• La Comisión Europea aplicará un cálculo más estricto para elevar las multas y reforzar su efecto disuasorio
• El nuevo enfoque se centrará en los expedientes abiertos más de cinco años que no han llegado a la Justicia

Bruselas prosigue con su simplificación regulatoria en un intento por eliminar las barreras del mercado único y agilizar los procesos burocráticos para que sean más eficientes. La Comisión Europea ha presentado una propuesta que se vuelve más estricta con los procedimientos de infracción para los Estados miembro que no cumplen con la traslación de la normativa europea a su legislación nacional. Al tiempo endurecerá las sanciones para aquellas capitales que no aplican la norma comunitaria.

La propuesta presentada este martes en Estrasburgo pretende acelerar los expedientes cuando las directivas europeas no se transponen a la regulación nacional. Si un Gobierno no notifica a Bruselas a tiempo la aplicación de una directiva o no ofrece información adicional una vez que el procedimiento de infracción se ha activado, Bruselas reduce a seis meses el plazo por el que activa el segundo paso del expediente.

El procedimiento de infracción consta de tres pasos: un primer aviso, por el cual se da dos meses a un país para subsanar la situación. Si la directiva europea sigue sin aplicarse, se remite a ese Gobierno un segundo aviso, con otros dos meses de plazo y, en última instancia, la Comisión Europea puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Lo que plantea el Ejecutivo comunitario es una perspectiva más estricta cuando los países piden ampliar ese plazo de dos meses que tienen para responder a Bruselas. La idea es que solo se conceda esa extensión en el segundo paso del procedimiento, a partir de ahora.

Por otro lado, Bruselas quiere reducir el número de casos de procedimientos de infracción de larga duración. Para ello se centrará en casos que llevan abiertos más de cinco años pero que todavía no han llegado a la Justicia europea. Para los procedimientos que lleguen a este umbral final, Bruselas plantea endurecer las sanciones económicas como elemento disuasorio.

En este sentido, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis ha explicado que esa comunicación "establece un enfoque renovado en materia de aplicación de la normativa, basado en procedimientos más ágiles, una mayor automatización, sanciones más disuasorias y un énfasis en la reducción de los casos pendientes desde hace tiempo en todos los ámbitos del Derecho de la UE.

Uno de los puntos clave de esta propuesta es la introducción de mecanismos disuasorios creíbles para aquellos países que no cumplan con la normativa europea. En caso de infracción, se espera que los países colaboren para corregirlas. Si esto no sucede, los Tratados de la UE permiten imponer sanciones desde el momento en el que el caso llega al TJUE.

En un paso más del procedimiento, el fallo de la justicia europea puede llevar a multas más elevadas por la no transposición de la normativa europea, ya que se considera que priva a los ciudadanos europeos de sus derechos. La Comisión Europea anuncia, así, que aplicará un enfoque más estricto en el cálculo de estas sanciones con un importe más elevado para reforzar su efecto disuasorio.

Fuente: eleconomista.es 28.04.2026