querer acceder a través de tropa y marinería, será necesario llevar al menos 5 años de servicio.

Para participar en los procesos selectivos es necesario inscribirse a través del portal del aspirante y pagar las tasa para tener derecho a examen (15,57 euros). El plazo termina el próximo 18 de septiembre.

Formación sanitaria especializada: 11.922 plazas

El Ministerio de Sanidad publica la convocatoria de las pruebas selectivas para acceder a las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) correspondientes al periodo 2024/2025. Del total de plazas disponibles, 9.007 están destinadas a la titulación de Medicina, 2.171 a Enfermería, 352 a Farmacia, 274 a Psicología, 63 a Biología, 51 a Física y 25 a Química. En particular, en Medicina Familiar y Comunitaria se ofertan 2.508 plazas, un 1% más que en la convocatoria anterior, mientras que en Enfermería Familiar y Comunitaria se han convocado 919 plazas, lo que supone un aumento del 3%.

El plazo para presentar la solicitud finalizará el próximo lunes 16 de septiembre de 2024. Para acceder a esta convocatoria es necesario superar un procesos selectivo el cual será un cuestionario de 200 preguntas, más 10 preguntas de reserva.

Oposiciones para la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos: 220 plazas

El Ministerio de Cultura ha anunciado una convocatoria de oposiciones para cubrir 220 plazas en la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos. De estas plazas, 148 son de libre acceso, distribuidas en 60 plazas para Archivos, 52 para Bibliotecas y 36 para Museos, con un porcentaje reservado para personas con discapacidad.

El proceso selectivo incluirá varias pruebas y valoraciones especificadas en la convocatoria. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 27 de septiembre a través de la Sede Electrónica correspondiente. Los requisitos están establecidos en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Oposiciones para Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería: 91 plazas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publica proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre para el Técnico de cuidado auxiliares de enfermería. Para esta convocatoria se han ofertado un total de 91 plazas, pero existen un total de 384 plazas para los diferentes grupos M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

Para inscribirse a estas oposiciones es necesario tener el título de bachillerato, técnico o superior. El plazo para esta convocatoria finaliza el 23 de septiembre de 2024.

Fuente: noticiastrabajo.huffingtonpost.es 02.09.2024

La administración del gobierno difunde a través del Boletín Oficial del Estado centenares de oposiciones para empezar a prepararse en septiembre.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la web de la administración del gobierno de España, ha difundido nuevas oposiciones para este mes de agosto de 2024. En total, el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuenta con un total de 434 convocatorias de empleo público con un total de 6.596 plazas ofertadas.

Del total de plazas convocadas para este mes (inhábil para la administración), 49 convocarías son para el subgrupo de funcionarios C2, con un total de 549 plazas. Para acceder a estas es necesario contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o una titulación equivalente o superior.

En el caso del subgrupo C1 de funcionarios, se ha publicado un total de 97 convocatorias, con un total de 1.198 plazas. En estas es necesario tener como mínimo el título de Bachillerato.

Finalmente, para el subgrupo de funcionarios A1 y A2, el BOE anuncia un total de 105 convocatorias con un total de 3.402 plazas. Para optar a estas oposiciones, es requisito imprescindible contar con una diplomatura, licenciatura o grado específico, según lo establecido en cada convocatoria respectiva.

El resto de convocatorias son para oposiciones y bolsas de empleo para aspirantes con los estudios primarios o sin estos. Además, se pueden encontrar convocatorias para contratación temporal o interinidad.

Todas estas pueden ser consultadas en el buscador de oposiciones de la administración del Gobierno de España y en este Boletín semanal de empleo, empleo público y de pruebas de capacitación profesional. A continuación, se detallan las oposiciones más relevantes por número de plazas difundidas por el BOE.

Oposiciones para Secretario-Interventor de Administración Local: 1.566 plazas

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública convoca un total de 1.566 plazas por el sistema libre de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición y este proceso incluirá la superación de un curso selectivo.

Para presentarse a estas convocatoria es necesario estar en posesión de la Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado. El plazo para presentarse a estas oposiciones finalizar el próximo 26 de agosto y las instancias pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la redSara.

Oposiciones para Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado: 900 plazas

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado un proceso selectivo para cubrir 968 plazas para ingresar en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. De las plazas convocadas 53 son para personas con un grado de disparidad igual o superior al 33% y 86 plazas para promoción interna.

Para presentarse a estas oposiciones es necesario estar en posesión de la licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado. El plazo para inscribirse finaliza el próximo 26 de agosto de 2024.

Oposiciones para Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura: 220 plazas

El Ministerio de Cultura ha publicado un proceso selectivos de 220 plazas para el ingreso a la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura. De de las plazas convocadas se reservarán 6 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 %. De total de plazas 148 serán por libre acceso, quedando repartidas de la siguiente manera:

• Sección Archivos: 60 plazas, de las cuales 5 se reservarán para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.
• Sección Bibliotecas: 52 plazas, de las cuales 3 se reservarán para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.
• Sección Museos: 36 plazas, de las cuales 2 se reservará para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.

El plazo para presentarse a estas oposiciones finalizará el próximo 27 de septiembre y se podrá presentar a través de la url (https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias). Los requisitos generales quedan establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

256 plazas para tareas complementarias de apoyo para personas con discapacidad intelectual

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado el proceso selectivo para ingreso, como personal laboral fijo en el grupo profesional E0, especialidad Tareas Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Estas 256 plazas convocadas deberán ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.

A esta convocatoria se suma otras 199 plazas correspondientes a la convocatoria de 2019. Para ello, se celebrará un único examen para ambas. El plazo para esta convocatoria finaliza el próximo 26 de agosto de 2024.

Oposiciones para conductores. 140 plazas

El Ministerio de Hacienda ha publicado 140 plazas para el grupo E2 de la especialidad de Conducción de vehículos de transporte por carretera. Para optar a una de las 140 plazas es necesario estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o, en su defecto, del título de Bachillerato, equivalente o superior. Además, es necesario estar en posesión del carnet de conducir tipo B. El plazo para presentarse a estas oposiciones finaliza el 23 de septiembre.

Fuente: noticiastrabajo.huffingtonpost.es 19.08.2024

La Federación de Enseñanza de CGT quiere denunciar la situación de precariedad en la que vive el colectivo de profesorado interino en abuso de temporalidad; la repercusión en la calidad de la formación académica que supone la inestabilidad (como se ha podido comprobar en el último informe PISA); y exige al gobierno que reaccione ante las consecuencias por el fraude de ley en las administraciones públicas (denunciado recientemente por el Tribunal de Justicia Europa), que en concreto podría suponer el despido de casi 16.000 profesorxs en todo el Estado para el próximo curso.

Además, la reciente convocatoria de huelga en la enseñanza no universitaria en Madrid ha marcado un punto de inflexión que podría ser el inicio de una serie de movilizaciones, con el objetivo de denunciar no solo la temporalidad sino también otras deficiencias que se están produciendo. Un reclamo colectivo que como sindicato vamos a impulsar para que el gobierno mueva ficha, porque la enseñanza es el pilar fundamental de una sociedad más justa e igualitaria.

Intervienen:

Encarni Salguero Rodríguez

Sergio Buyolo Freitas

Federación de Enseñanza de CGT

Fuente: tercerainformacion.es 06.03.2024

El pasado 22 de febrero, la sala 6.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) dictó una sentencia sobre la aplicación de la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, de la que se derivan los procedimientos de estabilización puestos en marcha en los últimos dos años a raíz de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Vaya por delante que las cuarenta y dos páginas de las que consta la sentencia no cuestionan, en ningún momento, los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, pues la resolución del TJUE obedece a una cuestión interpretativa que realiza el Tribunal Supremo sobre el personal laboral indefinido no fijo, cuyas plazas se dilatan en el tiempo sin que se convoquen procedimientos selectivos que incluyan la figura de estos empleados públicos, siendo contrario al alcance de la mencionada Directiva europea.

En el ámbito de la Educación, la repercusión de esta sentencia es prácticamente inexistente porque la temporalidad se reduce a la figura de los funcionarios interinos, sin perjuicio del profesorado de Religión que no puede adquirir la condición de funcionario interino porque esa especialidad no se contempla en el Cuerpo de Maestros ni en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y porque, además, su relación contractual con la Administración educativa se realiza a través de la figura de personal laboral según los acuerdos suscritos con la institución religiosa que corresponda. Por consiguiente, en el ámbito docente, no existe el personal laboral indefinido no fijo al que se alude en la sentencia.

Es cierto que, aunque la sentencia no anula los procedimientos de estabilización que ya se han celebrado o se van a celebrar en este año 2024, sí que sería necesario que el Gobierno de España concrete qué Administración es la responsable cuando no se convocan procedimientos selectivos de estabilización en aplicación de lo establecido en la Disposición adicional 17.ª del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, pues la redacción de la referida disposición es, cuanto menos, ambigua. En cualquier caso, estamos hablando de un aspecto técnico legislativo, pues el fondo de la aplicación de la sentencia para los funcionarios interinos docentes es irrelevante.

En Educación, a partir del año 2006 con la entrada en vigor de la LOE, se llevó a cabo un proceso de funcionarización para todo el personal laboral fijo que prestaba servicios en centros dependientes de la Administración local como sucedía con los centros de Educación de Personas Adultas, cuyos centros pasaron a formar parte de la red de centros docentes dependientes de las CC. AA. o del Estado, que se pudieron integrar, mediante un procedimiento extraordinario, como funcionarios de carrera en el Cuerpo de Maestros y, en su caso, hubo docentes que se les integró en el extinguido Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, mayoritariamente, por la especialidad de Servicios a la Comunidad cuando el personal laboral no reunía los requisitos de titulación para integrarse en el Cuerpo de Maestros.

Ahora estamos en una situación distinta con la Sentencia del TSJUE del 22 de febrero de 2024 que no afecta, en ningún momento, al ámbito del personal docente cuya figura en los centros educativos se reduce a funcionarios de carrera, funcionarios interinos y, salvo en los casos del profesorado de enseñanzas religiosas, personal laboral.

Por consiguiente, el futuro de plazas convocadas en las oposiciones de los próximos años dependerá de otros factores como la tasa de interinidad tras los procesos de estabilización, el número de horas lectivas de la jornada docente, la ratio alumno/profesor por aula, la política educativa en materia de dotación de recursos humanos de las Administraciones educativas… pero no por lo que dispone la sentencia del TSJUE.

Fuente: frannorte.es 04.03.2024