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            <title>
									Justicia - Foros				            </title>
            <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/</link>
            <description>Plataforma de Interinos España</description>
            <language>es</language>
            <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 19:33:30 +0000</lastBuildDate>
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            <ttl>60</ttl>
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                        <title>Es oficial: llega a los juzgados de Canarias un nuevo servicio para mayores de 65 años</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/es-oficial-llega-a-los-juzgados-de-canarias-un-nuevo-servicio-para-mayores-de-65-anos/</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Las personas de 80 años o más podrán recibir este acompañamiento incluso sin solicitarlo si el órgano judicial lo considera necesario



El Gobierno de Canarias ha regulado un nuevo sistema ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Las personas de 80 años o más podrán recibir este acompañamiento incluso sin solicitarlo si el órgano judicial lo considera necesario</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El <a href="https://diariodeavisos.elespanol.com/2026/09/prealerta-calor-canarias-3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gobierno de Canarias</a> ha regulado un <strong>nuevo sistema de apoyo en juzgados y fiscalías</strong> para personas <strong>mayores de 65 años y personas con discapacidad</strong>. La denominada “persona facilitadora” tendrá como función ayudarles a comprender los procedimientos, comunicarse con los profesionales de Justicia y participar en condiciones de igualdad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Decreto 145/2026, publicado este martes, 22 de septiembre, en el Boletín Oficial de Canarias (<a href="https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2026/190/3297.html" target="_blank" rel="noopener">BOC</a>), establece que las personas de 65 años o más podrán solicitar este acompañamiento cuando intervengan en un procedimiento judicial o ante el Ministerio Fiscal. En el caso de los <strong>mayores de 80 años</strong>, la asistencia podrá prestarse incluso aunque no la hayan solicitado previamente si se considera necesaria.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La medida también está dirigida a las personas con discapacidad y podrá extenderse durante <strong>todo el procedimiento judicial o fiscal</strong>. Su implantación será progresiva: comenzará en 2026 para los asuntos penales, llegará en 2027 a los órganos del orden civil y se extenderá en 2028 al resto de órganos judiciales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Qué hará la persona facilitadora en los juzgados de Canarias</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La figura está concebida para eliminar barreras de comprensión y comunicación. Su cometido será asegurarse de que la persona destinataria entiende qué está ocurriendo durante el procedimiento y puede tomar decisiones con la información necesaria.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Entre sus funciones se encuentra acompañar a la persona durante trámites y diligencias judiciales, ayudarla a prepararse para las actuaciones, colaborar en la obtención de testimonios y facilitar que comprenda el contenido de las resoluciones judiciales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>También podrá elaborar un perfil individualizado con las adaptaciones que necesita cada persona e informar a jueces, fiscales y otros profesionales sobre los apoyos que deben aplicarse.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El decreto deja claro que el facilitador <strong>no puede hablar en nombre de la persona asistida ni influir</strong> en sus decisiones o en el resultado del procedimiento. Su función se limita a facilitar la comunicación, la comprensión y la participación efectiva.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Siempre que sea posible y la persona destinataria no se oponga, se procurará que sea <strong>el mismo profesional</strong> quien la acompañe durante todo el procedimiento.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Mayores de 80 años: el apoyo puede activarse sin solicitud</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Una de las principales novedades afecta a las personas de <strong>80 años o más</strong>. Aunque la regla general establece que el interesado debe solicitar la designación del facilitador, en estos casos el órgano judicial podrá acordarla de oficio cuando considere que resulta necesaria.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>También podrá promoverla el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes del procedimiento.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Para las personas mayores de entre <strong>65 y 79 años</strong>, el decreto contempla el servicio cuando estas lo soliciten. En el caso de las personas con discapacidad, el tribunal o la Fiscalía también podrán acordar las adaptaciones cuando aprecien esa necesidad aunque la discapacidad no haya sido acreditada previamente mediante certificado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Quién podrá ejercer como facilitador</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Podrán ejercer esta función profesionales titulados en áreas como Derecho, Educación Social, Logopedia, Psicología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Pedagogía, Psicopedagogía o Criminología.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Además, deberán contar con formación o experiencia específica. Entre las vías previstas figuran acreditar un mínimo de <strong>200 horas de formación</strong> en atención a personas con discapacidad, disponer de un título específico de facilitador o acreditar al menos <strong>un año de experiencia laboral</strong> en centros o entidades dedicados a personas con discapacidad o mayores.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Canarias creará además un <strong>Registro Administrativo Canario de Personal Facilitador</strong>. Mientras entra en funcionamiento, la Consejería competente solicitará a colegios profesionales y entidades vinculadas a personas mayores y con discapacidad listas de profesionales que cumplan los requisitos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El decreto entrará en vigor <strong>20 días después</strong> de su publicación en el BOC, sin perjuicio del calendario progresivo establecido para su aplicación en los diferentes órdenes judiciales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/sad4310" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/sad4310" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariodeavisos.elespanol.com</a> <strong>22.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/">Justicia</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/es-oficial-llega-a-los-juzgados-de-canarias-un-nuevo-servicio-para-mayores-de-65-anos/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Lourdes Arastey, juez española en el TJUE: «La cuestión prejudicial es la piedra angular del sistema jurídico europeo»</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/lourdes-arastey-juez-espanola-en-el-tjue-la-cuestion-prejudicial-es-la-piedra-angular-del-sistema-juridico-europeo/</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lourdes Arastey, juez española del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, durante su intervención en el II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social



Ningún juez ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Lourdes Arastey, juez española del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, durante su intervención en el II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ningún juez español dicta ya sentencia en materia laboral completamente al margen de Luxemburgo. Esa es, en esencia, la idea que <strong>Lourdes Arastey,</strong> juez española del <strong>Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)</strong>, llevó ayer al II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, celebrado en Madrid y organizado por el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><em>«La <strong>cuestión prejudicial</strong> es la piedra angular del sistema jurídico europeo»,</em> afirmó, resumiendo en una frase el mecanismo que, sentencia a sentencia, ha ido reescribiendo buena parte del Derecho laboral español.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Arastey explicó que este procedimiento constituye el principal cauce de diálogo entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cuando un juez nacional debe resolver un litigio y alberga dudas sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión, puede dirigirse directamente al TJUE para que precise cómo debe entenderse la norma europea.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El tribunal europeo no resuelve el pleito nacional ni interpreta la legislación interna: fija el sentido del Derecho de la Unión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Después corresponde al juez que planteó la cuestión aplicar esa respuesta al litigio y determinar si la norma nacional puede interpretarse de forma compatible o debe dejarse inaplicada por el <strong>principio de primacía</strong>, que <strong>establece que, en caso de conflicto entre una norma nacional y el Derecho de la Unión Europea, este último prevalece.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">EL JUEZ NACIONAL TAMBIÉN ES JUEZ EUROPEO</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>«El juez nacional es, al mismo tiempo, juez de la Unión», subrayó Arastey al describir un sistema de <strong>competencias compartidas</strong>: <strong>el TJUE garantiza una interpretación común del Derecho europeo y los jueces nacionales lo aplican en los asuntos que tienen ante sí.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La trascendencia de una sentencia prejudicial no se limita al procedimiento en el que nació la pregunta. <strong>La interpretación fijada por el TJUE vincula también a los restantes tribunales de los 27 Estados</strong> miembros que deban resolver un problema semejante, y sus efectos alcanzan además al legislador, a los gobiernos y a las administraciones públicas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cuando una norma o una práctica nacional resulta incompatible con el Derecho europeo, el Estado debe corregirla. <em>«El Derecho de la Unión no constituye un cuerpo extraño, ni algo complementario o auxiliar»,</em> afirmó Arastey.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La magistrada recordó, además, que los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no admiten recurso están <strong>obligados</strong> a plantear una cuestión prejudicial cuando existe una duda relevante de interpretación y no concurre una excepción reconocida por la jurisprudencia europea. Incumplir esa obligación puede llegar a comprometer la responsabilidad del Estado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Este diálogo judicial ha sido especialmente decisivo en el ámbito social. <strong>Los jueces españoles,</strong> señaló Arastey, <strong>han remitido cuestiones sobre tiempo de trabajo, vacaciones retribuidas, despidos colectivos, contratación temporal, trabajo a tiempo parcial, discapacidad, igualdad o coordinación de los sistemas de Seguridad Social.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image -->
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/10/LOURDES-ARASTEY-FINAL-2-900x600-1.jpg" alt="" class="wp-image-31377" /></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Arastey subrayó que, 40 años después de la entrada de España en las Comunidades Europeas, el Derecho laboral español ya no puede analizarse al margen de la jurisprudencia del TJUE. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE AL COMPLEMENTO DE PENSIONES</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Uno de los ejemplos</strong> más claros es el de la <strong>extinción automática del contrato tras el reconocimiento de una incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El TJUE declaró <strong>en 2024</strong> que la normativa española no podía permitir la terminación automática de la relación laboral sin que la empresa examinara antes la posibilidad de realizar ajustes razonables o de ofrecer un puesto compatible con la nueva situación de la persona trabajadora.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ese pronunciamiento estuvo en el origen de la <strong>Ley 2/2025, de 29 de abril</strong>, que modificó el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la automaticidad de esa extinción, condicionándola, entre otros factores, a la imposibilidad de adaptar el puesto, a la inexistencia de una vacante adecuada o a que los ajustes representen una carga excesiva para la empresa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Para Arastey, el caso demuestra que una cuestión prejudicial puede trascender el litigio concreto y provocar una modificación legislativa con efectos generales sobre empresas y trabajadores.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La juez se detuvo también en la evolución del <strong>complemento de maternidad</strong> de las pensiones contributivas. En <strong>diciembre de 2019</strong>, el Tribunal de Justicia concluyó que reservarlo exclusivamente a mujeres que hubieran tenido al menos dos hijos constituía una discriminación directa por razón de sexo cuando los hombres se encontraban en una situación comparable.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La respuesta administrativa española dio lugar a nuevos litigios: durante un tiempo, los hombres tuvieron que acudir a los tribunales para obtener el complemento, mientras que las mujeres podían acceder a él por vía administrativa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>En 2023</strong>, <strong>el TJUE consideró que esa diferencia generaba una discriminación adicional de carácter procesal,</strong> porque obligaba a los varones a litigar para conseguir un derecho que debía reconocerse conforme a la interpretación europea.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La sucesión de sentencias, reformas y nuevas cuestiones prejudiciales evidencia que la obligación de adaptar el Derecho nacional no se agota con una primera resolución.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Arastey citó igualmente el incumplimiento de España en la transposición de la directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores</strong>, un ejemplo que le sirvió para advertir de los problemas que genera una incorporación tardía, fragmentada o poco clara de las normas europeas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><em>«Tenemos muchas cosas muy desordenadas y es muy difícil después saber de qué estamos hablando»</em>, señaló, reclamando mayor claridad en la forma en que España comunica y ejecuta las medidas de transposición.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image -->
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/10/LOURDES-ARASTEY-3-1066x600-1-1024x576.png" alt="" class="wp-image-31378" /><figcaption class="wp-element-caption">Arastey invocó el principio de primacía del Derecho de la Unión: cuando una norma española entra en conflicto con el Derecho europeo, debe ceder ante él, y es la norma europea la que el juez nacional tiene que aplicar. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.</figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">EL CASO OBADAL: LOS LÍMITES DEL «INDEFINIDO NO FIJO»</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La intervención abordó también la temporalidad en el sector público y la figura del <strong>trabajador indefinido no fijo</strong>. En el asunto Obadal, resuelto por la Gran Sala del TJUE el pasado 14 <strong>abril</strong>, <strong>el Tribunal declaró que convertir una relación temporal abusiva en indefinida no fija no constituye por sí solo una respuesta adecuada, porque mantiene la inseguridad del trabajador.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Tribunal europeo añadió que tampoco parecen suficientes, aisladamente, determinadas indemnizaciones tasadas, un régimen de responsabilidad administrativa ambiguo o procesos selectivos que no estén específicamente diseñados para reparar el abuso sufrido.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La valoración definitiva de las medidas nacionales corresponde, no obstante, al <strong>Tribunal Supremo español</strong>, que deberá aplicar ahora ese criterio a los litigios pendientes sobre temporalidad en el empleo público.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En el turno de preguntas, Arastey aportó un dato sobre el origen de esta figura: según explicó, el concepto de <strong>trabajador indefinido no fijo</strong> nació de una sentencia suya cuando estaba destinada en la Sala de lo Social del <strong>Tribunal Superior de Justicia de Cataluña</strong>, y fue el Tribunal Supremo quien tomó posteriormente esa idea para construir la doctrina jurisprudencial que hoy se conoce.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">EUROPA, «EL ÚLTIMO REDUCTO» DE LOS DERECHOS SOCIALES</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Arastey cerró su intervención con una llamada a mirar más allá del marco nacional. <strong>Los derechos laborales españoles, defendió, forman parte de un sistema europeo común,</strong> y su protección depende tanto de las instituciones de la Unión como de los jueces, legisladores y administraciones de cada Estado miembro.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><em>«Defendamos esos derechos»</em>, reclamó, porque Europa, afirmó, empieza a convertirse en <em>«el último reducto»</em> de muchos de ellos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La cuestión prejudicial aparece así no como una técnica procesal reservada a especialistas, sino como el instrumento que permite que una duda planteada en un juzgado nacional termine transformando una ley, una práctica administrativa o la protección efectiva de miles de trabajadores.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/ta1877" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/ta1877" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CONFILEGAL</a> <strong>18.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/">Justicia</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
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                    </item>
				                    <item>
                        <title>Ordenan pagar las horas extras del juzgado de violencia de Palma</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/ordenan-pagar-las-horas-extras-del-juzgado-de-violencia-de-palma/</link>
                        <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Varias funcionarias realizaron un horario extraordinario para dar respuesta a los casos de agresiones a mujeres, pero Justicia no quiso reconocerlo



Las horas extras que, casi siempre de m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Varias funcionarias realizaron un horario extraordinario para dar respuesta a los casos de agresiones a mujeres, pero Justicia no quiso reconocerlo</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Las <strong>horas extras</strong> que, casi siempre de manera obligada, realizan los <strong>funcionarios de los juzgados</strong> se tienen que abonar. Así lo determina una reciente sentencia del <strong>Tribunal Superior de Justicia de Balears</strong>, que condena al <strong>Ministerio de Justicia</strong> a abonar la correspondiente compensación económica a dos funcionarias del juzgado de violencia de Palma, que tuvieron que realizar un esfuerzo extra para dar salida a todos los casos que se tramitaban. Un trabajo en un juzgado que se dedica exclusivamente a instruir las denuncias por agresiones o amenazas que sufren las mujeres a manos de sus parejas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Estas dos empleadas públicas han tenido que recurrir ante los tribunales porque el Ministerio se negó a reconocerle este trabajo extraordinario que tuvieron que realizar. Y, además, lo hicieron en un momento muy complicado, como fue el <strong>inicio de la pandemia sanitaria del covid</strong>. Los juzgados, sobre todos los de guardia o los de <strong>violencia machista</strong>, continuaron trabajando durante los meses que se prolongó la pandemia y en los que la población se mantenía aislada en sus respectivos domicilios. Pero los funcionarios judiciales tuvieron que continuar trabajando en sus oficinas, manteniendo únicamente medidas de seguridad para evitar los contagios, pero atendiendo directamente tanto a las víctimas como los agresores. Debido a la especialidad del juzgado, <strong>las empleadas públicas no podían trabajar a distancia</strong>, es decir, lejos del juzgado, sino que tenían que hacerlo con su <strong>presencia física</strong> en las dependencias judiciales. Y, además, en unas circunstancias muy especiales que se produjeron durante los meses.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Durante el estado de alarma, el Ministerio de Justicia firmó una circular en la que se les reconocía el derecho a los funcionarios de los juzgados que, por las circunstancias de esta especial situación, tendrían derecho a una compensación económica por este trabajo extra. Esta prolongación de la jornada se producía tanto en la semana que el juzgado de violencia contra la mujer estaba de guardia como en la que tramitaba todas las causas pendientes. El horario extra que cumplían las funcionarias estaban certificadas por el letrado de la administración de justicia del juzgado de violencia machista.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Sin embargo, <strong>en el momento de reclamar esta compensación económica</strong>, la <strong>respuesta</strong> que recibieron las dos funcionarias fue que <strong>el Ministerio de Justicia se negó a abonar esta compensación extraordinaria</strong>. En concreto, solicitaban que se les pagara los tres meses que habían trabajado en un horario prolongado, que era mucho más largo que la jornada establecida.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Al no recibir el dinero correspondiente, las dos funcionarias no tuvieron más remedio que acudir a los tribunales para que se les reconozca su derecho a cobrar este trabajo extraordinario. Durante la tramitación de la demanda se comprobó que la administración había extraviado el expediente, en el que figuraba, entre otros documentos, la certificación de las horas extras. Pero, en cualquier caso, el Ministerio de Justicia se negaba a abonar este exceso del horario. El dinero que se reclamaba era de <strong>aproximadamente de unos 700 euros para cada funcionaria</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Tribunal Superior de Balears cita el acuerdo que firmó el Ministerio de Justicia, por el que se autorizaba la prolongación de la jornada de las dos funcionarias del juzgado de violencia sobre la mujer de Palma, debido a las circunstancias especiales derivadas de la pandemia sanitaria. Y destaca el tribunal el trabajo especial que tuvieron que realizar las dos funcionarias porque en este juzgado no se permitió el trabajo a distancia, es decir, el teletrabajo, sino la presencia física en la oficina. La conclusión que se alcanza es que <strong>Justicia debe abonar las horas extras que realizan los funcionarios judiciales</strong>. Ambas cobraran alrededor de unos 700 euros cada una.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong><a href="https://acorta.net/wp/go/cht113" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/cht113" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> www.diariodemallorca.es</a> <strong>14.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/">Justicia</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/ordenan-pagar-las-horas-extras-del-juzgado-de-violencia-de-palma/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>El Parlament pide una revisión jurídica sobre los efectos de la estabilización de interinos</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/el-parlament-pide-una-revision-juridica-sobre-los-efectos-de-la-estabilizacion-de-interinos/</link>
                        <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El pleno del&nbsp;Parlament&nbsp;ha aprobado este miércoles una moción de&nbsp;Junts&nbsp;sobre el personal de la Administración de justicia que pide&nbsp;&quot;impulsar una revisión jurídica inm...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>El pleno del&nbsp;<strong>Parlament&nbsp;</strong>ha aprobado este miércoles una moción de&nbsp;<strong>Junts&nbsp;</strong>sobre el personal de la Administración de justicia que pide&nbsp;<strong>"impulsar una revisión jurídica inmediata, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)</strong>, de los efectos que los procesos de estabilización han tenido en la práctica en Catalunya sobre el personal interino en abuso de temporalidad".</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El texto, que ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana y la abstención de PP y Vox, también insta al Govern a defender ante el Estado "las reformas normativas necesarias para que<strong>&nbsp;la reparación del abuso de temporalidad sea efectiva, proporcionada y disuasiva</strong>, y no una mera sustitución de personas".</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>También ha salido adelante un punto que defiende que el Govern informe "semestralmente de la evolución de la temporalidad, las vacantes, los ceses, las reincorporaciones, las bajas vinculadas a sobrecarga o riesgos psicosociales asociados al lugar de trabajo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Otro de los puntos aprobados pide al Govern <strong>presentar los datos públicos, completos y desagregados</strong> "sobre el impacto real de los procesos de estabilización en la Administración de justicia de Catalunya".</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Además, ha prosperado un punto que reclama aprobar un "plan de protección y retención del conocimiento acumulado en los juzgados catalanes, con medidas específicas para garantizar la continuidad del personal interino de larga duración".</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/mfd2610" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/mfd2610" target="_blank" rel="noreferrer noopener">elperiodico.com</a> <strong>01.07.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/">Justicia</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/el-parlament-pide-una-revision-juridica-sobre-los-efectos-de-la-estabilizacion-de-interinos/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>El Ministerio de Justicia vende &#039;propaganda digital&#039; en Canarias para ocultar su vergonzoso abandono a los juzgados</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/el-ministerio-de-justicia-vende-propaganda-digital-en-canarias-para-ocultar-su-vergonzoso-abandono-a-los-juzgados/</link>
                        <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El Gobierno de Sánchez vende la implantación de la plataforma Carpeta Justicia en las islas mientras los juzgados del Archipiélago siguen saturados



El&nbsp;Ministerio de la Presidencia, J...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">El Gobierno de Sánchez vende la implantación de la plataforma Carpeta Justicia en las islas mientras los juzgados del Archipiélago siguen saturados</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El&nbsp;<strong>Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes</strong>&nbsp;ha recurrido nuevamente a la propaganda institucional y al marketing digital en un intento desesperado por tapar las graves carencias que sufre la Administración de Justicia en&nbsp;<strong>Canarias</strong>. Mediante una nota oficial, el Ejecutivo central ha anunciado a bombo y platillo la implantación en las islas de Carpeta Justicia, una plataforma online con la que el Gobierno de&nbsp;<strong>Pedro Sánchez</strong>&nbsp;pretende desviar la atención de su nefasta gestión y del sistemático estrangulamiento presupuestario al que somete al Archipiélago.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La herramienta informática, que el Ministerio intenta vender como un hito de modernización, se presenta como un canal para que ciudadanos y profesionales consulten expedientes o señalamientos desde el móvil. Sin embargo, este anuncio no es más que una cortina de humo que insulta la inteligencia de los&nbsp;<strong>canarios</strong>: las aplicaciones informáticas y los portales web no dictan sentencias, no reducen el colapso de las salas ni sustituyen la flagrante y urgente necesidad de crear nuevas plazas de magistrados, fiscales y funcionarios.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">Parches virtuales frente a un colapso real</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El comunicado emitido desde Madrid se recrea de forma triunfalista en cifras de usuarios y porcentajes de implantación nacional, tratando de instalar un relato de eficacia técnica que choca frontalmente con la desastrosa realidad diaria de los tribunales isleños.&nbsp;<strong>Canarias</strong>&nbsp;continúa liderando los índices de litigiosidad y soportando retrasos intolerables debido, única y exclusivamente, al abandono sistemático por parte del&nbsp;<strong>Estado</strong>, que se niega a dotar a la región de los recursos materiales y humanos que le corresponden.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Esta maniobra del Ministerio evidencia la agenda de una izquierda centralista que prefiere gastar en campañas publicitarias y herramientas cosméticas antes que invertir en el fortalecimiento real de un pilar del&nbsp;<strong>Estado de Derecho</strong>. Frente a los parches virtuales y el triunfalismo vacío de Moncloa, los profesionales del sector denuncian que la justicia en las islas no necesita aplicaciones móviles, sino el compromiso financiero, el rigor y el respeto institucional que el&nbsp;<strong>Gobierno central</strong>&nbsp;les sigue negando.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/p87324" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/p87324" target="_blank" rel="noreferrer noopener">libertaddigital.com</a> <strong>08.06.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/">Justicia</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/el-ministerio-de-justicia-vende-propaganda-digital-en-canarias-para-ocultar-su-vergonzoso-abandono-a-los-juzgados/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>El TJUE refuerza la cuestión prejudicial y exige mayor rigor a los tribunales nacionales de última instancia</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/el-tjue-refuerza-la-cuestion-prejudicial-y-exige-mayor-rigor-a-los-tribunales-nacionales-de-ultima-instancia/</link>
                        <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Los órganos jurisdiccionales de última instancia deben motivar de manera específica y concreta la limitación del derecho a acudir a la jurisdicción de la UE por la vía de la cuestión prejudi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Los órganos jurisdiccionales de última instancia deben motivar de manera específica y concreta la limitación del derecho a acudir a la jurisdicción de la UE por la vía de la cuestión prejudicial</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia de 24 de marzo de 2026 (Asunto C-767/23, Remling), exige que los&nbsp;<strong>órganos jurisdiccionales</strong>&nbsp;de última instancia&nbsp;<strong>motiven</strong>&nbsp;de manera específica y concreta su&nbsp;<strong>negativa a plantear una cuestión prejudicial.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La simple declaración de que no se aprecia la concurrencia de interés casacional, objetivo para la formación de jurisprudencia, es insuficiente cuando una de las partes ha invocado el&nbsp;<strong>Derecho de la Unión Europea (UE)</strong>&nbsp;en el procedimiento.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Esta Sentencia pretende impedir que, en este ámbito del derecho de la Unión, se pueda menoscabar el&nbsp;<strong>derecho a la tutela judicial efectiva</strong>&nbsp;regulado en el artículo 24.1 de la Constitución. La Sentencia exige un&nbsp;<strong>fundamento motivado</strong>&nbsp;de forma profunda cuando se pretende limitar el derecho a acudir a la jurisdicción de la UE por la vía de la&nbsp;<strong>cuestión prejudicial</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El objetivo es imponer <strong>mayor rigor a las excepciones</strong> que permiten a un órgano jurisdiccional de última instancia abstenerse de plantear una cuestión prejudicial. Es decir, se pretende facilitar, ampliar las vías interpretativas para poder acudir a la vía prejudicial.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La cuestión prejudicial es un instrumento procesal, regulado en el&nbsp;<strong>artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea</strong>&nbsp;(TFUE), que permite a los jueces nacionales consultar al TJUE sobre la interpretación o validez del derecho de la UE. Por esta vía, se puede clarificar si la aplicación de una norma nacional contraviene el derecho de la UE.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Sentencia referenciada implica que, en caso de duda, los tribunales deben plantear la cuestión prejudicial, y obliga a fundamentar explícitamente cuando se aplica alguna de las excepciones derivadas de la importante<strong>&nbsp;sentencia del TJUE del asunto 283/81</strong>; sentencia en la que estableció cuándo los tribunales nacionales de última instancia no están obligados a consultar al TJUE sobre la interpretación del derecho de la UE.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Sentencia analizada, de 24 de marzo, impide que los tribunales nacionales, al eludir la cuestión prejudicial, sacrifiquen el derecho de la UE en favor de la agilidad procesal.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En España, esta sentencia es especialmente relevante en el ámbito de la&nbsp;<strong>casación contencioso-administrativa</strong>, al reforzar la necesidad de motivación de la inadmisión de recursos que solicitan la aplicación del derecho de la UE</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/g15322" id="https://acorta.net/wp/go/g15322" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.economistjurist.es</a> <strong>11.05.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/">Justicia</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/el-tjue-refuerza-la-cuestion-prejudicial-y-exige-mayor-rigor-a-los-tribunales-nacionales-de-ultima-instancia/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos al borde de un ataque de nervios</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/interinos-al-borde-de-un-ataque-de-nervios/</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La justicia afronta un colapso entre la falta de medios y la implantación de la ‘ley Bolaños’; el TJUE ha puesto negro sobre blanco en el abuso de la temporalidad en el sector público



La ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">La justicia afronta un colapso entre la falta de medios y la implantación de la ‘ley Bolaños’; el TJUE ha puesto negro sobre blanco en el abuso de la temporalidad en el sector público</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La justicia española llega a la nueva reforma organizativa con el pulso acelerado y la plantilla descompuesta. A la escasez crónica de medios se suma ahora la implantación de la llamada<a href="https://cincodias.elpais.com/legal/2026-01-21/exito-o-bomba-de-relojeria-un-dato-explosivo-aviva-el-debate-sobre-la-ley-bolanos-y-su-eficacia.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> ley Bolaños</a>, una transformación de calado que, según denuncian voces del sector, está aterrizando sobre una maquinaria ya fatigada, con juzgados saturados y miles de plazas estructurales cubiertas por personal temporal. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, casi 3.100 de las 7.800 plazas de la Administración de Justicia no están ocupadas por funcionarios de carrera, una tasa de interinidad cercana al 40% que ilustra el tamaño del problema.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ese escenario coincide con un momento especialmente sensible en el plano europeo. La reciente sentencia del&nbsp;<strong>Tribunal de Justicia de la Unión Europea</strong>&nbsp;(TJUE), del pasado 14 de abril, sobre el asunto Obadal, ha reabierto el debate sobre cómo responder al abuso de temporalidad en el empleo público. El fallo ha descartado, de forma expresa, que el acceso al puesto de indefinido no fijo, las indemnizaciones tasadas, los procesos selectivos de estabilización o los regímenes de responsabilidad previstos por la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, sean, por sí solas, medidas suficientes para sancionar el abuso y reparar sus consecuencias. El efecto político y jurídico es inmediato: el sistema español vuelve a aparecer ante Luxemburgo como un modelo de empleo público que llega tarde, repara mal y disuade poco, especialmente en la Administración de Justicia.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La sentencia ha caído como una losa sobre un terreno ya agrietado.<strong>&nbsp;UGT-Servicios Públicos</strong>&nbsp;sostiene que la temporalidad ha sido “una herramienta fraudulenta utilizada por las diferentes Administraciones” y reclama una solución integral basada en la fijeza laboral, la eliminación de la tasa de reposición, la planificación adecuada de plantillas y la agilización de los procesos selectivos. En paralelo,&nbsp;<strong>Javier Arauz</strong>, que fue abogado de la reclamante del asunto Obadal, interpreta que el fallo europeo “determina que existe abuso en la temporalidad” y que el ordenamiento español sigue sin articular una respuesta “simultáneamente disuasoria, sancionadora y reparadora”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La tensión no es solo jurídica. También es organizativa y presupuestaria.&nbsp;<strong>Miguel Ángel Martín</strong>, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, admite que la Administración arrastra un “déficit estructural y preocupante de personal” y que la reforma, además, llega envuelta en una crítica frontal: “La mal llamada ley de eficiencia” habría nacido, según el consejero, con “una absoluta ausencia de coordinación institucional”, “fallos estructurales de diseño” y, sobre todo, sin “una dotación presupuestaria suficiente”. La fotografía es la de un sistema que pretende cambiar de traje sin haber resuelto antes si tiene con qué vestirse.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">Precariedad</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El problema de fondo es que la justicia no solo soporta cargas de trabajo elevadas, también debe ejecutar una reorganización profunda con plantillas incompletas y con una base temporal que se ha vuelto estructural. El dato de Madrid es relevante porque muestra que la interinidad ya <a href="https://cincodias.elpais.com/legal/2024-10-18/los-jueces-desoyen-al-tjue-y-no-conceden-una-plaza-fija-a-los-trabajadores-temporales.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">no es un fenómeno coyuntural</a>, sino una forma estable de funcionamiento. Y eso, en un sector que depende de la continuidad de los equipos para absorber volumen, coordinar señalamientos y sostener los servicios comunes, multiplica el riesgo de colapso. Cuando la rotación se vuelve norma, la eficiencia se resiente, y la reforma se convierte en una operación de alta fragilidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Javier Arauz subraya que el TJUE rechaza la figura del indefinido no fijo porque “mantiene una relación laboral de naturaleza temporal” y deja al trabajador en “una situación de precariedad”. También desactiva la idea de que las indemnizaciones limitadas a 20 o 33 días por año, con topes máximos, puedan considerarse reparaciones suficientemente disuasorias en el sector público, entre otras razones porque el coste acaba soportándolo la ciudadanía y no la autoridad responsable del abuso. Y, en relación con los procesos de estabilización, el experto señala que “el tribunal advierte de que valorar la experiencia previa no basta, si esa valoración no se limita a quienes fueron víctimas del abuso”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ese razonamiento conecta con una sensación ampliamente compartida en el sector: la temporalidad no es ya una anomalía, sino la respuesta habitual a necesidades permanentes. Por eso el debate ha dejado de ser meramente laboral y se ha convertido en institucional.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En esa misma línea, la abogada de Javaloyes Legal&nbsp;<strong>Fe Quiñones Martín&nbsp;</strong>sostiene que “debería haber una respuesta mucho más contundente, porque en la empresa privada se ha limitado mucho la contratación, pero la Administración pública sigue abusando en exceso de la temporalidad”. Si la Administración lleva años cubriendo necesidades estructurales con personal temporal, el problema no se resuelve solo con procesos selectivos posteriores, porque esos procedimientos no reparan necesariamente el daño ya causado ni garantizan una sanción efectiva del abuso.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>“La sentencia cierra la puerta a interpretaciones nacionales que prohíban esta conversión en el sector público cuando no existan otras fórmulas válidas para corregir la precariedad impuesta”, señala Javier Arauz. De ahí que las organizaciones sindicales insistan en una solución de fondo y no en un parche más. Y es que la cuestión también es un problema humano.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">Congestión judicial</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La implantación de la ley Bolaños puede actuar como amplificador del desorden si no viene acompañada de medios reales. La crítica de los operadores jurídicos apunta precisamente ahí: la reforma se despliega en una justicia que ya arrastra déficit de personal, sobrecarga y falta de inversión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El resultado puede ser una doble paradoja: más cambios organizativos con menos capacidad operativa y más exigencia de eficiencia sobre una estructura que no ha sido reforzada para absorberla. Porque la eficiencia del sistema depende de todos sus actores, y los funcionarios (gestores, tramitadores y auxiliares) son un eslabón clave. De poco sirve crear más plazas de jueces si el resto de la estructura vive en precario. En términos prácticos, eso significa más dependencia de interinos, más presión sobre las plantillas y más riesgo de que el ciudadano perciba una justicia lenta o inestable.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Por eso el debate sobre temporalidad y reforma procesal no puede separarse. El TJUE ha dejado claro que no basta con reconocer el problema: hay que sancionarlo y repararlo de forma efectiva. Y, al mismo tiempo, la Administración de Justicia necesita recursos humanos suficientes para que cualquier nuevo modelo de oficina o de reparto de tareas no sea solo un cambio de organigrama. En ausencia de esa base, la reforma puede convertirse en una reorganización formal sin músculo real.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading">El daño moral</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Francisco Trujillo Pons</strong>, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat Jaume I y <em>of counsel </em>de Laborea Abogados, dice que “cuando la Administración puede optar racionalmente por incumplir porque el coste indemnizatorio es inferior al coste de ajustar su conducta a derecho, el sistema normativo <a href="https://cincodias.elpais.com/legal/2026-05-05/el-tjue-pone-precio-al-dano-moral-de-los-interinos-y-desnuda-el-modelo-espanol.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">está fallando en su función preventiva</a>. No es una cuestión de técnica menor, es un problema de diseño institucional”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La consecuencia es que el abuso deja de ser excepcional para convertirse en una práctica estructuralmente tolerada. El concepto de daño moral en los casos de abuso de interinidad gana una relevancia central tras la sentencia Obadal, porque el TJUE ya no lo trata como un daño accesorio, sino como un componente que debe tomarse en cuenta al fijar la reparación. Javier Arauz lo describe con términos muy expresivos: “Sufrimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad o angustia”, además de “sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio e incertidumbre”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En la práctica, ese daño no se agota en la mera expectativa frustrada de estabilidad. También incluye la erosión vital que producen años de precariedad encubierta, la imposibilidad de planificar a medio plazo y la sensación de estar prestando servicio en una estructura que se beneficia de la continuidad del trabajo sin reconocerla jurídicamente.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El debate sobre el daño moral no es retórico: sirve para medir un perjuicio que las indemnizaciones tasadas no satisfacen y que, según Luxemburgo, debe valorarse junto con el número y la duración acumulada de los contratos, la pérdida de ingresos, carrera profesional, minoración de las pensiones y otras ventajas económicas frustradas. Y es que detrás del problema administrativo hay uno humano, como indica Fe Quiñones: “El abuso de la interinidad supone una pérdida de estabilidad en el empleo que afecta física y psíquicamente a quien la sufre”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/ini1080" id="https://acorta.net/wp/go/ini1080">cincodias.elpais.com</a> <strong>06.05.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/">Justicia</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/interinos-al-borde-de-un-ataque-de-nervios/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos: Los LAJ sustitutos denuncian que Justicia les deja fuera de la estabilización mientras mantiene centenares de vacantes</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/interinos-los-laj-sustitutos-denuncian-que-justicia-les-deja-fuera-de-la-estabilizacion-mientras-mantiene-centenares-de-vacantes/</link>
                        <pubDate>Tue, 12 May 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Letrados de la Administración de Justicia en situación de sustitución advierten de ceses inminentes, bloqueo de las plazas de consolidación y ausencia total de proceso de estabilización en u...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Letrados de la Administración de Justicia en situación de sustitución advierten de ceses inminentes, bloqueo de las plazas de consolidación y ausencia total de proceso de estabilización en un cuerpo con unas 800 vacantes en toda España</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Un grupo de <strong>Letrados de la Administración de Justicia sustitutos</strong> denuncia públicamente que el Ministerio de Justicia les aboca al cese inminente sin haber articulado una salida de estabilización para quienes llevan años, en algunos casos más de una década, ocupando plazas estructurales. Los ceses de mayor impacto llegarán <strong>la última semana de mayo o la primera de junio</strong>, especialmente para los sustitutos de más larga duración, entre ellos muchos nombrados <strong>antes del 1 de enero de 2016</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La situación, sostienen, no es solo laboral ni administrativa. Es también una anomalía política y de modelo. A su juicio, el cuerpo de&nbsp;<strong>LAJs</strong>&nbsp;se ha convertido en el&nbsp;<strong>único de toda la Administración Pública española</strong>&nbsp;en el que no se habría materializado un proceso de estabilización derivado de la&nbsp;<strong>Ley 20/2021</strong>, pese a arrastrar un volumen muy elevado de plazas vacantes y una dependencia sostenida de personal sustituto.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los afectados han activado ya la vía judicial. Tienen abierta una&nbsp;<strong>acción administrativa</strong>&nbsp;y una&nbsp;<strong>demanda contencioso-administrativa con medidas cautelares</strong>. En esa demanda articulan, según exponen, dos pretensiones principales: que se&nbsp;<strong>oferten todas las plazas</strong>, sin distinguir por la antigüedad de la persona que las ocupa, y que se convoque un&nbsp;<strong>concurso-oposición</strong>&nbsp;para estabilizar a quienes fueron nombrados antes del&nbsp;<strong>1 de enero de 2016</strong>. Pero entre los propios sustitutos domina el pesimismo. La percepción interna es que nada impedirá los ceses, aunque el pleito siga su curso. Y de nuevo, el interino sufre el desprecio y la insolidaridad del compañero de mesa que se cree de una casta superior.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>A esa incertidumbre se suma otro golpe. El&nbsp;<strong>Ministerio</strong>&nbsp;ya habría informado, como castigo, de que la convocatoria anulada a instancia de las&nbsp;<strong>asociaciones de LAJs titulares</strong>&nbsp;ha&nbsp;<strong>caducado</strong>, de modo que las&nbsp;<strong>96 plazas</strong>&nbsp;destinadas a consolidación habrían quedado sin posibilidad de estabilización. Ni por concurso. Ni por concurso-oposición. Ni por una fórmula extraordinaria que permita absorber una temporalidad que, en algunos destinos, se mide ya en décadas de servicio efectivo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La denuncia de fondo va más allá del expediente concreto. Los sustitutos sostienen que las dos convocatorias impulsadas para dar salida a este problema habrían sido&nbsp;<strong>boicoteadas</strong>&nbsp;por asociaciones de LAJs titulares, que rechazan cualquier acceso o consolidación al margen del tradicional&nbsp;<strong>oral memorístico</strong>. Según los afectados, detrás de esa resistencia opera una lógica abiertamente clasista: sirven para sacar adelante juzgados durante&nbsp;<strong>10, 15 o 20 años</strong>, para asumir destinos que los titulares no quieren y para sostener plazas crónicamente vacantes, pero no para obtener una mínima estabilidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ese contraste, precisamente, es el que convierte el conflicto en algo más que una disputa corporativa. Porque no se trata de personas ajenas al servicio, sino de profesionales que llevan años realizando exactamente la misma función que ahora se les niega consolidar. El mensaje implícito es incómodo: el sistema acepta la sustitución cuando necesita cubrir huecos, pero se pone exquisito cuando se trata de reconocer derechos. La meritocracia, al parecer, no se mide igual cuando conviene mantener el edificio en pie que cuando toca repartir llaves.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los afectados sitúan el problema en un contexto estructural de falta de cobertura. Afirman que en la actualidad existen&nbsp;<strong>unas 800 plazas vacantes de LAJs en toda España</strong>, y que una parte especialmente relevante de esas vacantes&nbsp; se concentra en&nbsp;<strong>Andalucía, Catalunya, Galicia y Canarias</strong>. Añaden, además, que buena parte de los nuevos LAJs destinados en esas comunidades abandonan el territorio en un plazo breve, lo que refuerza la dependencia del sistema respecto de quienes llevan años encadenando sustituciones.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Esa combinación de vacantes estructurales, rotación, falta de estabilización y ceses inminentes dibuja una imagen poco edificante para la Administración de Justicia, en nada en la línea triunfalista del Ministro Bolaños. Mientras se proclama la modernización del servicio público, uno de sus cuerpos clave seguiría funcionando, en parte, sobre una bolsa de profesionales experimentados a los que se utiliza para cubrir necesidades permanentes pero a los que después se mantiene en una provisionalidad indefinida. Un modelo muy español: se invoca la excelencia del cuerpo, se defiende el prestigio del acceso y, entretanto, el trabajo ordinario sale adelante gracias a quienes no merecen plaza, pero sí merecen cargar con sus sacrificios.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ante esa situación y el enorme retraso en los servicios de Justicia que eso comporta, los LAJs sustitutos afectados están empezando a plantearse una estrategia de mayor&nbsp;<strong>visibilización pública</strong><strong>, para concienciar de esa</strong>&nbsp;discriminación estructural dentro del propio sistema judicial. Igual problema sufren los jueces sustitutos o interinos. Y todo con miedo, cualquier reclamante de derechos queda fuera de las listas de espera, aprovechando de que mientras están en ella, no pueden ejercer de otra cosa. En la Justicia española, al parecer, hasta para denunciar la precariedad conviene no molestar demasiado a quien administra la lista de espera, porque lo que le espera es ser represaliado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/kw6577" id="https://acorta.net/wp/go/kw6577" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> <strong>20.04.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/">Justicia</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/interinos-los-laj-sustitutos-denuncian-que-justicia-les-deja-fuera-de-la-estabilizacion-mientras-mantiene-centenares-de-vacantes/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>La Ley de Eficiencia de la Justicia cumple un año entre datos contrapuestos y un diagnóstico aún pendiente</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/la-ley-de-eficiencia-de-la-justicia-cumple-un-ano-entre-datos-contrapuestos-y-un-diagnostico-aun-pendiente/</link>
                        <pubDate>Fri, 08 May 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La Tercera Edición de los Diálogos Jurídicos en Boadilla del Monte abordan el efecto de la Ley de Eficiencia de la Justicia al cumplirse un año de su implantación



La sala del Teatro Princ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">La Tercera Edición de los Diálogos Jurídicos en Boadilla del Monte abordan el efecto de la Ley de Eficiencia de la Justicia al cumplirse un año de su implantación</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La sala del Teatro Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte llenó ayer sus butacas con magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, procuradores, abogados y vecinos convocados por el Tercer ciclo de los Diálogos Jurídicos, la iniciativa que Confilegal organiza anualmente con colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La jornada, inaugurada por el alcalde,&nbsp;<strong>Francisco Javier Úbeda Liébana,&nbsp;</strong>se centró monográficamente en la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia, que acaba de cumplir su primer año de vigencia real.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image -->
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/04/CONFILEGAL_16_04_26-04-900x600-1.jpg" alt="" class="wp-image-30987" /><figcaption class="wp-element-caption">El alcalde de Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda Liébana, inauguró los III Diálogos Jurídicos que Confilegal organiza en colaboración con su consistorio. Foto: Confilegal.</figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Sobre el proscenio, tres voces con autoridad y sin voluntad de complacencia:<strong>&nbsp;Verónica Ollé</strong>, directora general para el Servicio Público de Justicia;&nbsp;<strong>Eugenio Ribón</strong>, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid; y&nbsp;<strong>Celso Rodríguez Padrón</strong>, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bajo la moderación de&nbsp;<strong>Francisco Oliver,</strong>&nbsp;magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading" id="h-una-reforma-cuatro-veces-intentada"><strong>Una reforma cuatro veces intentada</strong></h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ollé abrió fuego con un argumento histórico destinado a enmarcar el debate: la ley no nació de la improvisación. Es el cuarto intento, desde 2011 hasta hoy —con los ministros&nbsp;<strong>Fran Caamaño, Alberto Ruiz Gallardón, Juan Carlos Campo&nbsp;</strong>y finalmente&nbsp;<strong>Félix Bolaños</strong>—, de implantar los Tribunales de Instancia en España, sustituyendo un modelo de juzgados unipersonales que arrastraba desde el siglo XIX.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:quote -->
<blockquote class="wp-block-quote"><!-- wp:paragraph -->
<p>«La mayor transformación de la justicia en décadas», subrayó, «no se hace sin dificultades».</p>
<!-- /wp:paragraph --></blockquote>
<!-- /wp:quote -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El diagnóstico de partida lleva décadas sobre la mesa: desde el Libro Blanco de la Justicia de 1997 y el Pacto de Estado para la Reforma de 2001,&nbsp;<strong>el sistema acumulaba un consenso transversal sobre la necesidad de cambio que ningún gobierno había logrado llevar hasta el final.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image -->
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/04/CONFILEGAL_16_04_26-23-900x600-1.jpg" alt="" class="wp-image-30988" /><figcaption class="wp-element-caption">Verónica Ollé recordó que el objetivo de implantar los tribunales de instancia era compartido por los gobiernos anteriores del PP. Foto: José Barahona.</figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La directora general articuló su intervención en tres ejes: de dónde se viene, qué dificultades se han encontrado en la implantación y qué resultados arrojan los primeros datos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Insistió en que la ley no es una norma aislada</strong>, sino el remate de una trilogía de reformas:&nbsp;<strong>el Real Decreto 6/2023, que introdujo la obligación del expediente digital y la interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal; la eficiencia procesal del Real Decreto 5/2023 con los pilotos testigo; y finalmente la ley de eficiencia organizativa</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Apoyada, esta última, sobre cuatro pilares: los Tribunales de Instancia, las Oficinas de Justicia en el Municipio, los MASC y la nueva Oficina Judicial organizada en servicios comunes.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ollé desgranó la inversión acometida en el territorio Ministerio desde 2023: 1.120 millones de euros distribuidos entre digitalización —850 millones, incluidos los 85 del Plan de Recuperación—, personal —91,6 millones en acuerdos con jueces, fiscales y sindicatos, más 13,2 millones para retribuir los nuevos puestos directivos de libre designación— y edificios, con otros 79,3 millones destinados a adecuación de infraestructuras.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>A ese capítulo añadió la creación de 42 plazas de jueces especializados en violencia de género y la tramitación en curso de un Real Decreto para incorporar 500 nuevas unidades judiciales, que a diferencia del modelo anterior podrán desplegarse a un coste de 100.000 euros por plaza.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>«Con el modelo antiguo, crear 500 plazas nos habría costado 260 millones; ahora nos costará 55,7», precisó. Sobre la formación, apuntó que el Ministerio impartió más de 590 horas de formación presencial y puso en marcha cursos en línea de 60 horas con 15.400 personas matriculadas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

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<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/04/CONFILEGAL_16_04_26-35-900x600-1.jpg" alt="" class="wp-image-30989" /><figcaption class="wp-element-caption">Los cuatro pilares de la Ley de Eficiencia son los Tribunales de Instancia, las Oficinas de Justicia en el Municipio, los MASC y la nueva Oficina Judicial organizada en servicios comunes, explicó Verónica Ollé. Foto: José Barahona.</figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El resultado cuantitativo fue rotundo: 3.000 juzgados unipersonales transformados en 431 Tribunales de Instancia, con despliegue completado al cien por cien antes de que concluyera 2025.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Los primeros datos del territorio que gestiona directamente</strong>&nbsp;—Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla—&nbsp;<strong>arrojan un descenso del 9,94% en asuntos ingresados en todos los órdenes jurisdiccionales</strong>, del 20,46% en el orden civil.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y lo que presentó como el indicador más significativo: una ruptura histórica de la curva de pendencia, que bajó un 0,6% en términos globales y un 4,5% en el orden civil.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>«Es la primera vez que se rompe esa tendencia en la estadística», afirmó, aunque acompañó los datos de cautela: «Los doy con toda la prudencia del mundo. Todavía es muy pronto».</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading" id="h-el-decano-del-icam-disecciono-la-ley-con-bisturi"><strong>El decano del ICAM diseccionó la ley con bisturí</strong></h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La intervención de&nbsp;<strong>Eugenio Ribón,</strong>&nbsp;decano del&nbsp;<strong>ICAM,</strong>&nbsp;fue muy incisiva. Desde el inicio marcó el tono: el Colegio no se opone a la modernización —de hecho,<strong>&nbsp;presentó 40 enmiendas</strong>&nbsp;durante la tramitación parlamentaria—, pero considera que la eficiencia prometida se ha traducido en burocracia y en dificultades de acceso a la tutela judicial.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>El diagnóstico sobre los MASC&nbsp;</strong>—Métodos Adecuados de Solución de Controversias, el gran pilar alternativo de la ley—&nbsp;<strong>fue demoledor.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La norma los estableció como&nbsp;<strong>requisito de procedibilidad sin concretar cuándo y cómo&nbsp;</strong>se entiende cumplido el trámite, lo que generó una dispersión de criterios entre órganos judiciales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

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<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/04/CONFILEGAL_16_04_26-45-900x600-1.jpg" alt="" class="wp-image-30990" /><figcaption class="wp-element-caption">El decano del ICAM, Eugenio Ribón, refirió una encuesta hecha entre los colegiados que dice que el 83,7 % valora de forma negativa o muy negativa la obligatoriedad de los MASC. Foto: José Barahona.</figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Las demandas inadmitidas por defecto en el MASC van a parar a las audiencias provinciales —ya hipersaturadas—, donde la espera para resolver la admisión a trámite puede demorarse años.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Ribón sacó las matemáticas: en algunas secciones hay 30.000 asuntos pendientes, con tasas de resolución que arrojan esperas de 20 a 30 años</strong>. «Hay menos pleitos, sí —ironizó—. Pero no porque la reforma sea buena, sino porque se está impidiendo al ciudadano el acceso a la tutela judicial».</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>El ICAM reforzó su posición con una encuesta propia entre 1.164 abogados</strong>. El 83,7% valora de forma negativa o muy negativa la obligatoriedad del MASC; el 91% considera que la ley ha supuesto más retrasos; el 74% ha encontrado criterios discrepantes entre tribunales ante situaciones idénticas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La nota media de satisfacción con la ley, sobre diez: 1,6. Más del 52% de los encuestados le puso un cero. Ollé cuestionó la representatividad estadística de la encuesta; Ribón la defendió como síntoma.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Sobre los Tribunales de Instancia, el decano fue igualmente contundente:&nbsp;<strong>el cambio de señalética&nbsp;</strong>—de juzgado a tribunal—&nbsp;<strong>no resuelve nada si no va acompañado de un incremento real de personal y de formación específica.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Describió casos de funcionarios con 15 años de experiencia en pleitos de familia tramitando ahora delitos leves</strong>, de tribunales que han registrado niveles de bajas desconocidos, de expedientes extraviados en la transición digital.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

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<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/04/CONFILEGAL_16_04_26-22-900x600-1.jpg" alt="" class="wp-image-30991" /><figcaption class="wp-element-caption">El cambio de señalética, de juzgado a tribunal, no resuelve nada si no va acompañado de un incremento real de personal y de formación específica, subrayó Ribón. Foto: José Barahona.</figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading" id="h-el-presidente-del-tsjm-mas-preguntas-que-respuestas"><strong>El presidente del TSJM: más preguntas que respuestas</strong></h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Celso Rodríguez Padrón,&nbsp;</strong>presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tomó la palabra con la distancia que le concede la perspectiva judicial y la cautela que le impone el rigor.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Comenzó con una reflexión conceptual que recorrió el debate hasta el final: la Constitución habla de tutela efectiva; la ley habla de justicia eficiente. No son sinónimos. «Como juez —dijo— no puedo compartir que el legislador piense en la justicia desde el parámetro de los menores recursos posibles. Yo defiendo los mayores recursos posibles».</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y fue más lejos: tampoco eficiencia es eficacia, ni eficacia es efectividad. Tres conceptos distintos que la ley tiende a confundir y que tienen, advirtió, consecuencias prácticas muy diferentes.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El concepto constitucional de tutela efectiva, el que a su juicio debería haber inspirado la norma, fue arrumbado en favor de una filosofía importada de la Escuela del Análisis Económico del Derecho de Princeton, cuya traslación al ámbito judicial le suscita «más dudas que certezas».</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image -->
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/04/CONFILEGAL_16_04_26-51-1-900x600-1.jpg" alt="" class="wp-image-30992" /><figcaption class="wp-element-caption">El presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, fue contenido en su disposición, no eludió las críticas, pero también reconoció cosas positivas. Foto: José Barahona.</figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Ese desplazamiento filosófico tiene, según el presidente del TSJM, una consecuencia estructural: el centro de gravedad del proceso se traslada de la resolución a la gestión.&nbsp;</strong>El juez ya no es el único responsable.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>La oficina judicial pasa a ser la reina de la estructura.</strong>&nbsp;Para ilustrarlo leyó en voz alta el apartado 8 del artículo 436 de la ley, que literalmente faculta a los jueces a «requerir en todo momento a la oficina judicial cuanta información consideren necesaria sobre los procedimientos cuyo conocimiento tengan atribuido».</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La sala captó el absurdo: la ley concede como «dádiva» a un juez el derecho a preguntar por sus propios asuntos. «¿Quién redactó este apartado?», dijo, sin necesidad de elevar la voz.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El diagnóstico sobre la ratio de jueces por habitante fue igualmente severo.&nbsp;<strong>España sigue anclada en los parámetros de 1988,&nbsp;</strong>cuando la Ley de Demarcación consideró suficiente un juez por cada 10.000 habitantes.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Hoy la ratio es de 1,2 jueces por 10.000 habitantes frente a una realidad socioeconómica que no tiene nada que ver con la España de hace cuatro décadas y frente a un volumen de asuntos que se ha multiplicado exponencialmente.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Señaló además&nbsp;<strong>el colapso de la interlocución en dos planos: el interno, porque el sistema de relación telemática no está suficientemente maduro; y el externo, porque el abogado o procurador que antes sabía exactamente a qué mesa dirigirse ahora se enfrenta a una estructura difusa donde localizar el estado de un asunto se ha vuelto «bastante difícil cuando no imposible».</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image -->
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://plataformadeinterinos.org/wp-content/uploads/2026/04/Celso-2-900x600-1.jpg" alt="" class="wp-image-30993" /><figcaption class="wp-element-caption">Rodríguez Padrón refirió elementos valiosos del nuevo modelo, como la filosofía de la especialización, y rechazó hacer ninguna valoración definitiva hasta dentro de un año, cuando haya dos periodos concretos para comparar. Foto: Confilegal.</figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los datos de Madrid fueron contundentes: en 2025 ingresaron 66.000 asuntos menos que en 2024, con un total de 1.184.151. Se resolvieron 1.125.798. Pero la pendencia subió de 747.414 asuntos a fin de 2024 a 825.114 a fin de 2025, un incremento de más de 77.000.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>a explicación: los MASC están embolsando demandas que todavía no han ingresado formalmente en el sistema. Cuando ese dique ceda, la ola llegará.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Aun así,&nbsp;<strong>Rodríguez Padrón rechazó emitir un balance definitivo: «Hasta que no tengamos un año completo con la ley funcionando en toda su dimensión, y lo podamos comparar con 2024, no me atrevo».</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y reconoció algunos elementos genuinamente valiosos del nuevo modelo: la filosofía de especialización, la posibilidad de crear 500 nuevas plazas judiciales a un coste radicalmente inferior y la esperanza de que los Tribunales de Instancia, una vez consolidados, permitan una justicia más ágil y mejor organizada.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El debate dejó en el aire una pregunta que ninguno de los tres ponentes quiso responder del todo: si la curva de pendencia que hoy desciende en algunas comunidades es el primer signo de una reforma que funciona o el efecto transitorio de una barrera que frena el acceso a los tribunales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La respuesta, coincidieron, llegará con los datos de 2026.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/no1454" id="https://acorta.net/wp/go/no1454" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CONFILEGAL</a> <strong>17.04.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/">Justicia</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/la-ley-de-eficiencia-de-la-justicia-cumple-un-ano-entre-datos-contrapuestos-y-un-diagnostico-aun-pendiente/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Sin funcionarios ni interinos no habrá justicia en la Audiencia Nacional</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/sin-funcionarios-ni-interinos-no-habra-justicia-en-la-audiencia-nacional/</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[I. La providencia como revelación de crisis



El derecho procesal penal ha desarrollado sofisticados mecanismos para garantizar la celeridad y la eficacia de la investigación judicial: los ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>I. La providencia como revelación de crisis</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>El derecho procesal penal ha desarrollado sofisticados mecanismos para garantizar la celeridad y la eficacia de la investigación judicial: los plazos de instrucción, las medidas cautelares, la práctica de diligencias de carácter urgente. Sin embargo, la providencia dictada el 14 de febrero de 2026 por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, introduce una variable que trasciende la técnica procesal para adentrarse en la arquitectura material de la administración de justicia. El escrito remitido a las partes en el Sumario 4/2025, informando de que la reducción de personal interino va a afectar "muy directamente" a la causa, constituye un acto de transparencia judicial inusual que revela una crisis estructural frecuentemente oculta bajo la retórica de la eficiencia. Debe tenerse presente que la inoperancia de un órgano judicial no siempre deriva de la complejidad de las causas o de la litigiosidad de las partes, sino que puede originarse en decisiones de política administrativa que, aunque jurídicamente legítimas, generan efectos colaterales devastadores cuando se implementan sin planificación transitoria adecuada.</strong><strong></strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La providencia de Piña contextualiza la situación con precisión técnica: el cese de seis funcionarios interinos, previo disfrute de sus vacaciones correspondientes, ha generado un período de vacío de aproximadamente 45 días hasta la cobertura definitiva de las plazas mediante personal con plaza fija. La "Plaza Número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia" —nueva denominación del histórico Juzgado Central de Instrucción 6— se encuentra así "sobrecargada con múltiples macroprocesos", imposibilitada para asignar estos procedimientos a los funcionarios actuales. Lo anterior me sugiere que estamos ante una paradoja de la modernización administrativa: la estabilización del empleo público, objetivo indiscutiblemente legítimo, se ha traducido en una desestabilización operativa de la justicia penal más sensible del Estado. El magistrado, con la cautela que la investidura exige, traduce esta situación en términos procesales: "cualquier consulta que se realice sobre los mismos, provocará demoras en su resolución".&nbsp;<strong>La situación ya se ha solventado, pero con una medida que no constituye más que un simple parche.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>II. El origen de la crisis</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La reducción drástica de personal interino en la Administración de Justicia española no responde a una decisión política autónoma, sino a la aplicación estricta de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han declarado el abuso de la temporalidad en el empleo público contrario al derecho comunitario. La Sentencia de 22 de febrero de 2024, dictada en los asuntos acumulados C-59/22, C-110/22 y C-159/22, concluyó que el ordenamiento español no ofrecía medidas suficientes para prevenir y sancionar el uso abusivo de contratos temporales. A esta resolución se sumó la de 13 de junio de 2024, en los asuntos C-331/22 y C-332/22, reforzando la interpretación restrictiva de la temporalidad en la función pública.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Estos pronunciamientos, coherentes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la Directiva 1999/70 relativa al contrato de trabajo de duración determinada, han configurado un marco jurídico que obliga a las administraciones públicas españolas a proceder a la consolidación de plazas mediante concurso de méritos, conforme a la Orden JUS/1288/2022 de 22 de diciembre. Sin embargo, la transposición de estas exigencias comunitarias al ordenamiento interno ha ignorado una variable crucial: la especificidad de la función judicial, donde la experiencia acumulada en tareas técnicamente complejas no resulta sustituible mediante la mera cobertura numérica de plazas. Hay que reseñar que la salida simultánea de seis funcionarios de un órgano especializado, sin relevo inmediato de personal con equivalente capacitación, no es equivalente a la rotación ordinaria de plantillas en una administración genérica.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>III. El valor de la experiencia institucional</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La pérdida de funcionarios interinos en la Audiencia Nacional no implica únicamente una reducción cuantitativa de efectivos, sino la desaparición de profesionales con amplia experiencia en tareas altamente especializadas. La gestión de intervenciones telefónicas, la tramitación de comisiones rogatorias internacionales, los procedimientos de extradición, el manejo de piezas separadas con miles de folios, requieren conocimientos técnicos que no se adquieren mediante la mera superación de un concurso-oposición, sino mediante años de práctica en la compleja realidad de la instrucción de causas de envergadura. El magistrado Piña, al advertir a las partes de las "demoras en la resolución" de cualquier consulta, está reconociendo implícitamente que la eficacia de la justicia penal no depende exclusivamente de la buena voluntad de los jueces, sino de la existencia de una estructura de apoyo técnico suficientemente cualificada.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Considero que esta situación ilustra una tensión constitutiva de la administración de justicia contemporánea: la presión por la estabilización del empleo público, derivada de exigencias de igualdad de oportunidades y de lucha contra la precariedad laboral, entra en colisión con la necesidad de continuidad en funciones que requieren experiencia acumulada. La solución no puede ser la perpetuación indefinida de la temporalidad, claramente contraria al derecho comunitario, pero tampoco la eliminación abrupta de personal sin mecanismos de transmisión de conocimientos. La Orden JUS/1288/2022, al establecer el proceso de consolidación mediante concurso, no ha previsto suficientemente los períodos de transición en órganos con cargas de trabajo estructuralmente elevadas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>IV. Las macrocausas y la parálisis investigadora</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional es competente para conocer de delitos de especial gravedad que afectan al orden público nacional e internacional: terrorismo, criminalidad organizada, tráfico de drogas, corrupción de alto nivel, blanqueo de capitales, delitos contra la seguridad del Estado. Estas materias, agrupadas frecuentemente en "macrocausas" de extraordinaria complejidad, requieren una dedicación continuada y especializada que la falta de personal hace prácticamente imposible. Ello me obliga a deducir que la reducción de interinos no genera meros "retrasos administrativos", sino una parálisis investigadora que puede comprometer la eficacia de la represión penal y la protección de bienes jurídicos esenciales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En una fase de instrucción, cualquier cuello de botella administrativo se traduce en meses de estancamiento. Las declaraciones de imputados y testigos, cuya programación requiere coordinación con abogados y procuradores, deben mantenerse para evitar la vulneración de derechos fundamentales, pero la tramitación posterior de las actuaciones —la incorporación al sumario, el análisis de la documentación, la preparación de informes— sufre demoras que la providencia de Piña califica diplomáticamente como "difíciles de absorber". La realidad, menos edulcorada, es que la investigación penal de las conductas más graves que afectan a la convivencia social queda suspendida en una especie de limbo procedimental, donde las garantías formales se mantienen pero la sustancia investigadora se diluye.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>V. La credibilidad institucional en juego</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Audiencia Nacional, como tribunal de especialización en materia de orden público, concentra causas de alto impacto mediático y político donde la celeridad procesal resulta constitutiva de la propia legitimidad de la resolución. Los retrasos derivados de la insuficiencia de medios personales no afectan únicamente a las partes directamente interesadas, sino a la percepción pública de la eficacia del sistema judicial. Cuando un órgano de esta relevancia debe informar a los ciudadanos de que las investigaciones se ralentizarán por falta de personal, el mensaje transmitido es de fragilidad institucional que compromete el principio de seguridad jurídica.</p>
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<p>Asumo que la providencia de Piña, lejos de ser un gesto anómalo, debería leerse como un acto de responsabilidad democrática: el juez informa de las limitaciones objetivas que condicionarán su actuación, permitiendo a las partes y a la opinión pública comprender los verdaderos determinantes de la lentitud procesal. Sin embargo, esta transparencia, aunque valorable, no sustituye a la corrección de la situación que la origina. La reducción de la interinidad es un objetivo legítimo, pero su coste no debería pagarse con la parálisis de la justicia penal más sensible.</p>
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<h3 class="wp-block-heading"><strong>VI. Reflexiones finales sobre la planificación y el derecho a la justicia</strong></h3>
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<p>El caso de la Audiencia Nacional ilustra los efectos perversos de la ausencia de planificación transitoria en reformas administrativas de gran calado. La aplicación estricta de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin diseñar mecanismos de transmisión de conocimientos ni períodos de solapamiento entre personal saliente y entrante, ha generado una situación donde el cumplimiento de una exigencia comunitaria —la lucha contra la precariedad laboral— produce un efecto colateral contrario a otro valor fundamental: el derecho a la justicia en un plazo razonable, reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.</p>
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<p>El derecho a la justicia no es un derecho abstracto, sino que requiere medios materiales para su efectividad. Funcionarios y funcionarias, estables o interinos, constituyen la infraestructura humana sin la cual los jueces no pueden ejercer su función. La estabilización del empleo público debe compatibilizarse con la garantía de servicios esenciales, mediante diseños institucionales que eviten la simultaneidad de salidas masivas y la ausencia de relevos cualificados. La providencia del magistrado Piña, con su llamada de atención sobre las "demoras en la resolución" de las consultas, debería servir para impulsar una reflexión sobre la temporalidad de las reformas administrativas y su adecuación a la realidad operativa de los órganos judiciales.</p>
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<p>La justicia penal, especialmente en su vertiente de represión de la criminalidad grave y organizada, no admite pausas prolongadas sin comprometer su propia finalidad. Las macrocausas de la Audiencia Nacional, con sus miles de folios, sus comisiones rogatorias internacionales, sus intervenciones telefónicas, requieren una dedicación continuada que la falta de personal hace imposible. Sin funcionarios ni interinos, la justicia se convierte en una promesa incumplida, una garantía formal sin contenido efectivo. El magistrado Piña, al informar a las partes de esta situación, ha cumplido su deber de transparencia; corresponde ahora a las instituciones competentes garantizar que esta transparencia se traduzca en corrección de la anomalía que ha revelado.</p>
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<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/w9d0510" id="https://acorta.net/wp/go/w9d0510" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.lawandtrends.com</a> <strong>23.03.2026</strong></p>
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						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/">Justicia</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/justicia/sin-funcionarios-ni-interinos-no-habra-justicia-en-la-audiencia-nacional/</guid>
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