El Ministerio de Función Pública plantea el desarrollo de un sistema de alerta temprana en las administraciones y un régimen sancionador
El Gobierno prepara una reforma para corregir el abuso de la temporalidad en el sector público. La Comisión Europea mantiene dos procedimientos de infracción abiertos contra España por este motivo, tras haber constatado el incumplimiento de los últimos compromisos adquiridos a finales de 2021, y nuestro país se enfrenta a una multa millonaria si no ataja de una vez este foco de precariedad laboral. Para ello, según ha podido saber EL MUNDO, el Ministerio de Función Pública está trabajando en una serie de medidas para reducir el elevado porcentaje de contratación temporal en tres ámbitos concretos: la Educación, la Sanidad y la Justicia.
Las estadísticas demuestran el fracaso de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El Gobierno se comprometió con Bruselas a poner en marcha un proceso masivo de estabilización de plazas de interinos para convertir a más de 300.000 trabajadores temporales en fijos antes de 2025. A cierre del año pasado se había cumplido el hito para recibir fondos del Plan de Recuperación y ya son más de 365.000 las plazas estabilizadas. Pero la tasa de temporalidad en el sector público continúa superando el 30%, triplicando de largo el compromiso del 8% adquirido, porque ante la falta de planificación en la gestión de personal las administraciones siguen tirando de trabajadores eventuales.
Llegados a este punto, el Gobierno va a enmendar su propia reforma con un nuevo paquete de medidas. El departamento que dirige Óscar López está trabajando junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en un plan que incluye un procedimiento sancionador específico para las administraciones incumplidoras, según ha adelantado El País. Fuentes del Ministerio de Función Pública confirman los trabajos en marcha "para lograr dinámicas que contribuyan a reducir las elevadas tasas de temporalidad en CCAA y entidades locales".
Desde el Ministerio aseguran que "los datos de temporalidad en el sector público, en efecto, confirman que en el Estado no son un problema (4,7%) frente al 40% de las CCAA y el 35,8% de los ayuntamientos". Las diferencias son notables entre administraciones y también entre sectores de actividad. Por eso el Ejecutivo quiere empezar por aquellos en los que las tasas son más elevadas, como la Educación (49,5% en la universitaria, frente a 33,4% en la enseñanza no universitaria), la Sanidad, donde supera el 50%, o la Justicia, donde roza el 32%.
Fuentes al tanto de la propuesta que están trasladando desde el área de Función Pública a las distintas administraciones y a los sindicatos explican que la intención del Ministerio es introducir una serie de modificaciones a través del Estatuto Básico del Empleado Público y de las normativas específicas docente, de servicios de salud y de justicia.Tal y como avanzan desde el equipo de López, se pretende seguir "el enfoque del proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal", que introduce tanto medidas para reducir la temporalidad a través de la mejora de la gestión de los recursos humanos como sanciones por incumplimiento.
Alertas y multas
La propuesta del Gobierno incluye varias actuaciones. Para empezar, plantea restringir la causalidad para limitar las modalidades de contratación temporal en las administraciones públicas. "Se trata de un cambio en las normas de contratación, con una nueva clasificación de las distintas formas de temporalidad", explican fuentes conocedoras de la iniciativa. "Además, se pretende limitar el abuso en la encadenación de contratos a través de diferentes nombramientos a un mismo trabajador en el mismo puesto", añaden estas fuentes.
Para garantizar un mayor control de la temporalidad, el Minsiterio quiere implantar un sistema de información y seguimiento que permita establecer una especie de "alertas tempranas" en todos los niveles del sector público estatal (ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central), una especie de registro de los trabajadores temporales en activo que incorpore una alarma que salte cuando los contratos estén cerca de finalizar.
Con esta herramienta de alerta temprana el responsable de poner fin a esos contratos eventuales estaría al tanto de la situación del trabajador y en el caso de que cometa una infracción se arriesgaría a una sanción. Y esta es otra de las novedades que quiere incorporar la reforma: un régimen sancionador de carácter básico para asegurar el cumplimiento de la normativa en todos los niveles de la administración. Un planteamiento que, en principio, es visto con buenos ojos por los sindicatos, aunque desde CSIF indican que, tal y como está planteado en estos momentos "es demasiado ambiguo", por lo que exigen que "se establezca y se delimite la responsabilidad civil, así como las sanciones y la responsabilidad económica y patrimonial".
Sin Oferta de Empleo
El sindicato CSIF viene denunciando que la temporalidad del 30% en el sector público "evidencia el fracaso de los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021". Y lo certifica con datos: "En los últimos cuatro años se han ofertado un total de 544.151 plazas, de las cuales están sin cubrir casi un tercio (en concreto, el 32,7%). Además, se da la circunstancia que, de los 8.132 municipios, casi el 40% (3.100 consistorios) no han facilitado a Función Pública sus cifras sobre temporalidad".
"Este incumplimiento ha provocado que la UE abra a España dos expedientes de infracción que podrían culminar con la imposición de una sanción millonaria, tal y como nos ha informado el Ministerio de Función Pública", advierten desde el sindicato. "Pese a las plazas creadas, las administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales por sus necesidades de personal, dado que pese a las promesas del Gobierno sigue vigente la tasa de reposición (el límite que se establece en los Presupuestos a la reposición de efectivos jubilados), lo que se une a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado", añaden.
Con este escenario como telón de fondo, los sindicatos están pendientes de la nueva Oferta de Empleo Público y de la subida salarial pendiente del año pasado, así como de pactar una nueva senda de incrementos retributivos para los próximos años. El Ministerio de Función Pública está trabajando en varias reformas al mismo tiempo, incluido un nuevo marco para hacer transversales miles de puestos de funcionarios que arrancará este mismo año con un proyecto piloto en atención al ciudadano. No obstante, entrado ya el mes de junio las negociaciones con los sindicatos se encuentran atascadas en ausencia de Presupuestos y tanto CSIF como CCOO y UGT están intensificando el pulso en la calle. Este mismo jueves se manifiestan para exigir la subida salarial del personal civil de Defensa que quedó fuera del incremento lineal de 200 euros al mes acordado para los militares.
Fuente: elmundo.es 11.06.2025