El Gobierno ha descartado esta versión alegando que no se llevará a cabo una gran conversión de interinos a fijos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha catalogado las medidas de España referidas a la compensación de la temporalidad en los cargos de Administración Pública como insuficientes. La razón de ello es porque el Tribunal considera que no es una medida adecuada transformar la duración de los contratos cuando se encuentran en una relación laboral indefinida no fija.
Por su parte, el Gobierno ha negado completamente esta versión, rechazando con rotundidad la posibilidad de llevar a cabo una gran conversión de interinos a fijos en distintos cargos de la Administración Pública.
Ante esta situación, el Tribunal ha alegado que, además, tampoco parece que las sanciones vayan en línea con las indemnizaciones previstas por la normativa nacional, las cuales se abonan en el momento que se produce el fin de la relación laboral.
La normativa defiende que estas indemnizaciones ya están sujetas a un doble límite máximo por lo que no se pueden suprimir las consecuencias derivadas por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en relación a la utilización abusiva de contratos de una duración determinada.
Además, añade que la convocatoria de procesos selectivos no es una medida idónea en relación con la sanción y la prevención de abusos. La justificación que aporta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que dicha valoración no se hace en relación a los candidatos que hayan sido víctimas de esos abusos de contratos temporales pese a que se tengan en cuenta otro tipo de factores como la experiencia previa y el tiempo de servicio.
Por tanto, todos estos precedentes mencionados han servido para que el TJUE alegara que son insuficientes estas medidas. La gran preocupación del Tribunal reside en la gran temporalidad en el sector público e insta al Gobierno para aumentar estas indemnizaciones, además de ejecutar procesos para los afectados.
Otra de las razones que no descarta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que se lleve a cabo un gran proceso de conversión de interinos a fijos. Muchos trabajadores demandan la implementación de esta medida, encajando con los requisitos que ofrece el Tribunal Supremo.
Por su parte, el Gobierno ha negado la publicación de esta norma con rotundidad. El Ministerio de Hacienda defiende que: «el derecho europeo no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público». Además, el Gobierno ha aprovechado para reiterar su compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración Pública.
Por ello, el Ejecutivo se ha defendido de estas acusaciones alegando que la propia norma realizada por el Tribunal Constitucional es contraria a la conversión de empleados temporales del sector público a fijos sin que se aprueben esas plazas por medio de una oposición.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha querido zanjar sus declaraciones defendiendo que: «no nos corresponde pronunciarnos sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho Interno, sino que le corresponderá a órganos jurisdiccionales como el Tribunal Supremo».
En cuanto a la temporalidad de los cargos públicos en España, se estima que un 30% de los trabajadores está en esta situación. Los sindicatos pronostican que una regulación en esta norma beneficiaría a unos 800.000 trabajadores temporales.
Fuente: www.elespanol.com 19.04.2026
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