Varias funcionarias realizaron un horario extraordinario para dar respuesta a los casos de agresiones a mujeres, pero Justicia no quiso reconocerlo

Las horas extras que, casi siempre de manera obligada, realizan los funcionarios de los juzgados se tienen que abonar. Así lo determina una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que condena al Ministerio de Justicia a abonar la correspondiente compensación económica a dos funcionarias del juzgado de violencia de Palma, que tuvieron que realizar un esfuerzo extra para dar salida a todos los casos que se tramitaban. Un trabajo en un juzgado que se dedica exclusivamente a instruir las denuncias por agresiones o amenazas que sufren las mujeres a manos de sus parejas.

Estas dos empleadas públicas han tenido que recurrir ante los tribunales porque el Ministerio se negó a reconocerle este trabajo extraordinario que tuvieron que realizar. Y, además, lo hicieron en un momento muy complicado, como fue el inicio de la pandemia sanitaria del covid. Los juzgados, sobre todos los de guardia o los de violencia machista, continuaron trabajando durante los meses que se prolongó la pandemia y en los que la población se mantenía aislada en sus respectivos domicilios. Pero los funcionarios judiciales tuvieron que continuar trabajando en sus oficinas, manteniendo únicamente medidas de seguridad para evitar los contagios, pero atendiendo directamente tanto a las víctimas como los agresores. Debido a la especialidad del juzgado, las empleadas públicas no podían trabajar a distancia, es decir, lejos del juzgado, sino que tenían que hacerlo con su presencia física en las dependencias judiciales. Y, además, en unas circunstancias muy especiales que se produjeron durante los meses.

Durante el estado de alarma, el Ministerio de Justicia firmó una circular en la que se les reconocía el derecho a los funcionarios de los juzgados que, por las circunstancias de esta especial situación, tendrían derecho a una compensación económica por este trabajo extra. Esta prolongación de la jornada se producía tanto en la semana que el juzgado de violencia contra la mujer estaba de guardia como en la que tramitaba todas las causas pendientes. El horario extra que cumplían las funcionarias estaban certificadas por el letrado de la administración de justicia del juzgado de violencia machista.

Sin embargo, en el momento de reclamar esta compensación económica, la respuesta que recibieron las dos funcionarias fue que el Ministerio de Justicia se negó a abonar esta compensación extraordinaria. En concreto, solicitaban que se les pagara los tres meses que habían trabajado en un horario prolongado, que era mucho más largo que la jornada establecida.

Al no recibir el dinero correspondiente, las dos funcionarias no tuvieron más remedio que acudir a los tribunales para que se les reconozca su derecho a cobrar este trabajo extraordinario. Durante la tramitación de la demanda se comprobó que la administración había extraviado el expediente, en el que figuraba, entre otros documentos, la certificación de las horas extras. Pero, en cualquier caso, el Ministerio de Justicia se negaba a abonar este exceso del horario. El dinero que se reclamaba era de aproximadamente de unos 700 euros para cada funcionaria.

El Tribunal Superior de Balears cita el acuerdo que firmó el Ministerio de Justicia, por el que se autorizaba la prolongación de la jornada de las dos funcionarias del juzgado de violencia sobre la mujer de Palma, debido a las circunstancias especiales derivadas de la pandemia sanitaria. Y destaca el tribunal el trabajo especial que tuvieron que realizar las dos funcionarias porque en este juzgado no se permitió el trabajo a distancia, es decir, el teletrabajo, sino la presencia física en la oficina. La conclusión que se alcanza es que Justicia debe abonar las horas extras que realizan los funcionarios judiciales. Ambas cobraran alrededor de unos 700 euros cada una.

Fuente: www.diariodemallorca.es 14.09.2026