• Habla por primera vez un colectivo para el que el Gobierno quiere abrir un procedimiento extraordinario de estabilización que ha concitado la repulsa de buena parte de las carreras judicial y fiscal.
• Agradecen la "valentía" del Ejecutivo pero creen que esta iniciativa se queda corta y que no responde a las exigencias de la UE.

En España hay 954 juezas y jueces sustitutos o magistrados suplentes y 331 fiscales interinos. El proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que ya se tramita en el Congreso de los Diputados, contempla un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal, que ha concitado la repulsa de una parte importante de los jueces y fiscales de carrera, porque entienden que a través de dicho proceso "se colarán por la puerta de atrás" candidatos "sin méritos ni capacidad" para dictar sentencias.  

De hecho, la oposición frontal a ese proceso de estabilización, cuyo número de plazas aún no se conoce, figura entre las causas que cinco de las siete asociaciones judiciales y fiscales, salvo las dos progresistas, esgrimen para exigir la retirada del proyecto de ley y para, en caso contrario, realizar una huelga los días 1, 2 y 3 de julio.

Público ha hablado con Rosa Navarro, presidenta de la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos, e Inmaculada Domínguez, presidenta de la Asociación Plataforma Judicatura Interina, para conocer su postura sobre el concurso oposición que planea para estos colectivos el Gobierno y cómo están afrontando las críticas de sus compañeros en los juzgados y fiscalías. En ambos colectivos, casi el 80% son mujeres y más del 70% tiene más de 50 años. Muchas de ellas llevan 20, 30 y hasta casi 40 años dictando sentencia o ejerciendo como fiscales. 

Quiénes son y qué hacen

"Somos juezas y jueces con las mismas funciones que los jueces de carrera: dictamos sentencias, órdenes de protección en casos de violencia de género, celebramos juicios, hacemos guardia y decidimos si una persona queda en libertad o no, etcétera; dichos actos procesales tienen la misma eficacia que las que dictan los jueces de carrera y lo único que nos diferencia es la situación de temporalidad, es decir, que en vez de trabajar durante todo el año nos llaman para sustituir cuando un juez está enfermo, la plaza está vacante, etcétera", dice Domínguez.

En el caso de los fiscales interinos, "durante muchos años hemos trabajado para el Estado en beneficio del interés común, dedicados a la persecución del delito, a la atención de las víctimas y hemos defendido del principio de legalidad. La única diferencia con los fiscales de carrera es nuestra relación contractual con la Administración de Justicia", indica Navarro. 

Sin embargo, la igualdad de funciones con respecto a los jueces y fiscales de carrera no se refleja en las condiciones laborales de estos colectivos. "Nuestra situación es de gran precariedad y de absoluta inestabilidad porque, pese a ser nombrados durante todo el año judicial no sabemos cuándo ni cuánto tiempo seremos llamados a trabajar, sin que podamos trabajar en otros empleos, salvo en la docencia que en todo caso debe ser compatible con las funciones judiciales. Tampoco tenemos derecho a la carrera profesional ni a percibir prestaciones de seguridad social que se reconocen a otros trabajadores, en definitiva, carecemos de derechos laborales básicos de cualquier trabajador", explica Inmaculada Domínguez.

No llegan a ser jueces y fiscales a través de la oposición específica, sino mediante un concurso público de méritos. "Una vez superado el concurso de méritos, las personas nombradas realizan el ejercicio de su función con un control periódico semestral por nuestros fiscales jefes", indica Rosa Navarro e Inmaculada Domínguez apostilla que "el decano de cada partido judicial emite cada curso judicial un informe de idoneidad sobre nosotros; estamos continuamente siendo evaluados".

Proyecto de estabilización

Desde la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos, "pensamos que tal y como está redactado ahora mismo el proyecto no cumple con las exigencias europeas; en este sentido, la Comisión Europea tiene abierto a España el procedimiento de infracción (2014) 4334 por la utilización abusiva de la contratación temporal de los abogados fiscales sustitutos, pero por lo menos inicia un camino que hay que empezar a recorrer".  

"Sobre el proyecto de ley tenemos sentimientos encontrados. Es de justicia que al fin un Gobierno se haya atrevido a afrontar la situación de la judicatura interina; en este sentido el Gobierno ha sido valiente, pero es insuficiente y no cumple los mandatos de la Unión Europea sobre la estabilización de los trabajadores que sufrimos una situación de abuso por encadenar ilegalmente contratos temporales", indica Domínguez.

La crítica que las representantes de ambos colectivos plantean es que el proyecto del Gobierno permite que "cualquier profesional del derecho, con cinco años de experiencia, como puede ser un profesor de universidad, un abogado, etcétera, pueda presentarse al proceso de estabilización, aunque jamás haya trabajado como juez sustituto y por tanto nunca haya estado en situación de abuso de temporalidad, lo que puede llevar a la injusticia de que las víctimas del abuso de temporalidad durante décadas no solo no accedamos a un puesto fijo sino que nos quedemos sin trabajo", dice Inmaculada Domínguez. 

Reivindicaciones

Dice esta jueza sustituta, que lleva 15 años ejerciendo como tal, que "lo más importante es que se cumpla lo que Europa ordena, que en nuestro caso pasa por estabilizarnos de forma realista y efectiva. Hace décadas que la judicatura interina cubre las necesidades estructurales de la justicia, lo que ha sido reconocido incluso por el propio Consejo General del Poder Judicial".

Y profundiza en su reivindicación: "Queremos que se trate de un proceso de estabilización restringido a los jueces y magistrados suplentes que estamos sufriendo abuso de temporalidad a través de un concurso que valore el mérito y capacidad que hemos acreditado trabajando, sin perjuicio de que se valoren otros méritos como doctorados en derecho, segundas carreras universitarias, masters, etc."

La fiscal interina Rosa Navarro, con más de dos décadas de experiencia, apunta: "Somos trabajadores temporales con hasta casi cuarenta años de antigüedad y nunca nadie se ha planteado que tenían que hacernos fijos. Sin embargo, para el resto de colectivos de la administración pública sí que se han realizado los distintos procesos de estabilización. Somos el único colectivo excluido de los mismos".

La reacción de las carrera judicial y fiscal

Pancartas a las puertas de las sedes judiciales, togas puestas, lemas sobre "jueces sanchistas que se van a colar por la puerta de atrás". Las juezas y fiscales sustitutas tuvieron que presenciar todo esto, en su contra, durante el paro de diez minutos, la semana pasada, como protesta simbólica por las reformas del Gobierno en materia de Justicia. Rosa Navarro manifiesta que "nos duele que se esté confundiendo a la ciudadanía con que los principios de independencia judicial e imparcialidad del Ministerio Fiscal estén en peligro porque nos hagan fijos, cuando llevamos años haciendo nuestro trabajo. De esta manera, la Fiscalía ha sido capaz de organizar el servicio público que tiene encomendado, pudiendo cubrir las necesidades existentes y permitiendo una respuesta razonable a las necesidades de la sociedad". 

"Queremos dejar muy claro que no se trata de un conflicto entre los jueces de la carrera judicial y las juezas sustitutas. La cuestión fundamental es que España tiene que cumplir la normativa de la Unión Europea en materia de temporalidad en el sector público, está obligada a ello y si no lo hace la Comisión Europea va a sancionar al Estado español en el proceso de infracción que ha abierto por el uso abusivo de contratos temporales, que nos afecta directamente", dice Domínguez.

Además subraya que "los jueces de carrera conocen de primera mano nuestro compromiso y trabajo por lo que nos duele especialmente que sólo cuando se está planteando un proceso de estabilización se ponga en duda nuestro mérito y capacidad".  

La presidenta de la Asociación Plataforma Judicatura Interina se pregunta por qué "somos buenos para trabajar durante décadas de manera precaria pero no lo somos para hacerlo con las mismas condiciones que el resto de los trabajadores, tanto en la empresa privada como en el empleo público".

Entre el 14 y el 17% de las sentencias

Las sentencias que dictan las juezas sustitutas cada año en España suponen entre el 14 y el 17% del total de fallos. Y hay que recordar que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien nombra a los jueces sustitutos previa propuesta de los Tribunales Superiores de Justicia. "No compartimos la preocupación de las asociaciones de jueces profesionales, parece que olvidan que la estabilización que prevé el proyecto de ley consiste en la superación de un concurso-oposición que ya está recogido actualmente en la Ley orgánica del Poder Judicial, coloquialmente llamado 'cuarto turno' --recuerda Inmaculada Domínguez--. Ni vamos a entrar "por la puerta de atrás" porque ya estamos dentro, ni el proceso será "de pinta y colorea" porque el procedimiento está expresamente regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con todo esto, que se ponga en tela de juicio nuestra idoneidad resulta, cuando menos, injusto y ofensivo". 

Respecto a la independencia judicial

"Lo que no llegamos a comprender es que se esté trasmitiendo al pueblo español que nuestra posible estabilización laboral pueda afectar a la independencia judicial y a la imparcialidad del Ministerio Fiscal", se queja Rosa Navarro. Recuerda que los jueces sustitutos "llevan décadas dictando sentencias" y los fiscales sustitutos "promoviendo la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público ejerciendo la acción penal y tutelando los derechos de las personas más vulnerables". Navarro cree que "se está confundiendo a la ciudadanía, porque en modo alguno va a afectar al estado de derecho el proceso de estabilización. Por lo que no compartimos que la legítima defensa de sus intereses por haber aprobado una oposición se esconda detrás de un concepto tan importante como la independencia judicial o la imparcialidad del Fiscal".  

El mandato de la UE

Tanto Rosa Navarro como Inmaculada Domínguez consideran que el proyecto del Gobierno "no responde adecuadamente a las exigencias de la Unión Europea". La Comisión Europea ha sido clara en sus cartas de emplazamiento a España, señalando la insuficiente transposición de la Directiva 1999/70/CE y la ausencia de medidas preventivas y sancionadoras efectivas contra el abuso de temporalidad. Además el TJUE  insiste en que el abuso de temporalidad solamente se soluciona con la estabilización de los trabajadores afectados, no un proceso selectivo que permita que otras personas que no ha encadenado contratos temporales se puedan presentar", dice la representante de las juezas sustitutas.

"Lo que reclamamos no es un trato de favor, sino una respuesta justa y proporcionada a una situación que se ha prolongado durante demasiados años", concluye Domínguez. En la misma línea, Navarro aduce que "es un contrasentido que la exposición de motivos diga que se pretende regular la situación de las personas que estamos en abuso en este país y se introduzca a otras personas que no han sufrido nunca una situación de abuso en la contratación". 

Fuente: publico.es 18.06.2025