La estrategia del ejecutivo regional es tan mezquina como transparente, jugar con el desgaste de los trabajadores
La doble vara de medir del gobierno de Canarias roza el cinismo institucional. En cuestión de días o escasos meses, el archipiélago asistirá al cese masivo de miles de funcionarios interinos que no han superado los polémicos procesos de estabilización.
No es solo el drama social de mandar a la calle a profesionales con décadas de experiencia que han sostenido los servicios públicos esenciales, lo verdaderamente denigrante es la cicatería burocrática de una administración que se niega a abonar la indemnización de oficio.
Resulta una burla insoportable que las mismas consejerías que fiscalizan con mano de hierro a la empresa privada, exigiéndole el cumplimiento estricto del derecho laboral se conviertan, de puertas adentro, en el peor de los patrones. Si un empresario canario osara despedir a un empleado sin abonarle el finiquito de inmediato, caería sobre él todo el peso de la Inspección de Trabajo acompañado de sanciones ejemplares. Sin embargo para la administración autonómica, las leyes parecen ser un traje que solo deben vestir los demás.
El derecho está negro sobre blanco. El artículo 2.6 de la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad estipula de forma nítida una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio para aquellos interinos cesados en este proceso. ¿Por qué entonces obligarles a iniciar un calvario de solicitudes en las oficinas públicas? Lo que debería ser un automatismo contable se convierte deliberadamente en una carrera de obstáculos.
La estrategia del ejecutivo regional es tan mezquina como transparente, jugar con el desgaste de los trabajadores. Saben perfectamente que, tras el rechazo sistemático por silencio administrativo, muchos de estos interinos se verán empujados al laberinto del recurso contencioso administrativo. Es decir, para cobrar lo que legalmente les pertenece, tendrán que costearse abogados, procuradores y esperar años por una sentencia judicial, todo ello mientras saturan aún más unos juzgados ya colapsados.
Esta resistencia a pagar por las buenas, no solo vulnera el espíritu de las directrices europeas y las recientes bofetadas jurisprudenciales del Tribunal Supremo y el TJUE contra el abuso de la temporalidad, sino que retrata la catadura moral del aparato público canario. No es ahorro, es asfixia al administrado. Uno que el gobierno autonómico rectifique, asuma sus obligaciones de oficio y demuestre, al menos una vez, tener la misma ética que le exige al sector privado. De lo contrario, confirmarán que el abuso de poder es la norma y la justicia, solo un privilegio para quien puede pagarse el litigio.
Fuente: eldigitaldecanarias.net 10.09.2026
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