Distintas sentencias reconocen el daño que genera el abuso de temporalidad, pero no lo corrigen plenamente ni castigan a quien lo causa

La reciente Sentencia nº 79/2026 del Juzgado de lo Social nº 2 de Cáceres vuelve a situar en el centro del debate jurídico y social una de las disfunciones más persistentes del empleo público en España: el abuso estructural de la temporalidad. El fallo, que reconoce la condición de indefinido no fijo a un trabajador interino de la Junta de Extremadura, no constituye una anomalía aislada, sino la confirmación judicial de una práctica prolongada en el tiempo.

El elemento clave de la resolución es la constatación de un incumplimiento claro del plazo máximo de tres años para la cobertura de plazas públicas, establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. La Administración, según recoge la sentencia, ha mantenido vacante la plaza durante un periodo muy superior al permitido, incurriendo en una inacción que el juzgado califica implícitamente como injustificada.

Este tipo de pronunciamientos, cada vez más frecuentes, revelan una tensión de fondo entre la legalidad formal y la práctica administrativa. Sobre el papel, el sistema de empleo público español establece límites precisos a la temporalidad. En la realidad, esos límites se diluyen ante la falta de convocatorias, la lentitud burocrática y, en muchos casos, la conveniencia organizativa de mantener estructuras laborales flexibles.

El reconocimiento de la figura del trabajador indefinido no fijo se ha convertido en la respuesta habitual de los tribunales frente al abuso de la contratación temporal en el sector público. Se trata de una categoría híbrida: no otorga la condición plena de funcionario ni garantiza una estabilidad absoluta, pero sí reconoce que la relación laboral ha dejado de ser legítimamente temporal.

Desde un punto de vista jurídico, esta figura busca equilibrar dos principios en conflicto: la protección del trabajador frente al abuso y el respeto a los principios constitucionales de acceso al empleo público. Sin embargo, en la práctica, este equilibrio genera una solución incompleta.

El sindicato SGTEX lo expresa con claridad: “esta solución sigue siendo insuficiente, ya que no garantiza plenamente la estabilidad laboral ni sanciona adecuadamente el abuso cometido por la Administración”. La crítica apunta a una paradoja evidente: se reconoce el daño, pero no se corrige plenamente ni se penaliza a quien lo causa.

Más allá del caso concreto, la sentencia pone de relieve un fenómeno sistémico. Según denuncia SGTEX, “no es un caso, sino el reflejo de una práctica estructural… el uso prolongado y abusivo de la contratación temporal para cubrir necesidades permanentes”.

Esta afirmación encuentra respaldo en múltiples resoluciones judiciales y en los reiterados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha advertido a España sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad en el sector público.

El problema no es únicamente jurídico, sino también organizativo y político. La temporalidad permite a las administraciones gestionar recursos humanos con mayor flexibilidad, evitando compromisos a largo plazo. Pero ese beneficio inmediato tiene un coste acumulado: precarización laboral, litigiosidad creciente y erosión de la confianza en las instituciones.

Uno de los aspectos más controvertidos es la ausencia de un mecanismo sancionador eficaz. Mientras que en el sector privado el abuso de la temporalidad puede conllevar consecuencias claras, en el ámbito público la responsabilidad se diluye. La conversión en indefinido no fijo no implica una sanción directa para la Administración, ni tampoco una reparación plena para el trabajador. En términos económicos y organizativos, el sistema apenas introduce incentivos para corregir la conducta. Este vacío ha sido señalado de forma reiterada por la jurisprudencia europea, que exige medidas “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Sin embargo, la respuesta interna sigue siendo fragmentaria, apoyada en soluciones jurisprudenciales más que en reformas estructurales.

El fenómeno adquiere una dimensión especialmente significativa cuando afecta al propio sector público. La Administración, llamada a garantizar derechos laborales, se convierte en ocasiones en agente de precarización. Para los trabajadores interinos, esta situación implica años o décadas de incertidumbre. La expectativa de estabilidad se aplaza indefinidamente, mientras la relación laboral se sostiene sobre una base jurídica frágil.

La sentencia de Cáceres, al reconocer el abuso, introduce un elemento de reparación, pero también evidencia la magnitud del problema. No se trata solo de corregir situaciones individuales, sino de replantear un modelo que ha permitido que la excepción, es decir, la temporalidad abusiva, se convierta en regla.

 Las resoluciones judiciales, como la del juzgado cacereño, están empujando hacia una mayor protección de los trabajadores. Sin embargo, la respuesta sigue siendo reactiva, caso por caso, sin abordar las causas estructurales.

Fuente: diariosabemos.com 25.03.2026

Al empleado se le retiró también de la bolsa de empleo al no computarle los años de trabajo por el periodo de tiempo que fue objeto de indemnización.

Conseguir un contrato indefinido es, en ocasiones, misión imposible. Es habitual ir encadenando contrato temporal tras contrato temporal hasta, finalmente, alcanzar el premio buscado. Algo que no ocurrió en el caso de un trabajador de Correos, que se pasó nada menos que 19 años sumando contratos temporales de forma continuada.

Así fue hasta que, de buenas a primeras, le informaron de la extinción de contrato. El motivo argumentado fue que el compañero al que estaba supliendo (en un contrato de sustitución en el que llevaba más de siete años) se le acabó el derecho a la reserva del puesto de trabajo. Así pues, se puso en manos de sus abogados para presentar una demanda de despido, que el juez aceptó al considerar fraudulenta la relación laboral debido a la precariedad de los repetidos contratos temporales.

Por tanto, el despido fue reconocido como improcedente y la Justicia dio a elegir a la empresa la opción de readmitir al trabajador o una indemnización. Fue esta última la vía elegida por Correos, que optó por indemnizar al empleado con 38.291,65 euros en lugar de readmitirlo. Una indemnización previa a la actual, de 3.000 euros por daño moral tras expulsarlo de su bolsa de trabajo.

Retirados sus méritos

El trabajador, tras ser despedido, fue informado de que de acuerdo con las bases de la bolsa de empleo, el tiempo objeto de la indemnización por despido declarado improcedente no se le tendría en cuenta para computarlo como méritos. Con ello, fue expulsado de la bolsa y perdió toda opción a continuar dentro de la empresa. Después de más de 15 años, esos méritos no se tendrían en cuenta. La rebaremación dejó su puntación de méritos a cero y provocó su salida de la bolsa de empleo.

Los abogados consideraron que se trataba de una “evidente represalia” por denunciar el fraude cometido por la empresa por los contratos temporales. Algo que reafirma el Juzgado de Cáceres. “Esta sentencia es de gran relevancia porque refuerza una de las garantías esenciales del Estado de Derecho: nadie puede ser castigado por ejercer sus derechos ante la Justicia”.

Por ello, el juzgado de lo Social número 1 de Cáceres estima parcialmente la demanda y declara la nulidad de la exclusión de trabajador de la bolsa de empleo, considerando que se han vulnerado sus derechos fundamentales de igualdad y garantía de indemnidad tras un despido declarado previamente como improcedente. Además, se le reconoce el derecho a ser reintegrado en la bolsa, en el número 33, y se condena a Correos al abono de una indemnización de 3.000 euros por daño moral.

Mariano Mecerreyes Jiménez, magistrado, concluyó que la exclusión no solo carece de protección legal, sino que además entra en colisión con la normativa constitucional y laboral. Igualmente, señala que el hecho de probar al empleado del cómputo de sus años podría producir un agravio. “Si otro empleado en idéntica situación, pero que no recurriera legalmente, sí vería baremada su trayectoria para la bolsa de trabajo, mientras que quien recurrió y demostró la improcedencia de su despido sería penalizado”.

Fuente: as.com 16.12.2025

La Justicia de Extremadura ha concluido que el cese de la trabajadora el 16 de abril de 2024 se realizó conforme a derecho

Cándida (nombre ficticio) trabaja desde 2019 como auxiliar de enfermería, encadenando diversos contratos temporales. En su primer año laboral celebró varios de estos contratos, incluyendo dos eventuales por circunstancias de la producción y uno de interinidad por sustitución de una trabajadora con derecho a reserva de puesto.

El 10 de febrero de 2021 Cándida consiguió firmar un contrato de interinidad para cubrir un puesto en el Centro Sociosanitario de Plasencia, adscrito al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) con un salario mensual que ascendía a los 1.512,24 euros. Una de las clausulas del mismo estipulaba como causas de extinción la provisión de la plaza mediante los procedimientos reglamentarios o su amortización.

Este último puesto pasó por varios procedimientos para la provisión definitiva: El 16 de diciembre de 2021 se convocaron pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes de auxiliar de enfermería, mientras que el 11 de mayo de 2022 se convocó un turno de traslados. Sin embargo, ninguno consiguió acabar con la plaza adjudicada.

La demanda en manos del juzgado de primera instancia

No fue hasta el 4 de abril de 2024, cuando la Dirección General de la Función Pública adjudicó el puesto a otra trabajadora, que se incorporó el 17 de abril y obligó a Cándida a dejar su puesto tan solo un día antes. La trabajadora no quedó contenta con esta situación y presentó una demanda contra esta organización.

En ella solicitaba la declaración de nulidad del cese, el reconocimiento de su relación laboral como indefinida no fija y el pago de una indemnización. Además, alegó que no se respetaron los procedimientos previstos en el V Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Extremadura y que hubo un incumplimiento de la normativa de contratación temporal, lo que, según ella, derivaba en la conversión de su contrato en indefinido no fijo.

El Juzgado de lo Social n.º 3 de Plasencia fue el primer tribunal en pronunciarse y desestimó la demanda al concluir que el cese fue ajustado a derecho, al producirse como consecuencia de la adjudicación de la plaza a otro trabajador mediante un procedimiento reglamentario. Además, consideró que la continuidad del vínculo laboral de Cándida con la Junta de Extremadura, mediante un nuevo contrato firmado apenas veinte días después del cese, invalidaba sus reclamaciones sobre el carácter definitivo de la extinción.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

La mujer no se rindió y esta vez presentó un recurso de suplicación, lo que ha llevado el caso a manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, Cándida no ha tenido más suerte en este tribunal y los magistrados han desestimado su recurso, confirmando íntegramente la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda de la trabajadora y absolvió a la Junta de todas las pretensiones planteadas.

La Sala ha concluido que el cese de la trabajadora el 16 de abril de 2024, tras la adjudicación del puesto que ocupaba a otra persona mediante un procedimiento reglamentario, se realizó conforme a derecho. Asimismo, el tribunal ha considerado que la continuidad del vínculo laboral de Cándida con la Junta de Extremadura, a través de un nuevo contrato firmado el 6 de mayo de 2024, impide considerar el cese como definitivo, lo cual refuerza la improcedencia de las reclamaciones sobre una eventual indemnización o declaración de relación indefinida no fija.

Fuente: infobae.com 08.01.2025

La Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura ha registrado un escrito dirigido a María Guardiola y Elena Manzano, preguntando por el personal temporal que será cesado y las indemnizaciones ligadas a los procesos selectivos de estabilización que se están ejecutando.

Desde PILTEx indican no haber "escatimado esfuerzos en informar al Gobierno de Extremadura sobre la insultante cifra de temporalidad (según la EPA alcanza el 40% en la Administración Pública Extremeña), la mayoría en situación de abuso y fraude de ley, y sobre el impacto de la insuficiente OPE de estabilización, que bajo ningún concepto será capaz de cumplir con su objetivo, situar la temporalidad de la administración regional en el 8%".

Denuncia a su vez que se debe poner el acento "en la falta de certeza sobre el futuro, que sufren miles de empleados y empleadas públicas temporales, que no estabilizarán tras los actuales procesos selectivos de estabilización que obligatoriamente tienen que estar finalizados a fecha 31/12/2024".

Por todo lo anterior, desde PILTEx demandan al gobierno regional:

Por un lado, preguntan si la Junta tiene alguna estrategia definida para enmendar "el fracaso de la insuficiente Oferta Pública de Empleo de Estabilización, y llegar al objetivo del 8% de temporalidad que marca Europa".

Por otro, plantean la cuestion de "si tienen previsto cómo proceder con los cientos de ceses que se avecinan y la fecha en que éstos se producirán".  Además, requieren saber si las trabajadoras (mayoritarias en las AAPP) y trabajadores cesados recibirán directamente la liquidación de las cuantiosas indemnizaciones por cese que establece la Ley 20/2021, o por tendrán que interponer demandas judiciales para obtenerlas. 

Para finalizar, cuestionan que exista alguna estrategia definida desde la administración regional, "para evitar el impacto negativo de descapitalización de personal con experiencia que se producirá en muchos departamentos sensibles de la administración, debido a la enorme movilidad que se producirá como consecuencia de la toma de posesión del personal que estabilice", o  si desde el ejecutivo, se tiene una estimación del coste en indemnizaciones que se producirá como consecuencia de la OPE de estabilización.

Fuente: extremadura7dias.com 01.09.2024

El director general de Función Pública, Jesús Éxpósito Rubio, ha garantizado este viernes que los procesos de estabilización del personal de la Administración General de la Junta estarán culminados antes del 31 de diciembre de 2024, como marca la ley, pese «a la situación lamentable» que había cuando el PP accedió al gobierno.

Expósito Rubio ha comparecido en la comisión correspondiente de la Asamblea para responder, entre otras cuestiones, a una pregunta del diputado socialista José María Vergeles, sobre el calendario previsto para la resolución del proceso de estabilización por la vía del concurso de méritos.

El director general detalló que se convocaron 447 plazas para el concurso oposición (130 para funcionarios y 317 para laboral) y 2.746 para el concurso de méritos (1.096 funcionarios y 1.650 de personal laboral).

Ha remarcado que todo el proceso ha estado marcado y condicionada por situación encontrada, con una normativa obsoleta y carencia de recursos tecnológicos, lo que ha obstaculizado e impedido la provisión de puestos con la máxima eficacia.

De otro lado, Jesús Expósito también avanzó que la Junta de Extremadura avanza en materia de teletrabajo y que trabaja en un nuevo modelo de decreto que lo regule, ya que el anterior data de 2018. Por último y a preguntas José María Vergeles, también informó de que, antes de fin de año, se tendrá elaborado un borrador de la nueva Ley de Cuerpos y Escalas de la Función Pública.

Fuente: elperiodicoextremadura.com 20.07.2024

Muchos empleados temporales del sector público podrían convertirse en fijos. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que España estaría incumpliendo el Acuerdo Marco sobre la situación de los empleados públicos en abuso de temporalidad

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que España estaría incumpliendo el Acuerdo Marco sobre la situación de los empleados públicos en abuso de temporalidad. Por tanto, cientos de miles de empleados temporales del sector público podrían convertirse en fijos. En esa situación hay unos 35.000 en Extremadura, que llevan más de tres años ocupando una plaza vacante. Los sindicatos piden que juzgados y tribunales de oposiciones unifiquen criterios.

Según la Justicia europea, no son válidos ni la normativa de nuestro país para sancionar el abuso de la temporalidad, ni los actuales procesos de estabilización, porque perjudican a esos trabajadores públicos. De ahí que USO pida que se ralenticen.

Los afectados, dice Luis Gil, secretario general de USO en Extremadura, tendrían que iniciar trámites para que se les reconozca el derecho de fijeza. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha acatado las recomendaciones de la Unión Europea de sancionar el abuso de temporalidad, y el sindicato teme que pueda ocurrir lo mismo en Extremadura. 

Aquí, de más 500 reclamaciones, sólo una ha tenido fallo favorable del TSJ.

Fuente: canalextremadura.es 18.04.2024

En algunos casos llevan desde 2003 en la plantilla municipal, pero la mayoría entró en 2011 y con este cambio ganan seguridad jurídica

La delegación municipal de Recursos Humanos inició en mayo de 2022 un proceso extraordinario para cumplir con la ley aprobada el año anterior que obligaba a reducir la temporalidad estructural por debajo del 8% en los ayuntamientos.

Partía Mérida en ese momento con un 15%. Ha ido acumulando personal por sentencias judiciales o por contratos indefinidos durante décadas. Algunos llevaban más de diez o quince años en el Ayuntamiento como personal laboral indefinido, pero sin optar a la plaza fija.

Julio César Fuster, el concejal encargado del personal municipal, firmó un acuerdo con los sindicatos con representación para corregir todas las anomalías en mayo de 2022.

Convocaron 72 plazas. 68 a cubrir por méritos y cuatro por concurso oposición. Se abrió el proceso para dar más estabilidad a la estructura laboral del Ayuntamiento. La convocatoria extraordinaria supuso un punto de inflexión porque la idea es que a partir de ahora la temporalidad en el Ayuntamiento solo la tengan los trabajadores que entren por bolsas para un contrato temporal. Será algo puntual y se elimina de los trabajadores que llevan décadas contratados en las delegaciones.

El proceso que se inició entonces concluye ahora. El Boletín Oficial de la Provincia publicó el lunes el documento firmado por Julio César Fuster. En un primer listado rubrica los puestos a cubrir según esta oferta pública de empleo extraordinaria de 68 plazas por méritos. Yen el segundo el nombre de los trabajadores que han cumplido con los criterios y los méritos que se exigen para adjudicar las plazas.

Desde el lunes, 68 trabajadores municipales que eran indefinidos son fijos. Fuster explicó cuando anunció el proceso que algunos empezaron a trabajar en el Ayuntamiento en el año 2003, aunque la inmensa mayoría vienen del periodo 2010 y 2011.

Los representantes sindicales firmaron el plan de empleo extraordinario con el concejal de Fuster

Los sindicatos aprobaron el proceso porque entienden que se protege a parte de la plantilla ante un cambio legislativo. Trabajar en una plaza municipal desde el año 2003 no garantizaba que fuera del que la ocupa. Legalmente eran trabajadores indefinidos, pero no fijos. Ahora, con el cambio jurídico, tienen la seguridad de que la plaza les corresponde porque ya son fijos.

En la estructura que se ha colgado en el BOP hay perfiles de todas las categorías y de todas las delegaciones. Hay secretaría general, directora de promoción turística, agentes de igualdad, psicólogos o ingenieros técnico agrícola. También trabajadores sociales, administrativos, monitores de gimnasia o informadores turísticos. La mayoría llevan más de una década trabajando en delegaciones como Intervención, Urbanismo, Turismo, Cultura o Deportes. En este listado se incluye también al personal del Centro Especial de Empleo La Encina. Aunque es un organismo autónomo y tiene sus propia estructura, depende directamente del Ayuntamiento. Aprovecha también la delegación de Recursos Humanos para rebajar la temporalidad su plantilla.

Fuente: hoy.es 23.04.2024

El sindicato USO y la Asociación PILTEX se han concentrado este jueves coincidiendo con el Pleno de la Asamblea de Extremadura para pedir cambios en los procesos de estabilización de la Junta de Extremadura, ya que consideran que no se adaptan a lo regulado por la Unión Europea y por lo establecido en la reciente Sentencia del 22 de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Desde el comienzo de los actuales procesos de estabilización para la reducción del empleo temporal en las Administraciones Públicas, USO y PILTEX se han pronunciado en contra del desarrollo previsto para los mismos por los diferentes Gobiernos, tanto central como autonómicos y locales, por considerar que no se respeta lo establecido tanto en la Directiva Europea 1999/70 de la CE como en las posteriores sentencias del TJUE, donde se establece que debe haber una sanción contra el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas.

“En la citada sentencia del 22 de febrero de 2024, se establece que ni el reconocimiento de indefinido no fijo, la indemnización de 20 días por año trabajado o las convocatorias de procesos de estabilización, son sanciones válidas para evitar el abuso de la temporalidad y que la sanción válida si podría ser la fijeza de las personas que están en esta situación”, informan.

Ante este pronunciamiento del alto Tribunal Europeo, se han producido diversas e importantes reacciones tanto por el Tribunal Supremo, que ha pedido a Europa unas recomendaciones para ver cómo tiene que actuar en estos casos y si procede conceder la fijeza de manera directa, así como en el propio Congreso de los Diputados, donde el Grupo Mixto ha registrado una Proposición no de Ley instando al Gobierno central a legislar y ampliar el plazo de resolución de los procesos de estabilización, que debería finalizar antes del 31 de diciembre de este año.

LAS PETICIONES DE USO Y PILTEX

Por este motivo y por la incertidumbre que se genera a los afectados por esta situación y “que se encuentran en abuso de la temporalidad”, piden la ralentización de los procesos de estabilización, ya que, “previsiblemente, en breve habrá un pronunciamiento tanto del TJUE como del Congreso de los Diputados que clarifique esta situación y establezca una sanción válida para evitar la alta tasa de temporalidad que existe en las Administraciones Públicas, donde Extremadura ocupa un lugar destacado con una tasa que ronda el 40% de temporalidad”.

También exigen que se amplíen el número de plazas que se han ofrecido a estabilización en la Administración General de la Junta de Extremadura, ofertando todas las que están ocupadas por personal temporal de manera ininterrumpida durante un periodo superior a los 3 años. Esta situación ya ha sido demanda judicialmente por ambas organizaciones, siendo desestimada esta pretensión por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, considerando que todo el proceso ha sido correcto: “Resulta curioso este pronunciamiento del alto Tribunal Extremeño, cuando la propia Junta de Extremadura, a instancia de USO, ha modificado este proceso ampliando una plaza más de la especialidad de arqueólogo, dando la razón a las pretensiones de ambas organizaciones y reconociendo que no estaban todas las plazas que deberían estar”.

Además, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, permite la ampliación de la Oferta de Empleo Público de Estabilización en un 10%, situación que ya han transmitido ambas organizaciones al consejero de Presidencia, a la consejera de Administración Pública y al director general de Función Pública, “sin haber recibido respuesta alguna a día de hoy sobre esta posibilidad”. Esta ampliación supondría el ampliar el número de plazas ofertadas en un número cercano a las 310, que, aunque consideran que sigue siendo insuficiente, “podría paliar en cierto modo el gran número de despidos que se van a generar en estos procesos de estabilización”.

“Desde USO y PILTEX pedimos al Gobierno autonómico que haga suya esta petición, que cuide el mayor valor que tiene esta Administración, que son sus empleadas y empleados públicos según ha transmitido la Presidenta de la Junta, que evite los ceses de cientos o miles de sus empleados y empleadas que han demostrado suficientemente su capacidad para desempeñar las labores que tienen encomendadas, que evite las cuantiosas indemnizaciones que vamos a tener que desembolsar desde las arcas públicas para hacer frente a estos ceses y que pueden suponer unas cifras millonarias y que no abandone a estas miles de familias extremeñas a un futuro poco esperanzador, ya que la mayoría de los afectados en estos procesos de estabilización son mujeres con más de 55 años edad”, han apostillado.

Fuente: extremadura7dias.com 11.04.2024

Piden primar a las personas que ya formamos parte de esa lista ordinaria como sucede en Andalucía, Canarias o Aragón teniendo en cuenta el tiempo de servicio.

Los Interinos extremeños de Historia denuncian, el a su juicio, trato discriminatorio ante otras comunidades y piden protección y medidas urgentes a la Junta de Extremadura para las próximas oposiciones de estabilización

El lunes, mantuvieron un encuentro con la Secretaria general de educación, para exponerles una serie de reivindicaciones y es que la lista de admitidos en Geografía e Historia para el próximo concurso-oposición, que arrancará el 22 de junio, cuenta con 1.123 personas, una cifra que puede aumentar ya que algunas de las 285 personas excluidas pueden subsanar y se engrosaría aún más la lista, mientras, en las oposiciones de 2023 el total de admitidos en nuestra especialidad fue de 603 personas y actualmente formamos parte de la bolsa ordinaria 345 personas. Por tanto, el número de personas inscritas respecto al año pasado se ha duplicado. La mitad proceden de fuera de Extremadura, debido, apuntan, al trato asimétrico entre comunidades, ya que hay regiones limítrofes, especialmente Andalucía, que no han convocado la espacialidad y se ha provocado un descomunal efecto llamada en Extremadura.

Aseguran que en caso de que no se atienda la reivindicación no se descartan movilizaciones incluso llegar a vía judicial.

Fuente: ondacero.es 06.03.2024

Mantienen que es «injusto que un proceso selectivo extraordinario genere listas ordinarias»

Los interinos docentes de Extremadura que están disconformes con la oposición de junio estudian impugnar parcialmente la convocatoria en base al ordenamiento de las listas. «Estamos estudiando llevar el asunto a los tribunales e impugnar la convocatoria porque es injusto que de un proceso selectivo extraordinario salgan unas listas ordinarias», adelanta Claudio Ruiz, docente interino de la especialidad de Geografía e Historia.

Impugnar la convocatoria lanzada en diciembre de 2022 es la decisión que están analizando tras no obtener respuesta a sus demandas por parte de la Consejería de Educación. Tampoco en la reunión que este lunes han mantenido él y su compañero Jorge Sánchez, en representación del colectivo, con la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, y otros dos responsables del departamento que dirige Mercedes Vaquera.

«Agradecemos la reunión que hemos celebrado y a la que nos convocaron el pasado viernes, tras la sectorial de Educación y después de que Pilar Pérez dijera que no se iba a modificar la convocatoria», detalla Ruiz.

Una posición, no obstante, que la consejería no ha modificado y que la secretaria general les ha vuelto a repetir esta mañana a los representantes de los interinos. «Nos ha insistido, como ya dijo, que no se puede modificar la convocatoria porque no es posible cambiar las reglas de juego a mitad del partido«.

Pero los interinos no respaldan esta postura. «La convocatoria ya se ha modificado una vez, para recoger el examen práctico para las especialidades de Formación Profesional, y mantenemos que es posible cambiarla otra vez». Especialmente, defienden, «cuando las convocatorias de oposiciones docentes solían salir entre marzo y abril, en las fechas en las que estamos, así que hay tiempo suficiente para hacerlo».

Recuerdan, además, que lo que reclaman «es justo lo que se va a hacer en el proceso de estabilización en la Administración General de la Junta y lo que pedimos, por eso, es que se replique en el ámbito educativo». Porque en este sector el proceso extraordinario generará listas extraordinarias que no suplirán a las ordinarias. «Porque es lo justo, porque no se pueden generar listas ordinarias de un proceso extraordinario que es también menos exigente».

Por eso estudian impugnar parcialmente la oposición que arranca el próximo 22 de junio, y en la que están inscritos más de 15.000 docentes, y mantendrán la protesta que han convocado para el 1 de abril, a las 11.30 horas, ante la sede de la Consejería de Educación en Mérida. «Esperamos que todos los docentes, interinos o no, seamos uno ese día; lo que pedimos va en favor de todos».

Fuente: hoy.es 25.03.2024