El Tribunal Supremo indicó que solo serán fijos quienes superaron una prueba selectiva. Mientras tanto, Función Pública se escudó en que la tasa de eventualidad autonómica roza el 40%, frente al 4,7% de la Administración General del Estado

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo dictó ayer una sentencia que fija el criterio determinante para el futuro de miles de empleados públicos en España estableciendo que solo podrán consolidar su condición de trabajadores fijos aquellos interinos que, habiendo sufrido un abuso de temporalidad en sus contratos, hubieran superado previamente una prueba selectiva para acceder a un empleo indefinido, aunque en su momento no obtuvieran plaza. Con esta resolución, el Supremo pone fin a las aspiraciones de miles de trabajadores que esperaban que su relación laboral se declarara fija de forma automática.

En la sentencia, el tribunal argumentó que la contratación temporal sin haber superado un procedimiento sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite adquirir la fijeza como consecuencia directa del abuso "porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo".

Ante esto, la presión sobre el Ejecutivo generó una reacción inmediata en la que buscaron deslindar responsabilidades en las administraciones autonómas. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a cargo de Óscar López, indicó que la resolución del Supremo "no supone ninguna innovación" y que el problema del exceso de temporalidad no es estatal, sino que se concentra especialmente en las Comunidades Autónomas, donde la tasa de empleados eventuales, según sus datos, alcanza el 40%. Por el contrario, en la Administración General del Estado se sitúa en el 4,7%, ajustándose a los límites

En cuanto al volumen de empleados que podrían beneficiarse de esta medida, según Comisiones Obrera, no existe una cifra exacta que dimensione a un colectivo tan heterogéneo, lo que anticipa una tarea sumamente compleja para determinar cuántos trabajadores ostentan realmente la condición de 'indefinido no fijo' con derecho a consolidar su plaza.

En concreto, todo trabajador que no pueda consolidar su cargo como fijo debido a la falta de superación de un proceso selectivo completo y la correspondiente ratificación judicial tiene, según el tribunal, acceso a una vía indemnizatoria.

Esta indemnización se calcula según los criterios de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En concreto, el Supremo establece una compensación por daños morales que oscila entre los 1.000 y los 10.000 euros, cuantía que busca penalizar la desprotección del trabajador. A esta cifra se le sumará, en caso el cese efectivo de la relación laboral, una indemnización de 20 días por año trabajado.

El Alto Tribunal dictó su fallo citando precedentes como el "caso Obadal", donde el TJUE ya advirtió a España de que su normativa carecía de medidas para prevenir y sancionar la temporalidad abusiva, y donde el Supremo ya se vio forzado a considerar "injustificadamente largos" los contratos de interinidad superiores a tres años.

Fuente: elmundo.es 13.05.2026

El letrado que representa a los interinos explica lo que supone la sentencia del TJUE para todos los empleados públicos.

La arquitectura del empleo público en España se enfrenta a un seísmo jurídico sin precedentes tras la reciente sentencia Obadal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así lo considera Javier Arauz, abogado laboralista que representa a los interinos ante el abuso de temporalidad, que enfatiza a Business Insider España cómo el modelo español de interinidad ha colapsado y toca "modificar todo el régimen de la temporalidad en el sector público para evitar abusos en el futuro".

La resolución del tribunal europeo, conocida el miércoles 14 de abril de 2026, no solo cuestiona la normativa vigente, sino que también pone en entredicho la totalidad de herramientas utilizadas hasta ahora por el Gobierno y el Tribunal Supremo para acabar con el abuso de la temporalidad en el empleo público.

Por ello Arauz, no se anda con medias tintas. Al invalidar todas las medidas españolas, la fijeza emerge como "la única sanción viable". Por lo que exhorta a interinos en esta situación a "actuar ahora mismo".

Este 12 de mayo, el Tribunal Supremo ha dado un giro y acepta que los empleados públicos interinos que han encadenado contratos temporales de forma fraudulenta puedan obtener la condición de fijo. Sin embargo, lo hará únicamente si han superado un proceso selectivo, pero no han obtenido plaza al quedar por debajo de otros candidatos que sí la lograron. 

Un "antes y un después" para casi un millón de empleados

"Después de 25 años de la Directiva 1999/70, que prohíbe abusos en contratación temporal sucesiva, España sigue sin sancionar ni compensar a víctimas", arranca Arauz.

Si bien nuestro país se comprometió a atajar el problema tras sucesivos tirones de oreja de la UE, fijando una tasa de temporalidad del 8% para 2024, hoy, sigue superando el 30%. Atendiendo a la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, esto se traduce en 999.738 trabajadores afectados, de los cuales el 75% son mujeres, muchas mayores de 50 años con más de una década de servicio precario.

Para el letrado, la sentencia marca un punto de inflexión definitivo para estos trabajadores. El TJUE ha dictaminado que ni la figura del indefinido no fijo, al que califica como "un temporal más", ni los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 cumplen con la directiva europea.

En sus palabras, la sentencia "lo que se persigue es que se estabilice a estos empleadores públicos temporales víctimas de un abuso y se les compense por la violación sistemática de sus derechos, para evitar con ello que estos abusos se sigan produciendo en el sector público nacional".

Lo que "aboca a la transformación de las víctimas de estos abusos en trabajadores públicos fijos como única medida aplicable en nuestro país para cumplir la Directiva 1999/70", asegura.

¿Qué deben hacer los afectados?

Ante la magnitud del fallo, Arauz recomienda una acción inmediata para todos los interinos que se encuentren en situación de abuso (aquellos que encadenan contratos temporales para cubrir necesidades permanentes).

"Reclamar la aplicación de su caso de la directiva, solicitar la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija y además pedir indemnizaciones y esto hacerlo cuanto antes", son las direcrtices del abogado.

Aquellos que ya han sido cesados y tengan procesos judiciales abiertos "deben invocar esta sentencia". Incluso quienes agotaron la vía en el Supremo podrían iniciar nuevas demandas, asegura, ya que la "cosa juzgada" está matizada en el derecho de la UE cuando se trata de aplicar su normativa de forma homogénea.

Los restantes "deberían iniciar igualmente nuevas reclamaciones y demandas instando su reingreso", aconseja en declaraciones a Business Insider España.

El Gobierno señala a las CCAA como responsables

Por su parte, el Gobierno ha adoptado una postura de resistencia, calificando la resolución de "meramente aclaratoria".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que el Ejecutivo ya está cumpliendo con sus compromisos. Al tiempo ha situado el núcleo del problema de la temporalidad en las comunidades autónomas y entidades locales, donde las tasas rondan el 38,8% y 38,6% respectivamente, frente a un reducido 4% en la Administración General del Estado (AGE).

"Seguiremos trabajando para reducir la temporalidad en el sector público sabiendo que para resolver un problema hay que saber dónde está el problema y el problema está básicamente en las administraciones autonómicas", declaró en el marco del foro Ametic AI Summit, en declaraciones recogidas por Europa Press.

A este respecto, enfatizó la reforma de 2021 para estabilizar más de 300.000 plazas. "Hemos estabilizado más de 400.000, también cumplimos con Bruselas, y en los últimos años hemos hecho las mayores ofertas de empleo público de la historia", recalcó.

Fuente: www.businessinsider.es 12.05.2026

El Gobierno Sánchez prepara una norma para desbloquear la jubilación parcial del personal laboral público. Afecta a unos 700.000 empleados, pero conviene no confundirse: no son 700.000 interinos que vayan a consolidar

El Gobierno de Pedro Sánchez no sabe qué hacer y prepara un decreto para desbloquear la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas. La noticia, convenientemente perfumada por los aparatos de propaganda monclovita, habla de relevo generacional, salida digna para trabajadores mayores y rejuvenecimiento de plantillas. Todo muy razonable. El problema es que en España basta pronunciar “empleo público” para que aparezca, detrás de una maceta, un contrato temporal esperando turno.

Primera precisión, porque el truco empieza en la cifra: no estamos ante 700.000 futuros jubilados que vayan a ser sustituidos por 700.000 interinos llamados a consolidar. Ese colectivo de unos 700.000 trabajadores es el personal laboral público potencialmente afectado por la paralización de la jubilación parcial, sobre todo en ayuntamientos y universidades. Lo que se negocia no es una estabilización masiva por la puerta de atrás. Es algo más castizo: una posible puerta de entrada para nuevos relevistas temporales, con la promesa habitual de que ya se ordenará todo en una oferta pública de empleo.

La jubilación parcial quedó atascada porque la reforma aprobada por el Real Decreto-ley 11/2024 exige, para la jubilación parcial anticipada, un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, mantenido al menos dos años después de la jubilación plena. En la empresa privada eso puede ser difícil. En la Administración es casi literatura fantástica: contratar fijo exige proceso selectivo, plaza, plazos, tribunales, recursos y esa velocidad de glaciar con sello electrónico que tanto prestigio da al Estado.

Ante el bloqueo, el Ejecutivo baraja permitir relevistas procedentes de procesos selectivos ya superados o interinos con plaza vinculada a una OPE. Sobre el papel, suena técnico. En la práctica, conviene activar todas las alarmas. España tiene una larga tradición de llamar “excepcional” a lo que después cumple veinte años, cobra trienios y termina suplicando a Luxemburgo que alguien le explique si aquello era legal.

El contexto no ayuda al optimismo. El último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, con datos de julio de 2025, confirma que el empleo público sigue instalado en la temporalidad estructural. Análisis de esos microdatos sitúan cerca de un millón de temporales: unos 700.749 funcionarios o estatutarios interinos y 298.989 laborales temporales, alrededor del 32,2% del total. La Ley 20/2021 prometía bajar al 8%. De momento, parece que la reducción viaja en diligencia.

Tampoco Bruselas está para cuentos. La Comisión suspendió en julio de 2025 más de 626 millones de euros del Plan de Recuperación al considerar revertido el hito 144, precisamente el relativo a reducir la temporalidad en las administraciones. Es decir: Europa no ha comprado el relato de “misión cumplida”. Lo ha devuelto con recargo.

Y el TJUE acaba de añadir música de fondo. En la sentencia Obadal, de 14 de abril de 2026, Luxemburgo vuelve a cuestionar el modelo español: ni el indefinido no fijo, ni la indemnización tasada, ni los procesos selectivos generales parecen sancionar adecuadamente el abuso ni eliminar sus consecuencias. Dicho sin toga: no basta con marear al trabajador hasta que se jubile, enferme o pierda el recurso.

La jubilación parcial debe desbloquearse. Nadie sensato discute el derecho a una salida ordenada ni la necesidad de rejuvenecer plantillas. Pero si el decreto sirve para crear otra generación de temporales con fecha de caducidad difusa, estaremos ante el viejo milagro administrativo: apagar un incendio con gasolina subvencionada.

El Congreso tiene aquí una prueba sencilla. Si convalida el decreto, debe exigir una cláusula clara: ningún contrato de relevo temporal podrá convertirse en cobertura estructural encubierta; cada plaza deberá estar identificada, ofertada, calendarizada y sometida a responsabilidad si la Administración incumple.

Porque España ya tiene demasiados interinos abusados. Lo que no necesita es inventar la edición 2026, con etiqueta social y envoltorio de relevo generacional.

Fuente: diariosabemos.com 12.05.2026

Función Pública ha convocado a las comunidades, que concentran el grueso de interinos, para tomar medidas ante la amenaza de sanción de Bruselas, entre las que se valoran posibles “cambios normativos”

El Ministerio de Función Pública ha convocado este jueves a las comunidades autónomas para abordar el problema de la elevada temporalidad en la Administración Pública, concentrada sobre todo en las administraciones regionales y locales y que puede suponer a España una multa de la Comisión Europea. El departamento de Óscar López ha planteado al resto de Administraciones la urgencia de tomar medidas, según fuentes de la reunión, que ha concluido con un acuerdo para formar dos grupos de trabajo que aborden este tema y en las que se evaluarán “posibles cambios normativos”.

La reunión de este jueves tiene lugar tras la sentencia del pasado 14 de abril de la justicia europea, que volvió a considerar que España no sanciona adecuadamente la temporalidad abusiva de los empleados públicos, así como del nuevo apremio de la Comisión Europea a España a que cumpla con la reducción de temporales en la Administración Pública y con una protección adecuada de estos trabajadores ante los abusos en la temporalidad, dentro de los expedientes sancionadores iniciados contra nuestro país en 2014 y 2015.

Bruselas ha dado dos meses a España para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción, que puede desembocar en una multa económica para España.

Tras el pronunciamiento de Bruselas, el 29 de abril, el Ministerio de Óscar López subrayó que el problema de la temporalidad pública está concentrado principalmente en las CCAA, “con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado”. Especialmente, en los sectores de Educación y Sanidad, con tasas de temporalidad del 40% y 43%, respectivamente.

Posibles “cambios normativos”

Por ello, Función Pública convocó a las comunidades a una reunión, que ha tenido lugar este jueves por la mañana, presidida por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez.

El encuentro –en un clima “constructuvo”– ha tenido lugar en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, un órgano de carácter técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Este aborda problemas comunes en materia de Función Pública entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En la reunión, el Ministerio ha acordado con las comunidades autónomas dos grupos de trabajo. Por un lado, convocar nuevamente el Grupo Técnico de Selección, que ya ha existido con anterioridad para reducir la temporalidad pública, y, por otro, crear un nuevo grupo que estudie “posibles cambios de normativa”, explican fuentes de la negociación.

419.000 plazas estabilizadas

Función Pública ha facilitado los últimos datos de los procesos de estabilización, que superan las “419.000 plazas” y ha pedido a las comunidades que actualicen y hagan llegar al Ministerio sus cifras para tener una fotografía completa de los puestos temporales que se han convertido en fijos.

En todo caso, en el Gobierno consideran que España ha cumplido con el objetivo comprometido con la Comisión Europea, de cubrir al menos con trabajadores fijos 300.000 plazas en los tres niveles de la Administración que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales.

En 2021, España aprobó una ley para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas, pactada con Bruselas, que el Ejecutivo considera que está funcionando ante la reducción de la tasa de temporales públicos de los últimos años.

Esta tasa –que mide los empleados temporales sobre el total– se ha reducido en los últimos años del 32,7% en 2022 al 26,8%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

No obstante, hay muchas diferencias según el tipo de Administración. El peso de los temproales es muy inferior en la Administración Central, del 5%, mientras que en las comunidades escala al 34% y en la adminsitración local al 36%, según los datos del INE analizados por El País.

Fuente: eldiario.es 07.05.2026

El Alto Tribunal ha aclarado cuándo las interrupciones entre contratos temporales no hacen perder la antigüedad, incluso aunque duren varios meses.

El Tribunal Supremo ha consolidado la teoría de “unidad esencial del vínculo” para determinar el cálculo correcto de la antigüedad tras varios contratos temporales e interrupciones. En una reciente sentencia (STS 1632/2026) ha determinado que los periodos de inactividad, incluyendo incluso de 9 meses, no rompen la continuidad de la relación profesional si representan un porcentaje mínimo en comparación con el tiempo total trabajado para la empresa.

Lo ha hecho al analizar el caso de Gerardo (nombre ficticio). Este trabajaba en Adif y reclamaba que se le reconociera la antigüedad desde el 25 de julio de 1988, que fue la fecha de su primer contrato, descontando únicamente los periodos de interrupción en los que no prestó servicios y cobró la prestación por desempleo. Por el contrario, la empresa solo le reconocía la antigüedad desde el 13 de diciembre de 1990.

Este desacuerdo llegó a los tribunales. En las primeras instancias, tanto el Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo (en septiembre de 2022) como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (en julio de 2024), desestimaron las pretensiones del trabajador y dieron la razón a Adif. Por ello, el empleado presentó un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

Para argumentar su caso, aportó como “sentencia de contraste” una dictada por el TSJ de Castilla y León (sede en Valladolid) en 2023, que en un supuesto casi idéntico contra Adif y bajo el mismo marco normativo (artículo 24 del X Convenio Colectivo de RENFE), había fallado a favor del trabajador reconociendo la antigüedad desde el primer contrato temporal. El Tribunal Supremo admitió que existía una contradicción clara entre ambas sentencias que debía ser resuelta.

La “unidad esencial del vínculo”

En este caso, el debate se centraba en si era aplicable la teoría de la “unidad esencial del vínculo” en casos donde las interrupciones entre contratos no se deben a un fraude en la contratación. Esta doctrina valora si la relación laboral, pese a ser intermitente, puede considerarse continua a efectos de antigüedad.

Criterio de proporcionalidad y unidad del vínculo

El Supremo, para determinar si una interrupción “rompe” el vínculo laboral, explica que no existe una regla matemática fija, sino que se deben observar circunstancias como el tiempo total transcurrido desde el primer contrato, el volumen de actividad en ese lapso, el número y duración de las pausas, y si existe o no anomalía (fraude) contractual.

En casos donde no hay contratación fraudulenta, como era este, la jurisprudencia permite flexibilizar los plazos. Las interrupciones superiores a 30 días pueden no romper el vínculo si se concluye que no son “significativas” al ponerlas en contexto con el resto del tiempo trabajado.

Al analizar la interrupción más larga que tuvo este empleado (9 meses en el año 1992), el Alto Tribunal calculó que, en relación con los más de 26 años completos de prestación de servicios transcurridos hasta la interposición de la demanda en 2020 (10.417 días en total), dicho cese de 274 días representaba apenas el 2,63% de su vida laboral con la empresa.

Por ello, entendió que ni la interrupción de 9 meses ni las anteriores (que fueron de plazos mucho menores, como 36 días o casi tres meses) tuvieron la entidad suficiente como para romper de forma significativa la relación continuada.

No se rompe la antigüedad

Al determinar que el tiempo no trabajado suponía un porcentaje muy pequeño frente a décadas de servicio, el Tribunal Supremo determinó que la sentencia de contraste aportada era la correcta jurídicamente. Por lo tanto, estimó el recurso del trabajador y condenó a Adif a reconocer su antigüedad desde el 25 de julio de 1988, indicando que deben descontarse a efectos de cómputo los períodos intermedios en los que el contrato estuvo interrumpido.

Fuente: noticiastrabajo.huffingtonpost.es 02.05.2026

• La Comisión Europea aplicará un cálculo más estricto para elevar las multas y reforzar su efecto disuasorio
• El nuevo enfoque se centrará en los expedientes abiertos más de cinco años que no han llegado a la Justicia

Bruselas prosigue con su simplificación regulatoria en un intento por eliminar las barreras del mercado único y agilizar los procesos burocráticos para que sean más eficientes. La Comisión Europea ha presentado una propuesta que se vuelve más estricta con los procedimientos de infracción para los Estados miembro que no cumplen con la traslación de la normativa europea a su legislación nacional. Al tiempo endurecerá las sanciones para aquellas capitales que no aplican la norma comunitaria.

La propuesta presentada este martes en Estrasburgo pretende acelerar los expedientes cuando las directivas europeas no se transponen a la regulación nacional. Si un Gobierno no notifica a Bruselas a tiempo la aplicación de una directiva o no ofrece información adicional una vez que el procedimiento de infracción se ha activado, Bruselas reduce a seis meses el plazo por el que activa el segundo paso del expediente.

El procedimiento de infracción consta de tres pasos: un primer aviso, por el cual se da dos meses a un país para subsanar la situación. Si la directiva europea sigue sin aplicarse, se remite a ese Gobierno un segundo aviso, con otros dos meses de plazo y, en última instancia, la Comisión Europea puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Lo que plantea el Ejecutivo comunitario es una perspectiva más estricta cuando los países piden ampliar ese plazo de dos meses que tienen para responder a Bruselas. La idea es que solo se conceda esa extensión en el segundo paso del procedimiento, a partir de ahora.

Por otro lado, Bruselas quiere reducir el número de casos de procedimientos de infracción de larga duración. Para ello se centrará en casos que llevan abiertos más de cinco años pero que todavía no han llegado a la Justicia europea. Para los procedimientos que lleguen a este umbral final, Bruselas plantea endurecer las sanciones económicas como elemento disuasorio.

En este sentido, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis ha explicado que esa comunicación "establece un enfoque renovado en materia de aplicación de la normativa, basado en procedimientos más ágiles, una mayor automatización, sanciones más disuasorias y un énfasis en la reducción de los casos pendientes desde hace tiempo en todos los ámbitos del Derecho de la UE.

Uno de los puntos clave de esta propuesta es la introducción de mecanismos disuasorios creíbles para aquellos países que no cumplan con la normativa europea. En caso de infracción, se espera que los países colaboren para corregirlas. Si esto no sucede, los Tratados de la UE permiten imponer sanciones desde el momento en el que el caso llega al TJUE.

En un paso más del procedimiento, el fallo de la justicia europea puede llevar a multas más elevadas por la no transposición de la normativa europea, ya que se considera que priva a los ciudadanos europeos de sus derechos. La Comisión Europea anuncia, así, que aplicará un enfoque más estricto en el cálculo de estas sanciones con un importe más elevado para reforzar su efecto disuasorio.

Fuente: eleconomista.es 28.04.2026

La Comisión Europea envía al Gobierno español dos dictámenes motivados y le da dos meses para argumentar o corregir la situación antes de recurrir a la justicia europea

La Comisión Europea ha advertido este miércoles de que llevará a España ante la justicia europea si no aprueba una reforma legal que compense adecuadamente a los trabajadores del sector público por el abuso de los contratos temporales. Este es el último capítulo de una batalla emprendida desde hace años en la que se enredan los centenares de miles de empleados interinos que padecen esta situación, el Estado español, diversos tribunales (nacionales y europeos) y el propio Ejecutivo de la UE.

Ese paso se ha producido al enviar la Comisión Europea al Gobierno español dos dictámenes motivados exigiendo que corrija la situación. España tiene ahora dos meses para responder o aprobar la correspondiente reforma. Si no lo hace, el Ejecutivo de la UE denunciará a España ante los tribunales y su sentencia puede acabar incluso con una multa.

La historia de estos procedimientos de infracción, como oficialmente se llama al expediente por el que Bruselas insta a un Estado miembro a corregir una mala aplicación de las normas comunitarias, arranca hace 12 años. En 2014, la Comisión abrió dos expedientes contra el Estado español tanto por la indemnización insuficiente a los empleados públicos temporales como por la discriminación que eso supone frente a los trabajadores del sector privado.

Pero aquellos expedientes se suspendieron después de una reforma aprobada por el Parlamento y que, además, formaba parte del plan de recuperación español para percibir los fondos europeos derivados de la pandemia. La Comisión dio por buenos los cambios. Sin embargo, aquello no fue suficiente para el Tribunal de Justicia de la UE, según una sentencia de febrero de 2024. Meses después el Ejecutivo de la UE tuvo que desdecirse para acatar la sentencia y retomar los expedientes en 2024.

El paso conocido este miércoles en los dos procedimientos ha consistido en el envío a España de dos dictámenes motivados −publicados este miércoles por el organismo comunitario— en los que la Comisión insta respectivamente al Estado español a que “elimine las condiciones laborales discriminatorias en el sector público”, en el caso del primer procedimiento sancionador abierto en 2014; e, igualmente, a que ”impida el uso abusivo de las relaciones laborales de duración determinada“, en respuesta al segundo expediente abierto ese mismo año.

En ambos casos, Bruselas da dos meses a España para “responder y adoptar las medidas necesarias” y añade Bruselas: “De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

De esta forma, si el Gobierno español, tal y como ha manifestado en requerimientos previos de Bruselas (a través de las denominadas cartas de emplazamiento en estos procedimientos), así como tras las respuestas a varias cuestiones prejudiciales sobre esta problemática presentadas al TJUE, sigue considerando que la normativa española sí cumple con la comunitaria y no prevé adoptar nuevas medidas, la Comisión llevará previsiblemente a España ante la justicia europea. Se iniciará, por tanto, un procedimiento judicial formal en el TJUE, con la presentación de una demanda, su contestación, vista y sentencia. Este proceso podría durar aún entre año y medio y tres años, según fuentes jurídicas consultadas.

Fuentes gubernamentales aseguran que el Gobierno de España “colaborará, como hace siempre, con la Comisión Europea y presentará sus alegaciones en tiempo y forma”, de lo que se desprende que sigue manteniendo sus discrepancias con Bruselas. Así, el Ministerio de Función Pública argumentará que “la ley para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas aprobada en 2021 y validada por la Comisión Europea, está funcionando: la tasa de temporalidad se ha reducido en seis puntos en España, pasando de un 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad”, indican estas fuentes.

Los tribunales españoles de todas las instancias y de las jurisdicciones Social y Contencioso-administrativo han dictado numerosas sentencias a lo largo de las últimas décadas reconociendo en muchos casos estos comportamientos abusivos por parte de las administraciones públicas españolas y llegando a reconocer en algunos casos a estos trabajadores la fijeza en sus relaciones laborales. El Gobierno español, por su parte, también ha tomado algunas medidas para intentar cumplir con los requerimientos de Bruselas al respecto —incluida la reducción de su tasa de temporalidad del actual 27% al 8%, vinculando este requisito al pago de una parte de los fondos europeos de recuperación y cuyo abono está paralizado por no haber cumplido con esta exigencia—. Entre estas medidas se encuentra la creación de una indemnización solo para algunos funcionarios interinos al término de su relación laboral y la convocatoria de procesos de selección para la estabilización de puestos temporales que ha supuesto el paso a ser funcionarios de carrera a medio millón de empleados públicos en los últimos cuatro años. Si bien, en paralelo, las administraciones han seguido contratando de manera temporal masivamente y encadenando este tipo de contratos en un mismo trabajador.

Por ello, el abogado español Javier Araúz, que presentó en 2014 varias denuncias contra el Reino de España por incumplir la directiva sobre contratos de duración determinada que sirvieron a Bruselas para incoar los citados procedimientos sancionadores, ha destacado este miércoles que, pese a todas las medidas tomadas por el Ejecutivo y según recoge el texto publicado por el organismo comunitario este miércoles, “la Comisión Europea entiende que España no actúa contra el uso abusivo de los contratos temporales públicos, al no incluir el Derecho español medidas preventivas y sancionadora adecuadas en este sector, sosteniendo que las explicaciones facilitadas por el Gobierno de España siguen siendo insatisfactorias”.

Varias demandas de trabajadores afectados han llegado al Tribunal Supremo, que ha descartado convertir en fijos a los trabajadores que experimentan estos abusos, al considerar que esto iría en contra de la Constitución. Aún así, el Alto Tribunal planteó sus dudas sobre si la normativa española sanciona suficientemente el abuso de la temporalidad pública y la justicia europea le ha vuelto a decir que ninguna de las tres medidas que contemplan las leyes españolas (reconocimiento de la categoría de indefinido no fijo; indemnizaciones tasadas y procesos de estabilización) son suficientes para reparar los daños a los trabajadores. Así lo repitió el TJUE en un fallo conocido el pasado 14 de abril, que el Supremo deberá tener ahora en cuenta para dictar su sentencia.

Fuente: elpais.com 29.04.2026

• El Gobierno tiene dos meses para responder antes de que el caso llegue a la justicia europea
• Bruselas ya recortó a España 627 millones de los fondos Next Generation por este incumplimiento
  
• La Comisión denuncia la discriminación y el abuso de los contratos temporales en el sector público

La Comisión Europea avanza en el expediente a España por la situación de los trabajadores interinos de los servicios públicos. Bruselas da un ultimátum a España. Ha remitido este miércoles al Gobierno un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, por no haber adaptado su legislación a la norma europea que prohíbe la discriminación de trabajadores con contratos de duración determinada. Sin una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario llevará a España ante la Justicia europea.

El Ejecutivo comunitario indice en que la normativa española establece condiciones laborales menos favorables para los trabajadores con contratos de duración determinada en el sector público, frente a los trabajadores fijos. Este punto formaba parte de los compromisos que el Gobierno no ha cumplido como parte del plan de Recuperación y Resiliencia.

Bruselas consideró ya en julio del año pasado que España no ha cumplido con uno de los hitos del primer desembolso de fondos Next Generation, el de la temporalidad de los interinos. Una coyuntura que llevó a Bruselas a recortar a España 627 millones de euros para compensar este incumplimiento.

La decisión de abrir expediente al España por la situación de los trabajadores interinos radica en que esta situación constituye "una discriminación contraria al derecho de la Unión Europea", explica el Ejecutivo comunitario.

Por este mismo motivo, por la situación de los interinos, se activó el procedimiento de infracción a España en 2014. España resolvió algunas de las cuestiones planteadas en la carta de emplazamiento, el primer paso del procedimiento de infracción que se inició en julio de 2024. Sin embargo, la Comisión Europea considera que hay otras de las explicaciones que siguen siendo insatisfactoria.

Por este motivo, Bruselas avanza al segundo paso del procedimiento de infracción y manda a España un dictamen motivado. El Gobierno tiene ahora dos meses de plazo para responder y solucionar la situación adoptando las medidas necesarias. En caso de que no cumpla, la Comisión Europea puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea e imponer una multa por no cumplir con la normativa europea.

Ultimátum por no impedir relaciones laborales abusivas

En relación con esta cuestión, Bruselas ha remitido a España un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción por no impedir el uso abusivo de las relaciones laborales en los contratos de los interinos y no evitar condiciones de empleo discriminatorias en el sector público.

La Comisión Europea ha enviado a España otro dictamen motivado por no proteger a los trabajadores del sector público de corta duración del uso abusivo de contratos de duración determinada sucesivos. La normativa comunitaria, apunta Bruselas, requiere que la legislación nacional implemente medidas para prevenir y sancionar abusos como encadenar contratos de corta duración.

Aunque España ha modificado su normativa nacional tras la incoación del procedimiento de infracción en 2015 y la última carta de emplazamiento enviada por la Comisión en octubre de 2024, las explicaciones facilitadas siguen siendo insatisfactorias.

Como parte de este proceso, España dispone de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podrá decidir remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Desde el Gobierno apuntan que "España ha cumplido, además, con la Comisión Europea en el objetivo de cubrir con trabajadores fijos 300.000 plazas que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales. Con datos actuales, las plazas estabilizadas ascienden a 419.756".

El problema de la temporalidad, explica el Ejecutivo de Sánchez, reside principalmente en las CCAA, con una tasa del 40% de empleados temporales. La Administración General del Estado tiene un porcentaje de contratos temporales del 4,7%.

Estos datos, aseguran fuentes del Ejecutivo español, han sido posibles gracias a las ofertas de empleo que ha realizado el Gobierno, que ha convocado de media 32.522 plazas de empleo público al año entre 2018 y 2025. Una política que contrasta con los recortes de la etapa anterior del PP , que lastraron durante años a una Administración envejecida y en proceso de jubilación masiva.

Fuente: eleconomista.es 29.04.2026

Tras la sentencia Obadal, distintos juzgados han condenado a las administraciones con cuantiosas indemnizaciones a las que habría que sumar las sanciones que la Comisión Europea impondrá en breve a España

La reciente evolución de la jurisprudencia europea y su impacto en el ordenamiento español abre un escenario de enorme trascendencia económica y política: el coste potencial de no conceder la fijeza a los trabajadores interinos en la Administración pública podría superar los 40.000 millones de euros. Esta cifra, que comienza a perfilarse a partir de resoluciones judiciales concretas como la dictada en Vigo, transforma lo que hasta ahora era un debate jurídico en un problema estructural de primer orden para las cuentas públicas.

El punto de inflexión se sitúa en la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cuestiona de manera directa la eficacia de las medidas adoptadas por España para sancionar el abuso de la temporalidad en el sector público. El tribunal europeo ha considerado insuficientes tanto la normativa vigente como la interpretación realizada por el Tribunal Supremo, dejando en evidencia un vacío sancionador que obliga a replantear las soluciones jurídicas aplicables a cientos de miles de trabajadores.

En este contexto, la resolución del Juzgado de lo Social de Vigo marca un precedente especialmente relevante. La indemnización reconocida (superior a 52.000 euros) a una trabajadora vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas introduce un elemento disruptivo: incluso en casos donde el empleado ha accedido posteriormente a una plaza estable, la justicia comienza a reconocer el perjuicio derivado de años de abuso en la contratación temporal. Este criterio abre la puerta a una avalancha de reclamaciones que podría tener un impacto presupuestario sin precedentes.

El elemento clave del análisis reside en la extrapolación de este tipo de indemnizaciones al conjunto del sector público. España cuenta con una bolsa estructural de interinos que, durante años, han encadenado contratos temporales en condiciones que ahora están siendo cuestionadas por la justicia europea. Si cada caso derivara en compensaciones similares a las fijadas en Vigo, el cálculo agregado supera con facilidad los 40.000 millones de euros, una cifra que situaría este problema al nivel de las grandes crisis fiscales recientes.

Desde una perspectiva jurídica, la disyuntiva es clara: o bien se avanza hacia la fijeza como medida sancionadora del abuso, o bien se asume un coste económico masivo en forma de indemnizaciones. La primera opción plantea resistencias políticas y doctrinales, al chocar con principios tradicionales del acceso al empleo público basados en mérito y capacidad. La segunda, sin embargo, introduce un riesgo fiscal difícilmente asumible sin afectar a la sostenibilidad presupuestaria.

El problema trasciende el ámbito técnico y se proyecta de lleno en la arena política. La falta de una respuesta legislativa clara tras los pronunciamientos europeos está generando un escenario de inseguridad jurídica en el que son los tribunales de instancia los que están marcando el camino. La sentencia de Vigo no es un hecho aislado, sino el indicio de un cambio de tendencia que podría multiplicarse en los próximos meses.

A ello se suma un factor adicional: el reconocimiento de la figura del “indefinido no fijo” como solución intermedia queda cada vez más cuestionado. La decisión del tribunal vigués sugiere que esta categoría no neutraliza el daño causado por la temporalidad abusiva, lo que refuerza la idea de que las administraciones podrían enfrentarse a responsabilidades acumuladas incluso en procesos de estabilización ya resueltos.

En términos económicos, el impacto de un escenario de indemnizaciones masivas obligaría a redefinir prioridades presupuestarias, comprometiendo partidas esenciales o incrementando el endeudamiento público. El coste de no actuar o de hacerlo de forma insuficiente podría ser muy superior al de adoptar soluciones estructurales como la consolidación de plazas a través de la fijeza.

La combinación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las primeras resoluciones de los tribunales españoles dibuja un horizonte en el que la inacción tiene un precio cuantificable y elevado. La cuestión ya no es únicamente cómo corregir el abuso de la temporalidad, sino cuánto está dispuesto a pagar el Gobierno por no reconocer la fijeza.

Fuente: diariosabemos.com 24.04.2026

Bruselas obliga a España a regularizar contratos públicos de interinos a fijos.

La Justicia Europea ha dictaminado que Bruselas obliga a España a regularizar funcionarios interinos que han permanecido años en sus puestos sin plaza fija. Esta medida busca sancionar el abuso de la temporalidad en la Administración Pública española.

La sentencia exige convertir en personal indefinido a quienes sufren un fraude de ley por encadenar contratos temporales de forma injustificada. Este giro histórico garantiza la estabilidad en el empleo público para miles de trabajadores afectados.

El nuevo criterio de fijeza para el personal interino

La resolución del Tribunal de Justicia de la UE establece que España no ha tomado medidas suficientes para evitar el abuso de contratos. Por ello, la fijeza aparece como la única solución posible para reparar el fraude de ley acumulado durante décadas.

Esta decisión choca con la normativa nacional actual, pero el derecho europeo prevalece. Las administraciones deberán revisar cada expediente donde la temporalidad sea excesiva, marcando un antes y un después en los puestos interinos en Europa para este 2026.

Requisitos para acceder a la regularización automática

No todos los empleados públicos cambiarán su estatus de forma inmediata. Para que la administración ejecute el mandato donde Bruselas obliga a España a regularizar funcionarios interinos, se deben cumplir ciertos criterios de permanencia.

Muchos empleados se preguntan ¿Cuándo hacen fijo a un interino? según este nuevo marco. La clave reside en haber superado los límites legales de temporalidad sin que la administración haya convocado la plaza en los plazos previstos por la ley.

• Haber ocupado la misma vacante durante un periodo superior a los tres años.
• Que la plaza no haya sido objeto de una oferta de empleo público efectiva.
• Acreditar que el cese supondría una desprotección frente al abuso previo.

Consecuencias legales para la Administración Pública

El incumplimiento de estas directrices europeas podría acarrear sanciones económicas millonarias para el Estado español por cada caso no resuelto. Bruselas exige que la sanción por el uso abusivo de contratos sea efectiva y disuasoria para evitar que se repita.

Esto supone, en la práctica, que el trabajador pasa a tener los mismos derechos de permanencia que un fijo de carrera. Al confirmarse el fraude de ley, el cese del interino sin una causa justificada se vuelve legalmente casi imposible.

Nota: Es vital revisar tu vida laboral y los contratos firmados. La regularización depende de la duración del fraude de ley detectado en tu puesto específico según el derecho comunitario.

Aunque el sistema tradicional de oposiciones sigue vigente para las nuevas plazas, este proceso busca limpiar el fraude estructural. Esta medida asegura la estabilidad en el empleo público y protege los derechos fundamentales de los empleados.

El reconocimiento de la fijeza es la herramienta definitiva que Europa impone para acabar con la precariedad en el sector público. Se trata de una garantía jurídica que prevalece sobre las leyes nacionales que permitían la temporalidad infinita.

Esta transformación obligatoria obliga a las distintas administraciones a reordenar sus plantillas de forma inmediata. El objetivo final es que ningún trabajador público encadene contratos temporales más allá de los límites legales permitidos por la UE.

Qué debes hacer ahora para asegurar tu plaza

Si te encuentras en situación de interinidad prolongada, te recomendamos recopilar todos tus contratos y nombramientos históricos. Este respaldo documental será tu mejor defensa para solicitar la estabilidad que ahora exige Europa.

Consulta con especialistas en derecho administrativo para evaluar si tu caso encaja en los nuevos criterios. Asegurar tu futuro profesional es posible si actúas a tiempo y reclamas tus derechos frente a la temporalidad abusiva.

Fuente: cronicaglobal.elespanol.com 24.04.2026