Bruselas intensifica la presión sobre el Gobierno español por incumplir la Directiva 1999/70/CE, mientras miles de interinos podrían reclamar indemnizaciones antes del 13 de junio.
La Comisión Europea ha emitido un ultimátum a España por el elevado nivel de temporalidad en el empleo público, que ronda el 30%, muy por encima del límite del 8% comprometido en el Plan de Recuperación y la Ley 20/2021. Esta situación podría derivar en sanciones millonarias si no se toman medidas efectivas para corregirla, según fuentes comunitarias. Las sanciones se vincularían tanto al incumplimiento del Derecho europeo como al desvío de los fondos Next Generation asignados a la consolidación de empleo estable en la administración.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha criticado reiteradamente a España por su ineficaz sistema para evitar el abuso de temporalidad en la Administración Pública. En una sentencia clave dictada en junio de 2024, el TJUE recordó que el ordenamiento jurídico español carece de sanciones disuasorias eficaces, lo que permite que las administraciones perpetúen situaciones de precariedad estructural sin consecuencias reales. La jurisprudencia europea apunta como solución a la conversión automática del vínculo laboral en fijo, una medida que ha generado fricciones entre las distintas administraciones y el Gobierno central.
El plazo para presentar reclamaciones por parte de los empleados públicos afectados concluye el próximo 13 de junio de 2025. Esto abre una ventana crítica para los más de 800.000 interinos que, según estimaciones sindicales, podrían haber sufrido fraude de ley en su contratación. Plataformas de afectados como PINDOC, SomosSindicalista, CGT, así como la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en Fraude de Ley (CEPFL), ya están organizando campañas de información y asesoramiento para activar demandas antes del cierre del plazo.
Sectores como la sanidad, la justicia y la educación presentan tasas especialmente alarmantes de temporalidad, con alrededor del 50% de su personal bajo contratos temporales. El sindicato CSIF ha denunciado que la situación no solo vulnera la normativa comunitaria, sino que debilita estructuralmente los servicios públicos. "No se puede garantizar calidad asistencial con trabajadores en situación de interinidad crónica", declaró recientemente su presidente, Miguel Borra.
El TJUE ha establecido que los empleados públicos que hayan sufrido abuso de temporalidad tienen derecho a ser indemnizados, incluso si posteriormente han obtenido una plaza fija. Un ejemplo representativo es un trabajador de la Universidad de Vigo que, tras 13 años como interino y luego lograr su plaza, fue indemnizado con 31.566,45 euros por abuso de temporalidad. Esta sentencia ha sentado precedente para miles de procesos en curso.
Por su parte, organizaciones como Pindoc y Somos Sindicalistas, con el abogado Josep Jover, están presentando contra la Comisión reclamaciones indemnizatorias por la desidia constatada de la Comisión por no haber querido o sabido solucionar el problema del incumplimiento del Estado Español, incumplimiento que dura ya 26 años.
La situación ha generado una creciente presión por parte de las instituciones europeas, que exigen medidas concretas y verificables. Bruselas ya ha advertido que las reformas cosméticas o las convocatorias masivas sin garantías de estabilización no serán consideradas soluciones válidas. España se enfrenta a una doble amenaza: las sanciones económicas de la Comisión Europea y el colapso judicial por la avalancha de demandas.
Fuente: diario16plus.com 15.05.2025