CCOO EXIGE AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE DESISTA DE SU PROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ, QUE SUPONE UN ATAQUE SIN PRECEDENTES AL PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO

En escrito presentado ayer (28.10.2025) ante la Secretaria de Estado de Justicia instamos nuevamente al Ministerio a que abandone su pretensión de limitar tanto las sustituciones como los nombramientos de personal interino a un máximo de 2 años en lugar de los 3 que marca la Ley 20/21

Exigimos que defiendan en el Congreso las enmiendas presentadas por algunos grupos parlamentarios a instancias de CCOO y evitar así el cese fulminante y la condena al desempleo de cientos o miles de compañeros/as temporales

En una reunión mantenida el pasado 12 de mayo y de la cual ya os informamos en su momento (pincha aquí), el Ministerio nos trasladó su propuesta de modificación de la LOPJ según la cual todos los nombramientos para la cobertura de plazas vacantes quedaban limitados a un máximo de 2 años, a lo que añadían además la aberrante cláusula de que sí “no podrá nombrarse personal interino a quien ya hubiera sido nombrado en la misma Administración en una o varias relaciones diferentes, por un periodo total que supere el máximo de dos años, hasta pasados seis meses desde la finalización del último nombramiento”

Ya entonces CCOO nos opusimos tajantemente a esta pretendida imposición del Ministerio de Justicia, pues no solo es injusta y carente de sentido alguno, sino que además vulnera lo establecido en la propia Ley 20/21 y penaliza aún más al personal que sufre un exceso de temporalidad el lugar de sancionar a los gestores de la Administración que se han mostrado absolutamente incapaces de atajar este exceso de temporalidad en los tiempos y márgenes establecidos por la normativa vigente. Pero a pesar de nuestra frontal oposición, la Administración se escudaba en que su propuesta venía de una imposición a nivel de toda la función pública del estado derivada de unas supuestas directrices marcadas por la Unión Europea. Lógicamente y como siempre hemos manifestado, CCOO jamás nos hemos tragado esa burda excusa, que no es más que una tergiversación malintencionada de dichas directrices

Con el fin de subsanar este atropello en la fase de tramitación parlamentaria, CCOO preparamos una batería de enmiendas de las que dimos traslado a todos los grupos parlamentarios, con algunos de cuales -en concreto los que quisieron- además nos reunimos en el mes junio. Algunas de nuestras enmiendas, asumidas por estos grupos, fueron aprobadas por la Comisión de Justicia del Congreso (puedes consultar toda la información aquí)

Pues bien, tras todos estos meses sin haber tenido noticias ni respuesta alguna del Ministerio a todas las gestiones y alegaciones formuladas por CCOO, este lunes, 27 de octubre, nos encontramos con la publicación en el BOE de la Ley 3/2025, de 26 de septiembre, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, en materia de funcionarios interinos. Dicha norma, recoge en su redacción dada al artículo 87.a) que el nombramiento ante la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, puede serlo por un máximo de tres años, al igual que para la ejecución de programas de carácter temporal su duración no podrá ser superior a tres años, ampliable hasta doce meses más en casos excepcionales

Es decir, que es una Administración Pública, en este caso la CAM, quien evidencia que el empeño del Ministerio en limitar los nombramientos de personal temporal a un máximo de 2 años no es más que un capricho gratuito y malintencionado de nuestros incapaces gobernantes, que en ningún caso viene impuesto por ningún tipo de institución europea, y que bien al contrario lo único que persigue es castigar aún más a las víctimas de su abuso de temporalidad

Es por ello que nos hemos dirigido nuevamente a nuestros responsables (o irresponsables) políticos, en este caso a la Secretaría de Estado de Justicia, para recordarles que no tiene ningún sentido una regulación en este asunto distinta para el personal de Justicia de la prevista para el resto de empleados y empleadas públicas

Instamos al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que defienda en el Congreso, a través de esa Secretaría de Estado y de los grupos políticos afines, estas enmiendas o su transacción con otro texto para evitar esta discriminación del personal temporal de la Administración de Justicia respecto al del resto de Administraciones Públicas.

Fuente: justicia.fsc.ccoo.es 29.10.2025

El Gobierno ha blindado las subidas sacándolas de los PGE y aprobándolos, por primera vez en democracia, a través del Consejo de Ministros

El informe de la UCO se hizo público el pasado jueves y desde entonces, el silencio sindical ha sido casi absoluto. Mientras Comisiones Obreras (CCOO) se ha mostrado impasible ante las revelaciones de la Guardia Civil, desde UGT se han limitado a mostrar "rabia" e "indignación" ante lo sucedido, pero sin pedir en ningún caso elecciones anticipadas. De hecho, Pepe Álvarez pidió la continuidad del Gobierno pese a los escándalos por su labor "extraordinariamente positiva".

Se trata de una reacción muy tibia respecto al otro gran caso de corrupción en la sede central de un partido político en España. Cuando explotó el caso Bárcenas, sin que hubiese aún sentencias judiciales de por medio, UGT y CCOO crearon un clima irrespirable para el gobierno de Mariano Rajoy. Un cambio en la forma de actuar que responde a un motivo claro: los sindicatos viven mucho mejor desde que Pedro Sánchez es presidente. Basta con ver el reparto anual de subvenciones: el Gobierno, desde que tomó posesión, no ha parado de "subirles la paga" hasta cuadruplicar su presupuesto -de 8,8 a 32 millones de euros-.

De ahí se explica que Pepe Álvarez diga ahora que "hay que esperar" y respetar "la presunción de inocencia", frente a su forma de actuar en 2013 con el PP en el gobierno. Entonces, sus palabras fueron muy distintas: habló de una crisis institucional grave, pidió dimisiones de primer nivel y encabezó junto a CCOO y la oposición movilizaciones sociales para protestar contra la corrupción.

Pese a lo publicado estos días, el clima amigable de CCOO y UGT con Moncloa no se va a romper. Han decidido no salir a la calle a protestar contra la corrupción del PSOE y tampoco hay anunciadas acciones próximamente. Mismo modus operandi que con los otros casos recientes de corrupción vinculados al PSOE o a su líder, ya que con el caso del 'Tito Berni' o las imputaciones de David Sánchez y el Fiscal General del Estado tampoco hubo pronunciamientos oficiales ni movilizaciones.

De hecho, los sindicatos no han organizado ni una sola gran concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez desde que es presidente, mientras que sí han organizado una contra la oposición, algo totalmente insólito en la historia de nuestra democracia. En concreto, los sindicatos salieron a la calle -sin demasiado éxito- contra PP, Vox y Junts por oponerse al "decreto ómnibus", muy criticado por incluir en un mismo texto medidas de diferentes ámbitos que debían aprobarse o rechazarse juntas.

Además, Sánchez ha sido el primer presidente de la historia en sacar fuera de los Presupuestos Generales del Estado las subidas de las subvenciones a los sindicatos. Con el actual Ejecutivo, la subida de estas partidas presupuestarias se han aprobado en Consejo de Ministros. De este modo, Moncloa no ha puesto en riesgo la subida por tener que prorrogar los PGE -como ha sucedido ya en cuatro ocasiones-, ni ha tenido que negociarla con otros grupos parlamentarios. 

De hecho, todas las subidas que ha hecho el Gobierno se han hecho en Consejo de Ministros. La primera se produjo en 2021 después de dos años congelados por las prórrogas de los PGE heredados de Rajoy en 2019 y 2020. En 2021, la coalición de PSOE y Podemos decidió subirlo por su cuenta y riesgo a 13,88 millones de euros, cifra histórica y nunca vista hasta la fecha. Un año después, en 2022, este presupuesto ascendió hasta los 17 millones de euros, cifra que se mantuvo los cursos 2023 y 2024.

Ya para 2025, la cifra creció hasta los 32 millones, una subida que, al igual que las anteriores, se produjo en el Consejo de Ministros y no mediante los Presupuestos Generales del Estado. Un precio a pagar para conseguir la tan ansiada 'paz social' de la que suele presumir el Gobierno.

Fuente: vozpopuli.com 18.06.2025

Organizaciones adscritas a la Unión Sindical contra la Temporalidad del Empleo Público negocian con los socios del Gobierno una enmienda que estabilice al colectivo en la futura Ley de Función Pública

La problemática de los interinos en fraude de ley se ha resuelto en países vecinos como Grecia, Portugal y en países del norte de Europa, con procesos de estabilización automática como sanción y multas para aquellas jurisdicciones donde se abusa de la temporalidad. Son las medidas que han funcionado en Europa y que en España aún no se han implementado por la inacción de los últimos cinco ministros de Función Publica que no se han tomado en serio el problema que ha ido creciendo de forma exponencial.

El Gobierno en vísperas de una multa importante de la Comisión Europea estudia un nuevo plan de choque más para el futuro que para resolver el problema de estos 800.000 interinos en fraude de ley. Un porcentaje cercano al 40% muy alejado del 8% que se pactó con la Unión Europea hace años. Este colectivo inasequible al desaliento volvió a manifestarse en las calles de Madrid frente al Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio. Ahora su esperanza es que la futura Ley de Función Publica incluya en su texto alguna enmienda que estabilice al colectivo y recupere a los interinos cesados en estos últimos meses.

Este abuso de la temporalidad del que viene informando Economist & Jurist en estos tres últimos años se focaliza en las administraciones públicas desde hace años. En la empresa privada, el propio Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 15, indica que los trabajadores con más de 3 años de antigüedad pasan a ser fijos. No hay abuso de temporalidad, cuestión que no se ha resuelto con la ley 20/2021 que impulsaba distintos planes de estabilización a 31 de diciembre del 2024 en las administraciones. Se calcula que en fraude de ley aún hay más de 800.000 interinos en situación de abuso de la temporalidad, muchos con 15 y 20 años encadenando contratos donde han demostrado sus méritos y capacidad.

El plan del Gobierno es un parche

El despacho del abogado del Estado en excedencia, Javier Araúz de Robles, uno de los más significados en la defensa de esos profesionales, se mantiene activo en la defensa de los intereses de este colectivo. Suyas han sido las dos últimas cuestiones prejudiciales planteadas por un juez de lo Social de Murcia.

En opinión de Araúz, pese a existir esos 800.000 interinos sin estabilizar la situación da ciertos síntomas de esperanza: “Hay cuatro cuestiones prejudiciales nuevas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dos de un juzgado de lo Social de Murcia, otra de la Sala de lo Social del Supremo y otra italiana que nos afecta, ya que es sobre la fijeza. Al mismo tiempo, tras la demanda planteada contra Italia se espera una sanción importante a nuestro país”.

Sobre ese aspecto, este jurista concreta que “España está presionando mucho a nuestro país porque seguimos en temporalidad superior a los 800.000 profesionales en fraude de ley. Lo que ahora plantea el Ministerio de Transformación Digita y Función Publica de Óscar López, es otro nuevo parche que busca resolver de alguna manera los abusos del futuro que se produzcan n las administraciones públicas, pero no dice nada de los interinos ya cesados o que siguen en fraude de ley. El Ministerio solo aborda el futuro, pero no busca compensar a los que están sufriendo este fraude”.

Para Araúz de Robles, “la respuesta que hay que dar con las sentencias últimas del TJUE que ya conocemos, pese a las vueltas que se está dando sobre este tema, no cabe otra solución que la estabilización del personal de forma automática.  Ni los procesos selectivos, ni las indemnizaciones son soluciones a esas situaciones de abuso. Las sentencias del Supremo no atienden al derecho comunitario y no resuelven el problema. La cuestión prejudicial que planteó la Sala Social del Supremo de la que habrá vista el próximo 24 de junio no es más que una patada adelante y no soluciona nada”.

Desde su punto de vista, “la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para este personal el fraude de ley, ya nació fallida. Desde el principio ya se sabía que no se iba a conseguir el objetivo conseguido de bajar la temporalidad al 8% tras esos procesos de estabilización desde el concurso oposición realizados en distintas comunidades autónomas y administraciones. No hubo controles y cada administración ha hecho lo que ha querido. Se han estabilizado ayuntamientos pequeños, pero en prácticas como justicia sanidad o educación ha sido un fracaso total. Las comunidades autónomas, salvo Cataluña, no lo han conseguido. Muchos procesos están impugnados en los juzgados”.

Los interinos se movilizan

En la actualidad, los colectivos de interinos volvieron a salir a la calle en Madrid el pasado 11 de junio en otra manifestación masiva, en esta ocasión frente al Congreso de los Diputados. Según nos indica este colectivo, el gran problema es la inacción del Gobierno para resolver este problema, la negligencia de las administraciones públicas que no han gestionado bien esos procesos selectivos de la Ley 20/2021 y la judicialización de los asuntos con más de 30.000 asuntos en los juzgados con resultado dispar. Las esperanzas vuelven a estar puestas en el TJUE y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDHR).

El pasado 12 de junio se celebraron los cuarenta años de adhesión de España al tratado de la UE y su entrada en este espacio europeo. Araúz de Robles no puede ser más contundente con su apreciación “nosotros estamos en Europa par obtener derechos y prebendas, pero no para cumplir obligaciones. España es el país más sancionado de Europa por no cumplir la normativa comunitaria. La integración en Europa nos ha ayudado mucho a nivel económico y social, pero a la hora de cumplimiento de obligaciones no se hace nada. Ya pasó con las cláusulas suelo que se judicializaron, abusos en materia económica. Ni el legislador ni los jueces han entendido que estamos en Europa”.

Las irregularidades de estos procesos de estabilización han llegado al SEPE, organismos públicos que funcionan a duras penas, con cientos de trabajadores interinos cesados sin indemnización en estos dos últimos años. Esta entidad y algunos trabajadores interinos cesados nos indican que conseguir una cita previa presencial, o incluso telefónica, en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para solicitar la prestación por desempleo resulta misión imposible en algunas provincias. “Faltan efectivos y la aplicación informática implementada no funciona. Estas políticas públicas son un disparate tras otro”, comenta una interina cesada.

Negociaciones con los políticos

Para Maite Agredano, portavoz de la Unión Sindical contra la Temporalidad del Empleo Público, es la plataforma que agrupa a 22 organizaciones y sindicatos de toda España que ha organizado esta protesta en Madrid. Indica que “algunos de nosotros hemos hablado en el interior de la Cámara Baja con los distintos grupos políticos para plantearles una solución que resuelva la situación de los compañeros aún en fraude de ley. Los socios de Gobierno tienen una propuesta de solución legislativa en la mesa que les ofrecimos. Parece que les puede encajar y pasaría por incluir en la futura ley de Función Publica alguna enmienda que facilitara la estabilización de estos profesionales en fraude de ley”.

En su opinión, “el problema lo tenemos con el PSOE que no se les ve muy proactivos sobre este asunto. Su posición es de no hacer nada hasta que no se conozcan la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial planteada por el Supremo hace algo más de un año y que genere sobre sentencia del Supremo no van a legislar. La vista será el 24 de junio para hasta dentro de seis meses no habrá sentencia. No podemos esperar tantos meses porque la situación puede empeorar aún más. Esos tiempos judiciales no van en la línea del personal en abuso. Hay que tomar soluciones lo antes posible porque se siguen cesando a muchos compañeros”.

En su opinión “bastaría con poner en marcha un concurso de méritos restringido para nuestro colectivo. Siempre hay mucha resistencia de los grupos parlamentarios que la fijeza automática es inviable y no tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico. Y al mismo tiempo se trataría de reincorporar al personal cesado con bolsas extraordinarias que ya las hay en todas las comunidades autónomas y están funcionando para recuperarles con todos los derechos que tenían en el pasado. En ese sentido van las enmiendas. Ahora los socios de gobierno deben meter presión al PSOE para que puedan dar esa solución a través de la futura Ley de Función Pública. No hay cifras oficiales pero los ceses han sido notables”.

Por su parte, Celia del Val y Laura Martínez, representantes sindicales de FETAP-CGT, señalan a este medio que “el momento ahora es crucial porque concluye la actividad parlamentaria antes del verano. Creemos que si daría tiempo entre junio y julio para resolver la situación de este colectivo. Se trataría de que se aprobase la nueva Ley de Función Publica para estabilizar al grueso de interinos que estamos en fraude de ley desde hace años. El TJUE ya ha dejado claro que España no cumple la normativa ni cumple el derecho europeo. La situación actual afecta a 2.600.000 personas si contamos con las familias de estos profesionales”, comenta Martínez.

El problema de estos ceses “es que muchos de estos compañeros irán al paro, algunos con indemnización, cuestión que va a dejar maltrechos a varios servicios públicos porque ellos llevaban años gestionándolos, tanto en la Administración General del Estado (AGE) como en algunas comunidades autónomas y a nivel local. El problema se va a notar en ciudades como Madrid donde no habrá gente competente que mantenga esos servicios públicos. Ya pasa en el SEPE donde se espera que se cesen a más de 5.000 interinos este mes. Sus procesos de estabilización basados en la Ley 20/2021 no han resuelto nada. Se han presentado interinos con gente de la calle, algo inaudito”.

Para Celia de Val “es evidente que la Ley 20/2021 no ha logrado estabilizar al grueso de trabajadores interinos en abuso. La Ley se ha pervertido. Muchos de ellos están siendo cesados sin indemnización pese que la UE ya dijo que esta ley y sus procesos de estabilización no eran la medida adecuada para resolver este tema porque hay que resarcir al abusado de alguna forma. No hay ni fijeza ni indemnización. Los trabajadores queremos seguir trabajando y la Administración necesita que nosotros como profesionales sigamos en nuestros puestos de trabajo atendiendo a distintos servicios públicos. Esta Ley no se está aplicando para lo que realmente se planteó”.

En su opinión “la situación pasa porque en la Ley de Función Pública, alguna de las enmiendas planteadas por los socios del Gobierno se aplique para lograr la estabilización del colectivo. Queremos que el ministro de Función Pública, escuche a este colectivo afectado y se reúna con nosotros. Con las enmiendas que planteamos a los partidos políticos, el Gobierno lo tiene muy fácil es coste cero. Se está jugando miles de euros que vienen de Fondos Europeos por no resolver este problema, uno de ello es la temporalidad. En marzo perdieron 9.000 millones de euros y ahora hay en juego otros 26.000. Al mismo tiempo habrá que ver que sucede con las indemnizaciones que Europa plantea a los profesionales en abuso y que por el momento son muy escasas en estos momentos”.

Fuente: economistjurist.es 16.06.2025

Las administraciones siguen recurriendo a las contrataciones temporales para nuevas plazas a pesar de la ley de estabilización de 2021. UGT lo atribuye a la lentitud de las coberturas de vacantes con funcionarios y advierte de posibles irregularidades

La temporalidad del empleo público alcanzó una tasa media del 28,8% en 2024, un punto por encima del nivel anterior a la pandemia a pesar de la reforma comprometida en el Plan de Recuperación y plasmada en la Ley 20/2021. Aunque el hito de estabilización de interinos para recibir los fondos de Bruselas se ha cumplido, la temporalidad triplica el objetivo del 8% marcado como objetivo político y se debe a la incapacidad de las administraciones públicas para planificarse a medio plazo.

Por el momento, la reforma solo ha conseguido la transformación de 320.000 puestos temporales en permanentes, según los últimos datos de Función Pública, pero los procesos de selección de personal no han cambiado y las plantillas continúan arrastrando un problema de envejecimiento, lo que provoca que se mantenga el bucle de la temporalidad: algunos trabajadores públicos salen de ella, pero los que han entrado son más.

La evolución del número de interinos, que son la mayor parte de los empleados públicos temporales, ilustra el fenómeno. Según el boletín estadístico que publica semestralmente Función Pública, en julio de 2024 había paradójicamente 65.387 interinos más que en julio de 2021, meses antes de la aprobación de la ley de estabilización. La diferencia es aún mayor, de 193.023, si se compara con el número de interinos de julio de 2019. El total de interinos alcanza los 725.521, y aunque desciende desde el máximo que marcó en enero de 2023, está lejos de volver a la cifra anterior a la pandemia. Este aumento de los interinos explica la persistencia de la elevada tasa de temporalidad.

El problema reside en que contratar a un interino es mucho más ágil que incorporar a un funcionario de carrera (proceso que suele durar tres años) y la tensión en las administraciones públicas es creciente ante las bajas sobrevenidas que se producen, las jubilaciones y el aumento de la carga de trabajo al tener que atender cada vez a más población envejecida. Desde UGT Servicios Públicos trasladan que es especialmente en el ámbito sanitario dónde se siguen cubriendo vacantes nuevas con interinos y que también son muy frecuentes los cambios de programas temporales cuando se cumple la duración máxima de los mismos, generalmente de tres años, evitando hacer fijo al empleado.

Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, considera que “con la legislación que hay hoy en día y cuáles son los plazos es muy difícil” que la temporalidad baje a un nivel aceptable. Descarta por completo llegar al objetivo de temporalidad del 8% este año, una ratio que solo cumple la administración estatal. El sindicato va a proponer al ministerio un conjunto de cambios para reducir la temporalidad en el marco de las negociaciones del nuevo acuerdo marco plurianual, aunque las conversaciones no se han iniciado aún y van con retraso.

En concreto, proponen una modificación legislativa del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para acortar los procesos selectivos y que pasen de un máximo de tres años actuales a uno y medio, 18 meses, desde que una plaza se oferte hasta que se ocupe. También pedirán que los aprobados que no han conseguido plaza por no llegar a los puntos requeridos no tengan que volver a presentarse, creando bolsas de aprobados a las que las administraciones tengan que acudir en vez de sacar nuevos procesos desde cero. Esto evitaría recurrir con tanta frecuencia a los interinos para cubrir puestos nuevos, ya que actualmente incluso se dan situaciones de caducidad de plazas ofertadas porque no se llegan a hacer los exámenes.

Por otra parte, UGT sospecha que se podrían estar haciendo contrataciones irregulares temporales a pesar de la reforma incluida en 2021 en el EBEP para tratar de limitar la temporalidad abusiva, por lo que piden un endurecimiento de la disposición adicional 17º para “focalizar la responsabilidad” en los gestores de recursos humanos de las distintas administraciones públicas. Piden poder “identificar a la persona y que haya sanciones” si se rebasan los límites a las contrataciones temporales. Mientras tanto, plataformas de interinos han denunciado en instituciones europeas los abusos de temporalidad en las administraciones españolas, pero la jurisprudencia del Supremo deja poco margen para que obtengan victorias por la vía judicial.

Parálisis en Función Pública

Otra barrera que impide una mejor planificación y gestión de las plantillas de las administraciones públicas a medio plazo son las tasas de reposición. José Luis Escrivá anunció en su etapa como ministro de Función Pública la sustitución de esta referencia por un nuevo modelo que se negociaría con los sindicatos y se incluiría en los presupuestos generales del Estado de 2025, pero no hay avances en ninguno de los dos ámbitos. Con toda probabilidad, la OEP que el Gobierno apruebe este año volverá a estar sujeta a la tasa de reposición, algo muy criticado por los sindicatos y que llevó a que todos menos UGT rechazaran la última oferta por considerarla insuficiente.

No obstante, a los sindicatos les urge más cerrar las nuevas subidas salariales para 2025 y los próximos años tras la finalización del último acuerdo marco en diciembre. CCOO y CSIF se manifestarán en los próximos días para exigir el inicio de las negociaciones y todos los sindicatos piden subidas de sueldo por encima del IPC para ganar poder adquisitivo. Por el momento, el Gobierno no ha aprobado la subida adicional del 0,5% de 2024 incluida en el real decreto 4/2024 y vinculada a la situación macroeconómica, a pesar de que solo requiere el visto bueno por parte del Consejo de Ministros.

La temporalidad del empleo público alcanzó una tasa media del 28,8% en 2024, un punto por encima del nivel anterior a la pandemia a pesar de la reforma comprometida en el Plan de Recuperación y plasmada en la Ley 20/2021. Aunque el hito de estabilización de interinos para recibir los fondos de Bruselas se ha cumplido, la temporalidad triplica el objetivo del 8% marcado como objetivo político y se debe a la incapacidad de las administraciones públicas para planificarse a medio plazo.

Fuente: elconfidencial.com 18.03.2025

El tribunal declara que las personas trabajadoras pueden disfrutar el permiso completo, aunque su familiar ya haya recibido el alta si precisa de reposo domiciliario.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dado la razón a CCOO en la demanda que planteamos contra Hinojosa Packaging S.L. El tribunal declara que debe respetarse "el derecho de las personas trabajadoras en dicha empresa a disfrutar el permiso retribuido de cinco días por hospitalización de familiar o conviviente si tras el alta hospitalaria no se han agotado dichos cinco días y se ha prescrito reposo domiciliario".

De esta forma, la Audiencia Nacional estima la demanda presentada por el Sector de Papel, Gráficas y Fotografía de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) contra Hinojosa Packaging, mediante la sentencia dictada el pasado 6 de febrero.

La Sala de lo Social falla en contra de la interpretación restrictiva de este derecho que hace la empresa en sus distintos centros de trabajo y establece que no es correcto reconocer el permiso retribuido de cinco días únicamente hasta que se produzca el alta hospitalaria, ya que la persona convaleciente puede necesitar de cuidados domiciliarios que requieran la intervención del trabajador o trabajadora que haya solicitado este permiso.

Desde CCOO exigimos de manera inmediata el cumplimiento de esta sentencia y que las personas trabajadoras puedan disfrutar de este permiso retribuido según el redactado del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y de la interpretación hecha por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Fuente: fsc.ccoo.es 19.02.2025

Esta medida, que quedó suprimida en 2012, será reincorporada mediante una modificación del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para restablecer un derecho que había sido eliminado hace más de una década: la jubilación parcial para los funcionarios de carrera. Esta medida, que quedó suprimida en 2012, será reincorporada mediante una modificación del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. La decisión, que busca equiparar las condiciones del sector público con las del privado, fue firmada por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en un acto clave dentro del diálogo social con las organizaciones sindicales.

La jubilación parcial es un modelo de retiro progresivo que permite a los empleados reducir su jornada laboral mientras comienzan a percibir una parte de su pensión. Además, la plaza que dejan parcialmente vacante es ocupada por un trabajador 'relevista', lo que facilita la continuidad del servicio y la transmisión de conocimientos dentro de la administración.

El ministro López ha subrayado que con esta medida se corrige una «asimetría injustificada» entre el sector público y el privado, dado que los empleados de empresas privadas ya tenían acceso a esta modalidad. En sus palabras, recuperar este derecho es fundamental para «garantizar una transición ordenada entre la vida laboral y la jubilación, asegurando el relevo generacional en la administración pública».

¿Cómo se implementará?

La reincorporación de la jubilación parcial en el sector público se ajustará a las normativas establecidas en la legislación de Seguridad Social y Clases Pasivas. Se establecerán criterios específicos para su aplicación en la administración, asegurando que el proceso se realice sin generar sobrecostes adicionales para las arcas públicas.

Los relevistas que ocuparán las plazas serán seleccionados entre funcionarios de carrera, y estas posiciones estarán previstas dentro de las ofertas de empleo público anuales. De este modo, la administración garantiza la continuidad del servicio y la planificación de la plantilla sin afectar el presupuesto.

Por el momento, el perfil exacto de los funcionarios que podrán beneficiarse de la jubilación parcial no ha sido concretado, aunque el acuerdo establece que solo podrán acogerse aquellos que tengan la condición de funcionarios de carrera. Esto permitirá a estos trabajadores planificar su salida de manera gradual y ordenada, facilitando la transición generacional en la administración pública.

Fuente: lasprovincias.es 05.02.2025

Los convenios afectan a las personas trabajadoras de las administraciones públicas madrileñas y en ellos se ha rubricado el “compromiso” de los sindicatos firmantes a no convocar protestas durante la vigencia de los pactos; CGT y SATSE se han querellado contra la firma y Trabajo ha impugnado uno de los acuerdos ante Fiscalía.

Este 1 de enero entraron en vigor dos convenios colectivos que afectan a las personas empleadas por la Comunidad de Madrid en sus administraciones públicas, y esto no es una buena noticia según varios sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Ambos textos incluyen en su articulado que las organizaciones sindicales firmantes —UGT, CC OO, CSIF y CSIT— deberán abstenerse de convocar protestas en materias que afecten a los derechos acordados en los convenios. Los acuerdos se enfrentan a sendas querellas presentadas el 30 de diciembre por parte de los sindicatos CGT y SATSE y el Ministerio de Trabajo ha pedido a la Fiscalía la impugnación de uno de ellos.

Los pactos que pasarán a escrutinio de la judicatura son el convenio colectivo para personal laboral de la Comunidad de Madrid y el acuerdo de la mesa sectorial del personal funcionario de la misma entidad administrativa. Ambos documentos fueron rubricados en diciembre de 2024 por la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CSIF y CSIT y afectan a la totalidad de personas trabajadoras al servicio de las administraciones públicas madrileñas.

Los sindicatos firmantes de los convenios no pueden promover conflictos colectivos so pena de eliminación de pluses para las personas trabajadoras; Trabajo ha impugnado los textos y no descarta que se tomen acciones penales

Sendos productos de la negociación colectiva incluyen cláusulas que indican que los sindicatos firmantes se comprometen a no promover conflictos colectivos bajo amenaza de que la administración pública de la Comunidad de Madrid decida retirar los pluses salariales.

El Ministerio de Trabajo se ha pronunciado sobre el acuerdo de personal funcionario: el articulado referente a la limitación del derecho a la protesta “desborda lo admisible” e incumple la legalidad vigente, consideran, por lo que pidieron el pasado 27 de diciembre la actuación de oficio de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo para anular estas cláusulas. Cabe destacar que, aunque Trabajo se ha referido exclusivamente al acuerdo de personal funcionario y no al convenio de personal laboral, la redacción impugnada es idéntica en ambos textos.

El sindicato CGT pone el foco en las organizaciones sindicales que han aceptado los acuerdos, pues al rubricar los documentos han permitido una “vulneración de derechos fundamentales” que “contraviene la normativa estatal y europea”, aseguran. Con esto se refieren a que solo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la judicatura tienen prohibida la huelga en España, y los acuerdos estarían violando varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo, según dicen. Por ello, CGT se ha querellado contra los responsables de la firma de los pactos sectoriales por delito contra los derechos de los trabajadores, prevaricación y administración desleal (artículos 315, 404 y 252 del Código Penal, respectivamente).

CGT afirma que se vulnera la legislación estatal y europea y se ha querellado contra la administración y los sindicatos firmantes por prevaricación, administración desleal y delito contra los derechos de los trabajadores

La redacción que limita el derecho a huelga dice así: “Las organizaciones sindicales que suscriben el presente convenio se comprometen a no promover durante toda su vigencia —hasta 2028— huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo que tengan como finalidad la modificación de lo acordado”. 

En caso de incumplimiento, “la Administración podrá acordar la suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos”, es decir, eliminar los pluses que establecen los nuevos pactos. Las cláusulas polémicas se encuentran en el artículo 10 del convenio del personal laboral y en la disposición adicional décima del acuerdo de personal funcionario.

Retroceso de derechos

Desde el Ministerio de Trabajo han calificado las cláusulas de la discordia como un “atentado evidente” contra los derechos fundamentales, además de suponer una “degradación de la participación democrática”. Trabajo no descarta que, aparte de la impugnación del acuerdo de mesa sectorial por parte de la Justicia, se tengan que llevar a cabo actuaciones penales contra las entidades firmantes. Laura Martínez, secretaria general de SAP-CGT Madrid, ha calificado los pactos de “una especie de complot de la patronal y los sindicatos amarillos en contra de la clase trabajadora”.

Y es que, más allá de la limitación del derecho a la protesta, los nuevos documentos incluyen la eliminación de algunos pluses salariales y vulneran las directrices europeas en torno a la temporalidad de personas empleadas públicas, según Martínez, que añade que el abuso de los contratos temporales en Madrid es crónico. En el artículo 45 del convenio para el personal laboral, por ejemplo, se establece que las personas contratadas de forma temporal vuelvan a los tres años a la bolsa de empleo y no se les pueda llamar en los próximos seis meses para, según la secretaria general de SAP-CGT Madrid, que pierdan la antigüedad acumulada y salga más barato volver a contratarlas.

El sindicato sanitario SATSE califica el convenio de personal laboral, contra el que ha presentado querella la mañana del día 30 de diciembre, de “despropósito de negociación”. “Han acordado que desaparezcan complementos y la esperada mejora no se ve por ningún sitio cuando se habla del personal sanitario. Es justo el revés, pierden mucho dinero —500 euros menos de media, calculan— y se restringen derechos”, afirma Natalia Fernández, responsable de la asesoría jurídica de este sindicato en Madrid.

Fuente: elsaltodiario.com 03.01.2025

Se trata de un pacto entre el Ejecutivo y los sindicatos

El asunto sobre la jubilación parcial de los funcionarios públicos parece que por fin verá la luz, ya que desde el Gobierno han acordado con los sindicatos activar el proceso legislativo sobre este tema a partir del próximo año. (2025)

Es lo que prevé el ministro de Transición de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien espera estampar su firma sobre este asunto con los sindicatos, es decir, con UGT y con CCOO, el próximo miércoles, 25 de diciembre, al mediodía. De esta manera, queda ya una fecha marcada para un compromiso que ya se alcanzó durante la pasada legislatura.

Así, quedaría totalmente suprimido un veto que introdujo el Partido Popular en el año 2013 en su reforma. De esta forma, el derecho de los empleados públicos a la jubilación parcial volverá a ser una realidad.

Todo comenzó en 2022 con María Jesús Montero y los sindicatos

Fue en el año 2022, cuando María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda y Función Pública, firmó con la UGT y con CCOO el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI. En este se indicaba que "se procederá a la derogación de la supresión de la jubilación parcial como una de las modalidades de jubilación del personal funcionario establecidas, prevista en el artículo 67 del TREBEP".

Dos años más tarde, parece que el Gobierno se ha puesto manos a la obra para llevar a cabo dicha iniciativa. La idea por parte de la función pública es que con la jubilación parcial se puedan aumentar las plazas para futuros trabajadores y las ofertas de empleo público.

El modelo pactado desde el ministerio de Óscar López con las centrales haría que las administraciones pudieran sacar oferta pública desde que un trabajador comience los trámites para la jubilación parcial. Así habría un margen para que los candidatos accedan a las oposiciones y pasen a conseguir su plaza, un proceso que podría alargarse dos años.

Para que esto pueda llevarse a cabo, el Gobierno deberá modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, la ley de Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas del Estado y, consiguientemente, ser aprobado por el Congreso de los Diputados en 2025.

Fuente: marca.com 21.12.2024

Más de 20 sindicatos convocaron una manifestación, el pasado 19 de octubre en Madrid, contra la temporalidad en el sector público. La Comisión Europea envió una carta de emplazamiento a España “por no brindar una protección suficiente contra el uso abusivo de contratos sucesivos de duración determinada”.

“La Comisión insta a España a que impida el uso abusivo de las relaciones laborales de duración determinada y las condiciones laborales discriminatorias en el sector público”. Así se titula la carta de emplazamiento que, el pasado 3 de octubre, la Comisión Europea (CE) envió a España “por no brindar una protección suficiente contra el uso abusivo de contratos sucesivos de duración determinada a los trabajadores del sector público”.

Por ello, más de 20 sindicatos convocaron una protesta, el pasado sábado, 19 de octubre, a las 12:00 horas en la Fuente de Neptuno de Madrid, contra el abuso de la temporalidad en el sector público. En el manifiesto, entre otras cosas, exigen “la paralización inmediata de los ceses de personal en abuso de temporalidad”.

La temporalidad en el sector público en España roza el 30%

En el texto antedicho, Bruselas indica que “esta situación contraviene las normas de la UE (Directiva 1999/70/CE del Consejo), que exigen que los Estados miembros introduzcan en sus legislaciones nacionales respectivas medidas destinadas a evitar y, en su caso, sancionar los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada. La Comisión considera que la legislación española no incluye tales medidas para determinados tipos de contratos temporales en el sector público”.

Según los últimos datos publicados, la tasa de temporalidad en el empleo público en España rozó el 30% en 2023. Algo que se debe, principalmente, a que en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos nueve de cada 10 empleados tienen un contrato temporal.

La tasa es más de dos veces superior a la que se da en el sector privado (13,2%), donde se ha experimentado una importante disminución desde la aprobación de la reforma laboral.

Las medidas no funcionan

En el manifiesto firmado por esta Unión Sindical contra la Temporalidad en el Empleo Público, señalan que, “si por algo se caracterizan las Administraciones Públicas de nuestro Estado, es por maltratar sistemáticamente a sus trabajadoras. Precariedad, escasez de recursos, plantillas mermadas, pérdida de derechos continuada y, por supuesto, un enorme abuso de temporalidad. Este abuso, no sólo incumple nuestras propias normas internas, sino también la legislación europea. El Estado español es el miembro de la UE más multado por ello, multas que abona el pueblo con sus impuestos”.

En el comunicado aseguran que el futuro no invita al optimismo, sino todo lo contrario, pues ninguna de las medidas que se han implementado “ha conseguido la tan ansiada reducción de la tasa de interinidad al 8%”.

Además de pedir “la paralización de los ceses de personal en abuso de temporalidad”, también solicitan la “reincorporación del personal en abuso injustamente cesado en procesos abiertos que no cumplen con la normativa europea”.

Como sanción al abuso de temporalidad, agregan, se debería otorgar “estabilidad a todas las personas que lleven trabajando más de tres años, en uno o varios contratos sucesivos, para la misma Administración empleadora”.

Y para que no se repita “esta situación crónica de abuso de temporalidad, hay que establecer los mecanismos de sanción necesarios mediante cambios normativos del TREBEP y demás legislación sobre Función Pública”, subrayan.

Fuente: lamarea.com 17.10.2024

En 'Julia en la onda' hablamos con Milagros Dorronzoro, secretaria de negociación del sindicato CSIF, y Javier Araúz, abogado de los trabajadores interinos del sector público, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obliga al Estado a transformar las contrataciones temporales de empleados públicos en fijas.

En nuestro país, hay cerca de 3 millones de trabajadores públicos y, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor del 30% de ellos está en situación de interinidad.

La semana pasada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que insta a España a que convierta en indefinidos a los empleados públicos que llevan años encadenando contratos temporales. La sentencia se refiere en concreto a tres trabajadoras que acumulan 37 años, 33 y 19 respectivamente, en la administración de Cataluña.

Los principales sectores afectados por la precariedad laboral que da la temporalidad son la sanidad, la educación, la justicia o la administración local.

Más de tres décadas de interinidad

El abogado de los trabajadores interinos del sector público, Javier Araúz, ha denunciado ante los micrófonos de 'Julia en la onda' que "es una situación que afecta a un millón de trabajadores, el 75% de ellos mujeres", haciendo hincapié en la discriminación de género que hay dentro de este este problema.

En el sector público hay un 40% de temporalidad laboral, de "precariedad", como lo ha calificado Araúz que indica que hay personas que llevan en esta situación 37 años.

Por su parte, Milagros Dorronzoro, secretaria de negociación del sindicato CSIF, ha respondido a las acusaciones de aquellos que valoran de "injusta" la sentencia y piensan que a los interinos se les va a regalar la plaza, tal y como han opinado algunos oyentes. "Lo primero es que hay que diferenciar entre lo que es la tasa de temporalidad estructural, de la temporalidad coyuntural que siempre va a existir. Esta sentencia del TJUE constata el abuso en la contratación temporal que han hecho las administraciones públicas", ha señalado.

La causa principal de la temporalidad: la tasa de reposición

Para Dorronzoro, el principal culpable de esta situación es la aplicación de la tasa de reposición de efectivos, un porcentaje que se aplica para sustituir a los empleados públicos que cesan y que durante muchos años no se llevó a cabo. "No entraba nadie por todas las personas que salían. Estas limitaciones han hecho que se pierdan un gran número de efectivos", ha indicado.

En CSIF entienden que la solución pasa por la eliminación de la tasa de reposición, por agilizar los procesos selectivos e imponer sanciones ejemplares para las administraciones incumplidoras.

Una de las personas afectadas por esta precariedad temporal es Cristina Esteban Santos, la cual desde hace 30 años es interina. Esteban trabaja como secretaria interventora de dos Ayuntamientos de la provincia de Toledo, "somos un cuerpo muy especial que dependemos del Estado, pero son los Ayuntamientos los que nos pagan".

"El Estado saca únicamente 680 plazas y tiene más de 3.000 solicitudes", ha denunciado.

"En general, se puede decir que los interinos están en las plazas que los funcionarios de carrera no eligen estar", ha afirmado Araúz. El abogado señala que no solo es una cuestión para el futuro, es un asunto sobre el que pensar qué hacer con el pasado, "con el personal que ha dado un servicio de calidad durante todos estos años".

Fuente: ondacero.es 18.06.2024