La Ley 20/201, señalada por el TJUE en sus sentencias,  ha sido un fracaso estrepitoso con más de un millón de interinos en fraude de ley

La Agrupación de Interinos ha hecho público su informe “Análisis de la temporalidad en el empleo público en las Comunidades Autónomas (2021-2025)” , un documento exhaustivo que puede consultarse en esta información.  que revela que la tasa de temporalidad en el empleo público español alcanza aún el 32%, cuadruplicando el objetivo del 8% fijado por la Unión Europea. El estudio deja claro que la ley 10/2021 para estabilizar al colectivo fue un fracaso rotundo como se desprende de los interinos pendientes de estabilizar.

El informe desmonta las tesis del ministro Oscar López y señala el problema de la temporalidad en la función publica como uno de los grandes problemas del país con un millón de interinos sin estabilizar pese a las últimas sentencias del TJUE.

Este estudio  “Análisis de la temporalidad en el empleo público en las Comunidades Autónomas (2021-2025)” se basa en datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) y de la Encuesta de Población Activa (EPA). El informe incluye un análisis comparativo por CCAA y sectores, identificando clústeres de alta precariedad y recomendaciones legales y organizativas para revertir la situación.

Mañana  Martes 21 de Octubre en el debate del Congreso impulsado por  Podemos todos los grupos parlamentarios  expondrán vías para cumplir las exigencias de la CE y evitar sanciones por incumplimiento en la reducción de la temporalidad, pero por el momento se descarta la fijeza automatica del personal en abuso escudándose en que la Constitución no lo permite.. De momento formaciones como Podemos supeditan el apoyo de su partido a la Ley de Función Pública si el ministro aprobara la estabilización del colectivo. De eso van las enmiendas de Junts y Podemos y de crear la figura del funcionario a extinguir para lograr regularizar al colectivo.

Este colectivo formado por profesionales de toda España, ya estabilizados,  ahora en distintas organizaciones sindicales y dedicados al estudio de la función pública ,  ven necesario en el informe  que publica este lunes nuestro medio,  como una de las conclusiones es “ la necesidad de un cambio de paradigma. Más allá de los procesos de estabilización, se requieren reformas estructurales en la planificación de los recursos humanos, en la normativa presupuestaria que incentiva la contratación temporal y en los mecanismos de control y sanción para las administraciones incumplidoras”.

En el documento también se proponen recomendaciones estratégicas y legales dirigidas a los responsables políticos nacionales, a los gestores autonómicos y a los líderes sectoriales para abordar las causas raíz de la temporalidad y avanzar hacia un modelo de empleo público estable, profesional y sostenible”.

Para Miguel Quintero, vinculado a un sindicato de función pública canario y uno de los portavoces de esta asociación, el estudio pone de manifiesto que las Comunidades Autónomas concentran el 77,5% del personal temporal del país, con una tasa interna de temporalidad del 39,9%, lo que convierte a este nivel administrativo en el epicentro de la precariedad dentro del sector público español. “La interinidad que vemos ahora es la misma que en el 2019 a nivel cuantitativo. El problema no se ha resuelto ni mucho menos”, afirma.

Los hallazgos clave de este análisis revelan una situación crítica. A principios de 2025, la tasa de temporalidad agregada en el conjunto de las administraciones públicas españolas se situaba en un 32%, una cifra que cuadruplica el objetivo del 8% fijado por la Unión Europea como condición para la recepción de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las CCAA las que más interinidad tienen

 Este porcentaje se traduce en casi un millón de empleados públicos en situación de precariedad laboral, cuestión denunciada por abogados dedicados a la defensa de este colectivo como son los casos de Javier Araúz de Robles, Beatriz Gonzalez, Pablo Guntiñas o Fabian Valero, quienes también coinciden con Agrupacion Interinos en la falta de voluntad política del Gobierno en resolver un problema grave que afecta a muchos profesionales y sus familias.

 En el detallado informe existen, además, profundas disparidades entre las distintas autonomías, que sin ningún control externo de estos procesos de estabilización han hecho lo que han querido, con CCAA como Cataluña con un elevado número de interinos estabilizados, mientras que otras como Aragón y Madrid no han seguido la ley 10/2021, lo que revela  falta de  voluntad política regional juegan un papel tan importante como la legislación nacional.

El desglose sectorial identifica al ámbito de la Sanidad como el área más afectada, con una tasa de temporalidad que alcanza el 48% a nivel nacional. Esta dependencia masiva del personal eventual no solo contraviene la normativa laboral, sino que representa un riesgo sistémico para la calidad y la continuidad asistencial del Sistema Nacional de Salud.

Le siguen en gravedad los sectores de la Administración General, con un 37% de temporalidad, y la Educación no universitaria, con un 32%, ambos muy por encima de lo que se consideraría funcional para servicios de carácter permanente.

Para Quintero, la temporalidad pública es un problema mal resuelto  “el ministro Lopez hay una temporalidad pasada anterior al 2017 en la que dice haber estabilizado a más de 300.000 profesionales,  pero es que del 2017 al 2025 sigue habiendo muchos profesionales en fraude de ley. Hay un flujo de interinos constantes, por un lado, los echan y en algunos casos los vuelven a contratar de nuevo de forma temporal, otra cuestión que denunciamos en este informe”.

En opinión del colectivo, el problema es de difícil solución “los opositores a estas y otras plazas son una fuente de negocio para los sindicatos tradicionales como UGT, CCOO y CSIF, toda la red de opositores está vinculada a intereses mercantiles de estas organizaciones sindicales que ven un negocio el formar a estos futuros profesionales de la función pública”, apunta Quintero

Crítica a las declaraciones del ministro Óscar López

La Agrupación ha mostrado su rechazo frontal a las declaraciones del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, realizadas el pasado miércoles 15 de octubre en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la diputada Noemí Santana.  “No se puede presumir de estabilizar a un 337.000 interinos cuando quedan más de 900.000 por regularizar. Él no ha estabilizado a nadie, lo ha hecho la ley 10/2021 declarada por el TJUE en varias ocasiones inútil para resolver el problema”, apunta Quintero

Esas  declaraciones de López, sorprendieron por su interpretación alejadas de la realidad de lo que realmente dijo el Abogado General en sus recomendaciones el pasado joven. Las críticas arreciaron. Otro experto como Francisco Javier Ramón, socio responsable de derecho público de BDO Abogados analizó también de forma crítica

Según este colectivo profesional  el ministro minimizó la magnitud del problema de la temporalidad y ofreció una visión “autocomplaciente y despegada de los datos objetivos”. Al mismo tiempo explica Quintero a este periodista que el hecho que el Gobierno haya cambiado en siete años varias veces de responsable del área de Función Pública, deja claro el poco interés que Moncloa otorga a los problemas de la administración pública.

“Resulta inaceptable que el Gobierno celebre el éxito de la Ley 20/2021 cuando los datos oficiales del propio Ministerio revelan que casi un millón de empleados públicos siguen en situación de precariedad”, ha declarado Jorge Azón, uno de los portavoces de la Agrupación de Interinos.

Datos clave del informe

• Tasa de temporalidad nacional: 32% (enero 2025)

• Temporalidad en CCAA: 39,9%, con más de 774.000 empleados públicos temporales

• Sanidad: 48% de personal temporal

• Educación no universitaria: 32% de temporalidad

• Administración general autonómica: 37% de temporalidad

El documento califica como “fracaso técnico y político” los resultados de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad, al considerar que no ha frenado la generación de nuevos empleos temporales ni reformado los mecanismos que incentivan la contratación precaria en las administraciones públicas. Según el análisis, la ley solo abordó el pasado, sin actuar sobre las causas estructurales del abuso de la interinidad.

“El ministro López habla de estabilización mientras la temporalidad crece de nuevo. No es una victoria, es un espejismo estadístico”, denuncia la Agrupación.

Desde esta agrupacion se hace a través de Lawandrends un llamamiento a la acción para revertir la situación y piden especialmente al Gobierno y a las CCAA que hagan sus deberes como administraciones que son como elementos clave a implementar en el corto plazo para evitar que servicios públicos como Sanidad o Educacion se colapsen:

1. Transponer íntegramente la Directiva Europea 1999/70/CE.

2. Reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para limitar estrictamente los nombramientos temporales.

3. Sancionar a las administraciones incumplidoras que abusen de la temporalidad.

4. Garantizar mecanismos automáticos de fijeza o indemnización cuando se constate abuso prolongado.

Fuente: lawandtrends.com 20.10.2025