<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>        <rss version="2.0"
             xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
             xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
             xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
             xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
             xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
             xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
        <channel>
            <title>
									OPINIÓN - Foros				            </title>
            <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/</link>
            <description>Plataforma de Interinos España</description>
            <language>es</language>
            <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 20:38:58 +0000</lastBuildDate>
            <generator>wpForo</generator>
            <ttl>60</ttl>
							                    <item>
                        <title>Interinos: tener razón nunca ha bastado</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-tener-razon-nunca-ha-bastado/</link>
                        <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Europa ha vuelto a desmontar la solución española al abuso de temporalidad. Los tribunales empiezan a reconocer indemnizaciones, pero funcionarios, laborales y estatutarios continúan recorri...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Europa ha vuelto a desmontar la solución española al abuso de temporalidad. Los tribunales empiezan a reconocer indemnizaciones, pero funcionarios, laborales y estatutarios continúan recorriendo caminos distintos</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Durante años, el problema de los <strong>interinos españoles</strong> ha tenido una curiosa característica: todo el mundo parecía dispuesto a solucionarlo siempre que la solución pudiera aplazarse hasta la siguiente sentencia del TJUE.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Llegó una sentencia. Luego otra. Después otra. Se aprobó una ley para arreglar lo que las anteriores reformas ya habían prometido arreglar. Y aquí estamos, en septiembre de 2026, discutiendo todavía qué hacer con quienes llevan años, o décadas, ocupando puestos estructurales mediante relaciones formalmente temporales. La burocracia española tiene estas delicadezas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El 14 de abril llegó <strong>Obadal</strong>, asunto C-418/24. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue bastante menos críptica de lo acostumbrado: la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones tasadas, los procesos de estabilización abiertos indiscriminadamente y un régimen de responsabilidad administrativa genérico no constituyen, tal como funcionan en España, un sistema capaz de sancionar adecuadamente el abuso y eliminar sus consecuencias. Dicho en castellano de administración de ventanilla: no basta con cambiarle la etiqueta al problema.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Sala Social del Tribunal Supremo empezó entonces a recoger los cristales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En su sentencia 475/2026, de 11 de mayo, admitió la fijeza para un supuesto concreto: trabajadores laborales que hubieran superado previamente un proceso selectivo para personal fijo, aunque no obtuvieran plaza, y sufrieran después abuso de temporalidad. Para los demás, el Supremo descartó la fijeza automática, pero asumió que el abuso no podía salir gratis.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La sentencia 578/2026, de 30 de junio, fue todavía más significativa. Consolidó una <strong>indemnización específica por abuso</strong>, distinta de la correspondiente a la extinción, destinada a reparar daños materiales y morales. Y añadió algo que durante años parecía pertenecer al género fantástico: si un tribunal aprecia abuso, debe ponerse en marcha también la respuesta inspectora y sancionadora.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los tribunales inferiores ya han empezado a hacer números. El TSJ de Asturias, reunido en Pleno, ha establecido como criterio indemnizaciones presuntivas por daño moral de <strong>2.500, 5.000, 7.500 y 10.000 euros</strong>, según la duración del abuso, sin perjuicio de cantidades superiores cuando se acrediten daños mayores. En uno de los casos reconoció 10.000 euros a una trabajadora que había soportado casi veinte años de temporalidad, aunque después hubiera obtenido la condición de fija.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero hay un pequeño detalle. Bueno, pequeño como una catedral.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Todo esto sucede fundamentalmente en la <strong>jurisdicción social</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Para los funcionarios interinos, la Sala Tercera mantiene una posición sensiblemente más clasista. La doctrina contencioso-administrativa continúa rechazando la conversión automática en funcionario de carrera y exige acreditar perjuicios para obtener indemnización. Incluso después de <em>Obadal</em>, ha mostrado escasa disposición a considerar que la sentencia europea obligue a desmontar su doctrina anterior. El resultado es bastante pintoresco: el mismo abuso administrativo puede encontrar respuestas distintas dependiendo del vínculo jurídico de la víctima.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Europa exige una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria. España responde, de momento: «depende de la jurisdicción que le haya tocado».</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y todavía quedan cartas en la baraja.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Tribunal Constitucional admitió el 21 de julio una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, es decir, sobre piezas esenciales de los procesos extraordinarios de estabilización. No ha resuelto el fondo, pero el mero planteamiento demuestra que el edificio construido para solucionar la temporalidad sigue rodeado de andamios.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y el 8 de septiembre el TJUE añadió otro ingrediente con <strong>Ferreira da Silva e Brito</strong>, C-293/24: la responsabilidad patrimonial del Estado puede entrar en juego cuando una resolución de un tribunal nacional de última instancia infringe suficientemente el Derecho de la Unión. La omisión injustificada de una cuestión prejudicial puede ser uno de los elementos a valorar. No significa que toda sentencia española discutible genere automáticamente una indemnización, pero el aviso institucional resulta difícil de ignorar.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Mientras tanto, Bruselas tampoco parece especialmente satisfecha. La Comisión emitió el 29 de abril un <strong>dictamen motivado contra España en el procedimiento INFR(2014)4334</strong>, considerando todavía insuficiente la protección frente al abuso de contratos temporales sucesivos en el sector público. El procedimiento sigue abierto.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y aquí aparece la cuestión que los interinos deberían observar con atención, aunque no sea estrictamente jurídica.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Tener razón jurídica y tener capacidad política son dos cosas completamente diferentes.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los tribunales pueden reconocer un abuso. Pueden indemnizar. Pueden plantear prejudiciales. Pueden condenar. Incluso Luxemburgo puede explicar por enésima vez que una sanción debe ser realmente sancionadora y no una amable invitación a procurar no volverlo a hacer.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero los jueces no redactan el Estatuto Básico del Empleado Público.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>No deciden el régimen general de indemnizaciones. No armonizan por sí solos funcionarios, estatutarios y laborales. No establecen presupuestos. No crean mecanismos automáticos de reparación. Y difícilmente van a solucionar mediante decenas de miles de pleitos individuales un problema que el propio Estado ha construido durante décadas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Eso pertenece al legislador.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>De hecho, el asunto ya ha entrado nuevamente en el Congreso. Existe una pregunta parlamentaria presentada el 30 de junio que reclama al Gobierno precisamente qué medidas piensa adoptar para terminar con el abuso, reparar a los afectados y cumplir las obligaciones europeas. A fecha de publicación de esta pieza, su contestación gubernamental está pendiente y el plazo parlamentario alcanza el 23 de septiembre.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ahí aparece la diferencia entre ser <strong>demandante</strong> y ser <strong>actor político</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ser actor político no significa necesariamente fundar un partido, presentarse a las elecciones ni entregar el voto a nadie. Significa algo bastante más elemental: convertirse en un colectivo identificable, transversal y capaz de situar una cuestión concreta en la agenda de quienes legislan.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Un colectivo organizado puede preguntar a cada grupo parlamentario qué propone hacer con la indemnización por abuso, con los funcionarios interinos, con los estatutarios, con la responsabilidad de las administraciones incumplidoras o con la desigualdad actual entre jurisdicciones. Y puede comprobar después qué iniciativas presenta cada uno y cómo vota.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Eso no sustituye a los tribunales. Los complementa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La paradoja es deliciosa: después de tantos años buscando una sentencia definitiva, quizá el mayor descubrimiento de los interinos sea que <strong>la sentencia definitiva no existe</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Existe el TJUE. Existe el Supremo. Existe el Constitucional. Existe la Comisión Europea. Y existen miles de procedimientos individuales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero existe también el BOE. Y, para bien o para mal, todavía no lo redactan los jueces.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/g91080" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/g91080" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> <strong>24.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/">OPINIÓN</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-tener-razon-nunca-ha-bastado/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos: Europa pone precio a desobedecer al TJUE</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-europa-pone-precio-a-desobedecer-al-tjue/</link>
                        <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 07:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La nueva sentencia del Tribunal de Justicia refuerza la posición de los interinos: ignorar la jurisprudencia europea desde un tribunal de última instancia puede terminar convirtiéndose en un...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">La nueva sentencia del Tribunal de Justicia refuerza la posición de los interinos: ignorar la jurisprudencia europea desde un tribunal de última instancia puede terminar convirtiéndose en una indemnización a cargo del Estado</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>España</strong> lleva años intentando resolver el problema de los empleados públicos temporales mediante una técnica administrativa extraordinariamente sofisticada: reconocer que existe abuso, afirmar solemnemente que debe existir una sanción y procurar después que dicha sanción se parezca lo menos posible a una sanción.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>La fórmula ha dado bastante juego.&nbsp;</strong>Europa dice que el abuso debe castigarse. España contesta con procesos selectivos. Europa exige medidas efectivas y disuasorias. España enseña una indemnización limitada. Europa pregunta qué consecuencia concreta soporta la Administración que abusó durante diez, quince o veinte años de un trabajador temporal. Y aquí empieza normalmente un apasionante debate semántico.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero la última jurisprudencia del <strong>Tribunal de Justicia de la Unión Europea</strong> introduce una variable bastante menos poética: <strong>el dinero</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El 8 de septiembre de 2026, la Gran Sala del TJUE dictó sentencia en el asunto <strong>Ferreira da Silva e Brito y otros, C-293/24</strong>. Y el mensaje, aunque proceda de un conflicto portugués sobre trabajadores de una compañía aérea, interesa mucho más allá de Portugal.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Un tribunal nacional de última instancia también puede infringir el Derecho de la Unión. Y, cuando la infracción es suficientemente grave y causa un perjuicio al ciudadano, <strong>el Estado puede estar obligado a indemnizarlo</strong>. Traducido al castellano de la calle: una sentencia firme no convierte mágicamente una infracción del Derecho europeo en Derecho correcto. Y esto tiene consecuencias particularmente interesantes para los interinos españoles.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Primero llegó Obadal</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El 14 de abril de 2026, el TJUE dictó la sentencia <strong>Obadal, C-418/24</strong>. Europa volvió a explicar algo que a estas alturas debería estar grabado en mármol en algunos ministerios: cuando una Administración abusa de sucesivos contratos o nombramientos temporales, la respuesta nacional tiene que ser <strong>efectiva, proporcionada y disuasoria</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>No decorativa. No retórica. No una sanción de atrezo. El problema español nunca ha sido reconocer que existe temporalidad abusiva. A estas alturas, negar que existe sería aproximadamente como discutir si llueve mientras uno está empapado. El problema es qué ocurre después.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>España ha ido presentando distintas soluciones: estabilizaciones, concursos, indemnizaciones, responsabilidades administrativas difusas y todo un surtido de mecanismos que tienen una característica común bastante curiosa: casi nunca producen un daño real a quien decidió abusar de la temporalidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y una sanción que no molesta demasiado al infractor tiene un inconveniente técnico importante: se parece sospechosamente a no tener sanción.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Y ahora llega Ferreira</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La nueva sentencia introduce una segunda capa.&nbsp;¿Qué ocurre si el Derecho europeo ya ha sido interpretado por el TJUE y un tribunal nacional de última instancia decide seguir otro camino? Aquí se acaba buena parte de la diversión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El tribunal nacional no dispone de una soberanía interpretativa paralela sobre el Derecho de la Unión. Si existe una interpretación europea aplicable, debe respetarla. Y si considera que existe una duda real sobre cómo debe aplicarse, dispone de una herramienta conocida desde hace décadas: <strong>preguntar al Tribunal de Justicia mediante una cuestión prejudicial</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Lo que empieza a resultar jurídicamente bastante peligroso es hacer las dos cosas a la vez: apartarse de Luxemburgo y no preguntar a Luxemburgo. Eso es precisamente lo que <em>Ferreira da Silva</em> convierte en un elemento muy relevante para apreciar si estamos ante una infracción suficientemente caracterizada del Derecho europeo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El TJUE examina, entre otras cosas, si ya existía jurisprudencia europea anterior, si el tribunal nacional se apartó de ella y si, pese a estar obligado a hacerlo, no planteó cuestión prejudicial.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Hasta ahora algunos podían pensar que el partido terminaba cuando aparecía el sello de «sentencia firme». Pues no necesariamente. Puede empezar otro partido. Y en ese segundo partido ya no se discute únicamente si el interino debía ser fijo, indefinido, indemnizado, estabilizado o sacrificado ritualmente ante el altar de la función pública. Se discute <strong>si el Estado debe pagar por el daño producido por una resolución judicial contraria al Derecho de la Unión</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">La firmeza no es una lavandería jurídica</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Este es probablemente el cambio más importante. Una sentencia firme tiene enormes efectos procesales. Lo que no tiene es propiedades detergentes. No lava el Derecho europeo. No transforma automáticamente lo incompatible con la Unión en compatible. No convierte una infracción suficientemente grave en una interpretación correcta por el simple procedimiento de estampar un sello en la última página.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La doctrina europea sobre responsabilidad del Estado por decisiones judiciales ya existía desde hace años. El nombre clásico es <strong>Köbler</strong>. Lo que hace ahora <em>Ferreira da Silva</em> es reforzar y concretar el terreno en el que esa responsabilidad puede apreciarse.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Para que nazca la obligación de indemnizar hacen falta tres elementos: que la norma europea infringida conceda derechos al ciudadano, que la vulneración sea suficientemente caracterizada y que exista una relación causal directa entre esa vulneración y el daño.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>No cualquier error judicial abre la caja. Pero tampoco cualquier error puede esconderse detrás de una toga. Y cuanto más clara sea la jurisprudencia europea, más difícil será presentar determinadas decisiones como una inocente diferencia interpretativa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">El detalle que puede salir caro</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Esto afecta especialmente a las futuras resoluciones españolas sobre abuso de temporalidad. Después de <em>Obadal</em>, los órganos jurisdiccionales nacionales conocen con bastante precisión el problema que tienen delante. Saben que tiene que existir una respuesta efectiva. Saben que debe ser proporcionada. Saben que debe resultar disuasoria. Saben que la solución nacional debe eliminar realmente las consecuencias del abuso. Y saben también que el TJUE lleva años pronunciándose sobre la temporalidad abusiva en el sector público español.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Por tanto, cada nueva sentencia incrementa el conocimiento disponible y reduce el espacio en el que puede alegarse que todo esto era jurídicamente imprevisible. No significa que cualquier interino que pierda un recurso pueda enviar inmediatamente una factura al Ministerio de Justicia. Tampoco significa, por mucho que algunos quisieran leerlo así, que Luxemburgo haya decretado la fijeza automática de centenares de miles de trabajadores.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Significa otra cosa. Probablemente más incómoda. Si un tribunal de última instancia dispone de jurisprudencia europea suficientemente clara, adopta una solución incompatible con ella, no plantea cuestión prejudicial cuando debería hacerlo y causa con ello un perjuicio, <strong>la responsabilidad del Estado deja de ser una hipótesis académica</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Europa descubre la factura</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Durante años la discusión española sobre los interinos ha tenido algo de espectáculo de ilusionismo. Aparece el abuso. Se reconoce el abuso. Se agita una ley. Se convocan unas plazas. Se mueve al trabajador de casilla. Y, cuando se pregunta dónde está exactamente la sanción para la Administración que incumplió, la sanción ha desaparecido.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Magnífico número. Pero Europa empieza a mirar también detrás de la cortina. Y ahora añade una pregunta nueva: si un órgano judicial de última instancia tampoco protege correctamente el derecho europeo del trabajador, <strong>¿quién repara entonces el daño?&nbsp;</strong><strong>La respuesta puede ser el Estado.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Eso cambia considerablemente la posición negociadora y procesal de los interinos. Porque ya no basta con confiar en que la sucesión de recursos termine agotando al ciudadano antes de que el sistema tenga que asumir las consecuencias. La sentencia firme continúa siendo firme. Pero la factura puede continuar abierta. Y quizá sea precisamente ahí donde empiece a cambiar de verdad una historia que España lleva demasiados años intentando resolver sin que nadie, aparentemente, tenga que pagar por el abuso.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/5nf8107" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/5nf8107" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> <strong>14.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/">OPINIÓN</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-europa-pone-precio-a-desobedecer-al-tjue/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>España lleva 25 años abusando de los interinos y ahora Bruselas le bloquea 626 millones por no haberlo solucionado</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/espana-lleva-25-anos-abusando-de-los-interinos-y-ahora-bruselas-le-bloquea-626-millones-por-no-haberlo-solucionado/</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Rajoy prometió reducir la temporalidad, Sánchez aseguró haberla reformado y el TJUE desmontó la solución española: Bruselas mantiene suspendidos 626,6 millones mientras el Gobierno pide hast...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Rajoy prometió reducir la temporalidad, Sánchez aseguró haberla reformado y el TJUE desmontó la solución española: Bruselas mantiene suspendidos 626,6 millones mientras el Gobierno pide hasta 2027 para corregir el sistema</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>España llegó al final de agosto con una paradoja demoledora: Bruselas mantiene suspendidos 626,6 millones porque el Estado no sanciona eficazmente la temporalidad abusiva mientras Función Pública cesaba a cientos de interinos contratados para gestionar los fondos europeos y después tenía que rectificar parcialmente</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El 31 de agosto de 2026 debería haber sido para España la fecha que cerrara una etapa extraordinaria: el final del periodo de ejecución del Plan de Recuperación financiado por los fondos Next Generation. Sin embargo, esa misma fecha ha terminado condensando como pocas el desconcierto de la política española de empleo público. Mientras Bruselas mantiene pendiente un expediente de <strong>626,6 millones de euros por considerar que</strong> <a href="https://commission.europa.eu/document/download/334f3b96-3656-4220-8096-a1c34fc5fecb_en?filename=C_2025_4643_1_EN_ACT_part1_v2.pdf" rel="noopener" target="_blank">España sigue sin disponer de medidas suficientemente efectivas para sancionar el abuso de temporalidad,</a> cientos de funcionarios interinos contratados precisamente para gestionar el Plan de Recuperación recibieron la orden de abandonar sus puestos, algunos con apenas diez días de aviso, porque una consulta jurídica realizada prácticamente en la recta final concluyó que sus nombramientos estaban vinculados al programa que terminaba el 31 de agosto.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Conviene hacer desde el principio una precisión fundamental: <strong>los interinos afectados por estos últimos ceses no son necesariamente los mismos trabajadores que se encuentran jurídicamente en situación de abuso de temporalidad</strong>. Confundir ambos colectivos sería incorrecto. Lo revelador es otra cosa: después de veinticinco años de conflicto sobre cómo utiliza la Administración el empleo temporal, el Estado continúa resolviendo problemas previsibles de personal prácticamente cuando llegan a la fecha límite, hasta el extremo de ordenar ceses y comenzar inmediatamente después a buscar fórmulas para mantener a parte de esos mismos trabajadores porque las tareas que realizaban no habían terminado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Abogacía General del Estado emitió su informe el <strong>20 de agosto</strong> y el criterio fue trasladado al día siguiente a los responsables de personal. El final del Plan de Recuperación, sin embargo, no apareció súbitamente en el calendario durante las vacaciones: <strong>el 31 de agosto de 2026 llevaba años fijado como fecha límite europea</strong>. Según las informaciones publicadas, hubo trabajadores que habían recibido documentación que contemplaba permanencias bastante posteriores y departamentos que advirtieron de que todavía quedaban controles, verificaciones, liquidaciones y auditorías por hacer. Entre 300 y 1.000 empleados pudieron quedar afectados inicialmente, aunque no existe una cifra oficial cerrada y las estimaciones sindicales sobre el conjunto de puestos vinculados a estos programas son superiores.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La reacción posterior demuestra que la cuestión estaba lejos de encontrarse resuelta. El Ministerio para la Transición Ecológica comunicó a su personal que <strong>no habría ceses al menos hasta el 30 de septiembre</strong> y se estudia prolongar determinados nombramientos hasta el 31 de diciembre. <a href="https://ccoomagrama.blogspot.com/2026/09/miteco-nueva-informacion-sobre-el-cese.html" rel="noopener" target="_blank">Función Pública</a> ha permitido igualmente que los departamentos justifiquen la continuidad de trabajadores imprescindibles para tareas de gestión, control, liquidación o seguimiento. Es decir, parte de la Administración tuvo que comenzar a deshacer en cuestión de días una decisión que acababa de adoptar.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>El problema empezó mucho antes que Pedro Sánchez</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Buscar un único culpable para toda la historia sería falsearla. El problema atraviesa gobiernos de distinto signo y hunde sus raíces en un modelo de gestión del empleo público <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11233" rel="noopener" target="_blank">que el propio Estado describió con sorprendente sinceridad en 2021:</a> restricciones presupuestarias que dificultaron durante años la reposición de plantillas, administraciones territoriales incapaces de acompasar financiación y necesidades de servicios esenciales, falta de planificación estratégica, convocatorias irregulares y procesos selectivos excesivamente lentos terminaron convirtiendo al interino en una solución ordinaria para cubrir necesidades que muchas veces eran estructurales. Así lo reconoce literalmente la exposición de motivos de la propia reforma española.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Europa había establecido las reglas muchísimo antes. <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0070" rel="noopener" target="_blank">La Directiva 1999/70/CE</a> obligaba a los Estados a disponer de mecanismos que impidieran el abuso de contratos temporales sucesivos y fijó como fecha límite de adaptación el <strong>10 de julio de 2001</strong>. España llega a septiembre de 2026 con un procedimiento de infracción todavía abierto precisamente porque la Comisión considera insuficientes los mecanismos existentes en determinadas relaciones de empleo público.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Tampoco puede cargarse toda la responsabilidad histórica sobre el actual Gobierno. En marzo de <strong>2017</strong>, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente de <a href="https://www.hacienda.gob.es/gabineteministro/notas%20prensa/2017/s.%20e.%20funci%C3%93n%20p%C3%9Ablica/29-03-17%20np%20acuerdo%20mejora%20del%20empleo%20publico.pdf" rel="noopener" target="_blank">Hacienda y Función Pública</a>, firmó con CCOO, <a href="https://ugt-sp.es/interinos-comunidad-de-madrid/" rel="noopener" target="_blank">UGT</a>&nbsp;y CSI-F un acuerdo que prometía reducir la temporalidad hasta el <strong>8% en tres años</strong> y estabilizar alrededor de 250.000 plazas. En 2018 se firmó un segundo acuerdo y volvió a consagrarse el mismo objetivo.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>No se consiguió.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cuatro años después, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió prácticamente al mismo punto de partida. El <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11233" rel="noopener" target="_blank">Real Decreto-ley 14/2021</a> y posteriormente la <strong>Ley 20/2021</strong> establecieron un nuevo proceso extraordinario de estabilización, volvieron a fijar el objetivo de situar por debajo del 8% la cobertura temporal de plazas estructurales y ordenaron terminar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024. La propia norma llegó a definir aquel proceso como el <strong>último</strong> que se añadía a los iniciados en 2017 y 2018.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En 2026 seguimos hablando de interinos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>El error decisivo: estabilizar plazas no era sancionar el abuso</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Aquí se encuentra probablemente la clave que mejor explica todo lo ocurrido y que demasiadas veces se pierde entre cifras, sentencias y manifestaciones. <strong>España intentó resolver fundamentalmente un problema de plazas cuando Europa estaba exigiendo también resolver un problema de abuso sobre personas.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>No son exactamente lo mismo.&nbsp;Convocar una plaza ocupada desde hace años por un interino puede reducir estadísticamente la temporalidad si finalmente la ocupa un funcionario de carrera. Pero si la Administración utilizó durante diez, quince o veinte años relaciones temporales sucesivas para satisfacer una necesidad estructural, celebrar posteriormente un concurso abierto no constituye necesariamente una sanción para la Administración responsable de aquel comportamiento ni una reparación suficiente para la persona que lo sufrió.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ese es precisamente el punto en el que se quebró la solución española.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Comisión Europea llegó inicialmente a considerar satisfecho el <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1783535050696&amp;uri=CELEX%3A52025DC0637" rel="noopener" target="_blank">hito 144 del Plan de Recuperación</a>, que exigía la entrada en vigor de una reforma con disposiciones efectivas para prevenir y sancionar los abusos. Sin embargo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 2024 obligaron a Bruselas a revisar aquella evaluación. En julio de 2025 ocurrió algo excepcional: <strong>España protagonizó el primer caso de reversión de un hito previamente considerado cumplido dentro del Mecanismo de Recuperación</strong>. La Comisión concluyó que ya no podía considerar satisfecho el hito 144 y suspendió <strong>626.615.891 euros</strong>.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La decisión comunitaria es demoledora para la arquitectura jurídica española porque considera que no existen medidas efectivas suficientes para penalizar el abuso y atribuye a España no haber reaccionado con rapidez después de la jurisprudencia europea. No se trata, por tanto, de que Bruselas exija acabar con cualquier contratación temporal. <strong>La temporalidad legal es perfectamente posible. Lo que exige es que abusar de ella tenga consecuencias reales, proporcionadas y disuasorias.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los 626,6 millones deben seguir describiéndose con rigor como <strong>fondos suspendidos o bloqueados</strong>, no como una multa de 626 millones impuesta a España. <a href="https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-que-el-ordenamiento-juridico-espanol-no-permite-convertir-en-funcionario-fijo-o-equiparable-a-quien-ha-recibido-nombramientos-temporales-abusivos-sin-que-medien-los-procesos-selectivos-previstos-por-la-ley" rel="noopener" target="_blank">El mecanismo europeo prevé que, después del periodo concedido</a>&nbsp;para corregir el incumplimiento, la Comisión reevalúe el hito y decida si libera el dinero o reduce definitivamente la asignación. Lo esencial políticamente no cambia: una parte de los fondos europeos permanece vinculada a que España resuelva aquello que aseguró haber resuelto en 2021.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>Obadal acabó con la ficción de que la solución española bastaba</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El 14 de abril de 2026 llegó la <a href="https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-social-tribunal-supremo-sala-lo-social-11-5-26-1840741875" rel="noopener" target="_blank">sentencia Obadal, de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE.</a> Y Luxemburgo volvió a señalar el mismo problema. La conversión en indefinido no fijo, las compensaciones previstas al terminar determinadas relaciones, el régimen de responsabilidad de las administraciones y los procesos selectivos que valoran la experiencia previa <strong>no permiten por sí mismos sancionar adecuadamente el abuso ni eliminar las consecuencias de la vulneración del Derecho europeo</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Obadal tampoco ordenó convertir automáticamente en funcionarios de carrera a todos los interinos españoles. Esta precisión es esencial porque alrededor de este asunto se han construido expectativas y titulares que van bastante más allá de lo que dice Luxemburgo. Lo que exige el TJUE es que, si el ordenamiento español impide determinada conversión por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, <strong>España tiene que disponer de otra sanción verdaderamente efectiva, proporcionada y disuasoria</strong>. El problema es que, veinticinco años después del plazo de transposición de la Directiva, seguimos discutiendo cuál es.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Comisión reaccionó dos semanas después de Obadal. El <strong>29 de abril</strong> envió a España un dictamen motivado en el procedimiento <a href="https://commission.europa.eu/about/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law-member-states/multiple-complaints/notice-multiple-complaint-cplt201301917-date-27-may-2026_en" rel="noopener" target="_blank">INFR(2014)4334</a> porque seguía considerando insuficiente la protección de los trabajadores públicos frente al abuso y concedió dos meses para adoptar las medidas necesarias antes de poder llevar el asunto al TJUE.&nbsp; ¿Qué hizo España al vencer ese plazo? <strong>Pidió más tiempo, hasta marzo de 2027.</strong>&nbsp;&nbsp;Ahí resulta difícil seguir hablando simplemente de una herencia recibida.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>Sánchez heredó el problema, pero ya no puede presentarse únicamente como heredero</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018. Es indiscutible que recibió un problema anterior y que Rajoy había incumplido el objetivo comprometido en 2017. También es cierto que durante estos años se ha ejecutado un enorme proceso de estabilización: Óscar López asegura que se han estabilizado <strong>más de 400.000 plazas</strong>, 100.000 por encima del compromiso adquirido con Bruselas, y sostiene que la temporalidad de la Administración General del Estado se ha reducido hasta aproximadamente el 4%.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Eso constituye una parte importante del balance y sería absurdo negarlo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero tampoco permite al Gobierno actual escudarse indefinidamente en el pasado. La Ley 20/2021 es su reforma, el hito 144 es un compromiso adquirido por España bajo su Plan de Recuperación, las sentencias europeas que revelaron la insuficiencia del modelo son conocidas desde 2024, la reversión de los 626,6 millones llegó en julio de 2025, Obadal se pronunció en abril de 2026 y hoy, en septiembre, <strong>la reforma correctora todavía está en preparación</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Resulta especialmente llamativo que Función Pública anuncie ahora la creación de un <strong>sistema de alertas para avisar a los gestores cuando un trabajador temporal se aproxima a los tres años</strong>, cuando el propio Gobierno introdujo en 2021 límites temporales precisamente para impedir la perpetuación de esas relaciones. Cinco años después de aprobar la norma, la Administración diseña el mecanismo informático que debe avisarla de que está llegando al límite que ella misma estableció.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>¿900.000 temporales o 200.000 víctimas de abuso?</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Aquí aparece otra batalla que probablemente será decisiva durante los próximos meses. Función Pública calcula que existen <strong>más de 900.000 empleados públicos temporales</strong>, pero acota a menos de 200.000 quienes estarían afectados por abuso, utilizando fundamentalmente la permanencia superior a tres años y otros criterios para identificar situaciones estructurales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Es imprescindible no cometer el error contrario: 900.000 temporales <strong>no equivalen automáticamente a 900.000 personas en abuso</strong>. Hay sustituciones, bajas, programas temporales y necesidades coyunturales perfectamente legales. Pero tampoco puede establecerse que toda persona que no supere mecánicamente los tres años queda automáticamente fuera del abuso. El Derecho europeo analiza la sucesión real de relaciones, las causas objetivas que las justifican y si el empleo temporal está siendo utilizado para atender necesidades permanentes. Precisamente por eso la determinación del universo afectado está resultando tan conflictiva.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Gobierno sostiene, además, que el problema se concentra en gran medida fuera de la Administración General del Estado. Los datos ofrecidos por Óscar López en el Congreso sitúan la temporalidad alrededor del <strong>4% en la AGE, frente al 38,8% en las comunidades autónomas y el 38,6% en las entidades locales</strong>. Son tasas generales de temporalidad y no porcentajes de abuso jurídicamente acreditado, pero sirven para localizar dónde se concentra buena parte del problema: especialmente sanidad y educación, competencias fundamentalmente autonómicas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y los datos de comienzo de curso demuestran que la cuestión está lejos de desaparecer. Castilla y León, por ejemplo, inicia el curso 2026-2027 con <strong>7.834 vacantes docentes adjudicadas a interinos</strong>, alrededor del 35% de su profesorado según los datos difundidos por CSIF.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>Entonces, ¿quién es responsable?</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La respuesta cambia según qué responsabilidad estemos buscando.&nbsp;<strong>Ante la Unión Europea, el responsable es España.</strong> La transposición de la Directiva, el diseño de una sanción eficaz y el cumplimiento del hito 144 son obligaciones del Estado miembro. Bruselas no suspende 626,6 millones a una consejería de Educación o a un ayuntamiento; los suspende a España. Y hoy la responsabilidad política de presentar una solución nacional recae sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y, específicamente, sobre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>De haber creado y prolongado situaciones concretas de abuso responden las administraciones empleadoras.</strong> Comunidades autónomas, ayuntamientos, servicios de salud, universidades, empresas públicas y también la Administración estatal cuando hayan mantenido personal temporal para necesidades estructurales sin convocar las plazas en tiempo razonable. La propia <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11233" rel="noopener" target="_blank">Ley 20/2021</a> establece que las administraciones son responsables de evitar irregularidades en nombramientos y contratación temporal.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>La responsabilidad histórica es compartida por PP y PSOE.</strong> Rajoy y Montoro prometieron en 2017 llevar la temporalidad al 8% en tres años y no lo consiguieron; Sánchez volvió a comprometer el mismo objetivo, elevó la reforma a condición para recibir fondos europeos y tampoco ha conseguido que Bruselas considere hoy suficientemente sancionado el abuso.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los sindicatos mayoritarios tampoco son espectadores completamente ajenos a esta historia. <strong>CCOO, UGT y CSIF <a href="https://www.hacienda.gob.es/gabineteministro/notas%20prensa/2017/s.%20e.%20funci%C3%93n%20p%C3%9Ablica/29-03-17%20np%20acuerdo%20mejora%20del%20empleo%20publico.pdf" rel="noopener" target="_blank">participaron y firmaron tanto los acuerdos de estabilización de la etapa de Rajoy</a> como el diálogo social que desembocó en la reforma de 2021.</strong> No son quienes legislan, nombran interinos ni responden ante Bruselas y, por tanto, no puede trasladárseles la responsabilidad jurídica de las administraciones, pero sí formaron parte de la arquitectura negociada con la que se pretendió resolver el problema.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>Y los tribunales siguen resolviendo trabajador a trabajador</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Mientras la política busca una solución general, los afectados continúan encontrándose con un auténtico laberinto judicial. El Tribunal Supremo estableció en 2025 que el abuso no convierte automáticamente a un funcionario interino en funcionario de carrera porque se vulnerarían los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Tras Obadal, la Sala de lo Social abrió en mayo de 2026 una vía muy concreta: reconoció la fijeza a una trabajadora laboral del Ayuntamiento de Madrid que había superado previamente un proceso selectivo para personal fijo, aunque no consiguió plaza, y posteriormente padeció contratación temporal abusiva. Para quienes no hayan superado un proceso de esas características, la fijeza general sigue sin reconocerse automáticamente.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y este mismo <strong>2 de septiembre</strong> conocemos otra sentencia del Supremo: una empleada pública indefinida no fija que consiguió voluntariamente una plaza fija en otro centro no tendrá derecho a indemnización por el cese de su puesto anterior, porque el tribunal considera que no existió despido sino una modificación de su relación.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cada nuevo fallo añade una casilla al tablero, pero no sustituye la solución legislativa que lleva años reclamando Europa. España ha conseguido convertir un problema colectivo de organización de las administraciones en <strong>decenas de miles de conflictos individuales en los que cada trabajador debe averiguar qué jurisdicción le corresponde, qué clase de empleado es, cómo accedió, cuántos contratos tuvo, durante cuánto tiempo, qué daño puede demostrar y qué doctrina judicial estaba vigente cuando presentó su demanda</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h3 class="wp-block-heading"><strong>El 31 de agosto ha dejado al Estado frente al espejo</strong></h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Por eso los ceses vinculados al Plan de Recuperación tienen mucha más importancia de la que aparenta una simple disputa administrativa. No prueban que esos trabajadores estuvieran en abuso de temporalidad ni que jurídicamente tuvieran derecho a permanecer. Lo que muestran es la persistencia del problema que el propio Gobierno identificó en 2021: <strong>falta de planificación de los recursos humanos</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El plazo europeo del 31 de agosto se conocía desde hacía años. Las tareas posteriores de justificación y control también eran previsibles. Sin embargo, el criterio jurídico decisivo llegó el 20 de agosto, trabajadores recibieron comunicaciones prácticamente al final de sus vacaciones y, cuando distintos organismos explicaron que seguían necesitándolos, comenzaron las excepciones y prórrogas hasta septiembre o diciembre.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ese episodio proporciona la imagen perfecta de veinticinco años de interinidad española.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Primero se crea una necesidad permanente o previsible. Después se cubre temporalmente. Más tarde se descubre que la temporalidad tiene una fecha límite. Finalmente llega una carrera administrativa para arreglar aquello que podría haberse planificado con años de antelación.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Bruselas no está castigando a España por tener interinos. Está cuestionando que una Administración pueda abusar de ellos sin que exista una consecuencia suficientemente eficaz para quien abusa y una reparación adecuada para quien lo sufre.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Rajoy prometió solucionarlo. Sánchez legisló para solucionarlo. La Comisión llegó a creer que estaba solucionado y después tuvo que retirar su propio aprobado. El TJUE ha desmontado buena parte de las respuestas utilizadas. Hay 626,6 millones pendientes, más de 900.000 temporales, un Gobierno pidiendo hasta marzo de 2027 y administraciones autonómicas que continúan con tasas extraordinariamente elevadas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y ahora tenemos la última paradoja: <strong>el Estado que todavía no sabe cómo sancionar correctamente el abuso de temporalidad necesitó llegar a diez días del final de los fondos europeos para decidir qué hacía con cientos de sus propios interinos.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ese ya no es únicamente un problema laboral.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Es un problema de cómo funciona el Estado.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/9mk438" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/9mk438" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> <strong>02.09.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/">OPINIÓN</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/espana-lleva-25-anos-abusando-de-los-interinos-y-ahora-bruselas-le-bloquea-626-millones-por-no-haberlo-solucionado/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos: si no quieren escucharos como trabajadores, que os teman como votantes</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-si-no-quieren-escucharos-como-trabajadores-que-os-teman-como-votantes/</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El Gobierno Sánchez se da cuenta ahora de la gravedad de la situación tras más de dos décadas de fraude institucional, doce años de expediente europeo, sentencias del TJUE, congelación de fo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">El Gobierno Sánchez se da cuenta ahora de la gravedad de la situación tras más de dos décadas de fraude institucional, doce años de expediente europeo, sentencias del TJUE, congelación de fondos y una generación entera de interinos viviendo en el limbo</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>No deja de tener mérito. Hay quien necesita nueve meses para traer una criatura al mundo. España necesita nueve meses para seguir no trayendo nada. La escena es conocida. La Comisión Europea aprieta. El TJUE sentencia. Bruselas amenaza. El Gobierno promete estudiar. Las comunidades autónomas piden coordinación. Los&nbsp;<strong>jueces&nbsp;</strong>interpretan a la baja. Los sindicatos administran la espera. Y los interinos, como siempre, ponen el cuerpo, la nómina, la ansiedad, la hipoteca imposible, la carrera profesional mutilada y la paciencia de los santos laicos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>España no ha respondido con una solución. Ha respondido con una prórroga. No es Derecho administrativo: es escapismo de salón.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">La patada hacia adelante ya es política de Estado</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Gobierno Sánchez pide ahora tiempo hasta marzo de 2027 para adoptar medidas frente al<strong>&nbsp;abuso de temporalidad</strong>&nbsp;en el sector público y evitar que la Comisión Europea lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Traducido: Bruselas dice “<em>cumpla usted la Directiva 1999/70/CE</em>” y España contesta “<em>un momentito, que estamos mirando”</em>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Mirando llevan desde que algunos interinos hoy cercanos a la jubilación entraron jóvenes a cubrir plazas que eran “temporales” con la misma temporalidad con la que lo son la Sagrada Familia o las obras del AVE o las Rodalíes catalanas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Comisión Europea envió dictámenes motivados el 29 de abril de 2026. España tenía dos meses para responder o corregir. La respuesta ha sido pedir más tiempo. El plazo vencía el 29 de junio. La solución española consiste, una vez más, en transformar el incumplimiento en calendario.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>España no ha creado un remedio efectivo. Ha creado una agenda. Y ahora anuncia una reunión con comunidades autónomas y FEMP para el 8 de julio en Santander. La imagen es perfecta: los responsables del problema se reunirán junto al mar para estudiar cómo se arregla lo que llevan décadas empeorando tierra adentro.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">La indemnización de juguete</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Mientras tanto, los juzgados continúan entregando, en demasiadas ocasiones, indemnizaciones que no reparan: decoran. Cantidades que parecen calculadas no para compensar una vida profesional en abuso, sino para no molestar demasiado al presupuesto.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El TJUE habla de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Habla de eliminar las consecuencias del incumplimiento. Habla de que el indefinido no fijo no basta si mantiene la precariedad. Habla de que las indemnizaciones topadas no parecen adecuadas en todos los casos. Habla de que los procesos selectivos abiertos a cualquiera no reparan específicamente a quien ha sufrido el abuso.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero aquí algunos siguen creyendo que el daño moral de veinte años de provisionalidad se liquida como una maleta perdida: tantos días, tanto salario, gracias por participar.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El resultado es grotesco. La Administración abusa. El trabajador pleitea. El juez reconoce algo parecido al abuso. Y al final la víctima recibe una indemnización que no asusta ni al interventor de un ayuntamiento en crisis. Si una sanción no duele al infractor, no es sanción: es tasa de gestión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>España ha convertido el abuso de temporalidad en un modelo de negocio público. Contrata barato, mantiene precario, pleitea largo, indemniza corto y vuelve a empezar. La Administración ha descubierto el secreto de la explotación moderna: no hace falta látigo si tienes boletín oficial, bolsa de trabajo y silencio administrativo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Los vasallos del expediente</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Durante años se ha vendido al colectivo interino una fábula cuidadosamente envuelta: sois necesarios, pero no imprescindibles; estructurales, pero no fijos; profesionales, pero sospechosos; trabajadores públicos, pero no del todo; europeos para obedecer recortes, españoles para negar derechos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Son los nuevos vasallos del expediente. No están atados a la gleba, sino al nombramiento. No dependen del señor feudal, sino del aplicativo, la bolsa, la convocatoria, el tribunal, la lista provisional, la lista definitiva, la subsanación, el mérito baremado y el BOE de madrugada. Antes el siervo miraba al castillo. Ahora mira al portal del empleado público.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y lo más indignante es que muchos de estos trabajadores no han ocupado un puesto accesorio, coyuntural o accidental. Han sostenido escuelas, hospitales, juzgados, servicios sociales, ayuntamientos y universidades. Han hecho funcionar el Estado mientras el Estado fingía que no existían. Han sido columna vertebral tratada como material desechable.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Bruselas ya no compra el cuento</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Durante años España ha jugado a una gimnasia verbal admirable. Donde había abuso, decía estabilización. Donde había sanción pendiente, decía proceso selectivo. Donde había daño, decía responsabilidad patrimonial. Donde había fraude estructural, decía casos individuales. Donde había Derecho de la Unión, decía Constitución, como si la Constitución fuera un biombo portátil para esconder directivas incumplidas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero el truco se está gastando. La Comisión Europea ya no habla de anécdotas. Habla de infracción. El TJUE ya no se limita a repetir doctrina general. Aterriza en el modelo español y dice que las medidas existentes no parecen servir para sancionar adecuadamente ni para eliminar las consecuencias del abuso.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y Bruselas, además, ha tocado donde más duele: el dinero. La suspensión de fondos europeos por el incumplimiento del hito relativo a la reducción de temporalidad ha demostrado que el problema interino ya no es solo laboral ni administrativo. Es presupuestario, europeo y político.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cuando Europa congela dinero, en Madrid se oye mejor que cuando llora una enfermera interina, una profesora de secundaria o una auxiliar administrativa con veinte años de servicio.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Carne electoral</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y ahora llega la fase inevitable: los interinos se van a convertir en carne electoral. Todos los partidos lo saben. El colectivo es enorme. Está repartido por todo el territorio. Tiene familias, sindicatos, asociaciones, redes, plataformas y una memoria cada vez menos domesticable. Vota. Habla. Se organiza. Y, sobre todo, ha aprendido a desconfiar.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Los partidos empezarán a acercarse con su mejor sonrisa de campaña. Prometerán sensibilidad. Dirán que “entienden el problema”. Propondrán mesas. Firmarán compromisos. Harán fotos con pancartas. Alguno incluso descubrirá la Directiva 1999/70/CE con la emoción con la que un turista descubre la paella en agosto.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero el colectivo debería hacerse una pregunta incómoda: si durante años nadie ha querido representaros de verdad, ¿por qué no os representáis vosotros?</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">¿Y si los interinos se constituyen en partido político?</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La idea suena provocadora solo porque durante demasiado tiempo se ha enseñado a los interinos a pedir permiso incluso para indignarse.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Constituirse en partido político no significa abandonar la vía judicial, sindical o asociativa. Significa añadir una herramienta. Una herramienta que todos entienden. Porque en España se puede perder un recurso, se puede ignorar una sentencia europea, se puede marear un expediente durante años, pero nadie ignora una bolsa de votos organizada en el momento adecuado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Un partido político del&nbsp;<strong>colectivo interino</strong>&nbsp;—o una plataforma electoral con vocación instrumental— tendría varias funciones inmediatas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Primera: obligar a todos los partidos a retratarse. No con frases bonitas, sino con compromisos escritos, fechas, medidas y consecuencias.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Segunda: convertir cada elección autonómica, municipal, estatal o europea en un examen sobre el abuso de temporalidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Tercera: condicionar mayorías donde el voto interino pueda ser decisivo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cuarta: llevar al debate público una verdad que muchos quieren esconder: el problema no es que falten oposiciones; el problema es que la Administración ha usado durante décadas a trabajadores temporales para cubrir necesidades permanentes y ahora pretende que la víctima compita para demostrar que merece no ser expulsada de su propia vida.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Quinta: hacer pedagogía social. Porque el relato oficial ha sido venenoso. Se ha intentado enfrentar al interino con el opositor, al trabajador abusado con el ciudadano, al mérito con la reparación, como si sancionar un fraude institucional fuera regalar plazas en una tómbola.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>No. La cuestión no es regalar nada. La cuestión es impedir que el Estado se beneficie de su propio incumplimiento.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Un partido no para pedir favores, sino para pasar factura</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El partido de los interinos no debería nacer como un club de nostalgia funcionarial ni como una ventanilla de quejas. Debería nacer como una herramienta de defensa democrática del cumplimiento del Derecho de la Unión, de la dignidad del empleo público y de la responsabilidad de las Administraciones.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Un partido así no tendría que prometer el paraíso. Bastaría con prometer algo revolucionario en España: que las sentencias se cumplan, que las directivas se transpongan, que el abuso se sancione, que el daño se repare y que la Administración no pueda seguir haciendo trampas con cargo al boletín oficial.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y si alguien se escandaliza, conviene recordarle una obviedad: constituir un partido político es legal, democrático y bastante más higiénico que seguir mendigando humanidad a quienes llevan años calculando cuánto cuesta no tenerla.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">El miedo cambia de lado</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Durante décadas el miedo ha estado del mismo lado. Miedo a no ser llamado. Miedo a decaer en la bolsa. Miedo a perder el puesto. Miedo a reclamar. Miedo a denunciar. Miedo a que un tribunal convierta veinte años de servicio en una anécdota curricular. Pero el miedo también puede cambiar de lado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Puede empezar a sentirlo quien firma nombramientos abusivos. Quien convoca procesos de estabilización que estabilizan plazas pero expulsan personas. Quien promete en campaña y olvida en el BOE. Quien usa Europa para pedir fondos y luego ignora Europa para cumplir derechos. Quien piensa que el colectivo interino es demasiado disperso, demasiado cansado o demasiado prudente para organizarse políticamente.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ese cálculo puede salir mal. Porque una cosa es tener trabajadores precarios. Otra muy distinta es tener cientos de miles de trabajadores precarios, formados, distribuidos por todo el territorio, expertos en Administración, hartos de ser engañados y conscientes de que su problema ya no es un expediente individual, sino una cuestión de Estado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>España ha fabricado durante décadas su propio sujeto político. Ahora quizá descubra que los vasallos del expediente también votan.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/abc0210" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/abc0210" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> <strong>03.07.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/">OPINIÓN</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-si-no-quieren-escucharos-como-trabajadores-que-os-teman-como-votantes/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos, la tómbola del verano: 165 días en Asturias, 255 en Murcia y una Administración jugando al parchís con derechos laborales</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-la-tombola-del-verano-165-dias-en-asturias-255-en-murcia-y-una-administracion-jugando-al-parchis-con-derechos-laborales/</link>
                        <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El mismo verano puede ser salario en Madrid, limbo en Castilla-La Mancha, promesa en Galicia y espejismo en Canarias. Es difícil imaginar una pedagogía más eficaz para explicar al alumnado q...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">El mismo verano puede ser salario en Madrid, limbo en Castilla-La Mancha, promesa en Galicia y espejismo en Canarias. Es difícil imaginar una pedagogía más eficaz para explicar al alumnado qué significa “desigualdad territorial”: basta con mirar la nómina</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Hay países en los que los derechos laborales se regulan por ley. En España, en cambio, hemos alcanzado una forma administrativa superior: el&nbsp;<strong>rasca y gana autonómico</strong>. Usted puede hacer el mismo trabajo, en el mismo sistema educativo público, con el mismo alumnado, la misma tiza metafórica y la misma ansiedad de bolsa de interinos, pero su derecho a cobrar el verano dependerá de una sofisticada ciencia nacional:&nbsp;<strong>dónde le haya caído la sustitución</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Esto no es un chiste entre enlaces sindicales. Cuenta una arquitectura de inseguridad jurídica perfectamente engrasada. Una docente en Madrid puede cobrar julio y agosto con cinco meses y medio trabajados; otro en Castilla-La Mancha puede encadenar sustituciones durante casi todo el curso y quedarse sin un euro porque acabó el 25 de junio y no el 30. En Asturias bastan 165 días. En Murcia hacen falta 255. En Extremadura, 280. En Galicia y Canarias hay acuerdos, pero sin presupuesto; esa deliciosa modalidad española del “tiene usted derecho, pero hemos olvidado ponerle dinero”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Administración ha inventado así el&nbsp;<strong>derecho laboral de geolocalización</strong>. No importa tanto lo que usted haya trabajado como la comunidad autónoma donde la ruleta presupuestaria haya decidido colocarle. El mismo verano puede ser salario en Madrid, limbo en Castilla-La Mancha, promesa en Galicia y espejismo en Canarias. Es difícil imaginar una pedagogía más eficaz para explicar al alumnado qué significa “desigualdad territorial”: basta con mirar la nómina de su profesor.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La raíz del asunto viene de lejos. Hasta 2011, lo habitual era que el profesorado interino cobrase el verano. Luego llegó la gran escuela española de política pública: llamar “racionalización” a lo que era recorte, “austeridad” a lo que era traslado del coste al trabajador y “gestión eficiente” a convertir a miles de docentes en temporeros de pizarra. El Real Decreto-ley 14/2012 se presentó oficialmente como una norma de racionalización del gasto público educativo, con medidas de austeridad y, entre otras perlas, la posibilidad de retrasar diez días lectivos el nombramiento de sustitutos. (<a href="https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">BOE</a>).</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Desde entonces, cada comunidad ha ido fabricando su pequeño feudo normativo. Y como España tiene una imaginación administrativa que ya quisiera Silicon Valley, el resultado no es una regla general, sino un mosaico de condiciones: días naturales, días laborables, estar activo el 30 de junio, haber tenido vacante, haber cubierto sustitución, haber trabajado en cada trimestre, haber hecho un curso en julio, estar disponible en bolsa, no haberse movido, no haber respirado demasiado fuerte y, por supuesto, haber caído del lado bueno del Excel.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La excusa habitual es que las comunidades tienen competencias educativas. Correcto. Pero una competencia no es una licencia de corso para convertir un derecho laboral en una feria medieval. La descentralización permite adaptar la gestión; no debería permitir que dos docentes con funciones comparables acaben tratados como especies jurídicas distintas. El autogobierno no consiste en que cada consejería diseñe su propia versión del “sálvese quien pueda”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Tribunal Supremo ya tuvo que recordar en 2018 una obviedad que, en un Estado serio, no habría requerido casación: cesar el 30 de junio a docentes interinos nombrados para todo el curso, no pagarles julio y agosto y volver a necesitarlos en septiembre vulnera el principio de no discriminación de la Directiva 1999/70/CE. La Sala lo llamó nulo de pleno derecho. También dejó claro que los motivos presupuestarios no justifican un trato peor para trabajadores temporales frente a funcionarios de carrera. Pero como en otros ejemplos, se lo pasan por el arco del triunfo; es más cuanto más a la derecha los gobernantes, peor es la situación.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero la Administración española es muy obediente cuando quiere y muy creativa cuando le conviene. Si la sentencia protege a quien trabaja todo el curso, entonces se desplaza el problema al sustituto, al que encadena bajas, al que entra en diciembre, al que acaba el 25 de junio, al que suma días como quien cuenta garbanzos antes de llegar a fin de mes. Cumplimos la sentencia, sí, pero solo por la rendija exacta por la que nos han obligado. Lo demás, a la tómbola.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Madrid ofrece el ejemplo perfecto de esta gimnasia. El TSJ madrileño ha condenado recientemente a la Comunidad de Madrid por negar el sueldo de verano a una profesora interina con el argumento de que no estaba activa el 30 de junio, pese a que el acuerdo aplicable solo exigía más de cinco meses y medio trabajados durante el curso. El tribunal vino a decir lo que cualquier lector sin máster en escaqueo presupuestario entendería: si el acuerdo no exige estar activa el 30 de junio, la Administración no puede inventarse el requisito después.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El problema es que todo esto no ocurre en el vacío. Ocurre mientras Bruselas tiene a España bajo lupa por la temporalidad abusiva del sector público. La Comisión Europea ha enviado en abril de 2026 dictámenes motivados a España por dos vías: discriminación de trabajadores temporales del sector público frente a fijos y falta de protección suficiente contra el abuso de contratos sucesivos de duración determinada. Y además, la Comisión siente la presión de decenas de demandas por su inactividad culposa que ya están en el TJUE,</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Traducido del bruselés al castellano: la paciencia se acaba.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y ocurre también después de que el TJUE haya ido desmontando, pieza a pieza, la vitrina española de excusas. La doctrina europea exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias. No basta con poner una indemnización de escaparate, convocar procesos selectivos abiertos a todo el mundo o mantener al trabajador en la categoría de indefinido no fijo si eso perpetúa la precariedad. El propio Tribunal Supremo Social, tras Obadal, reconoce que esas respuestas no sancionan adecuadamente el abuso desde el punto de vista del Derecho de la Unión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La imagen final es demoledora. España no tiene un problema de falta de normas. Tiene demasiadas normas, demasiados parches, demasiados acuerdos, demasiadas excepciones y demasiado funcionario haciendo de carnicero fino con el derecho ajeno. Es la vieja técnica del fuet: se lonchea el problema hasta que cada rodaja parece pequeña. Unos días aquí, una sustitución allá, una fecha de alta, una baja mal colocada, una vacante sobrevenida, una bolsa que no se mueve, un 30 de junio convertido en frontera de Schengen salarial.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El resultado es una nueva afrenta al colectivo interino docente. No porque el artículo revele algo completamente desconocido, sino porque confirma lo peor: la precariedad ya no es una desviación del sistema; es una&nbsp;<strong>metodología de gestión</strong>. La Administración no solo abusa de la temporalidad. La administra, la calibra, la territorializa y la convierte en un mecanismo de ahorro. Y luego, con la solemnidad de quien inaugura una rotonda, llama a eso “ordenación de recursos humanos”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La pregunta ya no es si los interinos deben cobrar el verano. La pregunta es más incómoda: ¿cuántas sentencias, dictámenes europeos, condenas autonómicas y tablas comparativas hacen falta para admitir que el Estado ha construido una lotería laboral con apariencia de legalidad?</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Porque cuando un docente necesita 165 días en un territorio y 255 en otro para generar el mismo derecho, no estamos ante diversidad autonómica. Estamos ante una Administración que ha confundido el Estado compuesto con el&nbsp;<strong>mercadillo de derechos fundamentales</strong>. Y, como siempre, el tenderete lo paga el mismo: el trabajador temporal que sostiene el servicio público mientras el sistema le explica, con una sonrisa institucional, que este verano tampoco entra en nómina.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/p1f422" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/p1f422" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> <strong>01.07.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/">OPINIÓN</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-la-tombola-del-verano-165-dias-en-asturias-255-en-murcia-y-una-administracion-jugando-al-parchis-con-derechos-laborales/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos: el Gobierno Sánchez pide clemencia a Bruselas</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-el-gobierno-sanchez-pide-clemencia-a-bruselas/</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El Gobierno esquiva las sanciones europeas pidiendo tiempo hasta 2027, mientras el Tribunal Supremo veta la fijeza automática y traslada la presión fiscal a unas comunidades asfixiadas por l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">El Gobierno esquiva las sanciones europeas pidiendo tiempo hasta 2027, mientras el Tribunal Supremo veta la fijeza automática y traslada la presión fiscal a unas comunidades asfixiadas por la temporalidad sanitaria y educativa.</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El reloj de la burocracia comunitaria marcaba la medianoche cuando expiró, de forma silenciosa, el último ultimátum de la Comisión Europea a España. Doce años después de que Bruselas abriera un procedimiento de infracción por el encadenamiento abusivo de contratos en el sector público, el Gobierno central ha decidido jugar la carta de la dilación temporal en lugar de ejecutar una cirugía legislativa de urgencia. En una respuesta enviada a contrarreloj, el Ministerio de Función Pública ha solicitado formalmente una prórroga hasta marzo de 2027 para articular medidas correctoras y diseñar las compensaciones económicas destinadas a los cientos de miles de trabajadores afectados. Es una maniobra de alta geometría política que busca evitar que las autoridades comunitarias eleven una demanda inmediata ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un escenario que, a medio plazo, amenaza con sepultar las arcas públicas españolas bajo un alud de multas coercitivas millonarias.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La estrategia de Madrid consiste en ganar oxígeno político para tejer un consenso normativo que se presenta sumamente complejo. Para coordinar esta respuesta, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado de urgencia a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión clave el próximo 8 de julio en Santander. Este encuentro marcará el inicio real del grupo de trabajo autonómico, donde el Ejecutivo central exigirá aportaciones legislativas que esquiven el verdadero nudo gordiano del conflicto: la reciente y tajante&nbsp;<strong>sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo</strong>. El Alto Tribunal ratificó la imposibilidad constitucional de convertir en fijos a los empleados temporales sin superar una oposición, cerrando la vía de la estabilización directa pero abriendo, en paralelo, una peligrosa compuerta hacia indemnizaciones masivas por el abuso sistemático de la interinidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">El agujero negro de las competencias autonómicas</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El análisis de la distribución de la interinidad revela que el corazón del problema no late en los ministerios de Madrid, sino en las capitales autonómicas. Mientras que la Administración General del Estado exhibe una tasa de temporalidad residual del 4,7%, las comunidades autónomas se enfrentan a un auténtico colapso estructural con una media del 40% de puestos precarios. El Ejecutivo central ha justificado su petición de tiempo ante Bruselas argumentando la necesidad de realizar un censo fidedigno de los afectados y evaluar el impacto financiero del criterio indemnizatorio fijado por el Supremo. El verdadero drama presupuestario se localiza en los pilares del Estado del bienestar:&nbsp;<strong>la temporalidad en la educación alcanza el 40% y en la sanidad trepa hasta un alarmante 43%</strong>, lo que convierte cualquier esquema de compensación económica en un desafío directo a la estabilidad financiera regional.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Frente al optimismo del Gobierno, que confía en que la prórroga paralice la maquinaria sancionadora europea, los representantes legales de los trabajadores públicos precarizados dibujan un panorama mucho más sombrío. Desde los entornos jurídicos que impulsaron el procedimiento de infracción original en 2014, se sostiene que una reciente reforma de la gobernanza europea impide a la Comisión conceder más moratorias a España, lo que obligaría a las autoridades de Bruselas a actuar de forma punitiva e inmediata. Aunque fuentes gubernamentales replican que dicha restricción normativa aún se encuentra en fase de negociación con el resto de los Estados miembros y carece de vigencia práctica, la vulnerabilidad jurídica del Reino de España ante el&nbsp;<strong>Tribunal de Justicia de la UE</strong>&nbsp;es máxima, especialmente tras los varapalos judiciales sufridos en los últimos dos años.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">El fracaso de las recetas del Plan de Recuperación</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Este nuevo laberinto normativo representa el naufragio de los sucesivos parches legales ensayados por distintas administraciones españolas durante más de una década. Conviene recordar que los procesos masivos de estabilización de plazas aprobados en los últimos años no solo pretendían calmar los ánimos en la Eurozona, sino que fueron un requisito imprescindible pactado dentro del plan de recuperación español para desbloquear el desembolso de los fondos europeos derivados de la pandemia. Aunque en un primer momento la Comisión Europea dio por buenas aquellas reformas, el propio TJUE dictaminó que las medidas implementadas eran del todo insuficientes para atajar el fraude. Ese revés judicial obligó al Ejecutivo comunitario a descalificar sus propios análisis previos y a reactivar de forma fulminante los expedientes sancionadores que hoy amenazan al país.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La disputa entra ahora en una fase donde la parálisis administrativa choca frontalmente con la fatiga social de un colectivo de interinos que sostiene el funcionamiento diario de hospitales, colegios y juzgados. Los dictámenes motivados de Bruselas son tajantes al exigir que España erradique las condiciones laborales discriminatorias en el empleo público e impida de una vez por todas el uso abusivo de los contratos de duración determinada. Sin embargo, atrapado entre las exigencias de ejemplaridad que llegan de Europa y el blindaje constitucional del acceso a la función pública dictado por el Supremo, el Gobierno español ha optado por el único camino que domina la política contemporánea: comprar tiempo. La cita en Santander determinará si las autonomías asumen el coste de la factura o si el Estado español se encamina hacia una condena histórica en Luxemburgo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/e74034https://acorta.net/wp/go/e74034" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/e74034https://acorta.net/wp/go/e74034" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> <strong>30.06.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/">OPINIÓN</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-el-gobierno-sanchez-pide-clemencia-a-bruselas/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Ganar tiempo no es cumplir: la prórroga que el Gobierno pedirá a Bruselas sobre el abuso de temporalidad</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/ganar-tiempo-no-es-cumplir-la-prorroga-que-el-gobierno-pedira-a-bruselas-sobre-el-abuso-de-temporalidad/</link>
                        <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A propósito del vencimiento, el 29 de junio de 2026, del dictamen motivado de la Comisión Europea sobre el abuso de temporalidad en el empleo público



Marcos Peña Molina — Doctor en Derech...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading"><strong><em>A propósito del vencimiento, el 29 de junio de 2026, del dictamen motivado de la Comisión Europea sobre el abuso de temporalidad en el empleo público</em></strong></h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong><a href="https://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/la-fijeza-tras-obadal-el-tribunal-supremo-reordena-el-mapa-del-abuso-en-la-temporalidad-publica-1.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marcos Peña Molina —</a></strong><em> Doctor en Derecho Administrativo. Profesor de Derecho Constitucional (Universidad Loyola Andalucía). Abogado especialista en Derecho administrativo. Cofundador y CEO de CASIA Legal.</em></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Existe una forma muy española de administrar el incumplimiento que consiste en confundir el calendario con la ley. Se incumple una obligación, se agota el plazo concedido para corregirla y, llegado el vencimiento, en lugar de cumplir se solicita más tiempo para seguir explicando por qué todavía no se ha cumplido.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Esa es, en esencia, la noticia que hoy nos ocupa: vencido el 29 de junio de 2026 el plazo que la Comisión Europea concedió a España para poner fin al abuso en la contratación temporal del sector público, el Gobierno —según las fuentes conocedoras del expediente— no resolverá el problema, sino que presentará alegaciones ante Bruselas con el propósito de ganar margen antes de que la Comisión adopte medidas más duras. Conviene decirlo con claridad desde el principio: ganar tiempo no es cumplir.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>1. La cronología de un incumplimiento anunciado</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El expediente no es nuevo ni reciente. El procedimiento de infracción se remonta a 2015, cuando la Comisión advirtió por primera vez de la insuficiencia de las reformas españolas a la luz de la Directiva 1999/70/CE. En octubre de 2024 llegó una nueva carta de emplazamiento. Y el 29 de abril de 2026, Bruselas dio un paso decisivo al remitir al Gobierno un dictamen motivado —el segundo y penúltimo escalón del procedimiento, el inmediatamente anterior a la denuncia ante el Tribunal de Justicia—, concediendo el habitual plazo de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. Ese plazo vence precisamente hoy.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El telón de fondo es, además, presupuestario. España mantiene retenidos 626 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación por el reproche a la alta temporalidad, cantidad congelada desde el quinto pago a la que se sumaron otros importes vinculados al impuesto al diésel y a la digitalización de las entidades locales, hasta rondar los 1.100 millones bloqueados. No estamos, por tanto, ante una disputa académica sobre la interpretación de una cláusula, sino ante un conflicto con consecuencias económicas tangibles y crecientes.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>2. Lo que el Gobierno pondrá sobre la mesa: alegaciones, no soluciones</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La defensa del Ejecutivo es conocida y, en lo cuantitativo, no carece de fundamento: se han estabilizado más de 419.000 plazas, superando ampliamente el objetivo inicial de 300.000, con una media superior a las 32.000 plazas de empleo público convocadas anualmente entre 2018 y 2025. Son cifras notables que reflejan un esfuerzo real de reducción de la interinidad.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El problema es que responden a la pregunta equivocada. La Comisión no cuestiona los resultados agregados de la estabilización, sino la eficacia real de las medidas y su capacidad para prevenir y sancionar el abuso. Y aquí conviene no confundir dos planos que el discurso oficial tiende a solapar: una cosa es reducir la tasa de temporalidad hacia el futuro —que es lo que hacen los procesos de estabilización— y otra muy distinta es sancionar y reparar el abuso ya consumado en quienes encadenaron nombramientos durante diez, quince o veinte años. Un proceso selectivo abierto a terceros no garantiza que la víctima del abuso obtenga la plaza; por definición, no puede operar como sanción de ese abuso. Reducir la temporalidad futura no es lo mismo que reparar la pasada, y es esta segunda exigencia la que el ordenamiento español sigue sin satisfacer.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>3. Mientras el Ejecutivo pide tiempo, los tribunales ya han dictado sentencia</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Lo paradójico de la situación es que, mientras el Gobierno solicita más tiempo, el poder judicial —nacional y europeo— ya ha resuelto. Y lo ha hecho en sentido demoledor para la tesis oficial.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La STJUE de la Gran Sala de 14 de abril de 2026, asunto C-418/24, Obadal, examinó una por una las piezas con que España venía presentando como suficiente su respuesta al abuso —la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones tasadas, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones y los procesos de estabilización abiertos— y las declaró, en su conjunto, no conformes con la cláusula 5 del Acuerdo Marco. No impone Luxemburgo una fijeza automática y universal, pero sí desmonta el catálogo entero de salidas que el Estado había dispuesto sobre la mesa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Apenas un mes después, el Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo, en su Sentencia 475/2026, de 11 de mayo —que tuve ocasión de analizar en estas mismas páginas—, recogió el guante: abandonó el indefinido no fijo como respuesta general al abuso, abrió la puerta a la fijeza para quienes hubieran superado un proceso selectivo previo de personal fijo, construyó un sistema indemnizatorio dual y articuló una vía sancionadora mediante la remisión de testimonio a la Inspección de Trabajo. Sea cual sea el juicio que merezca cada una de esas soluciones —y algunas, como la indemnización mínima orientada en la LISOS, me suscitan reservas técnicas que ya he expresado—, lo relevante a estos efectos es el contraste institucional: los tribunales han reordenado el mapa del empleo público temporal mientras el legislador y el Ejecutivo siguen pidiendo prórroga. La asimetría es elocuente.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>4. El problema de fondo: el tiempo no cura la ausencia de medida</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Conviene desactivar el equívoco central. Aunque la Comisión accediera a conceder ese margen adicional —algo que no puede descartarse, pues la negociación con los Estados miembros admite siempre cierta flexibilidad—, la prórroga compraría aire procedimental, no cumplimiento material. La cláusula 5 del Acuerdo Marco exige a los Estados disponer de una medida efectiva para prevenir y, en su caso, sancionar el uso abusivo de la contratación temporal sucesiva, con los caracteres de proporcionalidad, eficacia y disuasión que el Tribunal de Justicia reclama desde Santoro (C-494/16). El tiempo no es una medida. Un plazo más largo no introduce en el ordenamiento la sanción disuasoria que hoy falta; sólo aplaza el momento de constatar su ausencia.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y es que el incumplimiento español no es de ritmo, sino estructural y normativo. No se trata de que España vaya con retraso en la aplicación de una regla que ya tiene; se trata de que carece de la regla. La mejor prueba la ofrece, involuntariamente, el propio Tribunal Supremo: si ha tenido que construir pretorianamente, sentencia a sentencia, todo un régimen de reparación del abuso, es precisamente porque el legislador no lo ha hecho. La suplantación del legislador por el juez no es una virtud del sistema, sino el síntoma de su disfunción.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>5. La dimensión institucional: un poder que conoce su obligación y no la ejecuta</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Aquí asoma el problema de fondo, que excede con mucho la técnica del empleo público. La reforma que tanto Obadal como la STS 475/2026 reclaman no puede hacerla un tribunal: exige una ley, y una ley exige un Parlamento que legisle. La parálisis legislativa —ese cerrojo que en otro lugar he descrito a propósito de la Mesa del Congreso— convierte la solicitud de prórroga ante Bruselas en algo más que una maniobra dilatoria: la convierte en la confesión de que el sistema institucional no está produciendo la norma que necesita.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>No es casual que la teoría del Estado de partidos de García-Trevijano resuene con tanta nitidez en este expediente. Cuando el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria se confunden en un mismo bloque de voluntad, la división de poderes se difumina y el ciudadano agraviado encuentra su único amparo en los tribunales —y, cada vez más, en los de Luxemburgo—. El fenómeno de los interinos es un manual de caso: el Estado, como empleador, abusa; el Estado, como legislador, no corrige; y el remedio, cuando llega, viene de fuera.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Resulta significativo, en este sentido, que sean los propios colectivos de interinos quienes se dirijan directamente a Bruselas y a la Vicepresidenta Ejecutiva para Derechos Sociales y Capacidades, Roxana Mînzatu, bajo lemas como «fijeza ya» o «basta de ceses». Que el afectado por el abuso confíe más en la Comisión Europea que en su propio legislador nacional es, en sí mismo, un diagnóstico del estado de nuestra arquitectura institucional.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>6. Una valoración personal</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Gobierno puede pedir tiempo. Bruselas podrá incluso concedérselo. Pero el plazo que de verdad importa no es el administrativo que hoy vence, sino el que el Tribunal de Justicia ya impuso al modelo mismo, y ese no admite alegaciones. El abuso de temporalidad no persiste porque se ignore la obligación de corregirlo —está nítidamente identificada en la Directiva, en la jurisprudencia europea y, ya, en la del propio Supremo—, sino porque el poder que debe ejecutarla no la ejecuta. Y de los muchos déficits que un Estado de Derecho puede permitirse, ese —el de un poder que conoce su deber y elige no cumplirlo— es seguramente el menos disculpable.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/m6j040" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/m6j040" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.lawandtrends.com</a> <strong>30.06.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/">OPINIÓN</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/ganar-tiempo-no-es-cumplir-la-prorroga-que-el-gobierno-pedira-a-bruselas-sobre-el-abuso-de-temporalidad/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos: Sánchez ya tiene sobre la mesa las líneas rojas innegociables</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-sanchez-ya-tiene-sobre-la-mesa-las-lineas-rojas-innegociables/</link>
                        <pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cualquier ley sobre temporalidad pública deberá cumplir estrictamente la sentencia Obadal del TJUE



La política española vuelve a enfrentarse a uno de esos momentos en los que el margen de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Cualquier ley sobre temporalidad pública deberá cumplir estrictamente la sentencia Obadal del TJUE</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La política española vuelve a enfrentarse a uno de esos momentos en los que el margen de maniobra desaparece. No por voluntad interna, sino por imposición externa. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto&nbsp;<strong>Obadal</strong>&nbsp;ha convertido lo que durante años fue una anomalía tolerada (el abuso de temporalidad en el sector público)&nbsp;en una&nbsp;<strong>obligación jurídica inaplazable</strong>. Y en ese nuevo escenario, los empleados públicos temporales han decidido dar un paso más: fijar sus propias condiciones.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El documento registrado en el Congreso bajo el título&nbsp;<strong>“Líneas Rojas Innegociables”</strong>&nbsp;no es una propuesta más en el debate. Es, en realidad, un aviso político en toda regla. Dirigido al&nbsp;<strong>Grupo Parlamentario Socialista</strong>, establece los mínimos que cualquier reforma deberá cumplir si el Gobierno quiere evitar un choque frontal no solo con Europa, sino con cientos de miles de trabajadores que sostienen servicios esenciales.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El momento no es casual. Llega semanas después de que Luxemburgo volviera a señalar a España con una claridad poco habitual. La sentencia Obadal no deja espacio para interpretaciones complacientes:&nbsp;<strong>las soluciones adoptadas hasta ahora no sirven</strong>. Ni el indefinido no fijo, ni las indemnizaciones tasadas, ni los procesos de estabilización tal y como se han diseñado. Todo ese edificio jurídico, construido durante años para contener el problema sin resolverlo, ha sido cuestionado de raíz.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El mensaje europeo es tan simple como incómodo: el abuso debe ser sancionado y sus consecuencias eliminadas. No mitigadas. No maquilladas. Eliminadas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ahí es donde el debate deja de ser técnico y se convierte en político. Porque cumplir con Europa implica asumir costes internos que ningún Gobierno ha querido afrontar hasta ahora. Significa reconocer que el Estado ha utilizado durante décadas a trabajadores temporales para cubrir necesidades estructurales. Y que esa práctica no fue una excepción, sino un modelo de gestión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Las organizaciones de temporales lo expresan sin ambigüedades. No piden ajustes, piden una solución integral.&nbsp;<strong>Incluir a todos los colectivos afectados, reparar el daño sufrido y establecer sanciones reales a las administraciones incumplidoras</strong>. Es, en esencia, una enmienda a la totalidad del sistema actual.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El problema para el Ejecutivo es que ya no puede responder con fórmulas intermedias. “<strong>No hay margen para soluciones parciales</strong>”, advierte el abogado Javier Araúz. Y no es una advertencia retórica. Es una lectura directa del fallo europeo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Durante años, el&nbsp;<strong>Gobierno Sánchez</strong>,como antes otros ejecutivos de PSOE y PP,&nbsp;&nbsp;ha intentado gestionar la temporalidad como un problema administrativo. Reducir porcentajes, convocar procesos de estabilización, ofrecer indemnizaciones limitadas. Medidas que permitían ganar tiempo sin alterar el fondo del sistema. Pero ese tiempo se ha agotado.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Comisión Europea ha dado un paso más al emitir un&nbsp;<strong>dictamen motivado contra España</strong>, antesala de un posible recurso ante el TJUE. Es el lenguaje formal de Bruselas para decir que la paciencia se ha terminado. Y que, si no hay cambios reales, habrá consecuencias.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Entre ellas, una especialmente sensible: el riesgo de perder&nbsp;<strong>625 millones de euros en fondos europeos</strong>. En un momento en que la economía española sigue dependiendo en parte de esos recursos, el coste de no actuar deja de ser solo jurídico o político para convertirse en económico.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Este elemento introduce una dimensión adicional al conflicto. Ya no se trata solo de derechos laborales o de cumplimiento normativo. Se trata de la&nbsp;<strong>credibilidad del Estado español en el marco europeo</strong>. De su capacidad para cumplir compromisos y adaptar su legislación a las exigencias comunitarias.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En paralelo, el Gobierno se enfrenta a un dilema interno de gran calado. Cualquier solución que cumpla estrictamente con los criterios europeos puede generar tensiones en otros frentes: desde el acceso a la función pública hasta el equilibrio presupuestario o la reacción de otros colectivos. Es, en esencia, un problema sin salida cómoda.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Por un lado, no actuar o hacerlo de forma insuficiente implica enfrentarse a sanciones europeas y a un deterioro de la imagen institucional. Por otro, aplicar una solución estructural puede abrir un debate político interno de enorme intensidad. En este contexto, el documento de “Líneas Rojas” actúa como catalizador. No solo fija demandas, sino que redefine el marco del debate. Ya no se discute si hay que actuar, sino&nbsp;<strong>cómo hacerlo sin incumplir Europa</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y esa es la clave. Porque la sentencia Obadal ha cambiado las reglas del juego. Ha trasladado el problema desde el terreno de la discrecionalidad política al de la obligación jurídica. Ha convertido una cuestión que podía posponerse en una que debe resolverse.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Parlamento, en teoría, es el espacio donde se decidirá esa respuesta. Pero la iniciativa corresponde al Gobierno. Y ahí es donde la presión se concentra.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Sánchez se enfrenta a una decisión que trasciende este caso concreto. Es una prueba de cómo su Ejecutivo gestiona los conflictos estructurales: si opta por soluciones de fondo o por estrategias de contención. Hasta ahora, la tendencia ha sido la segunda. Pero el margen para repetir esa fórmula es cada vez menor. Porque el problema de la temporalidad pública no es nuevo. Lleva más de dos décadas gestándose. Lo que es nuevo es el contexto en el que debe resolverse: con una Europa vigilante, una justicia europea cada vez más contundente y una presión social creciente.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En ese escenario, las palabras de Araúz resumen la dimensión del momento: “<strong>No es una opción política. Es una obligación jurídica, social, moral y democrática</strong>”. Es difícil encontrar una definición más precisa de lo que está en juego. No se trata solo de regularizar situaciones laborales. Se trata de corregir una anomalía estructural del Estado. De redefinir la relación entre administración y empleo público. Y de hacerlo bajo la mirada de Europa. El tiempo de las soluciones parciales ha terminado. Y con él, una forma de hacer política basada en posponer los problemas. Ahora, el margen es otro. Más estrecho. Más exigente. Y, sobre todo, más visible. Porque esta vez, a diferencia de otras,&nbsp;<strong>no decidir también tiene consecuencias</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/3r51088" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/3r51088" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> <strong>29.06.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/">OPINIÓN</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-sanchez-ya-tiene-sobre-la-mesa-las-lineas-rojas-innegociables/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos: el Gobierno está desactivando la sentencia Obadal</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-el-gobierno-esta-desactivando-la-sentencia-obadal/</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[España no ha resuelto el abuso de temporalidad: lo está loncheando para que no se le atragante Obadal



España no está aplicando la sentencia Obadal. La está cortando en rodajas. Finas, man...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">España no ha resuelto el abuso de temporalidad: lo está loncheando para que no se le atragante Obadal</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>E<strong>spaña </strong>no está aplicando la sentencia Obadal. La está cortando en rodajas. Finas, manejables, administrativamente digeribles. Como un fuet en la mesa de una comida familiar incómoda: nadie se atreve a tirar la pieza entera a la basura, pero todos intentan que, loncha a loncha, desaparezca sin escándalo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Esa es la gran técnica institucional española ante el abuso de temporalidad en el empleo público. No resolver el problema. Filetearlo. Separarlo. Clasificarlo. Trocearlo hasta que deje de parecer un conflicto estructural de Estado y se convierta en una suma de pequeños supuestos jurídicos, cada uno con su puerta cerrada, su ventanilla propia y su funcionario diciendo: “lo suyo no va por aquí”.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Obadal fue un golpe seco. Luxemburgo dijo, con la cortesía propia de quien lleva años explicando lo mismo a un alumno que mira por la ventana, que las medidas españolas no sirven para sancionar debidamente el abuso ni para eliminar sus consecuencias. El indefinido no fijo es una chapuza. Las indemnizaciones tasadas, pero pequeñas, no bastan. Los procesos selectivos tardíos son un fraude. La responsabilidad abstracta de la Administración tampoco es suficiente. Dicho en lenguaje no europeo: el truco ya huele.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pero España tiene una especialidad histórica: cuando no puede negar una realidad, la trocea.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Primera loncha: laborales por un lado, funcionarios interinos por otro, estatutarios un poco más allá, docentes en otra bandeja y sanitarios esperando turno en cámara frigorífica. Para Luxemburgo, un trabajador abusado es un trabajador abusado. Para el sistema español, en cambio, cada categoría permite abrir una nueva caja de excusas. Si eres laboral, quizá. Si eres funcionario interino, cuidado. Si eres estatutario, ya veremos. Si eres docente, depende. Si eres de una administración autonómica, pregunte en otra planta.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Segunda loncha: los que superaron proceso selectivo y los que no. Esta es la rodaja estrella tras la reacción del Supremo. La Sala Social ha encontrado una salida elegante: fijeza sí, pero solo para quienes puedan enseñar una especie de certificado de pureza selectiva. Si aprobaste un proceso para plaza fija, aunque no obtuvieras plaza, y después la Administración te tuvo años en temporalidad abusiva, puedes entrar en la zona templada del sistema. Si no, pase usted al pasillo de las indemnizaciones, daños morales, prueba del perjuicio, paciencia procesal y demás deportes extremos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de junio encaja perfectamente en esa lógica. Trabajadora municipal, contratos temporales desde 1995, proceso selectivo superado en 2022 sin plaza y, finalmente, fijeza. En apariencia, avance. En realidad, loncha cuidadosamente calibrada. No se reconoce el problema entero; se reconoce una porción: la del temporal abusado que además puede demostrar que ya pasó por el rito selectivo correcto. Como si el abuso solo fuese jurídicamente visible cuando viene con sello, compulsa y boletín.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Tercera loncha: lo social frente a lo contencioso. Aquí el fuet se corta con navaja de Albacete. La Sala Social se permite abrir una rendija para el personal laboral. La Sala Tercera mantiene el portón con candado constitucional. Resultado: el mismo abuso puede tener tratamientos distintos según la jurisdicción que toque. El trabajador no solo debe probar que fue abusado; debe tener la suerte procesal de haber sido abusado en la categoría adecuada.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cuarta loncha: fijeza o indemnización. El Derecho de la Unión exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias. España traduce eso como: vamos a ver cuánto cuesta que el problema se calle. La indemnización aparece así como el precio administrativo de haber usado personas durante años para cubrir necesidades estructurales sin reconocerles estabilidad. No es sanción; es contabilidad emocional. Una especie de “disculpe las molestias” con membrete público.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Quinta loncha: estabilización contra abuso. Esta es especialmente fina, casi transparente. Se vende la estabilización como remedio, aunque muchas veces estabiliza plazas, no personas; reduce estadísticas, no necesariamente daños; ordena plantillas, no sanciona a quien abusó. La Administración crea el incendio, convoca un simulacro de evacuación y luego presume de haber comprado extintores.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Sexta loncha: Bruselas. La Comisión Europea ha dado a España dos meses para responder a los dictámenes motivados sobre temporalidad pública. Traducido: Europa vuelve a preguntar por qué el jamón sigue colgado en la misma despensa después de tantos informes diciendo que estaba caducado. España, previsiblemente, contestará con su repertorio habitual: reformas, porcentajes, procesos, estabilizaciones, mejoras, compromisos, grupos de trabajo y alguna tabla Excel que reduzca el abuso por columnas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El problema es que Bruselas ya no mira solo la etiqueta. Mira el contenido. Y el contenido sigue siendo el mismo: cientos de miles de personas sosteniendo servicios públicos durante años en situación precaria, mientras el Estado convierte su propio incumplimiento en una oposición permanente para la víctima.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Séptima loncha: la jubilación parcial y los relevos. Mientras Europa pregunta cómo se corta el abuso anterior, España ya prepara cuchillo para el siguiente. Las nuevas reglas sobre jubilación flexible y parcial pueden generar necesidades de cobertura, relevos y sustituciones. Nada de eso es ilícito por sí mismo. Pero en un país con la trayectoria española en temporalidad pública, cada mecanismo de cobertura temporal debería venir con luces de emergencia. Porque aquí todo contrato temporal nace inocente y algunos envejecen hasta tener derecho a nietos.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La teoría del fuet explica mejor que muchas notas jurídicas lo que está ocurriendo. El Estado no niega frontalmente Obadal. Sería demasiado burdo incluso para nuestros estándares. Hace algo más sofisticado: lo absorbe por porciones. A unos les dice que sí, pero solo si aprobaron. A otros que no, porque son funcionarios. A otros que esperen a Bruselas. A otros que pidan indemnización. A otros que acrediten el daño. A otros que ya hubo estabilización. A otros que su plaza salió. A otros que su caso es distinto. Siempre distinto. Siempre individual. Nunca estructural.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y ahí está la clave política y jurídica: el abuso fue masivo, pero la reparación se administra en monodosis. El incumplimiento fue sistémico, pero la respuesta se sirve en lonchas. La Administración convirtió la temporalidad en modelo de gestión; ahora pretende convertir la reparación en trámite artesanal.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Obadal no rompió el sistema. Lo obligó a enseñar la máquina cortadora.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Y la máquina funciona con precisión admirable. Corta derechos en lonchas, distribuye expectativas por bandejas, envasa el conflicto al vacío y lo etiqueta con palabras tranquilizadoras: mérito, capacidad, seguridad jurídica, planificación, sostenibilidad, estabilidad presupuestaria. Todo muy higiénico. Todo muy institucional. Todo muy español.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El problema es que el fuet, por muy fino que se corte, sigue siendo fuet. Y el abuso, por mucho que se lonchee, sigue siendo abuso.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/tzn011" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/tzn011" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> <strong>25.06.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/">OPINIÓN</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-el-gobierno-esta-desactivando-la-sentencia-obadal/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Interinos: &quot;El Gobierno que dice ser el más social de la historia debe decidir si quiere cumplir con Europa o seguir acumulando reproches del TJUE&quot;</title>
                        <link>https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-el-gobierno-que-dice-ser-el-mas-social-de-la-historia-debe-decidir-si-quiere-cumplir-con-europa-o-seguir-acumulando-reproches-del-tjue/</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bruselas fijó el 29 de junio como fecha límite para que el Gobierno corrija el abuso de temporalidad en el sector público, pero la tasa cuadruplica el objetivo comprometido y miles de emplea...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<!-- wp:heading -->
<h5 class="wp-block-heading">Bruselas fijó el 29 de junio como fecha límite para que el Gobierno corrija el abuso de temporalidad en el sector público, pero la tasa cuadruplica el objetivo comprometido y miles de empleados siguen sin una reparación efectiva</h5>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Hay una cifra que lo resume todo:&nbsp;<strong>999.738 empleados públicos en España trabajan hoy en régimen de temporalidad</strong>. Son casi un millón de personas que sostienen hospitales, colegios y administraciones con contratos que no les garantizan la continuidad, en un país que lleva años prometiendo a Bruselas que va a resolver este problema y que llega al límite del plazo europeo sin haberlo hecho. El 29 de junio vence la última oportunidad que la Comisión Europea ha concedido a España para corregir una anomalía que ya no admite más dilaciones, y el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene respuesta preparada.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La magnitud del fracaso es difícil de disimular con tecnicismos.&nbsp;<strong>La tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas se sitúa en el 32,2%</strong>, según los datos de la última Encuesta de Población Activa de 2025, lo que significa que casi una de cada tres personas que trabajan en el sector público lo hace sin estabilidad real. El compromiso adquirido por España ante la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, era reducir esa tasa por debajo del 8% antes del 31 de diciembre de 2024. Han pasado más de seis meses desde ese vencimiento y el indicador apenas se ha movido. La distancia entre la promesa y la realidad es de más de cuatro veces el objetivo comprometido.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Una estabilización que estabilizó plazas pero no personas</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Javier Araúz, uno de los abogados que está litigando en España y Europa,&nbsp;lo ha dejado muy claro:&nbsp;<strong>los procesos de estabilización impulsados por el Gobierno Sánchez&nbsp;al amparo de la Ley 20/2021 estabilizaron plazas, pero no a las personas que las venían ocupando durante años</strong>. La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre resolver un problema estructural y maquillarlo con una convocatoria que abre las puertas a otros aspirantes mientras deja en la calle a quienes habían sostenido esos puestos durante lustros.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Según&nbsp;datos oficiales, se estima que entre&nbsp;<strong>67.000 y 90.000 empleados públicos temporales pudieron perder su empleo</strong>&nbsp;como consecuencia directa de estos procesos de estabilización, sin contar los ceses derivados de ofertas anteriores. Son cifras que el propio Gobierno Sánchez no puede desmentir con precisión porque, y esto resulta especialmente revelador,&nbsp;<strong>nunca ha publicado un registro oficial de interinos cesados</strong>&nbsp;por estos procedimientos. La opacidad sobre el alcance real del problema es, en sí misma, parte del problema.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Detrás de cada número hay una historia concreta: la enfermera que llevaba doce años cubriendo una plaza estructural en urgencias y que no superó la oposición abierta a todos los candidatos, el administrativo municipal que dedicó dos décadas a un servicio público y que vio cómo su puesto era ocupado por alguien sin su experiencia pero con mejor nota en un examen puntual.&nbsp;<strong>La Administración absorbió durante años su trabajo sin ofrecerles la estabilidad que merecían, y después los cesó sin una reparación equivalente al daño causado.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">Amenaza sobre los fondos europeos</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>La Comisión Europea no ha llegado a este punto sin haber advertido antes. España ha recibido requerimientos explícitos para que adopte medidas efectivas contra el uso abusivo de relaciones temporales sucesivas en el sector público y contra la discriminación que sufren los empleados interinos frente a los funcionarios de carrera. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha cuestionado en reiteradas ocasiones la suficiencia de las medidas adoptadas por España, y Bruselas ha dejado claro que si el Estado no corrige la situación antes del 29 de junio, el expediente puede volver al TJUE con consecuencias más severas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>A esa amenaza jurídica se suma una consecuencia económica directa y tangible:&nbsp;<strong>más de 625 millones de euros de fondos europeos están en riesgo</strong>&nbsp;si España no acredita un cumplimiento real de los compromisos asumidos. Son recursos que podrían destinarse a reforzar precisamente los servicios públicos que estos trabajadores temporales han estado sosteniendo durante años. La paradoja es perfecta y devastadora: el incumplimiento de las obligaciones con los propios empleados públicos puede costarle al país los fondos pensados para mejorar los servicios que esos empleados prestan.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Araúz no esconde su valoración política del momento:&nbsp;<strong>"El Gobierno que dice ser el más social de la historia debe decidir si quiere cumplir con Europa o seguir acumulando reproches del TJUE"</strong>, señaló. La frase condensa una contradicción que el Ejecutivo no ha logrado resolver: un gobierno que ha hecho de la defensa de los trabajadores su principal argumento de legitimidad lleva años administrando la precariedad de casi un millón de empleados públicos sin abordar el fondo del problema.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">La anomalía estructural que ninguna reforma ha corregido</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Lo que hace especialmente grave esta situación es que no se trata de un problema nuevo ni de una crisis sobrevenida.&nbsp;<strong>La temporalidad abusiva en el sector público español es una práctica estructural</strong>&nbsp;que las sucesivas administraciones han tolerado, perpetuado y, en algunos casos, agravado. Las Administraciones han recurrido sistemáticamente a contratos temporales para cubrir necesidades que por su naturaleza deberían generar empleo estable, y cuando la presión europea y judicial ha obligado a actuar, la respuesta ha sido diseñar procesos que resuelven el problema estadístico sin resolver el problema humano.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Parte de los ceses más antiguos quedaron además fuera del régimen indemnizatorio previsto por la Ley 20/2021, al proceder de convocatorias de estabilización anteriores. Esto ha dejado a muchos afectados en una situación de doble agravio:&nbsp;<strong>fueron víctimas del abuso de temporalidad durante años y luego fueron excluidos de la compensación</strong>&nbsp;cuando el sistema intentó, tardíamente, corregir sus propias disfunciones.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El diagnóstico está hecho. Las advertencias están sobre la mesa. Los plazos se han agotado. Lo que falta, según Araúz de Robles, no es información sino voluntad política para transformar en fijos a los empleados públicos que han demostrado su valía durante años y que merecen la estabilidad que el Estado nunca les garantizó.&nbsp;<strong>Acabar con esta lacra, subraya el despacho, no es una opción política sino una obligación jurídica, social, moral y democrática.</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El 29 de junio no es solo una fecha en el calendario europeo. Es el momento en que España debe elegir entre seguir administrando el problema o, por fin, afrontarlo.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="https://acorta.net/wp/go/5cd026" data-type="link" data-id="https://acorta.net/wp/go/5cd026" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diariosabemos.com</a> 1<strong>9.06.2026</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/">OPINIÓN</category>                        <dc:creator>Ramón J.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://plataformadeinterinos.org/community/opinion/interinos-el-gobierno-que-dice-ser-el-mas-social-de-la-historia-debe-decidir-si-quiere-cumplir-con-europa-o-seguir-acumulando-reproches-del-tjue/</guid>
                    </item>
							        </channel>
        </rss>
		