Fuente: USO- ASIJ de fecha 1 de marzo de 2022 enlace

Ayer se celebró una nueva reunión de la mesa sectorial del Ministerio de Justicia con algunos de los sindicatos más representativos. Allí estuvieron UGT, CSIF, CCOO, ELA, CIGA y  STAJ.

El  orden del día de la mesa se centraba fundamentalmente en los procesos de selección de personal pendientes y el impacto de la ley 20/21 de reducción de la temporalidad en el ámbito de nuestra administración. Hemos tenido acceso a hojas informativas de los distintos sindicatos que han acudido.

La USO, a pesar de ostentar el 10% de la representación de los trabajadores/as del sector de justicia, sigue siendo vetada por el Ministerio y los sindicalistos.

Pensamos que el Ministerio es consciente de que debe dejarnos entrar, pero prefiere que le obligue una sentencia judicial para así no tener que pelear con el resto de centrales sindicales. Total, la indemnización que les vayan a fijar la sacarán de los presupuestos generales, no de sus bolsillos. «Tirar con pólvora de Rey» que decían los antiguos.

La cuestión es que después de leer los comunicados de «esta gente» informando sobre el contenido de la mesa, no podemos si no llegar a la conclusión de que o bien nos odian a muerte, o nos temen. Si no no se entiende esa obsesión por  buscar cualquier mecanismo, por enrevesado que resulte, para vulnerar lo dispuesto en la ley 20/21 de reducción de la temporalidad y dejar su aplicación reducida a su mínima expresión. No podemos dejar de sentir pena, que acaba convirtiéndose en rabia; al ver cómo los compañeros/as que se sientan en esa mesa se empeñan con saña en buscar mecanismos que consigan el despido masivo de los/as trabajadoras/es que durante años han sostenido esta administración. 

La ley  de reducción de la temporalidad no le gusta a nadie. Ni a los temporales, que la ven insuficiente, ni a los detractores de la misma. La gran mayoría de ellos alimentados por las continuas campañas de desinformación. Nos han tachado de caraduras, de querer entrar en la administración por la puerta de atrás. Se ha dicho y se sigue diciendo, que la ley no es de aplicación en Justicia. La movilización para evitar lo inevitable, o en su caso, para minimizar el impacto de su aplicación es tremenda.

¿Por qué está insidia? ¿Cuál es el motivo? Se dice, como parte de la falacia, que los interinos de justicia no estamos preparados, que no hemos superado procesos de selección. Que no sabemos trabajar. Como si todos/as los aprobados/as en un proceso fueran «máquinas de proveer». Como si no estuviéramos hartos de ver a recién aprobados darse de baja a la primera de cambio o pronunciar esa celebre frase que reza: «Yo ya he hecho todo el esfuerzo que tenía que hacer con la oposición».

Es curioso, que muchos de los que argumentan nuestra falta de capacidad o de mérito por no haber conseguido plaza, adquirieron la condición de funcionario de carrera en los procesos de 1986/1988 y 1991. Los procesos de los años ochenta supusieron el mayor coladero por la puerta de atrás que han conocido los tiempos. Se otorgó la condición de funcionario de carrera a un sin fin de aspirantes cuyo mayor mérito fue ser «hijo de…», «primo de…», «conocido de…» Gente que entró en la administración de justicia como «meritorio» nombrado a dedo por el Juez o Magistrado de turno. Gente que después paso a ser interina y que tras esta regularización se convirtió en funcionario de carrera. Funcionario que después fue promocionando por el mero transcurso del tiempo en base a concursos de méritos. Ese que ahora se empeñan en negarnos a los Interinos de Justicia.

En los procesos de 1991, en pleno boom económico provocado por la expo del 92 y las olimpiadas de Barcelona, los cortes y el nivel para superar las pruebas no fueron, ni de lejos, los que se exigen actualmente. En aquel año se cobraban más o menos unas 250 o 300 mil pesetas mensuales (1500€-1800€) tendiendo vías del AVE, frente a las 85 mil (501€) que cobraba un agente judicial o las 180 mil (1001€) que  cobraba un Oficial con trienios.  Así que ya os podéis imaginar cuantos/as optaban a una plaza en la administración pública. Muchos de los que entraron en esa época, ostentan a día de hoy responsabilidades en los sindicatos que se sientan en la mesa, o les aconsejan.

¿Qué les lleva a querer erradicarnos? ¿Qué determina su empeño en desperdiciar un capital humano como el nuestro? Muchos de los actuales titulares han sido formados «de facto» por los funcionarios, FUNCIONARIOS/AS con mayúsculas, interinos que prestaban servicio en sus juzgados. Compañeros/as con los que hemos compartido guardias, exceso de horas, malos ratos, e incluso movilizaciones como las huelgas de 2005 en Andalucía.  Genera tristeza, rabia, incomprensión y pena, ver cómo tus compañeros pretenden inventarse concursos de traslados masivos previos, mega promociones internas, OEP con carácter previo a la aplicación de la ley. Es TRISTE ver cómo se inventan mil formas de vulnerar la ley 20/21 para no aplicarla, no importándoles en absoluto que para ello se dicten actos administrativos ilegales; prevaricar se llamaba aquello, si no recuerdo mal. Resulta curioso, como los que deberían velar por los trabajadores, prefieren dejarles caer, antes que perder sus privilegios o beneficios derivados de academias o discursos de odio y confrontación alimentados desde hace décadas.

¡Ojo!  no estamos negando en ningún momento que estos sindicatos hayan defendido a los interinos. Lo han hecho mientras hemos sido mano de obra dúctil y flexible, mientras no hemos pretendido exigir el cumplimiento de la normativa europea y mientras no hemos exigido una vía de regularización . Es a partir de 2015, con los acuerdos Montoro-Sindicatos, cuando se perpetra el abandono de las organizaciones sindicales, su intento de despido masivo y  cuando surge la necesidad de hacernos valer.

Este enfrentamiento titular-interino no es algo que haya surgido por arte de magia. Es un error de concepto alimentado durante años por quienes deberían haber velado por la unión del colectivo. Curiosamente muchos/as de los que han alimentado ese enfrentamiento, se han pasado más tiempo lamiendo las botas de Jueces, Magistrados y  LAJ´s, como consecuencia de la moral de esclavo desarrollada durante décadas en esta administración y el anhelo de querer ser lo que nunca podrán; que preocupándose realmente de que seamos un colectivo fuerte y unido, dentro de una administración de Justicia dotada, eficaz y eficiente.