Tres fallos en dos semanas aplican la doctrina del TJUE y sancionan a la Administración
Una sentencia compensa con 52.000 euros a una trabajadora y, otra, con 16.000 euros
Los jueces ya hacen fijos a los interinos y empleados públicos que han encadenado contratos temporales durante años y fijan indemnizaciones superiores a las que marca la ley.
Tres juzgados han emitidos tres sentencias en los últimos quince días que aplican el último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 14 de abril, sobre la necesidad de sancionar a la Administración por mantener a estos trabajadores en una situación de abuso, pero también de incertidumbre laboral, durante años. La sentencia europea señaló que, en la actualidad, la Administración no tiene ninguna medida para reparar el daño a estos empleados y que sea lo suficientemente efectiva como para que le sirva a modo de sanción y le disuada de seguir extendiendo estos contratos temporales sine die.
Contrato indefinido
La sentencia más llamativa es la de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid del 27 de abril, dada a conocer por la Federación de Trabajadores de las Administraciones Públicas-CGT, en la que se hace "indefinida" a una funcionaria interina que prestó servicios durante 20 años a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid hasta que fue cesada en junio de 2024.
El juez anula su despido y la declara trabajadora indefinida, aunque sin que adquiera la condición de funcionaria de carrera.
El fallo determina que hubo abuso de la Administración por mantener durante dos décadas la condición de temporal. La justicia europea señaló que convertir a estos afectados en indefinidos no fijos -como hasta ahora estaban haciendo los tribunales- no es suficiente para compensarles el daño porque seguían siendo temporales. También indicó que, ni la indemnización más elevada que tiene España en la actualidad (la del despido improcedente de 33 días por año trabajado con 24 mensualidades), es suficiente para compensarles.
Compensación de 52.000 euros
Sobre este último aspecto versa el fallo del Juzgado de lo Social número 3 de Vigo del 20 de abril que concedió una indemnización de 52.104 euros más intereses que trabajó durante 18 años para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) encadenando contratos temporales. En 2025 superó las oposiciones y logró plaza fija.
Desde Vento Abogados, despacho que llevó el caso, explican que aunque la trabajadora consiguiera plaza, el juez tiene en cuenta todos los años de incertidumbre, precariedad laboral, falta de estabilidad y el desgaste que todo esto conlleva a nivel personal para concederle una indemnización que repare el daño sufrido durante años.
Para fijar la cuantía de la indemnización el juez tuvo en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas, el número y duración de los contratos, las ventajas económicas que el trabajador habría obtenido de no producirse el abuso y el perjuicio derivado de la situación de incertidumbre.
Indemnización de 16.000 euros
Finalmente, el Juzgado de los Social número 4 de Badajoz, en un fallo del 14 de abril, mismo día que el del TJUE aunque ya lo menciona expresamente, concede una indemnización por despido a una trabajadora que fue cesada después de que un funcionario entrara a ocupar su plaza, a pesar de que esta también logró posteriormente plaza tras pasar las pruebas selectivas.
La Ley de 2021 para evitar la temporalidad en el sector público solo concede una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades a aquellos temporales que son cesados porque otra persona cubre su plaza, siempre que se hayan presentado a los procesos selectivos y no los superaran. En este caso, a pesar de pasarlos, el juez determina que la trabajadora fue despedida como indefinida-no fija por la Junta de Extremadura y fija la compensación en 16.000 euros.
Todas estas sentencias son recurribles y que será el Tribunal Supremo el que marque el camino a seguir en estos casos una vez se pronuncie tras el último fallo del TJUE.
Aunque en la actualidad un tercio de los trabajadores de la Administración tienen contratos temporales (casi un millón), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) estiman que, de ellos, 125.000 están en situación de abuso, es decir, han encadenado estos contratos durante años. Sindicatos y abogados coinciden en apuntar que entre 30.000 y 40.000 casos están en los tribunales.
Fuente: eleconomista.es 01.05.2026
