La Administración va a contracorriente del sector privado: dispara un 25% sus contratos eventuales

El Estado se convierte en el gran foco de precariedad: uno de cada tres trabajadores temporales es público

El mercado laboral español ha vivido en los últimos años una transformación sin precedentes, con una caída de la tasa de temporalidad a mínimos históricos. Pero esta mejora ha descansado sobre los hombros de las empresas privadas, que entre el segundo trimestre de 2018 y el cierre de 2025 han recortado un 46% los asalariados con contrato temporal y elevado un 42% los fijos. Las administraciones han tenido un comportamiento opuesto: han elevado un 13% el número de trabajadores indefinidos, pero más han crecido los eventuales: un 25%.

En concreto, de los 523.600 empleos públicos creados en este lapso de casi ocho años, 198.400 vienen con fecha de caducidad incorporada. De esta forma, el 37,8% del empleo público creado desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa es temporal, cuando en las firmas privadas todo el incremento neto de asalariados corresponde a los indefinidos.

La fecha es relevante porque, aunque los últimos años del PP en el poder relajaron las restricciones a la contratación pública impuestas durante la crisis, la llegada del líder socialista a la Moncloa aceleró la tendencia, que ha llevado a que el empleo público haya crecido un 17% en los últimos ocho años y registrado un máximo histórico de 3,6 millones de asalariados a cierre de 2025. De estos, 975.500 eran temporales.

En estos años, el Ejecutivo ha presumido de las "ofertas públicas de empleo récord" para "revertir" los recortes del gabinete de Mariano Rajoy. Sin embargo, su incremento neto, del 17%, está en línea con la que ha seguido el empleo privado. La diferencia sustancial está en que su "calidad" es mucho peor.

La clave de esta evolución está en que el sector público no aplica la reforma laboral. A pesar de que el Ejecutivo impulsó una nueva ley de función pública y varios planes extraordinarios para reducir esta temporalidad, los resultados son pobres, comparados con el sector privado. A cierre de 2025, la tasa de temporalidad era del 26,8%, prácticamente la misma que a mediados de 2018. En el sector privado ha caído del 27,2% al 12,4%.

Sin embargo, un análisis de la serie histórica basta para comprobar que la "precarización" del empleo público es muy anterior a la normativa aprobada en 2021. De hecho, su tasa de temporalidad empezó a superar a la del sector privado a finales de 2018. Esto se debe a que la mejoría de la situación económica y la creación de empleo propició una mayor creación de puestos de trabajo fijos, pero solo en el sector privado. Con la reforma de 2021, esta brecha no hizo más que ampliarse.

La temporalidad del empleo público bate a la del privado desde 2018

Tasa de temporalidad

A día de hoy, el sector público aporta un 19,1% del total del empleo asalariado, un porcentaje casi idéntico al 19,2% en el segundo trimestre de 2018. Pero si analizamos los datos por tipo de contrato vemos que ha pasado de aportar el 19,4% al 16,4% de los indefinidos y del 17,8% al 33,4% en el caso de los temporales, convirtiéndose en un claro lastre para la mejora de la calidad del empleo.

Esta evolución desmonta el mito de que trabajar para las administraciones es un "blindaje" contra la precariedad. El hecho es que no es así, ni siquiera para los que han superado una oposición.

El 48% de los trabajadores temporales del sector público son interinos, es decir, cubren la ausencia de otro trabajador. Se trata del porcentaje más alto de la serie histórica y alcanza los 466.600 efectivos (un 35% más que en 2018) pese a las presiones de los sindicatos de trabajadores públicos, las sentencias de la justicia nacional y europea, y los avisos de Bruselas, que condiciona a esta cuestión el reparto de los fondos europeos.

El aumento del peso de los interinos contrasta con otro de los argumentos recurrentes del Ejecutivo para justificar el elevado volumen de las ofertas de empleo público: la sustitución de los trabajadores que llegan a la edad de jubilación.

España lleva a niveles récord la cifra de interinos desde 2018

Asalariados del sector público con contrato eventual

Aunque es cierto que el envejecimiento de las plantillas públicas es notable, lo cierto es que el plan de relevo generacional no parece estar generando más empleo estable. Más bien se diría lo contrario. Y esto explica otra de las grandes paradojas del empleo público: acapara un 36% de las vacantes de puestos de trabajo en España. Un porcentaje que, como hemos contado en elEconomista.es, resulta completamente desproporcionado en el entorno europeo.

Sin embargo, a pesar de sus peores condiciones laborales, las administraciones tienen una herramienta para atraer trabajadores: los sueldos. Como hemos contado en elEconomista.es, el salario medio de los funcionarios supera ya los 2.800 euros mensuales, según los datos de la Estadística de Bases de Cotización de la Seguridad Social.

Si se realiza una comparación con el resto de los trabajadores, la nómina media de los empleados del sector público es un 20,3% superior, una diferencia de 579 euros según los últimos datos. Ahora bien, aquí conviene recalcar que no todos los trabajadores públicos son funcionarios, suponen menos de la mitad del total. Y dentro de estos existe una gran polarización entre los funcionarios de carrera y los cargos políticos, que acceden a los puestos de mayor responsabilidad y mejores sueldos por decisión del dirigente político de turno.

Fuente: eleconomista.es 13.03.2026

Entre una renuncia por decisión propia y un despido en periodo de prueba deben transcurrir al menos tres meses para beneficiarse de la prestación por desempleo

La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) prevé que para causar derecho a desempleo tras una baja voluntaria deben pasar al menos tres meses hasta la extinción de un segundo contrato de trabajo en periodo de prueba para evitar que el empleado pueda cobrar el paro de forma fraudulenta. Sin embargo hay que tener en cuenta que, al momento de dar por finalizada la segunda relación laboral, pueden existir días de vacaciones retribuidas sin disfrutar.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha dictaminado que los días de vacaciones retribuidas que no se hayan disfrutado al extinguirse la segunda relación laboral computarán para completar el plazo de tres meses entre una baja voluntaria y un despido en periodo de prueba previsto por la LGSS. De esta forma, si atendiendo a las fechas de extinción estrictas no se cumplen los tres meses pero existen días de vacaciones sin disfrutar, estos se sumarán para ver si alcanzan o no los tres meses.

La decisión del Alto Tribunal viene después de tratar el caso de un trabajador que causó baja voluntaria en su trabajo el 14 de julio de 2021. Según consta en la sentencia (que se puede consultar en este enlace), el hombre empezó una nueva relación laboral el 19 de julio, siendo despedido el 11 de octubre de ese mismo año "por no superar el periodo de prueba". En total la empresa cotizó 92 días por él, siete de los cuáles fueron por vacaciones no disfrutadas.

Al momento de solicitar el paro, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) decide no concedérselo amparándose en que la relación laboral se extinguió durante el periodo de prueba, a instancia del empresario, "sin que hubiera transcurrido el plazo de tres meses desde la extinción de su anterior relación laboral, la cual no constituyó situación legal de desempleo".

Argumentan que, descontando los siete días de vacaciones retribuidas no disfrutadas, el periodo de cotización era de 85 días, no de 92, por lo que no cumplía el plazo de tres meses previsto para causar derecho a paro cuando la primera relación laboral termina de forma voluntaria.

El Supremo termina fallando a favor del trabajador

El hombre demanda al organismo ante el Juzgado de lo Social nº3 de A Coruña, que le da la razón y determina que tiene derecho a cobrar el paro al integrar los siete días de vacaciones retribuidas no disfrutadas en su periodo de cotización, alcanzando los tres meses por la mínima.

Ante este escenario el SEPE recurre en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, que se pone de su parte y deniega el paro al trabajador. Alegan que el plazo de tres meses previsto por la LGSS es entre las fechas de extinción de las relaciones laborales, en este caso el 14 de julio y el 11 de octubre de 2021, por lo que entre ambas fechas no han transcurrido dicho periodo. Los magistrados rechazan que se tengan en cuenta las cotizaciones por vacaciones no disfrutadas.

Antes de darse por vencido, el trabajador presenta recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que recuerda que el artículo 267 de la LGSS contempla como situación legal de desempleo la extinción del contrato de trabajo "durante el periodo de prueba a instancia del empresario", condicionándola, cuando la relación anterior se extinguiese voluntariamente por el trabajador, a que "haya transcurrido un plazo de tres meses" desde dicha extinción.

Los magistrados lo interpretan conjuntamente con el artículo 268, que dispone que cuando hay vacaciones no disfrutadas la situación legal de desempleo se pospone hasta que "corra" el periodo vacacional por el que la empresa cotiza. Por tanto, obliga al SEPE a seguir el mismo criterio para computar el plazo de tres meses anteriormente mencionado.

Los días de vacaciones sí cuentan en este caso

Por tanto, aunque entre las fechas de extinción de los contratos del caso que nos ocupa no habían pasado tres meses completos, al existir 7 días de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas en el segundo, la LGSS desplaza la situación legal de desempleo al momento posterior a la expiración de esos 7 días. En ese momento sí que se cumple el plazo de tres meses desde la baja voluntaria del primer contrato.

Por todo lo anterior, el Alto Tribunal reconoce la prestación por desempleo al trabajador al cumplir con el plazo de tres meses previsto por la legislación vigente y determina que los días de vacaciones no disfrutados han de tenerse en cuenta para causar derecho a paro cuando ha existido una baja voluntaria y un despido posterior en periodo de prueba. Así, la situación legal de desempleo nace una vez se ha agotado dicho periodo vacacional retribuido.

Fuente: eleconomista.es 09.03.2026

El director de Randstad Research, Valentín Bote, considera que el mercado de trabajo tiene "luces y sombras"

El director de Randstad Research, Valentín Bote, considera que en 2025 se creó empleo en España a un "ritmo sano", pero advirtió de que "no es oro todo lo que reluce", ya que hay problemas como que, desde la aprobación de la reforma laboral en 2021, se ha disparado la no superación de períodos de prueba en los contratos indefinidos, pasando del 12% del total al 70%.

En una entrevista con Servimedia, Bote valoró de este modo la situación del mercado laboral en España, del que dijo que está creando empleo "a buen ritmo", con medio millón de puestos de trabajo más en 2025. Además, aunque cree que la "tendencia positiva" se mantendrá en 2026, será algo "más moderada", ya que sus previsiones apuntan a una creación de unos 400.000 y 450.000 puestos de trabajo.

Asimismo, llamó la atención acerca de que el aumento de la ocupación no se traduzca en una fuerte reducción del número de parados. "Seguimos teniendo un mercado de trabajo donde muchas actividades son de carácter estacional o temporal, y hemos, como país, maquillado la estadística. Hemos reducido la estadística de temporalidad simplemente diciendo, oye, todas aquellas personas que antes tenían un contrato temporal de estas características, ahora les obligo a migrar a contratos indefinidos", lamentó Bote.

En este punto, aclaró que con la reforma laboral no se ha modificado el modo de contabilizar los desempleados, pero sí se deja a muchos trabajadores con contrato fijo discontinuo "en un limbo" mientras no se les vuelve a llamar y que no computan como parados en los registros oficiales.

Por ello, insistió en que el mercado de trabajo tiene "luces y sombras", situando entre elementos no positivos que la temporalidad anterior no solo se ha desplazado al fijo discontinuo, sino incluso a los contratos indefinidos ordinarios, en los que se utiliza de manera "fraudulenta" el período de prueba, que puede ser de hasta seis meses y con "cero indemnización", a diferencia de los 12 días por año trabajado de los temporales.

Igualmente, alertó de que se ha roto la "coherencia" entre la proporción de contratos y la no superación del período de prueba. En concreto, explicó que, antes de la reforma laboral pactada en 2021 entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, la proporción de contratos indefinidos era de alrededor del 12% y, en consecuencia, la no superación de los períodos de prueba de los indefinidos sobre el total de despidos por esta causa era de entre el 12% y el 15%.

En cambio, con la reforma laboral, los indefinidos pasaron a ser del 40% y la ratio sobre el total de no superaciones de períodos de prueba no se ha incrementado hasta esa cifra, sino hasta el 70%.

"Algo raro está pasando", previno el director de Randstad Research, quien sostuvo que "era obvio que si tú obligas a que una empresa que tiene una necesidad estacional o una necesidad temporal contrate a través de un contrato indefinido, va a llegar un momento en el que no necesita al trabajador" y "va a tener que prescindir de él".

"Hemos tenido un buen año en términos de creación de empleo absoluta, pero luego, en cuanto te pones a rascar, pues pasan cosas que no son brillantes", reseñó Bote.

Fuente: eleconomista.es 10.01.2026

La Comisión Europea presentó esta semana la hoja de ruta que conducirá a esta nueva ley a partir del 2026

Esta misma semana, la Comisión Europea presentaba lo que definían como "una hoja de ruta para la creación de puestos de trabajo de calidad y con perspectivas de futuro en una UE competitiva". Así lo presentan en la página web de la Comisión. Y eso debería ser solo el anticipo de la Ley de Empleo de Calidad que está por llegar.

Pero, ¿qué son exactamente esos "trabajos de calidad" de los que habla la Comisión? Pues reconocen que "no existe una definición única. En general, los empleos de calidad ofrecen una remuneración justa, condiciones de trabajo seguras y saludables, protección contra el estrés y otros riesgos en el trabajo, seguridad laboral, conciliación de la vida familiar y la vida profesional, igualdad de género, acceso a las capacidades, formación y desarrollo profesional, una sólida protección social y cobertura de la negociación colectiva", explican.

"El empleo de calidad es esencial para el bienestar de las personas y para una Europa social fuerte y competitiva. Los trabajadores en empleos de calidad impulsan la innovación, contribuyendo a una mayor productividad. Los empleos de calidad también benefician a las empresas al apoyar la innovación y ayudar a los empleadores a atraer y retener talento", sostiene la Comisión en el artículo.

Por ese mismo motivo, los resultados del análisis que llevó a cabo la Comisión en el Semestre Europeo "respaldan la necesidad de abordar la calidad del empleo. La propuesta de informe conjunto sobre el empleo, que forma parte del paquete de otoño del Semestre Europeo, destaca que Europa debe abordar las deficiencias estructurales de su mercado laboral mejorando la calidad del empleo", aseguran.

Esa hoja de ruta que presentó la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, esta misma semana apunta a cinco direcciones concretas: la creación de empleo, la voluntad de promover buenas condiciones de trabajo, apostar por la modernización, impulsar transiciones justas para los trabajadores y preservar los factores facilitadores clave, como puede ser el respeto de los derechos laborales existentes.

Todo eso sirve como preámbulo de la Ley de Empleo de Calidad en la que trabaja la UE de cara al 2026. Una normativa que deberán acatar los países miembros y que, según la Comisión, "se complementará con medidas no legislativas para ayudar a que los puestos de trabajo europeos sigan siendo seguros, justos y preparados para el futuro".

Según promete la UE, esta nueva ley "modernizará y complementará las normas mínimas vigentes de la UE en materia de protección de los trabajadores, logrando un cuidadoso equilibrio entre la protección de los trabajadores y el apoyo a la competitividad, especialmente para las pequeñas empresas. La Ley respetará la diversidad de los sistemas nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales", establecen.

Fuente: mundodeportivo.com 07.12.2025

El organismo prevé una ayuda especial para los trabajadores de un sector determinado

La vida del artista es en ocasiones muy impredecible en lo económico. Se trata de un sector cuyos profesionales viven periodos de trabajo son muy variopintos. Desde temporadas altas con picos de demanda muy elevados hasta etapas valle donde la actividad disminuye. Por ello, el SEPE brinda una prestación específica para aquellas personas desempleadas que desempeñen su trabajo en las artes escénicas, audiovisuales y musicales.

La ayuda se conoce como el 'paro de los artistas' y trata de respaldar económicamente a estos trabajadores con un panorama laboral volátil. La inyección económica puede llegar a alcanzar los 600 euros mensuales durante 120 días si se cumplen ciertos requisitos. Los requisitos, eso sí, son menos exigentes si se comparan con la prestación contributiva, el conocido paro.

El único requisito es pertenecer a este sector y no tener derecho a paro. A eso, lógicamente, se suma encontrarse en situación legal de desempleo y estar afiliado a la Seguridad Social, condiciones indispensables para cualquier tipo de ayuda del SEPE. Entonces, ¿qué se necesita para cobrar el conocido paro de artistas? «O bien 60 días de alta en Seguridad Social con prestación real de servicios en la actividad artística dentro de los 18 meses anteriores» o bien «180 días de alta en Seguridad Social con prestación real de servicios en la actividad artística o por regularizaciones anuales ya realizadas, dentro de los seis años anteriores a la fecha de la situación legal de desempleo».

La duración de la prestación especial será de 120 días máximo y la cuantía equivale al 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos 480 euros. Puede ascender a 600 euros «cuando la media diaria de las bases de cotización correspondientes a los últimos sesenta días de prestación real de servicios en la actividad artística sea superior a 60 euros, en cuyo caso será igual al 100 por cien del IPREM», señala el organismo.

De esta ayuda económica pueden beneficiarse artistas, personal técnico y auxiliares que trabajen en las artes escénicas, audiovisuales y musicales. Un aspecto importante a tener en cuenta: no es compatible su cobro con otras prestaciones públicas ni con empleos remunerados, ya sea por cuenta propia o ajena. En el caso de solicitarla por más de una vez, debe transcurrir «al menos un año» desde de la extinción de la anterior prestación especial.

Fuente: www.elcorreo.com 28.09.2025

El paro se incrementa en 21.905 personas en un mes en el que es habitual que se contrate poco. La educación, que pierde 77.636 afiliados, explica buena parte de la bajada.

Agosto y enero son los meses 'negros' por antonomasia para el mercado laboral en España y este año no ha sido una excepción. Los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro que ha dado a conocer el Gobierno este martes apuntan a que el fin de las vacaciones se ha saldado con la destrucción de 199.300 empleos, la peor cifra para un octavo mes del año desde la pandemia. Eso sí, las diferencias no son muy grandes respecto a los registros de 2024, cuando se perdieron 193.700 empleos, o 2023, que vio desaparecer 185.400.

Tras el nuevo dato de agosto, el balance se queda en 21.666.203 afiliados a la Seguridad Social, casi medio millón más que a estas alturas del año pasado, un registro que marca un nuevo máximo histórico para este mes. En lo que respecta al desempleo, el número de parados inscritos en el SEPE aumentó en 21.905 personas, hasta situarse en un 2.426.511. 

"Seguimos por debajo de los 2.500.000 de personas en paro y es la cifra más baja para un mes de agosto desde el año 2007", se congratuló la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras conocerse los datos publicados por su ministerio. Díaz ha valorado también que el paro de las mujeres se mantiene en el nivel más bajo desde 2008 y el juvenil vuelve a marcar un mínimo histórico. "Hoy trabajan en España más mujeres que nunca, debemos acabar con la brecha de género en la participación en el empleo, pero los datos nos dicen mes tras mes que vamos por el buen camino", ha apostillado Elsa Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El hito de los 22 millones de afiliados tendrá que esperar ya a la temporada alta del año que viene, siempre y cuando el empleo siga creciendo al fuerte ritmo que se ha visto estos últimos años. "El mercado laboral mantiene un comportamiento favorable, con datos destacables en cantidad y calidad del empleo", ha valorado la ministra encargada de la Seguridad Social, Elma Saiz. "Estamos por encima de los 21,6 millones de afiliados, una cifra muy positiva, que incluye un crecimiento destacado en los sectores de alto valor añadido", ha agregado.

Agosto es un mes difícil de interpretar en el ámbito del empleo porque confluyen en él varias tendencias, a menudo contradictorias. A diferencia de lo que puede parecer a simple vista, la caída en la afiliación no se debe a un bajón en la hostelería tras el final de la temporada alta veraniega. Lo cierto es que la mayoría de los empleos estacionales en los sectores ligados al turismo se suelen perder entre septiembre y octubre. 

En agosto el principal motivo de destrucción del empleo está en la educación, donde muchos trabajadores con contrato fijo-discontinuo pasan a la inactividad en un sector que luego se reactivará en septiembre y octubre con las altas por el inicio del curso escolar. Solo en educación se han destruido 77.636 empleos este agosto de este año, el sector claramente más perjudicado. 

La caída en la afiliación es, en cualquier caso, bastante generalizada. El sector sanitario y de servicios sociales, que gana 16.800 afiliados porque todavía se contrata para cubrir las vacaciones del personal, es prácticamente el único donde se crea empleo. En el resto, se ven caídas del empleo en actividades administrativas y servicios auxiliares (-19.300 empleos); en la industria manufacturera (-17.600); en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-16.400); construcción (-16.100); actividades profesionales, científicas y técnicas (-15.800) o comercio (-15.600).

La patronal CEOE, en un comunicado, estima por su parte que la incertidumbre está afectando a las empresas y prevé una "pérdida de dinamismo" del empleo más acusada a partir del otoño. "Hay que restablecer un clima de confianza, estabilidad y seguridad jurídica que favorezca la inversión y el empleo", dice la organización empresarial que lamenta además que los autónomos pierden 8.662 afiliados en agosto, lo que refleja las "dificultades que afrontan las pymes, afectadas por el aumento de costes, la carga burocrática y la incertidumbre normativa".

Los sindicatos ven un barniz más positivo. "Los datos de paro registrado y Seguridad Social reflejan la situación estacional propia de agosto, pero también recogen el buen estado del mercado de trabajo español, que mantiene un ritmo de crecimiento del empleo cada vez más estable", dicen desde UGT, que observan aún "desafíos" como el elevado desempleo y, concretamente, el paro de larga duración. "Es fundamental aplicar nuevas políticas activas de empleo más eficaces", defiende el sindicato.

Fuente: 20minutos.es 02.09.2025

El Gobierno de Sánchez no ha incorporado a la legislación nacional las reglas de la UE que exigen que los trabajadores reciban información sobre aspectos esenciales de su empleo, como el tiempo de trabajo y la remuneración.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha decidido este miércoles pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga sanciones económicas crecientes a España por no haber incorporado a su legislación nacional la directiva sobre "condiciones laborales transparentes y previsibles en la UE".

La norma en cuestión se aprobó en 2019, cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno y Yolanda Díaz ministra de Trabajo. Los derechos y obligaciones recogidos en ella tendrían que haberse aplicado a todas las relaciones de trabajo a más tardar el 1 de agosto de 2022. 

La directiva exige, por ejemplo, que los trabajadores reciban información oportuna y completa sobre aspectos esenciales de su empleo, como el tiempo de trabajo y la remuneración. Según las medidas notificadas a la Comisión por el Gobierno de Sánchez, España no dispone de tales normas.

El Ejecutivo comunitario lanzó un procedimiento de infracción contra España mediante el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en septiembre de 2022, seguida de un dictamen motivado en junio de 2023.

En febrero de 2025, el Gobierno de Sánchez notificó a la Comisión medidas nacionales que, según el análisis de Bruselas  "transponían algunas de las disposiciones de la directiva al derecho nacional, pero no todas". 

La Comisión considera que, hasta la fecha, "los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes", por lo que va a denunciar a España ante el TJUE y solicitar que se impongan sanciones financieras, cuyo importe no se ha desvelado.

La directiva "ofrece derechos laborales amplios y actualizados y protección a los casi 200 millones de trabajadores de la UE", según destaca Bruselas.

Con estas normas, los trabajadores tienen, por ejemplo, derecho a una mayor previsibilidad en relación con las asignaciones de tareas y el tiempo de trabajo. También tienen derecho a recibir oportunamente información más completa sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el tiempo de trabajo y la remuneración

Las normas de la UE también fija para los trabajadores unas condiciones laborales mínimas, como la limitación del período de prueba a un máximo de seis meses. "En particular, estas normas benefician a entre dos y tres millones de trabajadores en formas de empleo precarias", destaca el Ejecutivo comunitario.

Fuente: www.elespañol.com 18.06.2025

• Un 37% se explica por tener un contrato temporal, con el subempleo como causa principal
• La situación de los trabajadores más cualificados empeora cerca de 14 puntos desde 2007

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó en abril de 2022 la Comisión de Expertos sobre el impacto de la precariedad en la salud mental. Este grupo, integrado por una decena de académicos y coordinado por el médico y catedrático de Sociología, Joan Benach, publicó hace unas semanas su segundo informe en el que señala que un 42,1% de los trabajadores asalariados son precarios a partir del análisis de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2024.

Un total de 7,6 millones de empleados por cuenta ajena tienen unas malas condiciones laborales. Esta cifra, pese a ser algo inferior a la señalada en la publicación de 2023 en la que se hablaba de 8 millones de asalariados precarios, sigue siendo elevada por lo que el elenco de expertos manifiesta su preocupación porque estos trabajadores representen el 66,1% del conjunto de las personas en situación precaria, seguidos de los desempleados con un empleo anterior (2,7 millones) y los autónomos (1,2 millones).

El documento refleja que esta cifra se ha mantenido más o menos estable a lo largo de las últimas dos décadas, con ligeras variaciones. Si bien, han variado sustancialmente las causas que llevan a calificar la situación de un trabajador como precaria. Los expertos hacen referencia al subempleo como principal causa para el dato de 2024, es decir, que los trabajadores están en puestos de trabajo que requieren menos habilidades de las que tienen o contratados por menos horas de las que les gustaría. El primero se califica como subempleo funcional y el segundo como subempleo por insuficiencia de horas y entre ambos explican un 82% de la precariedad laboral.

El grupo advierte que hay algunos condicionantes para la precariedad que se solapan entre sí, sobre todo el subempleo funcional y el trabajo temporal. Esto explica que el hecho de tener un contrato temporal explique el 37% de esta situación a pesar de que el subempleo ya sustentaba la práctica totalidad, de forma que al sumarlas superan el 100%. No obstante, resulta significativo que para cuando se cumplían dos años de la introducción de la reforma laboral, más de una tercera parte de la precariedad venía dada por que los trabajadores no eran indefinidos.

Este porcentaje se ha reducido significativamente desde 2007 cuando esta variable explicaba el 65,7% de la precariedad. Si bien, el cambio en la regulación laboral pactada con patronal y sindicatos al término de 2021 no se ha traducido en una reducción significativa de los asalariados precarios, puesto que último dato supera en una décima el de 2017 (7,5 millones). Sí se aprecia una diferencia respecto al total de personas afectadas por esta situación que ascendía a 12,34 millones, como consecuencia de la reducción del desempleo hasta alcanzar los niveles previos a la crisis financiera.

El documento no hace una mención expresa al efecto del contrato fijo-discontinuo en relación a la precariedad, pero se sobreentiende que parte de ellos están encuadrados en el subempleo por insuficiencia de horas. La OIT incluye en esta categoría a todos los ocupados que "desean trabajar más horas, que están disponibles para trabajar y cuyas horas efectivas trabajadas son inferiores a las horas semanales que habitualmente trabajan los ocupados a tiempo completo de la rama de actividad de su empleo principal", lo que describe la situación de muchos contratados con este modelo.

Todo este contexto, advierte el grupo en las conclusiones, repercute directamente en la salud de los trabajadores y en concreto, en su salud mental. Una advertencia que se da en un momento clave por la alarma generalizada entre los agentes sociales por el aumento de las bajas por depresión o ansiedad.

La situación de los más cualificados empeora 14 puntos desde 2007

En contra de lo que cabría esperar, la proporción de trabajadores que tienen condiciones precarias no disminuye a medida que aumenta su nivel de estudios. "El porcentaje de trabajadores precarios con estudios primarios ha pasado del 14,9% en el primer trimestre de 2007 al 5,5% en el primer trimestre de 2024, mientras que los trabajadores precarios con estudios superiores han aumentado del 33,7% al 47,5%. Es decir, en las últimas dos décadas su situación se ha agravado en casi 14 puntos porcentuales.

Este dato está íntimamente relacionado con la extensión del subempleo, puesto que esta situación afecta a las ocupaciones elementales (26,2%) y al sector de servicios de restauración, personales, protección y vendedores (23,1%). Es habitual que estos profesionales tengan estudios superiores en otras ramas de actividad, sobre todo universitarios, pero que acaben desarrollando otros puestos de trabajo ante la dificultad de encontrar un empleo. Al mismo tiempo, existe un 15% de empleados contables, administrativos y de oficina con condiciones de trabajo precarias y un 12,2% entre los técnicos y profesionales, científicos e intelectuales.

El puesto de trabajo en sí mismo no es el único condicionante para tener un empleo precario, sino que los expertos también le otorgan un gran peso a forma en la que son contratados, por ser la falta de estabilidad uno de los elementos característicos de esta situación. "El trabajo temporal, el trabajo a tiempo parcial, en ocasiones el trabajo mediante contratos formativos, los trabajos total o parcialmente excluidos de la aplicación de la normativa laboral como los 'falsos autónomos', los becarios o cooperativistas y determinadas ocupaciones de especial vulnerabilidad o en sectores particularmente precarizados" son señalados como las modalidades más expuestas a la precariedad.

Tras realizar esta descripción pormenorizada de la situación, la Comisión de Expertos recomienda a Díaz hacer una regulación del SMI que garantice unos ingresos adecuados, fomentar mecanismos para reducir la jornada laboral, reformar el tiempo parcial y la indemnización por despido. El departamento de Trabajo ya tiene estas materias en su hoja de ruta para los próximos años, siendo la reducción de jornada la que podría tomar forma más pronto ya que se ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados. Díaz también ha abierto una mesa para tratar la transposición de la directiva de salarios mínimos y se ha comprometido a abordar después el despido, además el grupo de expertos llama a sacar adelante el Estatuto del Becario, pactado con CCOO y UGT hace dos años.

Fuente: eleconomista.es 26.05.2025

Función Pública elabora un catálogo con 24 áreas funcionales que determinará las ofertas de empleo

El Gobierno está ultimando una ambiciosa reforma con la que pretende hacer transversales miles de puestos de funcionarios y que arrancará este mismo año con un proyecto piloto en el ámbito de la atención a la ciudadanía. El Ministerio de Función Pública ya ha definido el esquema que de ahora en adelante determinará las Ofertas de Empleo Público (OEP)en la Administración General del Estado (AGE) y, aunque el proyecto aún se encuentra en una fase inicial, los sindicatos están empezando ya a lanzar las primeras advertencias sobre el impacto que el nuevo sistema puede llegar a tener en las condiciones laborales de los empleados públicos.

El pasado 13 de mayo, responsables del departamento que dirige Óscar López mantuvieron una reunión con representantes sindicales en la que abordaron dos asuntos clave para poder empezar a negociar la OEP de 2025. Por un lado, el Ministerio reconoció que, pese a las recientes ofertas históricas -el año pasado se superó el récord de 40.000 plazas-, la AGE continúa sufriendo un déficit estructural, tras haber perdido 20.646 empleos en los últimos diez años. Sin embargo, evitó fechar la eliminación de la tasa de reposición que limita la cobertura de vacantes a las bajas que se hayan producido el año anterior y que el exministro José Luis Escrivá prometió suprimir en 2025.

El actual gobernador del Banco de España se encargó en sus tiempos de ministro de Función Pública de impulsar la gran reforma de transformación de la Administración pactada con Bruselas. Se comprometió a profesionalizar la AGE con criterios similares a los que utiliza la empresa privada, como evaluaciones del desempeño, con un sistema de retribuciones variables vinculado a la meritocracia y los resultados. También anunció la sustitución de la tasa de reposición, que promueve un crecimiento vegetativo de las plantillas, por un mecanismo de captación de talento y gestión de los recursos humanos basado en las distintas áreas funcionales de los ministerios y organismos y ajustado a los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea.

Y ese último objetivo fue el otro asunto abordado en la reunión de hace dos semanas con los sindicatos de funcionarios. Según ha podido saber ELMUNDO por distintas fuentes presentes en el encuentro, el Ministerio acudió a la cita con una reforma ya prácticamente cerrada sobre ese nuevo esquema de áreas funcionales. De hecho, el día anterior aprobó de manera unilateral un catálogo con 24 «áreas funcionales». Sin previa consulta a la Mesa de Negociación de la AGE, se diseñó un catálogo que, a juicio del sindicato CSIF, tenía que haber sido objeto de negociación, dada su repercusión en las condiciones laborales de los empleados públicos.

Fuentes de UGT al tanto de los trabajos que está llevando a cabo el equipo de Óscar López explican que la reforma se engloba en un amplio proyecto de «planificación estratégica» que persigue «optimizar los recursos humanos» dentro de la capacidad de autoorganización de que dispone la Administración. Sin embargo, advierten de que la ley obliga al Gobierno a negociar toda reforma que repercuta en las condiciones de trabajo de los funcionarios, como es el caso.

Lo que pretende Función Pública es clasificar a la plantilla en «áreas funcionales», frente a la tradicional organización por organismos. Entre otras, se han definido las áreas de acción de Gobierno, exterior, políticas públicas, presupuesto, seguridad nacional, recursos humanos, contratación, subvenciones, migraciones, defensa o justicia. Estas áreas, muchas de ellas transversales a varios ministerios y organismos, definirán a partir de ahora las ofertas de empleo, con un número de plazas específicas para cada área funcional, en lugar de una cantidad global de puestos para la AGE. Los sindicatos interpretan que lo que viene a favorecer esta organización de puestos por funciones es que un mismo empleado público pueda encajar en varias plazas y, en consecuencia, pueda ser trasladado de un puesto a otro.

El Ministerio defiende que este catálogo permitirá «la detección de necesidades de recursos humanos, una mejor adecuación de las pruebas de los procesos selectivos a las funciones que deban desarrollarse en los puestos de trabajo, la determinación de los criterios para la evaluación del desempeño y la detección de necesidades formativas». «Es una herramienta que acompaña al personal empleado público en su formación a lo largo de toda la vida, sin que suponga, en ningún caso, una limitación a su movilidad», asegura.

Pero en CSIF advierten de que en determinadas áreas «transversales» presentes en todos los ministerios, como las relacionadas con la Acción de Gobierno o la Administración y Servicios Generales, pueden producirse traslados de un organismo a otro sin garantizar que la movilidad sea únicamente voluntaria. Es decir, forzosos. Y respecto al resto de áreas, consideran que muchas están limitadas a un ámbito específico, lo que va a dificultar la movilidad, ya que la evaluación del desempeño o la oferta de empleo público van a estar circunscritas a cada área funcional.

El Gobierno va a lanzar un proyecto piloto en el ámbito de atención a la ciudadanía en el marco de la elaboración de la OEP de 2025, que empieza a negociarse ahora con los sindicatos. El objetivo es que las ofertas de la AGE en próximos años puedan diseñarse partiendo del catálogo de áreas funcionales, según ha avanzado Función Pública a los sindicatos.

Fuente: elmundo.es 26.05.2025

La nueva jornada laboral de 37,5 horas va a ser un hecho

El empleo, y el poder disfrutar de un salario remunerado, es el motivo de vivir de la mayor parte de la gente en la etapa de trabajo. De hecho, el dinero que se ingresa por acudir al puesto de trabajo todos los días es la razón por la que uno busca un empleo, también lo es por el descanso, que en la mayor parte de las oportunidades siempre es los fines de semana, pero también por los periodos largos de vacaciones.

Ahora que el Gobierno está en trámites de que se apruebe la jornada laboral de 37,5 horas a la semana, cabe la duda de si esa reducción va a suponer un recorte en nuestras vacaciones. En principio, el número exacto de días de vacaciones no va a cambiar pese a que ahora se trabaje 2,5 horas menos a la semana, pero lo que sí va a ser determinante es el tiempo de descanso del trabajador, que va a aumentar.

Que ningún trabajador español supere por ley el nuevo máximo legal de horas semanales

Ese es el objetivo que plantea la nueva ley, que el empresario atienda a la nueva norma y obligue a su empleado a trabajar lo estipulado por una jornada completa. Sin embargo, son muchos los que indican que no pueden reducir la jornada diaria o semanal de cada empleado de un modo inmediato, algo lógico, pero que la ley ya tenía previsto.

En el caso de que se siga trabajando 40 horas, en lugar de las 37,5 pactadas ya por ley, la empresa ha de computar ese exceso de horas como si fuesen extras, unas horas que se han de compensar al trabajador como días adicionales de descanso a lo largo del año. Esto significa que, si se van sumando esas horas que se hacen de más, el trabajador puede llegar a acumular hasta un total de 12 días libres más al año, algo que va a tener muy en cuenta la empresa si decide no ajustar esos horarios nuevos de la ley con inmediatez.

Hay que recordar que cada trabajador tiene como mínimo 30 días naturales de vacaciones retribuidas al año, o lo que es lo mismo 22 días laborables. Eso sí, hay que recordar que primero ha de aprobarse la ley en el Congreso de los Diputados, donde Junts, PP y Vox han dicho que no y no votarán de manera afirmativa hasta que la reforma no incluya el visto bueno de la patronal.

Fuente: marca.com 23.05.2025