- El Gobierno tiene dos meses para responder antes de que el caso llegue a la justicia europea
- Bruselas ya recortó a España 627 millones de los fondos Next Generation por este incumplimiento
- La Comisión denuncia la discriminación y el abuso de los contratos temporales en el sector público
La Comisión Europea avanza en el expediente a España por la situación de los trabajadores interinos de los servicios públicos. Bruselas da un ultimátum a España. Ha remitido este miércoles al Gobierno un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, por no haber adaptado su legislación a la norma europea que prohíbe la discriminación de trabajadores con contratos de duración determinada. Sin una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario llevará a España ante la Justicia europea.
El Ejecutivo comunitario indice en que la normativa española establece condiciones laborales menos favorables para los trabajadores con contratos de duración determinada en el sector público, frente a los trabajadores fijos. Este punto formaba parte de los compromisos que el Gobierno no ha cumplido como parte del plan de Recuperación y Resiliencia.
Bruselas consideró ya en julio del año pasado que España no ha cumplido con uno de los hitos del primer desembolso de fondos Next Generation, el de la temporalidad de los interinos. Una coyuntura que llevó a Bruselas a recortar a España 627 millones de euros para compensar este incumplimiento.
La decisión de abrir expediente al España por la situación de los trabajadores interinos radica en que esta situación constituye "una discriminación contraria al derecho de la Unión Europea", explica el Ejecutivo comunitario.
Por este mismo motivo, por la situación de los interinos, se activó el procedimiento de infracción a España en 2014. España resolvió algunas de las cuestiones planteadas en la carta de emplazamiento, el primer paso del procedimiento de infracción que se inició en julio de 2024. Sin embargo, la Comisión Europea considera que hay otras de las explicaciones que siguen siendo insatisfactoria.
Por este motivo, Bruselas avanza al segundo paso del procedimiento de infracción y manda a España un dictamen motivado. El Gobierno tiene ahora dos meses de plazo para responder y solucionar la situación adoptando las medidas necesarias. En caso de que no cumpla, la Comisión Europea puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea e imponer una multa por no cumplir con la normativa europea.
Ultimátum por no impedir relaciones laborales abusivas
En relación con esta cuestión, Bruselas ha remitido a España un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción por no impedir el uso abusivo de las relaciones laborales en los contratos de los interinos y no evitar condiciones de empleo discriminatorias en el sector público.
La Comisión Europea ha enviado a España otro dictamen motivado por no proteger a los trabajadores del sector público de corta duración del uso abusivo de contratos de duración determinada sucesivos. La normativa comunitaria, apunta Bruselas, requiere que la legislación nacional implemente medidas para prevenir y sancionar abusos como encadenar contratos de corta duración.
Aunque España ha modificado su normativa nacional tras la incoación del procedimiento de infracción en 2015 y la última carta de emplazamiento enviada por la Comisión en octubre de 2024, las explicaciones facilitadas siguen siendo insatisfactorias.
Como parte de este proceso, España dispone de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podrá decidir remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Desde el Gobierno apuntan que "España ha cumplido, además, con la Comisión Europea en el objetivo de cubrir con trabajadores fijos 300.000 plazas que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales. Con datos actuales, las plazas estabilizadas ascienden a 419.756".
El problema de la temporalidad, explica el Ejecutivo de Sánchez, reside principalmente en las CCAA, con una tasa del 40% de empleados temporales. La Administración General del Estado tiene un porcentaje de contratos temporales del 4,7%.
Estos datos, aseguran fuentes del Ejecutivo español, han sido posibles gracias a las ofertas de empleo que ha realizado el Gobierno, que ha convocado de media 32.522 plazas de empleo público al año entre 2018 y 2025. Una política que contrasta con los recortes de la etapa anterior del PP , que lastraron durante años a una Administración envejecida y en proceso de jubilación masiva.
Fuente: eleconomista.es 29.04.2026
