Con el peso de una Justicia saturada y edificios que ya no responden a las exigencias del sistema, Nieves Lady Barreto Hernández habla sin rodeos.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias defiende los avances en la implantación de la Ley de Eficiencia —tribunales de instancia, digitalización y refuerzo del personal—, pero advierte de un lastre decisivo: la ausencia de financiación estatal para sostener la reforma.

Canarias ha tenido que asumir con fondos propios buena parte del coste de la transformación, al tiempo que arrastra un déficit estructural de infraestructuras, especialmente en Santa Cruz de Tenerife.

Natural de la isla de La Palma, donde ostenta la secretaría general de Coalición Canaria, licenciada en derecho, casada y con dos hijos, Barreto tiene una cabeza muy bien amueblada. Por eso es uno de los puntales más sólidos de su formación política.

En esta entrevista, Barreto, persona de máxima confianza del presidente Fernando Clavijo (Coalición Canaria), detalla los logros alcanzados en esta materia, las tensiones con el Gobierno central y los límites de una modernización judicial que, sin recursos suficientes y espacios adecuados, avanza a un ritmo más lento del deseado. Pero es positiva. Muy positiva.  

¿Tiene usted confianza en el funcionamiento de los tribunales de instancia?

Creo que el sistema va a funcionar, pero necesita un tiempo de adaptación para rodar bien. Ha habido mucho trabajo previo y ahora existen reticencias entre el personal. Para algunos, el cambio ha supuesto menos carga de trabajo y eso se valora positivamente; para otros, en cambio, implica más tareas o un destino en el que no se sienten tan cómodos.

Nuestra comunidad, como muchas otras en España, arrastra desde hace años una sobrecarga importante en la justicia. Esta reforma, con cambios como los tribunales a distancia y nuevas formas de organización, debería ayudarnos a reducirla.

De hecho, ya empezamos a tener algunos datos que permitirán hacer una primera valoración. Por eso decidimos seguir adelante sin pedir prórrogas y cumplir los plazos previstos, aunque en la última fase hubo presiones para frenar el proceso. Solo otra Comunidad, Asturias, solicitó más tiempo.

Hemos invertido un total de 13,2 millones de euros de fondos propios para transformar 224 juzgados en 19 tribunales. Ahora toca consolidar el cambio. Este año será, sobre todo, de ajuste y organización interna, y los resultados reales se verán a partir del próximo.

Aun así, creo que será positivo, porque refuerza las garantías para la ciudadanía: las decisiones ya no dependen de una sola persona, sino de un órgano colegiado. Es un paso hacia una justicia más moderna, aunque requiere tiempo.

Las consejerías de Justicia del PP se quejan de que una cosa son los 420 millones de euros de los fondos Next Generation que se han repartido y otra distinta es la financiación necesaria para la transformación en tribunales a distancia. De hecho, están reclamando al Gobierno central, al Ministerio de Justicia, la parte de la inversión que corresponde a esa transformación. ¿Están ustedes en la misma línea?

Hemos reclamado esa financiación de forma clara y por escrito, en las conferencias que hemos celebrado con el Ministerio. La puesta en marcha de la ley nos costó esos 13 millones de euros. A partir de ahora supondrá un gasto anual mayor, porque hay costes fijos que mantener, como los sistemas informáticos y los equipos.

Es decir, no es un gasto puntual, sino continuo. En algún momento se planteó incluso la posibilidad de presentar una reclamación formal por la vía judicial al Estado, aunque nunca llegó a tomarse esa decisión. Lo que sí teníamos claro es que esta situación no es sostenible, porque el coste para toda la comunidad autónoma es importante.

¿Se han planteado reclamar al Gobierno que las tasas judiciales que se recaudan en vez de ir al Fondo Común del Estado se dediquen íntegramente a la Administración de Justicia?

Sí, claro. Ya hemos planteado al Ministerio que las tasas judiciales se dediquen íntegramente a la justicia en vez de ir al Fondo Común del Estado, pero es como hablar con una pared. A nosotros nos vendría estupendamente. Eso no va a pasar. Nos lo han dejado muy claro.

También en las conferencias que hemos celebrado. Bueno, ya no celebramos conferencias de Justicia porque como los de las Comunidades del PP se marcharon…

La última, la más reciente, hace poco, fue telemática.

Así es, pero da igual. Le planteemos lo que le planteemos, eso no va a pasar. No van a poner un euro en la implantación de la Ley de Eficiencia. Nos lo dijeron con toda claridad.

Uno de los problemas en la península gira en torno a los Métodos Alternativos de Solución de Controversias. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 1/2025 en lo referente a los MASC porque está provocando disfunciones graves que afectan a la tutela judicial efectiva. Antes el Parlamento de Cataluña aprobó una PNL pidiendo una reforma de los MASC. Lo mismo que el Congreso de los Diputados. ¿En Canarias también están teniendo problemas relacionados con este mecanismo?

No estamos teniendo una incidencia especialmente alta de este problema. De hecho, por ahora no nos han llegado muchos casos de ese tipo. Lo que sí estamos observando es que están entrando menos asuntos en los tribunales y que los procedimientos se están tramitando con mayor agilidad.

Creemos que esto se debe, en parte, al uso de los MASC, especialmente en un contexto de alta litigiosidad como el que tenemos. Por eso, cuando decidimos regularlos mejor y aprobar la orden correspondiente. Optamos por incentivar claramente el acuerdo entre las partes. La idea fue pagar bien cuando hay acuerdo y pagar mal cuando no lo hay.

Para fomentar el acuerdo sobre los MASC fijamos una retribución alta dentro de los baremos establecidos: inicialmente era de 418 euros y, tras actualizar el baremo, ahora está en torno a los 460 euros.

¿Al turno de oficio se le paga 460 euros por cada caso de éxito en la aplicación de los MASC?

Así es. Los baremos establecidos para los acuerdos son esos. Si no consiguen el acuerdo es un 10 % de esa cantidad. Incentivamos el acuerdo. Así de simple.

Está entre los más altos de España.

Es el más alto. Primero estamos nosotros y después Madrid. Además, subimos los baremos del turno de oficio en tres años. Un 15 % en 2025, un 7 % en 2026 y un 8 % en 2027.

En este último año posiblemente los acuerdos con MASC posiblemente lleguen a 500 euros cada uno.

Esto quiere decir que pusieron al día los emolumentos del turno de oficio.

Sí, claro. Desde 2008 no se les había subido la remuneración y, con la crisis económica, lo que se hizo en 2012 y de nuevo en 2018 fue simplemente regularizar las cantidades, es decir, volver a pagar lo que cobraban antes de los recortes.

Lo que hemos hecho ahora es una actualización efectiva de esas cantidades, con una subida que, en tres años, alcanzará alrededor del 30 %, porque la situación anterior ya no era viable. Un ejemplo claro es el del colegio de Tenerife, del que dependen también los profesionales que prestan servicio en El Hierro.

Nos trasladaron el problema de la atención a las personas que llegan en patera a la isla: como allí no hay suficientes profesionales, tienen que desplazarse desde Tenerife.

Con lo que cobraban por turno, no les alcanzaba ni para pagar un hotel si tenían que quedarse, ni los desplazamientos, ya que los vuelos a El Hierro son limitados y los taxis suponen un gasto adicional.

Muchos tenían que adelantar dinero de su propio bolsillo. Esto hacía muy difícil encontrar abogados dispuestos a prestar ese servicio.

Por eso regulamos esta situación y aumentamos las retribuciones. Además, esta medida forma parte de una apuesta más amplia para fomentar que se alcancen acuerdos cuando es posible y evitar que sigan llegando más litigios a los tribunales.

¿Cuántos funcionarios de justicia tienen en Canarias?

2.859. En 2024 teníamos 2.600.

¿Resolvieron el problema del personal en los juzgados?

Nada más empezar la legislatura hicimos una subida a todo el personal que depende de nosotros: gestores, tramitadores, auxilios y forenses. Lo que ayudó a evitar conflictos mayores.

Después abrimos nuevos juzgados, y aumentamos la plantilla. Este año se aplica un segundo tramo y, cuando termine el proceso en 2027, el personal habrá aumentado entre 325 y 345 euros al mes.

En todos los casos se trataba de categorías que llevaban muchos años sin una mejora salarial relevante, y ahora se corrige esa situación de forma progresiva.

¿Cree que tener las competencias transferidas en justicia realmente compensa electoralmente? Porque da la impresión de que exige muchísimo tiempo, recursos y esfuerzo, y, sin embargo, la ciudadanía apenas percibe los beneficios. ¿De verdad aporta un retorno claro?

Para nosotros, todo lo que tiene que ver con el autogobierno, sea fácil o difícil, lo asumimos y queremos asumirlo. Eso incluye también competencias como la sanidad penitenciaria y la gestión de los centros penitenciarios.

Estamos dispuestos a asumirlas, aunque sabemos que no es sencillo, y lo haremos cuando se den las condiciones adecuadas para que esa competencia pueda ejercerse correctamente.

O sea, aspiran a estar en la misma posición que Cataluña o el País Vasco.

Aunque la competencia ya está recogida en nuestro Estatuto, para asumirla plenamente es necesario completar el proceso de transferencia y analizar con detalle los medios disponibles. La situación actual, especialmente en Tenerife, es complicada: la cárcel necesita una reforma casi integral y más recursos.

Por eso hay que sentarse, evaluar en qué estado están las infraestructuras y decidir cuándo se puede asumir esa competencia.

Aun así, nuestra posición es clara: asumiremos todas las competencias que nos corresponden según el Estatuto. Para nosotros, el mayor coste está en las infraestructuras judiciales, y no vamos a dejar de mejorarlas, porque lo importante es ofrecer un buen servicio a la ciudadanía canaria.

Aunque algunos profesionales dependan del Estado y otros de la comunidad autónoma, creemos que es mejor gestionar estos ámbitos desde aquí, aunque suponga dificultades. El año pasado, pese a todo, fue positivo, incluso con la aplicación de nuevas leyes y medidas de eficiencia.

Una de las quejas que me han trasladado otros consejeros de Justicia es que la transformación de los tribunales de instancia exige adaptar y reacondicionar muchos edificios antiguos. ¿Tienen ustedes el mismo problema?

Esto es muy complicado, porque no basta con contratar más personal: también hay que reformar o buscar nuevos espacios, algo especialmente difícil. En Canarias tenemos ese mismo problema.

Este problema lo tenemos sobre todo en este partido judicial, en Santa Cruz de Tenerife; en el resto se han ido adaptando con cambios internos y algo de mobiliario, sin grandes dificultades.

La situación aquí es más compleja porque los órganos judiciales no están concentrados en un solo edificio. En Santa Cruz nunca se ha podido crear una Ciudad de la Justicia como la de Las Palmas, principalmente por la falta de suelo disponible.

«Ya hemos planteado al Ministerio que las tasas judiciales se dediquen íntegramente a la justicia en vez de ir al Fondo Común del Estado, pero es como hablar con una pared. A nosotros nos vendría estupendamente. Eso no va a pasar. Nos lo han dejado muy claro».

En la legislatura pasada se inició una suspensión del planeamiento urbanístico para reservar terrenos, pero afectaba a un ámbito demasiado amplio. Al llegar esta legislatura, se redujo ese ámbito únicamente al suelo necesario para la Ciudad de la Justicia, con el objetivo de agilizar el proceso. Ahora el expediente está avanzando y lo gestiona la Dirección General de Ordenación del Territorio.

Aun así, queda un camino largo: elaborar el proyecto, licitarlo y ejecutar la obra llevará años. Entiendo la impaciencia, pero no es un proceso rápido. El principal obstáculo no es el dinero, que llegará cuando toque, sino desbloquear la situación urbanística. Aquí el problema es claro: no hay espacio disponible y encontrarlo requiere tiempo y trámites complejos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias preguntaba no hace mucho cuándo van a aplicar la comarcalización de los Juzgados de violencia sobre la mujer. ¿Lo van a hacer?

Puede que dependa del caso, pero aquí la comarcalización fue un fracaso. Ya se advirtió en su momento: no había espacio suficiente ni condiciones adecuadas, y eso ha generado muchos problemas en este juzgado. Se trasladaron partidos judiciales como Güímar y La Laguna a unas instalaciones que ya eran muy limitadas.

La idea de comarcalizar, es decir, agrupar servicios para ofrecer una atención más especializada, es positiva y en eso estamos todos de acuerdo. Pero antes hay que estar preparados, y en este caso no lo estábamos.

O sea, que el problema principal en Canarias son los espacios…

Es evidente que la Ley de Eficiencia pretende unificar y reorganizar los tribunales, como ocurre, por ejemplo, entre La Orotava y Puerto de la Cruz. Pero para que eso funcione bien, primero necesitamos disponer de espacios adecuados, y eso todavía no está resuelto.

Cuando tengamos esos espacios, claro que será positivo, sobre todo para las víctimas. Nadie se opone a avanzar en esa dirección, pero hay que hacerlo en el orden correcto. Si no, el resultado puede ser peor. De hecho, se han dado situaciones inaceptables, como que agresor y víctima coincidieran en los mismos accesos del juzgado.

Eso no se puede permitir. Si la realidad física del edificio no lo permite, primero hay que adaptarla. Por eso se ha impulsado una ampliación y se han tomado medidas para mejorar las instalaciones. El objetivo es claro: avanzar, sí, pero solo cuando tengamos los medios necesarios para hacerlo bien.

Cuando las diferentes Comunidades Autónomas asumieron la transferencia de las competencias de Justicia, el Ministerio transfirió el presupuesto que tenía asignado a ese territorio cuando lo administraba directamente. ¿Actualiza el Ministerio anualmente ese presupuesto?

No sé hasta qué punto se actualiza la financiación; como mucho, se aplican las subidas habituales. Ahora mismo no parece que vaya a actualizarse, porque no hay presupuestos estatales. En cualquier caso, esa financiación ya no cubre la realidad actual: lo que se transfirió en su día no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy.

Por ejemplo, en 2024 se abrieron nuevos juzgados. El Estado aportó nueve jueces y un letrado, nosotros 9 nueve por nueve, sin recibir financiación adicional. Tampoco se recibe dinero extra para la transformación digital, ya que los fondos MRR son estatales y no compensan esos costes.

Cuando se hizo la transferencia inicial en 1996, básicamente se traspasaron los edificios y los funcionarios que ya existían, pero nada más. Cada vez que se creaban nuevos juzgados, la Comunidad Autónoma asumía casi todo el coste: edificios, personal y funcionamiento.

En la práctica, no se nos ha dado financiación adicional por esas ampliaciones. Por lo que sé, solo en Cataluña el Estado pagó la puesta en marcha inicial; en el resto de comunidades, no.

¿Cómo es la interconexión tecnológica con el resto de las Comunidades Autónomas y con los órganos centrales?

Todo esto se mueve a través del CTEAJE [Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica]. Se está avanzando bastante en el llamado “hub” de interoperabilidad, que es la plataforma que permite que los distintos sistemas informáticos de la justicia se comuniquen entre sí.

De hecho, ya se estaban haciendo pruebas, por ejemplo, con el Tribunal Supremo, al que antes se enviaba la información a través de un programa distinto.

Ese sistema ya ha quedado atrás y ahora están muy cerca de lograr una interoperabilidad completa, tanto dentro del propio sistema judicial como en la comunicación con otros organismos externos.

«En Canarias no nos hemos planteado todavía que las salas de vistas tengan dos cámaras y que una de ellas capte al juez. Esa decisión hay que tomarla en común con el resto de las Comunidades Autónomas».

¿Han transformado los Juzgados de Paz en Oficinas judiciales con videoconferencia con los órganos judiciales y tribunales?

Sí, en Canarias ya se han transformado 69 juzgados de paz. Se han reforzado con personal en algunos casos concretos y se han adaptado los espacios para que puedan asumir nuevas funciones, como declaraciones por videoconferencia.

Además, se les ha equipado con el material necesario –cámaras, escáneres y sistemas de vídeo– y se ha concedido una subvención de 4 millones de euros a los ayuntamientos para mejorar espacios y mobiliario, según sus necesidades.

En esta actualización tecnológica en los órganos judiciales y tribunales ¿se han planteado la instalación de una segunda cámara en las salas de vistas para captar también a los jueces y magistrados? Es una reivindicación del Consejo General de la Abogacía Española para reforzar la tutela judicial efectiva que el CGPJ validó en su momento.

En Canarias no nos hemos planteado todavía que las salas de vistas tengan dos cámaras y que una de ellas capte al juez. Esa decisión hay que tomarla en común con el resto de las Comunidades Autónomas.

Usted, además de consejera de Justicia lo es también de Presidencia, Administraciones Públicas y Seguridad. El problema de los menores migrantes es también competencia de esta Consejería. ¿Hay sensibilidad para encontrarle una solución?  

Creo que existe sensibilidad en muchos ámbitos, aunque siempre surgen voces en contra. En Canarias hay partidos que plantean que todos los menores se queden aquí, pero eso no es realista. Al final hablamos de menores, y debe primar su interés: hay que atenderlos bien, integrarlos, escolarizarlos y darles oportunidades para que puedan desarrollarse y vivir en sociedad. Canarias no puede asumir esto sola, y por eso lo reclamamos desde 2023.

Tras mucho debate, se logró modificar y aprobar un real decreto, y el Tribunal Supremo dejó claro el reparto de competencias. Aun así, no estamos plenamente preparados para dar el trato adecuado a todos los menores en las condiciones actuales. Porque el objetivo final debería ser su integración.

La llegada masiva de menores en diciembre de 2023, especialmente en El Hierro, evidenció estas carencias. No había medios suficientes para realizar las determinaciones necesarias, y se improvisaron soluciones con los recursos disponibles. Se reforzaron hospitales, se aportaron medios materiales y personales, y se contó con apoyo del Ministerio del Interior.

Canarias también asumió programas de traducción y la asistencia jurídica, un gasto que corresponde al Estado. Solo el año pasado se destinaron más de dos millones de euros a este fin. A pesar de ello, entre cabildos, ayuntamientos y el Gobierno de Canarias se han ido corrigiendo estas carencias con más medios y financiación.

O sea que la Administración central brilla por su ausencia…

No siempre es fácil. Con el Ministerio de Justicia mantenemos una buena relación en muchos aspectos. En temas como la Ley de Eficiencia y el apoyo técnico, siempre hemos encontrado colaboración, incluso cuando hay decisiones que no compartimos.

La relación es mucho más complicada con otros ministerios, especialmente con el de Interior, por todo lo que tiene que ver con la Policía y la seguridad.

Canarias lleva tiempo reclamando más Guardia Civil y Policía Nacional, pero no solo no llegan refuerzos, sino que en ocasiones se han trasladado efectivos a otros territorios. En resumen, con Justicia suele haber apoyo, pero con otros ministerios la colaboración es mucho más limitada.

Su relación con el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, por lo que explica no es muy fluida…

Desde el inicio hemos reclamado dos cosas claras: que los menores migrantes sean atendidos adecuadamente y que se despliegue Frontex en Canarias. Siempre se nos ha dicho que Frontex actúa en la costa africana, pero insistimos en que, como en Italia, su presencia cerca de nuestras costas es clave.

No pedimos Frontex para funciones militares, sino para salvar vidas y saber con antelación cuándo llegan las embarcaciones. En El Hierro hemos visto pateras llegar sin ser detectadas por los radares, incluso con bebés a bordo, en condiciones extremas. Eso demuestra que el sistema actual no funciona.

Canarias no puede afrontar sola esta situación. No se trata de solidaridad, sino de cumplir las normas y repartir responsabilidades. La regularización es necesaria, pero también lo es cierto control de las llegadas, y eso solo es posible si se usan los medios disponibles. Una pequeña oficina de Frontex no basta para resolver el problema.

Canarias, al igual que Cataluña, País Vasco y Navarra tiene también una Policía Autonómica que, a diferencia de aquellas, no puede actuar como policía judicial. ¿Por qué?

Porque ese reconocimiento necesita desarrollarse en una Ley Orgánica estatal, concretamente en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Al no estar modificado ese marco legal, se producen contradicciones: jueces y fiscalías a veces les ordenan actuar como policía judicial, pero al no tener la competencia claramente atribuida, no pueden tomar iniciativas propias y dependen de otros cuerpos, como la Policía Nacional.

La Policía Canaria nació como una policía colaborativa con el Estado, para cubrir déficits de Guardia Civil y Policía Nacional, especialmente en zonas donde faltan efectivos. Y ha ido creciendo: pasó de menos de 200 agentes a más de 600. Está previsto llegar a unos 1.400 en el futuro, con presencia en todas las islas.

Sin embargo, su desarrollo pleno sigue limitado mientras no se cambie la ley que la reconozca claramente como policía judicial. Su reconocimiento iba dentro de la propuesta de ley de modificación del delito de multirreincidencia pero “se cayó”. Una pena. Seguiremos reivindicándolo.

El presidente del TSJ ha reclamado insistentemente un Pacto canario por la Justicia. Hay posibilidades de que se materialice.

El pacto planteado en gran medida se refiere a reforzar las infraestructuras judiciales, que siguen siendo una de las principales carencias del sistema.

Existe voluntad política y consenso para avanzar, pero estas reivindicaciones también deben trasladarse a otras administraciones. La Ley de Eficiencia ayudará a gestionar mejor la alta litigiosidad, pero no resuelve por sí sola el problema de fondo, que es la falta de espacios adecuados, especialmente en Santa Cruz, como le he explicado antes.

En el resto de las islas la situación es diversa. En algunas, como Fuerteventura, se ha podido avanzar con claridad: el proyecto del Palacio de Justicia ha pasado de una previsión de 23 millones a 55 millones de euros y ya está en marcha.

En La Palma, el proyecto del Palacio de Justicia de Santa Cruz de La Palma está en licitación y, además, se dispone de suelo público para futuras necesidades. También se plantea un nuevo Palacio de Justicia en el partido judicial de Los Llanos, una demanda histórica.

Hay islas donde las infraestructuras funcionan razonablemente bien y otras donde requieren mejoras urgentes. El objetivo es ir acondicionándolas de forma progresiva.

¿Qué le gustaría dejar como legado una vez que termine su mandato en materia de justicia?

En justicia, y en cualquier otro ámbito, mi objetivo siempre ha sido dejar las cosas mejor de como las encontré. Para eso llegamos a gobernar: para resolver problemas. En el ámbito de la justicia, creo sinceramente que se avanzará mucho respecto a la situación inicial.

Habrá mejoras claras en infraestructuras, en personal, en la situación de los abogados y en la agilización de muchos asuntos que estaban bloqueados. Aún quedará trabajo por hacer, pero el sistema funcionará mejor y como debe hacerlo.

Nuestra gran asignatura pendiente siguen siendo las infraestructuras, aunque en ese aspecto, en general, Canarias va a estar mejor.

Fuente: CONFILEGAL 16.02.2026